Consejo para la Transparencia valora propuesta que consagra protección de datos personales en la Constitución

En el mes de marzo de este año debería ser analizado y votado en la Cámara de Diputados, el proyecto que busca reconocer como un derecho fundamental la Protección de Datos Personales, entregándole al ciudadano la facultad de controlar sus datos y decidir libremente sobre los mismos.
La iniciativa, de autoría de los senadores Felipe Harboe, Pedro Araya, Ricardo Lagos, Hernán Larraín y Eugenio Tuma, ha sido señalada en numerosas veces como prioritaria por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que actualmente es el organismo de velar por el cumplimiento de la ley que protege los datos de carácter personal en los organismos públicos.
El proyecto que hoy está en discusión ingresó a trámite en el año 2014 y además de ser patrocinado con urgencia por el actual Gobierno, sumó una nueva indicación sustitutiva de parte del Ministerio de Hacienda.
Esta propuesta coincide con el proyecto presentado por los parlamentarios, pero acota la modificación realizada originalmente y propone transformar el artículo 19 de la Constitución, que además de asegurar “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas”, resguardaría también “los datos personales” de los ciudadanos.
“La propuesta de Hacienda se condice con los planteamientos que el CPLT ha realizado frecuentemente sobre esta materia: la protección de los datos personales es una necesidad de carácter prioritario, pues tiene implicaciones que además de fortalecer un derecho inalienable para nuestros ciudadanos, influye en el desarrollo económico y comercial de nuestro país. El reconocimiento constitucional de este derecho es un paso trascendental en el empoderamiento de todos los chilenos”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago, que sin embargo recalcó que aún nuestro país se encuentra al debe en materia de Protección de Datos.
“Todavía están en discusión las normas que modernizan nuestra Ley de Protección de Datos Personales y otra que crea una Agencia de Protección de Datos dependiente del Ministerio de Hacienda. Esto no armoniza con los estándares ni recomendaciones más avanzadas a nivel internacional, ya que la futura regulación debe contar con una autoridad de control autónoma e independiente y el CPLT ha manifestado en innumerables ocasiones su disposición para ejercer esta labor”, agregó Drago.

Cuenta Pública Participativa 2018

Marcelo Drago Aguirre, Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), lo invita a participar en esta Quinta Cuenta Pública Participativa (CPP), que consiste en un procedimiento de levantamiento de información y de requerimientos ciudadanos en torno a la gestión pública de nuestra corporación. Para conocer los resultados de la gestión pública que realiza el CPLT puede revisar la Memoria Institucional, el Resumen Ejecutivo y esta infografía.

La CPP tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre la gestión pública realizada por el CPLT y recoger opiniones, comentarios, inquietudes y sugerencias, promoviendo de esta forma el control ciudadano de su gestión. La presente cuenta pública se encontrará abierta a la recepción de opiniones durante un período de 30 días en www.cplt.cl

Usted podrá enviar todos los comentarios que estime necesario. Una vez cerrado dicho período, se analizarán las opiniones ciudadanas y se elaborará una respuesta sistematizada al proceso, la cual se publicará en un plazo no superior a 30 días hábiles luego del cierre de las consultas, en nuestro sitio web. Dicha respuesta se hará cargo tanto de los comentarios recibidos por canales tanto físicos como virtuales.

CPLT tras cuestionamientos en “Operación Huracán”: es preocupante el extendido uso de las intervenciones telefónicas sin controles estrictos

