En un fallo unánime, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta semana una resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) que exigía a las isapres Banmédica y Consalud entregar información sobre sus estados financieros. Ambas aseguradoras presentaron un reclamo de ilegalidad ante el tribunal de alzada para dejar sin efecto la decisión del CPLT que, tras el amparo presentado por un ciudadano, le ordenó a la Superintendencia de Pensiones hacer entrega de dicha información.
Sin embargo, ambas isapres argumentaron que la divulgación de estos datos entre quienes no integraban su directorio, junta o propiedad, afectaría sus derechos económicos o comerciales por tratarse de información de carácter estratégico.
Durante la vista del caso en el CPLT, junto con recalcar que las isapres cumplen “un rol de protección social consagrado en la Constitución Política, como un derecho fundamental”, la institución acentuó que existe un evidente interés público comprometido en el acceso a la información solicitada, pues ésta propiciaría “el control ciudadano por parte de los cotizantes, respecto del correcto ejercicio de las funciones públicas de la Superintendencia de Salud”.
Por su parte, la Corte de Apelaciones ratificó estos criterios y ordenó la entrega de los datos requeridos a las aseguradoras, destacando que el acceso a la información pública permite, además, comprobar si el regulador ha ejercido correctamente sus competencias, ya que la adecuada y oportuna fiscalización de estos organismos no sólo es un deber para la Superintendencia de Pensiones, sino que también “es una garantía para el cotizante, para el correcto funcionamiento del sistema, y para la propia isapre, en cuanto evita que compita deslealmente”.
Asimismo, el tribunal de alzada recalcó que las aseguradoras cumplen un rol público y que su desempeño debe estar expuesto al control de los ciudadanos.

Por ley, todas las instituciones públicas y sujetas al cumplimiento de la Ley de Transparencia, están obligadas a publicar de manera periódica datos relacionados a su gestión financiera y administrativa. Es lo que se denomina “Transparencia Activa”, condición que permite a los ciudadanos visualizar, por ejemplo, las remuneraciones, el personal, las compras y otros antecedentes de un organismo del Estado a través de internet.

Sin embargo, hasta hoy, quienes quisieran indagar en ese tipo de datos debían visitar el sitio de cada una de las reparticiones. Por esa razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) sellaron hoy un acuerdo de colaboración que permitirá incluir a 352 nuevos organismos de la Administración Central del Estado al PortalTransparencia.cl, plataforma creada por el CPLT para concentrar la información de las instituciones públicas en un solo sitio web.

Hasta ahora, solo cinco instituciones de la Administración Central (Intendencias, Subsecretarías, Gobiernos Regionales, entre otros) utilizaban la plataforma para cumplir con sus obligaciones de Transparencia Activa, por lo que el ingreso de estas entidades a la plataforma del CPLT representa un gran avance para los ciudadanos.

“La firma de este convenio y la posterior incorporación de los organismos a nuestro sitio web no sólo ratifica la utilidad de nuestra plataforma, sino que además avala que las buenas prácticas en materia de modernización del Estado nos benefician a todos”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María, detallando que la idea es que el Portal de Transparencia se transforme en una especia de ventanilla única que permita el acceso más expedito de los ciudadanos hacia la información de las instituciones del Estado.

Con la concreción de este proyecto, las personas podrán visualizar hacia principios del próximo año los datos de Transparencia Activa de más de 600 organismos públicos. A eso suma la posibilidad de exigir información pública a 761 instituciones, como municipios, universidades públicas, ministerios y otras entidades. Se calcula que con la incorporación de estos 352 nuevos servicios, el ahorro anual para el Estado será superior a los $480 millones.
“No tienen ningún sentido que los ciudadanos gasten su tiempo y esfuerzo, recorriendo de ventanilla en ventanilla, para completar un trámite o conseguir información que le interesa. Al revés, es el Estado quien debe gastar su tiempo y esfuerzo para coordinarse de tal modo de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos”, señaló el subsecretario de la Segpres, Víctor Maldonado.

