“La publicidad que se ha decretado no parece de ninguna manera vulnerar la seguridad nacional”. Con este y otros contundentes argumentos, la Corte Suprema respaldó una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) y le ordenó al Estado Mayor Conjunto (EMCO) entregar un conjunto de actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que una ciudadana solicitó en septiembre del año 2015.
El COSENA es una instancia consultiva creada en 1980 que, según la Constitución, asesora el Presidente de la República en materias de seguridad nacional. Además del mandatario, dicho consejo está conformado por los presidentes de ambas cámaras legislativas, el Presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, el General Director de Carabineros y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. La última vez que se convocó a una reunión del COSENA fue en enero de 2014.
El requerimiento realizado por la ciudadana consideraba las actas de todas las sesiones del COSENA, desarrolladas entre 1989 y 2012 e incluía también los documentos, acuerdos o resoluciones inmediatamente emanados de aquellas reuniones, que abordaron entre otros temas, consideraciones en torno los senadores designados de la época, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, información relacionada al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación plasmados posteriormente en el Informe Rettig y las acusaciones constitucionales contra miembros de la Corte Suprema.
Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto denegó la entrega de los documentos, argumentando que el citado Consejo “podría haber adoptado acuerdos o sus miembros haber emitido opiniones, comentarios y/o deliberaciones que consten en las actas, cuyo conocimiento público podría causar una afectación directa, cierta o probable a la Seguridad de la Nación, a la defensa nacional, al orden público, al interés nacional y a las relaciones internacionales del país”.
Posterior a eso, la requirente ingresó un amparo al CPLT que, de manera unánime, ordenó la entrega de un conjunto de actas del Cosena, manteniendo sólo algunas en reserva, pues su publicidad involucra la seguridad de la Nación. Esta decisión fue desestimada por el EMCO y recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que rechazó el reclamo.
Finalmente, en marzo de 2017, el EMCO (representado por el Consejo de Defensa del Estado) impugnó el fallo del tribunal de alzada y recurrió a la Corte Suprema que, este 29 de noviembre, respaldó la decisión del Consejo para la Transparencia, avaló la entrega de la información y ratificó que la publicidad de las actas no afecta la seguridad nacional.
“La resolución es contundente. Por un lado, confirma totalmente que el juicio realizado por el Consejo en su momento, en todas sus partes, se apegó completamente a la ley, conforme a las facultades que tiene el Consejo para la Transparencia. Asimismo, tenemos la completa convicción que los documentos que se publicitarán no comprometen de ninguna forma la seguridad nacional. Su entrega, a mi juicio, es emblemática. Cristaliza el objetivo último de esta ley, empoderar a la ciudadanía y hacer realidad la rendición de cuentas de las autoridades a través del acceso a la información”, afirmó el presidente del CPLT, Marcelo Drago.

 

Luego de cinco meses de tramitación y análisis, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó al Ejército entregar copia de la hoja de vida y calificaciones de Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
El requerimiento de esta información fue realizado por un ciudadano en mayo de este año y exigía datos relativos al periodo comprendido entre los años 1970 y 1978. Un mes después, el mismo solicitante le demandó a la Armada antecedentes idénticos, pero entre los años 1973 y 1977 del ex contralmirante Rolando García Le Blanc, quien también se desempeñó en la DINA.
Sin embargo, ambas ramas de las Fuerzas Armadas denegaron la entrega de la información, argumentando que la divulgación de estos datos contraviene la vida privada de los ex uniformados.
Dicho argumento fue desechado por el CPLT que, en un fallo unánime, determinó que la hoja de vida de un ex funcionario público “constituye un antecedente de naturaleza pública”, ya que este documento “ha sido elaborado con recursos públicos, detalla de modo pormenorizado el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirve de base a los respectivos procesos de calificación”, por lo que ordenó su entrega.
“El derecho de los ciudadanos a conocer el desempeño de los funcionarios públicos, sin importar su rango, jerarquía o desempeño, está garantizado y debe ser respetado por todas las instituciones y organismos del Estado”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago en relación a la divulgación de estos datos.