“Al haberse aportado por parte de funcionarios de Carabineros información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades (…) condiciones que hacen dudar fundadamente de su veracidad y autenticidad, el Ministerio Público se ve impedido de continuar con la prosecución de esta indagatoria criminal”. Con estas palabras, y según varios medios de comunicación, la Fiscalía de la Araucanía anunció el cierre de la investigación en la llamada “Operación Huracán”, que el año pasado concluyó con la detención de ocho personas que habrían tenido vinculación con una serie de ataques incendiarios.
Según el Ministerio Público, las pruebas presentadas por Carabineros habrían sido manipuladas y con ello, se abre una nueva investigación penal por una posible entrega de evidencias falsas.
Esta situación fue calificada como “grave” por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, advirtiendo que situaciones como esta dañan la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.
“Nosotros hemos alertado sobre esta materia hace muchos: la desafección y desconfianza de los chilenos hacia los organismos del Estado sólo se rectificará cuando las instituciones actúen con completa transparencia y probidad. Es urgente y perentorio que Carabineros, una entidad que ya estaba siendo cuestionada por sus sistemas de control interno, refuerce ya sus protocolos de investigación”, alertó Drago, agregando que las facultades discrecionales que tiene la policía, como las escuchas telefónicas, también deberían ser sometidas a estrictos mecanismos de revisión.
“La interceptación es un recurso extraordinario que últimamente ha sido utilizado con una frecuencia inédita. De hecho, muchas de esas intervenciones han sido finalmente filtradas, lo que también evidencia la apremiante necesidad de establecer protocolos que resguarden esa información bajo estrictos parámetros de protección. Se trata de información que involucra delicados datos personales de todos los ciudadanos. Por esa razón, nos preocupa el extendido uso de las intervenciones telefónicas sin controles estrictos, con el poder que entrega a quien las realiza y el potencial abuso que se puede hacer de las mismas”, detalló el presidente del CPLT, haciendo un llamado a que la investigación que ahora se abre se realice “de frente a la ciudadanía y bajo inflexibles medidas de transparencia y probidad”.

Corporaciones municipales mejoran su rendimiento y elevan su puntaje en fiscalización que mide el Acceso a la Información

Encargadas de promover el funcionamiento de consultorios, colegios y otras áreas de vital importancia para las comunas, las Corporaciones Municipales pueden incluso tener más personal y recursos que los propios municipios.
Por esa razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT) concretó durante el año 2017 un nuevo proceso de fiscalización para las 52 entidades de este tipo que hoy existen en nuestro país.
Así y a través del mecanismo de “cliente oculto” el CPLT despachó una solicitud de información a través de la Ley de Transparencia con el objeto de medir los tiempos de respuesta, calidad de la información proporcionada y procesamiento de las peticiones. La idea, era replicar la misma experiencia que los ciudadanos tienes a la hora de exigir datos públicos.
Con ello, entre agosto y septiembre del año pasado, el CPLT remitió la siguiente petición: “solicito el listado de los programas de subsidios y beneficios que ha entregado durante el primer semestre del 2017, indicando el número y fecha del acto o documento que lo aprobó, el objeto del subsidio y/o beneficio, el número de beneficiarios, los requisitos para obtener dicho beneficio y el monto total entregado. Se solicita entregar la información en archivo Excel, adjuntando copia del acto o documento que aprobó el o los programas”.
A nivel general, el puntaje promedio de cumplimiento de las corporaciones fue de un 67,91%, lo que evidencia un alza en relación a los resultados obtenidos en la misma fiscalización de 2016, cuando la puntuación alcanzó el 41,64%.
Del total de las solicitudes ingresadas, un 81% (42 corporaciones) respondieron dentro del plazo legal, es decir, entregaron la información dentro de los veinte días hábiles establecidos por la ley, más diez días por una eventual prórroga.
Asimismo, 14 corporaciones lograron un 100% de cumplimiento: Buin, Chonchi, Colina, Isla de Maipo, La Reina, Lampa, Las Condes, Lo Prado, Ñuñoa, Pozo Almonte, Puente Alto, Rancagua, San Joaquín y Viña del Mar.
Mientras, 24 entidades alcanzaron un puntaje de 67,91% o sobre el promedio general y 14 obtuvieron un 0% de cumplimiento: Cerro Navia, Conchalí, Curaco de Velez, Iquique, Macul, Melipilla, Puerto Natales, San Fernando, San José de Maipo, San Miguel, Talagante, Tiltil y Valparaíso.

Alianza Anticorrupción UNCAC presentó líneas de trabajo para 2018

La primera reunión de 2018 se efectuó este jueves 18 de enero, la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que agrupa a entidades de los sectores público y privado, Poderes del Estado, organizaciones sociales, la academia y organismos multilaterales.

Esta es una iniciativa que tiene la finalidad de difundir y avanzar en la implementación de la mencionada Convención en Chile, mediante acciones concretas, y promoviendo el desarrollo y entrega de buenas prácticas a nivel interinstitucional.