El sitio PortalTransparencia.cl recibe más de 185 mil visitas mensuales y en él, los ciudadanos realizan, en promedio, 14 mil solicitudes de información cada mes.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó su proceso de fiscalización en Transparencia Activa (TA) para las fundaciones dependientes de la Dirección Sociocultural de la Presidencia.
Estos organismos, al igual que todas las instituciones públicas, deben publicar obligatoriamente detalles relacionados a su gestión administrativa y presupuestaria a través de Internet. Esta publicación se denomina Transparencia Activa y está regulada en la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública.
Con ello, el CPLT analizó en agosto la información publicada por siete organizaciones: Fundación de la Familia, Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), Fundación Tiempos Nuevos, Fundación Artesanías de Chile, Fundación Integra y Fundación Chilenter.
A nivel general, el puntaje promedio de cumplimiento de la ley para todas las entidades analizadas fue de un 98.07%, eso es, 5,01 puntos porcentuales más que la fiscalización del año 2016, donde la puntuación general fue de 93,06%.
La organización que logró un mejor desempeño en esta fiscalización fue la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, con un 100% de cumplimiento y con una mejora de 15,63 puntos porcentuales en relación a la última inspección.
Le siguen la Fundación Integra (99,32%), Chilenter (99,15%), Fundación de la Familia (98,29%), Fundación Tiempos Nuevos (97,75%), Prodemu (96,34%) y la Fundación Artesanías de Chile (95,62%).

Al igual que todos los años, el Consejo para la Transparencia (CPLT) evaluó el desempeño de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) en cuanto al cumplimiento de la Ley de Transparencia y el tratamiento que le otorgan a las solicitudes de información.
Para ello, mediante el mecanismo de usuario incógnito, el CPLT realizó peticiones de manera on line a las quince Seremis de Medio Ambiente, Energía, Agricultura y Transporte y Telecomunicaciones para comprobar los tiempos de respuesta, la calidad de la información proporcionada y las principales barreras que enfrentan los ciudadanos a la hora de exigir datos públicos.
A nivel general, las 60 secretarías evaluadas alcanzaron un puntaje promedio de cumplimiento de 88,5%. Las Seremis de Agricultura fueron las que obtuvieron un mejor desempeño, con un 100% de cumplimiento, mientras que las de Medio Ambiente lograron un 93,37%; las de Transporte y Telecomunicaciones 93,33% y las de Energía un 67,28%.
A nivel nacional, fueron las Seremis de la región de Aysén, Los Ríos, Arica, Antofagasta, Magallanes, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos las mejor evaluadas, con un puntaje promedio de 90,96% de cumplimiento.
En tanto, las Seremis que registraron un menor desempeño en la fiscalización fueron las de Tarapacá, con un 64,83%. Entre los principales incumplimientos registrados, se encontraron respuestas incompletas, ausencia de firmas y la entrega de información en formatos incompatibles.
Las Seremis son órganos desconcentrados de los ministerios, que existen en cada una de las regiones del país. Están dirigidas por un Secretario Regional Ministerial (SEREMI), que es el virtual representante del ministro respectivo en la región. Cada ministerio posee una Secretaría Regional Ministerial en cada región, aunque existen algunos casos excepcionales, como la cartera de Hacienda, que sólo tiene tres (en las Regiones del Biobío, la Araucanía y Magallanes y Antártica Chilena).

Bienes inmuebles, participación en sociedades e incluso deudas de los candidatos presidenciales y parlamentarios. Esos son algunos de los datos que los ciudadanos pueden encontrar en el sitio www.candidatotransparente.cl, un portal creado por el Consejo para la Transparencia.
Hasta ahora, el sitio cuenta con las declaraciones de 780 postulantes —incluyendo a los candidatos presidenciales— e información relacionada a los aportes de campaña. De hecho, en el caso de aquellos aspirantes que ya ostentan un cargo público, la plataforma cuenta con datos relacionados a audiencias de lobby, viajes y donativos recibidos.
De todos los postulantes que ya cuentan con información en el sitio web, ocho son candidatos presidenciales, 122 buscan un cupo en el Senado y 650 en la Cámara de Diputados.
La plataforma contiene también las propuestas de quienes formarán parte de la elección del 19 de noviembre y busca ser un aporte para que los ciudadanos puedan votar de manera informada.