¿Cómo promover la educación cívica a través de nuevas y más eficientes herramientas pedagógicas? Esa fue una de las preguntas que centró el debate en el III Seminario de Formación Ciudadana y Transparencia organizado por el CPLT y la Facultad de Educación de la Universidad Católica.
A casi dos años desde la promulgación de la Ley que crea el Plan de Formación Ciudadana, este seminario buscó además ser un punto de encuentro para profesores y estudiantes de pedagogía, pues cada establecimiento del país deberá elaborar un plan que integre y complemente las definiciones curriculares en este ámbito.
De ahí la importancia de promover conceptos como la transparencia y el rol que el CPLT puede adoptar como una institución de acompañamiento, pues uno de los ejes de esta norma es precisamente fomentar valores y actitudes para la vida en democracia.
“La escuela debe ser el espacio privilegiado para el ejercicio temprano de la ciudadanía y la convivencia democrática entre niñas, niños y jóvenes. De hecho, tenemos la convicción de que la escuela debe ser un reflejo de la sociedad en que queremos vivir y que estime a nuestros estudiantes a convertirse en ciudadanos activos”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago, quien analizó la importancia y alcances de la transparencia en la formación ciudadana.
El encuentro estuvo conformado por dos mesas de discusión en las que se abordaron los retos que implica la educación cívica, así como también los desafíos que significa la entrega de contenidos en diferentes comunidades escolares.
La primera mesa estuvo conformada por Álvaro Ramis, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile; Rodrigo Henríquez, académico de la Facultad de Educación de la U. Católica y Karen Alfaro, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. Austral de Chile.
El segundo panel retrató la experiencia de tres establecimientos en torno a la formación ciudadana, gracias al valioso testimonio de profesores y directores del Colegio Aliwén (Valdivia); Sagrados Corazones de Manquehue (Vitacura) y de la Escuela Básica Valle de la Luna (Quilicura).
Este encuentro es realizado todos los años gracias al trabajo y coordinación de la Unidad de Promoción y Clientes del CPLT que, además de ofrecer capacitaciones y talleres a funcionarios públicos, cuenta con un área dedicada a la formación de ciudadanos a través del sitio www.educatransparencia.cl

Después de varios meses de tramitación, la Contraloría General de la República decidió no tomar razón del decreto que buscaba ampliar el plazo legal de almacenamiento de las comunicaciones privadas y que permitía que otros organismos, distintos del Ministerio Público, tuvieran acceso a una serie de datos personales de los ciudadanos.
Según el organismo de control, el decreto número 866 de 2017, también conocido como el “decreto espía”, “regula materias propias de la ley (…) excediendo las normas del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento”.
Asimismo, el fallo especifica que se realizan referencias a conceptos “que no se ajustan a los referidos preceptos legales”, por lo que la entidad “ha debido abstenerse de dar curso al documento”, ingresado el 4 de agosto de este año.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, compartió el criterio del ente contralor y recalcó que “cualquier cambio o modificación legal en torno a las comunicaciones privadas debiese ser materia de ley y ajustarse estrictamente a una finalidad necesaria, existiendo para ello un debate legislativo abierto y de frente a la ciudadanía”.
Recordó que el Consejo advirtió públicamente, en septiembre pasado, que una norma de este tipo contraviene experiencias internacionales como la europea, que eleva la protección de los datos personales como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Además de aumentar las facultades de las compañías de telecomunicaciones para recopilar direcciones IP y la ubicación geográfica de las conversaciones telefónicas, entre otros datos, el decreto también permitía el almacenamiento de información privada, como las tarjetas de crédito de los usuarios.

 

Nombres completos, correos electrónicos y números de teléfono de más de 57 millones de usuarios de todo el planeta. Esos son algunos de los datos personales que un grupo de hackers robó a Uber durante el año 2016 y que la compañía acaba de reconocer públicamente.
El alcance del ataque informático que sufrió esta popular aplicación aún no ha sido detallado por esta empresa que, en Chile, tiene más de 2 millones de usuarios.
“Esta filtración de datos de millones de personas repone la urgencia que tenemos como país de ponernos al día en nuestra legislación sobre la protección de datos personales. Nuestra norma es débil y de otra época, pues data de 1999 y no se condice con la masiva utilización de redes sociales o el tráfico de bases de datos realizadas en todos los ámbitos”, indicó el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.
A su juicio, Chile “necesita una ley efectiva, moderna y de estándares que protejan nuestros datos personales” y advirtió que, si bien existe un proyecto de ley actualmente en tramitación en el Congreso, “es insuficiente y no cumple con los estándares de la Unión Europea”.
Drago explicó que una de sus principales falencias se relaciona con el tratamiento de los datos privados y la nueva institucionalidad, pues se propone la creación de una agencia perteneciente al Ministerio de Hacienda.
“El estándar mundial exige que se garantice una institucionalidad que goce de plena independencia, a través de un órgano autónomo, dedicado a la protección de los datos personales. Chile no puede seguir esperando en esta materia, pues la información privada de millones de ciudadanos sigue siendo vulnerable”, agregó Drago.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, condenó la destrucción de archivos, microfilms y documentación que manejaba la ex Central Nacional de Información (CNI) entre los años 1980 y 1982, como también la inexistencia de antecedentes de inteligencia y contrainteligencia anteriores al año 2001.