En la ocasión se presentaron los resultados del taller “El desafío de la anticorrupción en Chile”, efectuado en noviembre de 2017, del cual se desprendieron propuestas de trabajo de corto y mediano plazo para 2018, entre las que figuran un banco de experiencias de buenas prácticas en el sitio http://www.agendaanticorrupcion.cl; un plan de difusión; un programa de capacitaciones y la elaboración e implementación de Códigos de Ética en el sector público y privado, acciones que deberán ser aprobadas previamente.

Además se abordó la revisión de los estándares y buenas prácticas que deben tener y promover quienes integren la Alianza Anticorrupción y se debatió respecto de la Carta de compromiso y Protocolo de ingreso, permanencia y colaboración en este grupo de trabajo.

La bienvenida al encuentro, efectuado en la Sala Multiuso de la Contraloría, fue realizada por el Contralor General, Jorge Bermúdez, quien valoró el ingreso de nuevas entidades a la Alianza, ya que “incorporar valores como la probidad a nuestros quehaceres, nos permite mantenernos inmunes ante este flagelo”, planteó.

La Representante Residente Adjunta del PNUD en Chile, Marcela Ríos, destacó a este grupo de trabajo como un espacio donde se encuentran actores de diferentes sectores del país, lo que enriquece la lucha contra la corrupción.

A la actividad asistieron representantes de la Contraloría General de la República, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Asociación de Aseguradores de Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Cámara Chileno Alemana (CAMCHAL), Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Consejo de Defensa del Estado, Poder Judicial, Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Consejo para la Transparencia, Dirección ChileCompra, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Crédito Prendario, Fundación Generación Empresarial, Grupo Bicameral del Congreso Nacional, Ministerio Público, Red Pacto Global, Servicio Civil, Sistema de Empresas Públicas, Comisión para el Mercado Financiero y Unidad de Análisis Financiero.

Alianza Anticorrupción UNCAC establece tareas para 2018

La Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), liderada en Chile por la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se reunirá el próximo 18 de enero para establecer su programa de trabajo para 2018 y revisar el resultado de la labor realizada en 2017.
La alianza en Chile está integrada por la Contraloría General de la República, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la Cámara Chileno-Alemana (Camchal), la Cámara Chilena de la Construcción, Chile Transparente, Fundación Ciudadano Inteligente, la Comisión Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo para la Transparencia, Dirección ChileCompra, la Dirección General de Crédito Prendario, el Servicio Civil, la Fundación Casa de la Paz, la Fundación Generación Empresarial, la Fundación ProAcceso, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial, la Red Pacto Global, Servicio de Impuestos Internos, Sistema de Empresas Públicas, la Sociedad Nacional de Minería, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Unidad de Análisis Financiero, Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica.
Esta inédita alianza público-privada nacional tiene como objetivo fomentar la transparencia y fortalecer el combate de la corrupción en el país, además de impulsar el cumplimiento en Chile de la citada convención internacional.
A su vez en el plano internacional, el mecanismo de seguimiento de la referida convención contempla para este año las siguientes actividades: la 9ª sesión del Grupo de Examen en la Implementación de la UNCAC, entre el 4 y 9 de junio; la 12ª sesión del Grupo de Recuperación de Activos, del 6 al 8 de junio; la 9ª sesión reasumida del Grupo de Examen de la Implementación de la UNCAC, entre el 3 al 5 de septiembre; la 9ª sesión del Grupo de Trabajo de Prevención de la Corrupción, del 6 al 7 de septiembre; y la 9ª sesión reasumida del Grupo de Examen de Implementación de la UNCAC, entre el 12 y el 16 de noviembre.
El plan incluye, además, la evaluación del trabajo realizado por Chile en el combate contra la corrupción, proceso que se efectuará en 2019 por examinadores de otros países que se definirán oportunamente. Nuestro país examinará a Granada junto a la República de Nauru. Anteriormente Chile fue evaluado por El Salvador y Ucrania, y fue examinador de Dominica, junto a los Emiratos Árabes Unidos.
La próxima reunión del Grupo de Trabajo de Prevención a realizarse en 2018 incluirá como tema el uso y eficacia de los sistemas de declaración de bienes y conflictos de intereses.