Datos consolidados de otras autoridades

Además de la información relacionada a los candidatos, el Consejo para la Transparencia, en conjunto con la Contraloría General de la República, cuentan con el sitio InfoProbidad.cl
Esta página cuenta con las declaraciones de intereses de ministros, parlamentarios, alcaldes y concejales de todo el país. Actualmente, ya son más de 16 mil los informes disponibles en ese sitio web.
Es importante recalcar que los “intereses” son actividades económicas y profesionales en las que participa una persona —remuneradas o no— y aquellas en las que ha participado en los últimos dos años. En tanto, el “patrimonio” de una persona son los bienes muebles e inmuebles adquiridos en Chile y el extranjero, como vehículos, derechos de aguas, acciones, participación en sociedades, entre otros.
Por su parte, un “conflicto de interés” es cuando un funcionario —en el ejercicio propio de su cargo— ve conflictuado el interés general de su función con intereses particulares, lo que podría afectar la necesaria imparcialidad en el cumplimiento de su función pública.
El Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República promueven la realización y publicación de estas declaraciones para prevenir y sancionar los conflictos de intereses de las autoridades, funcionarios públicos y de quienes pretenden ocupar un cargo en algún organismo del Estado.
Las más de 16 mil declaraciones disponibles en www.infoprobidad.cl pueden ser descargadas y utilizadas en formato abierto, ya que se encuentran expuestas de manera clara y amigable ante la ciudadanía.

 

En los últimos diez años, 22 países de América Latina han adoptado leyes de acceso a la información pública lo que, de manera paulatina, ha ido empoderando a los ciudadanos y fortaleciendo las democracias de toda la región.
Este derecho, protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana, fue reconocido en nuestro país en abril del año 2009 cuando entró en vigencia la Ley de Transparencia, que permite que cualquier persona pueda ejercer solicitar y recibir información que se encuentre en cualquier órgano de la Administración del Estado.
Siete años más tarde, en 2016, los Estados miembros de la UNESCO acordaron que cada 28 de septiembre se dedicaría a conmemorar el Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, una oportunidad para promover esta facultad ciudadana y fomentar la participación.
En el marco de esta fecha, año a año los miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) —presidida actualmente por el Consejo para la Transparencia (CPLT)— conmemorarán este día con distintas actividades en cada uno de sus países, las cuales serán difundidas en redes sociales usando el Hashtag #RedRTA
En esta oportunidad, las actividades tendrán un especial foco en Montevideo, Uruguay, donde se realizará un foro internacional que contará con la asistencia del presidente del CPLT, José Luis Santa María.
La RTA cuenta con 27 miembros, de 17 países de Iberoamérica, quienes se plegarán a estas actividades durante todo el día.
Sigue este evento vía streaming AQUÍ

De las más de 170 mil solicitudes de acceso a la información que se registraron en el Portal de Transparencia durante el año 2016, un 65% fueron dirigidas hacia algún municipio del país. La cifra no sólo devela el creciente interés de los ciudadanos acerca de cómo se gestiona la administración de los gobiernos locales sino que, además, evidencia que las municipalidades son la “puerta de entrada” de las personas hacia los organismos del Estado.
Por esa razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT), junto al Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, están promoviendo la adopción de un modelo de Transparencia Presupuestaria que permitirá que los ciudadanos accedan a información financiera, respecto de la gestión de los organismos públicos, de manera clara y amigable.
El proyecto se encuentra en una etapa piloto y cinco municipios ya se comprometieron con su implementación: Peñalolén, La Reina, Recoleta, Vitacura e Isla de Pascua. Estas comunas, más el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, firmaron un convenio de colaboración junto al CPLT y el Observatorio del Gasto Fiscal.
Ello permitirá que los municipios reciban asesoría y acompañamiento para la implementación de sus portales de Transparencia Presupuestaria y, así, que las personas puedan acceder a información clara.
De este modo los municipios detallarán, de una manera visual y ciudadana, lo más relevante de su gasto comunal y contestarán preguntas levantadas desde la ciudadanía como, por ejemplo, ¿cuánto gastó el municipio en medio ambiente, en los adultos mayores o en los niños de la comuna? o ¿cómo gasta el municipio en ítems tales como horas extras, viáticos y licencias médicas?
La idea principal de la iniciativa es priorizar la rendición de cuentas sobre asuntos de especial interés de los vecinos, lo que permitirá evaluar si la distribución de los recursos se ajusta a sus prioridades.

Entre el 25 y 29 de septiembre, el consejero Marcelo Drago y la Directora Jurídica, Andrea Ruiz del Consejo para la Transparencia, participan en la 39th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (ICDPPC), Hong Kong, China.

El ICDPPC se convocó por primera vez en 1979 y ha sido el principal foro mundial anual para las autoridades de protección de datos durante más de tres décadas. La Conferencia busca proporcionar liderazgo a nivel internacional en protección de datos y privacidad y reúne a más de un centenar de autoridades y expertos de todo el mundo.