La eliminación de dichos documentos se conoció hoy tras difundirse en la prensa un informe del Ejército de Chile en el que se admite la incineración de archivos de dicha época y, a su vez, la inexistencia de actas de incineración. Según consigna la investigación interna realizada por la institución castrense, tampoco se encontraron “pruebas físicas de su existencia y, de haber existido, no se ha podido determinar su lugar de archivo, eventual microfilmación, personas que intervinieron en ello, circunstancias y pormenores de su confección, catalogación, archivo, y destrucción”.

A juicio del presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, este hecho “representa una grave vulneración al derecho de acceso a la información de todos los chilenos y destapa una seria y reprochable conducta por parte de quienes eran responsables de resguardar antecedentes de carácter público y que pertenecen a toda la sociedad. Es un hecho que atenta contra la memoria histórica de Chile”.

Drago indicó que el 10 de noviembre pasado, a raíz de un reportaje publicado en “The New York Times” y que daba cuenta de la destrucción de documentos de la ex CNI, el Consejo para la Transparencia envió un oficio al Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, solicitando que “informe la veracidad de los hechos objeto de la nota de prensa y sus antecedentes, los protocolos de gestión documental aplicables a este tipo de información y, en general, la documentación sobre los procedimientos que se hubieren aplicado en éste y otros casos respecto de antecedentes de violaciones a los derechos humanos que forman parte de la memoria histórica del país”.

En dicho oficio, se señala que de ser efectivos estos hechos “ello podría generar un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de acceso a la información”.

Marcelo Drago recalcó que el Consejo para la Transparencia está a la espera de la respuesta de dicha institución y añadió que “es deber y obligación de los organismos públicos resguardar, custodiar y proteger la información que está en sus manos, siguiendo estándares y acciones de preservación, conservación y reconstrucción de la documentación, y que claramente en este caso se menospreciaron sin ningún tipo de consideración”.

Para verificar el cumplimiento de la llamada Transparencia Activa, que es toda aquella información que por ley los organismos públicos deben publicar en sus sitios electrónicos, el Consejo para la Transparencia (CPLT) fiscaliza todos los años a los llamados “Organismos de la Administración Central”, es decir, intendencias, gobernaciones, subsecretarías, servicios de salud, Ejército, Carabineros, superintendencias, hospitales públicos autogestionados y otras instituciones.
Y para acotar aún más las temáticas fiscalizadas y generar una visión más específica del cumplimiento de la ley, el CPLT centró su revisión en cinco aspectos que forman parte de sus obligaciones en Transparencia Activa: trámites, compras, mecanismos de participación ciudadana y actos con efectos sobre terceros (concursos públicos, ordenanzas, patentes comerciales o permisos, entre otras resoluciones).
A nivel general, los organismos lograron un puntaje promedio de cumplimiento de un 81,3%, esto es 8,5% puntos porcentuales más que lo obtenido en la fiscalización del año pasado. En relación a las materias, los “subsidios y beneficios” fueron los ítems mejor evaluados por la revisión, con un 92,5%. Le siguen “trámites”, con un 85,2%; “mecanismos de participación”, con un 83,7%; “compras y adquisiciones”, con un 79,1% y los llamados “actos con efectos sobre terceros”, con sólo un 65,8%.
Al clasificar a las entidades fiscalizadas por tipos de organismos, son las superintendencias, con un puntaje de cumplimiento del 92,7%, las que obtuvieron una mejor evaluación. En tanto, los hospitales autogestionados fueron los que recibieron la más baja calificación, con un 69,8% de cumplimiento.
La fiscalización del CPLT también reveló que hay organismos que lograron un 100% de cumplimiento, como la Superintendencia de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Aerofotogramétrico del General Juan Soler Manfredini y el Instituto de Previsión Social (IPS). En tanto, las instituciones con más bajo desempeño fueron el Servicio de Salud Araucanía Sur (42%), el Hospital de Tomé (40,04%), el hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique (36,59%), el hospital San Juan de Dios de San Fernando (35,38%) y el hospital Regional de Rancagua (26,39%).

Para leer el informe completo de fiscalización puede visitar el sitio www.consejotransparencia.cl

 

Justo cuando la opinión pública se entera de nuevos antecedentes que ligan a la FIFA con actos reñidos contra la probidad, el debate acerca de cómo funciona la institucionalidad deportiva en Chile también toma relevancia.

Y para reflexionar acerca de cómo la transparencia puede mejorar el desempeño de federaciones, equipos o comités deportivos, el CPLT, más la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Facultad de Derecho de la UC organizaron el seminario “Buenas prácticas y gestión deportiva. Una mirada al deporte desde la institucionalidad vigente”.

La instancia contó con la exposición del ministro del Deporte, Pablo Squella; el decano de la Facultad de Derecho de la UC, Carlos Frontaura; el presidente de la ANFP Arturo Salah y el presidente del CPLT, Marcelo Drago, quien lideró un llamado transversal para adoptar más y mejores medidas de transparencia en el ámbito público y privado.