A un año de la publicación de la Ley Reservada del Cobre, aún existen 199 leyes secretas en nuestro país

En diciembre pasado se conmemoró un año desde que se aprobó el proyecto que terminó con el secreto de la Ley Reservada del Cobre, una norma promulgada en 1975 que establece la entrega anual del 10% de los ingresos de Codelco hacia las Fuerzas Armadas.
La publicación definitiva de esta ley en el Diario Oficial y el posterior acceso de todos los ciudadanos a la norma, se concretó luego de una decisión del Consejo para la Transparencia que respaldaba la entrega de esta información a la ciudadanía. Sin embargo, fue el proyecto de ley impulsado por el diputado Jaime Pilowsky en noviembre de 2016, el que selló la divulgación oficial del texto en el Diario Oficial.
Este hecho, calificado como un paso trascendental en pos de la transparencia pública por el CPLT, fue conmemorado hoy a través de un conversatorio que buscaba analizar la pertinencia del secreto en esta y otras leyes reservadas, ya que actualmente, existen 199 normas de acceso restringido en nuestro país. La gran mayoría de estas leyes tiene relación con las plantas que componen las Fuerzas Armadas y transferencias o compras de armamento militar.
El foro de reflexión, realizado en el ex Congreso Nacional, fue encabezado por el presidente del CPLT, Marcelo Drago y contó con la asistencia del diputado Jaime Pilowsky; del subsecretario de Defensa, Marcos Robledo; del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Gobierno, Rodrigo Mora y de Francisco Javier Leturia, consejero del CPLT.
“Hoy en día está más que claro que las leyes no pueden permanecer siendo secretas. Ese ciclo se cumplió y la publicación de la Ley Reservada del Cobre marcó un antes y un después. Tenemos que hacer una reflexión y conversar para darle una señal al país de que en Chile no pueden haber más leyes de este tipo”, señaló Marcelo Drago, haciendo un llamado a los poderes del Estado para abordar la existencia de las normas de circulación restringida y analizar cuáles deberían seguir siendo reservadas.
En tanto, el diputado Pilowsky valoró la instancia de reflexión organizada por el CPLT y anunció la presentación de un proyecto de ley que termine y desclasifique las leyes secretas en Chile.
“Hoy en pleno siglo XXI y en un Estado democrático, no se justifica que existan estas leyes secretas (…) ha existido una desidia legislativa en torno al tema, pues se suele utilizar como argumento que la publicación de las leyes reservadas podría poner en riesgo la seguridad de la nación, algo que no es válido”, señaló el parlamentario.

Sebastián Piñera se reúne con presidente del Consejo para la Transparencia y reafirman agenda colaborativa para avanzar en temas de probidad

A pocos meses de que se concrete el cambio de mando, el presidente electo, Sebastián Piñera, se reunió con el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago.

La cita no sólo sirvió para definir una agenda común de trabajo y colaboración en materias de probidad, sino que además, fue utilizada por ambas autoridades para ahondar en los desafíos para avanzar en transparencia, probidad y combate a la corrupción.

Entre los temas tratados en la reunión está la implementación de un sistema integral de transparencia, que amplíe las facultades del CPLT a organismos autónomos, el Poder Judicial y el Congreso, pues hoy, estas instituciones no están bajo su fiscalización. Asimismo, se discutió sobre la necesidad de una nueva regulación del lobby, penalizar la corrupción entre privados y extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Además, se planteó la necesidad de revisar la Ley de Protección de Datos Personales, con el fin de que cuente con un órgano autónomo e independiente que garantice la protección de este derecho fundamental.

“Hoy la sociedad está exigiendo más y mejores estándares de transparencia y nosotros debemos responder a ese llamado transversal. La Ley de Transparencia está cumpliendo diez años, lo que conlleva el cierre de un ciclo que innegablemente ha fortalecido nuestra democracia. Sin embargo, Chile se merece más y hoy comprobamos que existe una visión común con el Presidente electo, entendiendo que la transparencia es un elemento fundamental para el desarrollo del país. Con instituciones fuertes los países progresan. Es fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos frente a sus instituciones, y eso se logra con más transparencia y mayores estándares”, afirmó Marcelo Drago, recalcando que a diez años de la promulgación de esta ley, es necesario repensar sus alcances, por lo que invitó al presidente electo a sumarse a un proceso de reflexión que se concretará durante este año con el objetivo de perfeccionar la normativa.