En dicho encuentro el Consejo para la Transparencia aprovecha la instancia para conocer de cerca el desarrollo de temas respecto a la protección y respeto de la privacidad de datos, el intercambio de información gubernamental, datos sensibles, entre otros.

Asimismo, el Consejo se ha reunido con expertos en la materia como Sophie Kwasny, Data Protection Unit Chief, Human Rights and Rule of Law, Council of Europe y los anfitriones del evento Stephen Kai-yi Wong, Privacy Commissioner for Personal Data, Hong Kong Special Administrative Region, China y Patrick Tak-kuen Nip, JP, Secretary for Constitutional and Mainland Affairs, Government of the Hong Kong Special Administrative Region, China, esto con la finalidad de sumar experiencias al proceso legislativo en Chile.

De manera on line y al igual como lo haría un ciudadano, el Consejo para la Transparencia (CPLT) concretó su proceso anual de fiscalización sobre 292 organismos de la administración central. La revisión, que mide las barreras existentes en el Derecho de Acceso a la Información (DAI), se ejecutó a través de solicitudes realizadas a través de Internet y de manera anónima, con el fin de evaluar los tiempos de respuesta, el tratamiento de la petición y la calidad de los datos entregados.

Para realizar esta fiscalización, el CPLT abordó cinco grandes ejes temáticos: viáticos, horas extras, licitaciones públicas, multas y visas para inmigrantes. Así, se le solicitó a 147 organismos públicos —como gobiernos regionales, intendencias y subsecretarías— datos relacionados a las comisiones y viajes al extranjero realizados durante el año 2016. Mientras, 19 instituciones recibieron solicitudes ligadas a las horas extraordinarias diurnas y festivas entre diciembre de 2016 y enero de 2017.

Asimismo, 72 entidades, como hospitales y servicios de salud, debieron responder peticiones concernientes a licitaciones cerradas o sin adjudicar durante el año 2016. En tanto, 12 Serviu y 42 Gobernaciones Provinciales recibieron solicitudes relacionadas a multas por incumplimientos en ejecución de obras y rechazos de visas de residencia definitiva, respectivamente.

Con este universo de organismos, y con todas las solicitudes recibidas de manera exitosa, la fiscalización del CPLT concluyó que en promedio las instituciones inspeccionadas lograron un 84,91% de cumplimiento de la Ley de Transparencia, un 0,89% más que el proceso de revisión realizado en 2016. De hecho, el 91% de las peticiones realizadas fueron finalmente respondidas y un 65% de las entidades evaluadas logró puntajes por sobre el cumplimiento promedio o alcanzaron el 100%.

En relación a los tiempos de respuesta, las 292 entidades fiscalizadas respondieron las peticiones de información en 15 días, mientras que las instituciones que más tiempo se tomaron para dar contestación a las solicitudes fueron el Hospital Juan Noé de Arica (53 días), el Gobierno Regional de Tarapacá (50 días), el Servicio de Salud de Aysén y SERNAGEOMIN (ambos con 37 días).

A nivel de ministerios, el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, la cartera de la Mujer y Equidad de Género, Segpres y la Presidencia de la República lograron un 100% de cumplimiento en esta fiscalización. Mientras, Bienes Nacionales con un 76,25%; la Segegob con un 72,06% y Minería con un 61,55% fueron los ministerios con peor desempeño.

XIV Región obtuvo mayor puntaje; la XI, el más bajo

En relación a las regiones, fueron los organismos de Los Ríos la zona del país con un mejor puntaje promedio (95,92%), mientras que las instituciones de Aysén sólo alcanzaron un 58,35% de cumplimiento. Este año y de manera excepcional, el CPLT no consideró a las instituciones de la VI, VII y VIII región producto de los incendios registrados durante el verano.

En relación a las barreras detectadas, la inspección determinó que además de los tiempos de espera, aún existen falencias en torno al formato de las respuestas entregadas, el uso de un lenguaje poco claro para el ciudadano y la inclusión de datos innecesarios o no solicitados.

El ranking completo de las instituciones fiscalizadas y el detalle de sus puntajes puede ser revisado en www.cplt.cl

A través de un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por SQM S.A, SQM POTASIO S.A y SQM SALAR S.A que buscaba impedir la entrega de información a un ciudadano que en diciembre del año pasado le exigió a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) una serie de datos relacionados a la exportación de litio desde nuestro país.