En ese sentido, Drago enfatizó que esta política no sólo representa una efectiva herramienta de control y participación ciudadana, sino que además, destacó su utilidad para revelar casos de corrupción en nuestro país.

 

Consejo para la Transparencia entrega recomendaciones al Gobierno saliente: autoridades y funcionarios deben conservar correos electrónicos

A tres meses de que se concrete el cambio de mando en el Gobierno, el Consejo para la Transparencia (CPLT) envió hoy a 349 organismos del Estado un oficio con recomendaciones respecto de cómo deben gestionar, respaldar y conservar la información relacionada a su gestión.

Entre las instrucciones del CPLT, se detalla la obligación que tienen las instituciones públicas de actualizar, antes del 14 de marzo de 2018, la llamada “Transparencia Activa”, que es toda aquella información que por ley los organismos del Estado deben disponibilizar en sus sitios web. Además, deberán entregar dicha información de respaldo a las nuevas autoridades “de forma ordenada y completa, velando porque exista absoluta coherencia entre lo entregado y lo informado en el sitio electrónico del órgano o servicio”.

En relación a los correos electrónicos de autoridades y funcionarios, el CPLT enfatiza que las autoridades y funcionarios deben “conservar los registros de dichas comunicaciones y guardar respaldo institucional”, para así dejar constancia de la transmisión, recepción y contenido de los correos utilizados en el desempeño de su función pública.

En cuanto a la correspondencia de la Presidenta de la República, se puntualiza que ella debe “mantenerse, en original o copia, necesariamente en los archivos de la Administración del Estado”, por cuanto se trata de información “a la cual puede acceder cualquier persona en ejercicio del derecho de acceso a la información”, salvo que exista alguna causal de reserva.

“Estas recomendaciones no sólo pretenden garantizar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos, sino que también buscan facilitar la transición entre las autoridades entrantes y salientes de manera completamente transparente, ordenada y completa”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago, detallando que el oficio también incluye recomendaciones ligadas a la protección de datos personales, declaraciones de intereses y patrimonio y lobby.

Es así como en el oficio se especifica que las autoridades salientes deberán entregar al nuevo gobierno un registro de audiencias, donativos, viajes efectuados y aquellas reuniones que al 11 de marzo del próximo año sigan pendientes. En materia de declaraciones de patrimonio e intereses, los funcionarios entrantes y salientes que, por su cargo están obligados a cumplir con la Ley de Probidad, deben elaborar su declaración dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones o dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción del cargo.

Asimismo, el CPLT sugiere que las autoridades salientes entreguen un detalle a sus sucesores que evidencie el estado de aquellas solicitudes de acceso a la información pública que siguen pendientes y copias digitales o en papel de toda aquella documentación que pueda ser exigida por los ciudadanos a través de la Ley de Transparencia.

Municipios obtienen 80,51% de cumplimiento en fiscalización de transparencia pasiva del CPLT

El Consejo para la Transparencia (CPLT) envió a 345 municipalidades del país una única solicitud de información: los decretos o resoluciones que aprueban la realización de las horas extraordinarias, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017. Además de esa petición, se exigió la nómina de los funcionarios que realizaron horas extraordinarias diurnas y festivas durante esos meses.
El objetivo de esta solicitud, realizada entre julio y agosto mediante la técnica denominada “usuario simulado”, fue comprobar el ingreso, tratamiento y tiempos de respuesta de los organismos públicos a las peticiones de información, tal como si se tratara de un ciudadano.
Los resultados evidenciaron que, en promedio, los municipios lograron un puntaje de cumplimiento del 80,51%, vale decir, un 0,68% más que la fiscalización del 2016. Asimismo, se comprobó que de todas las solicitudes ingresadas, el 85% de las municipalidades respondieron dentro de los plazos establecidos por la Ley de Transparencia. Pese a estos resultados, hubo dos comunas que denegaron la petición: San Pedro de la Paz y Melipilla. A eso, se suma que 17 municipios no contestaron la solicitud y 10 respondieron fuera del plazo legal.
En la otra vereda, hay ejemplos que sobresalen por su celeridad. Es el caso de los municipios de Doñihue, Malloa y Mostazal, que respondieron dos días después de haber recibido la solicitud y obtuvieron un 100% de cumplimiento. Y, en relación a las buenas prácticas, se destaca el caso de la municipalidad de Cañete donde, cumpliendo con la ley de Protección de Datos Personales, tacharon datos sensibles de algunos funcionarios. Asimismo, y después de la fiscalización del CPLT, en San Vicente de Tagua Tagua se aprobó un decreto que especifica las condiciones que se deben cumplir para el pago de las horas extra.

Para revisar los resultados completos de esta fiscalización, visite www.cplt.cl

 

CPLT colaborará con comisión papal para transparentar gastos y detalles de la visita del Sumo Pontífice a Chile

A pocas semanas de que se concrete la histórica visita del Papa Francisco a Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Comisión Nacional Papal firmaron un protocolo de colaboración que permitirá disponibilizar información relativa al arribo del Sumo Pontífice.
Con ello, la entidad encargada de esta visita pastoral recibirá asesoría y acompañamiento del CPLT para transparentar datos relacionados a las donaciones, ingresos, excedentes y gastos asociados a la gira, que se extenderá entre el 15 y el 18 de enero del próximo año. Esta es la primera vez que una visita papal incluye elementos de transparencia y sustentabilidad medioambiental.
“En el marco de esta visita queremos colaborar con nuestra experiencia y promover así la rendición de cuentas y el acceso a la información de todos los ciudadanos. Esto no sólo permitirá que la visita del Papa sea recordada por su trascendencia histórica y pastoral, sino también por su excelencia y compromiso con la cultura de la transparencia que es cada vez más creciente en nuestro país”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago.
El acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades tendrá un año de vigencia y considera también una asesoría jurídica de parte del CPLT para definir qué tipo de información debe quedar a disposición de la ciudadanía.
“La transparencia tiene un costo alto y hemos decidido sincerar y transparentar nuestra gestión (…) a través de este protocolo queremos fortalecer la confianza no sólo en esta visita sino también en la Iglesia”, agregó Javier Peralta, director ejecutivo de la Comisión Nacional Papal.

Migrantes han realizado más de 2.270 solicitudes por Ley de Transparencia en últimos dos años

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, el Consejo para la Transparencia (CPLT) analizó más de 257 mil solicitudes de acceso a la información realizadas en el Portal de Transparencia entre enero de 2016 y diciembre de este año, comprobando que 2.270 peticiones provienen de ciudadanos extranjeros, principalmente de Argentina, España y Perú. De ellas, 589 están destinadas a organismos como la PDI, Conicyt (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y abordan temas como residencias permanentes, trámites de nacionalización y subsidios para inmigrantes.

Este análisis, si se considera que actualmente 600 mil extranjeros viven en Chile, evidencia que la penetración del Derecho de Acceso a la Información aún es incipiente entre los extranjeros que viven en nuestro país y se hace necesario que conozcan y ejerzan su derecho a pedir información vía Ley de Transparencia. Por este motivo y para conocer sus impresiones, el CPLT se reunió con la Fundación FRE, encargada de impulsar la inclusión de quienes llegan a Chile, y con representantes de las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado.

“Chile se ha convertido en el destino —y esperanza— de miles de extranjeros y su arribo no ha estado exento de las dificultades propias de la migración. Muchas veces, quienes vienen de un país foráneo han debido enfrentar la falta de trabajo, un clima hostil y también la discriminación”, dijo el presidente del CPLT, Marcelo Drago, recalcando que los inmigrantes pueden consultar asuntos variados gracias a la Ley de Transparencia, como las causas que explican el rechazo de una visa, conocer el estado de tramitación de su visa como los asociados a la validación de un título profesional o el acceso a beneficios del Estado.

En la cita no sólo se instauró una profunda reflexión acerca de cómo la Ley de Transparencia puede mejorar la vida de los migrantes, sino también en los aspectos que contempla el proyecto de ley sobre migraciones que actualmente se tramita en el Congreso. Al respecto, el CPLT ha enviado una serie de recomendaciones a la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización para perfeccionar la iniciativa tales como: la disponibilización de información de carácter permanente oportuna y clara para los extranjeros; el acceso a la información sobre causas en el rechazo de una visa y mejoras en el tratamiento de los datos personales de los migrantes.