Pese al requerimiento, la CCHEN no pudo facilitar la información solicitada pues la compañía se opuso a su divulgación, argumentando que la información demandada constituye un activo estratégico de la empresa, “cuya revelación afectaría sus derechos comerciales y económicos”.
Con ello, el ciudadano reclamante presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), que fue acogido parcialmente y ordenó la facilitación de los datos exigidos ya que, a juicio del Consejo, son de carácter público.

Sin embargo, SQM, como tercero interesado, presentó un reclamo de ilegalidad ante la corte capitalina, arguyendo que la información relativa “a los volúmenes de exportación, destinatarios de los productos, clientes, precio de venta y destino final de los productos constituye información muy delicada para las empresas, y que forma parte del denominado ‘know how'” de la compañía, por lo que se justificaría la causal de reserva para ese tipo de información.

Pese a eso, los ministros de la novena sala del tribunal de alzada rechazaron el requerimiento de SQM y avalaron la decisión del CPLT. Esta es tercera vez que la compañía intenta reservar información ligada a la exportación de este mineral en nuestro país.

Entre otros argumentos, el fallo sostiene que no es evidente que la divulgación de los volúmenes y destinos de producción del litio vaya a ocasionar un perjuicio y afectación de los derechos económicos o comerciales de la empresa. De hecho, la resolución recalcó que “en línea con el principio de apertura contenido en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia”, le correspondía a SQM demostrar con suficiente especificidad cómo el conocimiento de tal información generaría una expectativa razonable de daño probable en sus derechos, “lo que no ha ocurrido en la especie”.

 

A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre, el Consejo para la Transparencia lanzó una nueva edición del sitio CandidatoTransparente.cl, una plataforma web que permite que los ciudadanos obtengan información acerca de quienes aspiran a ocupar el sillón presidencial o un cupo parlamentario.
El sitio, que de aquí a las elecciones se irá nutriendo con la información reportada voluntariamente por los candidatos, busca ser una herramienta de orientación y ayuda para los más de 14 millones de chilenos habilitados para participar de esta elección.
Además de las propuestas programáticas, quienes accedan a este portal podrán encontrar información relevante concerniente al patrimonio de los candidatos y los aportes que han recibido para financiar sus campañas. Y, en el caso de que el candidato actualmente ocupe un cargo público de relevancia, se podrá encontrar información acerca de sus viajes, audiencias y donativos registrados en base a la Ley del Lobby.
Sin embargo, la participación de la ciudadanía para exigirles a los candidatos que transparenten sus datos y los incorporen al sitio web es vital. De hecho, todos los perfiles tendrán un link directo a las redes sociales de los aspirantes para que cualquier persona interpele al candidato y lo invite a subir sus datos a la web antes del 12 de noviembre.
Esta es la tercera ocasión en que el Consejo para la Transparencia, en su afán de enriquecer la información relativa a un proceso electoral, implementa el sitio Candidato Transparente. La plataforma electrónica, que estuvo activa durante las elecciones municipales y las primarias presidenciales, será difundida mediante una campaña en radios y redes sociales.

A ocho años desde su entrada en vigencia, la Ley de Transparencia ha sido paulatinamente asimilada por la ciudadanía, que gracias a este derecho, ha encontrado nuevos y mejores mecanismos de control social y participación.
Sin embargo, pese a la creciente utilización de la normativa, el Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que fiscaliza y promueve el cumplimiento de esta ley, sólo cuenta con oficinas en Santiago. Por esa razón, los llamados “enlaces de transparencia”, es decir funcionarios públicos encargados de esta área en diversas entidades estatales, ha sido fundamental.
“El apoyo de estos funcionarios ha sido fundamental para descentralizar el objetivo de una norma, que estoy seguro, mejora la calidad de vida de las personas de manera clara y objetiva”, señaló el presidente del CPLT, José Luis Santa María al inaugurar la primera Jornada de Actualización de Enlaces en Transparencia y acceso a la Información Pública.
Este encuentro, que contó con la participación de más de 300 enlaces de todo el país, fue una instancia de capacitación que permitió que los delegados pudieran actualizar sus conocimientos en torno a los procedimientos sancionatorios aplicables en el marco de la norma, jurisprudencia asociada y la protección de datos personales.
Este año, el CPLT no sólo enfocará sus fiscalizaciones con miras a mejorar los estándares de probidad de los organismos del Estado, sino que además y por primera vez, encabezará procesos de sumarios sancionatorios, facultad que antes sólo residía en la Contraloría.