“Es clave que como política institucional se implementen políticas de Transparencia en la ANFP y en otras entidades (…) y para que estas políticas sirvan, deben doler. Lo mínimo no basta”, sentenció Drago durante su exposición.

Luego de esta alocución se iniciaron dos paneles: uno destinado a examinar la corrupción y malas prácticas en el deporte y otro enfocado en cómo mejorar la gestión deportiva en el país.

Este seminario es uno de los pasos colaborativos desarrollados por el CPLT y la ANFP. Ambas instituciones ya iniciaron una alianza de cooperación que precisamente busca promover la transparencia en el ámbito deportivo.

Como una manera de promover la investigación, el desarrollo de prácticas colaborativas y la difusión del acceso a la información pública en todo el país, el Consejo para la Transparencia (CPLT) lanzó en el año 2016 el primer Observatorio Regional de Transparencia junto a la Universidad de Talca.
De ahí en adelante, se inició un esfuerzo de cooperación con más planteles, destinado a fortalecer el trabajo del CPLT con las regiones y, por sobre todo, a promover la política de transparencia entre los ciudadanos, autoridades y funcionarios públicos.
Y como parte de ese trabajo, este miércoles 8 de noviembre se concretó el II Encuentro Nacional de Observatorios Regionales de Transparencia en la Universidad Católica de Temuco. Además de esta casa de estudios y de la U. de Talca, la cita contó con la presencia de los representantes de los otros observatorios implementados en el resto Chile: la U. de Tarapacá en la región de Arica y Parinacota, la U. de Magallanes, la U. de Concepción en la Región del Biobío; de Los Lagos, en Puerto Montt; UNAB, en Valparaíso y en Coquimbo, gracias a un convenio con la U. Central.
La instancia no sólo sirvió para reflexionar acerca de los desafíos y metas de la Ley de Transparencia a casi diez años desde su promulgación, sino que además, fue escenario de una charla magistral realizada por el Director General del CPLT, Raúl Ferrada, quien abordó los cambios que la ley 20.285 de Acceso a la Información ha generado en nuestro país.
También se efectuaron dos paneles de discusión. El primero, titulado “La Transparencia y Acceso a la Información: pilares de una democracia de derechos”, fue moderado por Claudio Merino del Observatorio Regional de Transparencia de la U. de Los Lagos y contó con la presencia de Alejandra Parra, coordinadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales; Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio de Derechos Ciudadanos y Leonardo Onetto, del Observatorio Regional de Transparencia de Valparaíso, dirigido por la Universidad Andrés Bello.
Para concluir, y a casi dos semanas de las elecciones, la actividad concluyó con la realización del panel “Transparencia en campañas electorales: evaluación del proceso de rendición de cuentas de campañas electorales y avances y desafíos desde las municipales 2016 a las parlamentarias y presidenciales 2017”.
Este foro estuvo moderado por Mariol Virgili, del Observatorio Regional de la U. de Concepción, y contó con el aporte de Juan Pablo Beca, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UC de Temuco; Emilio Moya, del Observatorio Regional de Transparencia de la Araucanía y docente de la misma universidad y de Essio Guidotti, representante de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía (AMRA).

 

Con fecha 20 de octubre de 2017 y cumpliendo con lo estipulado en la ley 20.285, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) nombró al Consejero, Marcelo Drago Aguirre, como nuevo presidente de la Corporación, cargo que desempeñará desde el próximo 30 de octubre hasta el 30 de abril de 2019.

En votación unánime, registrada en la sesión ordinaria N°839 del 20 de octubre de 2017, Marcelo Drago reemplaza a José Luis Santa María Zañartu, quien finalizará su periodo como presidente del CPLT el próximo 29 de octubre.

La elección de la presidencia del Consejo Directivo se efectuó de acuerdo a lo contemplado por la Ley de Transparencia que le otorga un carácter rotatorio a dicho cargo y marca un nuevo periodo para la institución encargada de promover el acceso a la información pública en todo el país.

Marcelo Drago es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet y ratificado unánimemente por el Senado en octubre de 2014 por un período de seis años como miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia.

Drago ha ejercido por más de 18 años como consultor internacional en gestión y políticas públicas para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ONU y la CEPAL, principalmente en Latinoamérica y el Caribe, creando además una firma consultora en el ámbito nacional. Asimismo se desempeñó como asesor Legislativo y en Políticas Públicas senior en el Congreso Nacional.

En el ámbito público, fue Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la X Región, Gobernador de la Provincia Cordillera en la Región Metropolitana y jefe de gabinete en el Ministerio de Bienes Nacionales.
Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Pontifica Universidad Católica de Chile, fue además, autor del estudio “La Reforma a la Salud Chilena desde la Perspectiva de los Derechos Humanos” de la CEPAL, y del libro “Cambiar el Presente, Ganar el Futuro”.

En un fallo unánime, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta semana una resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) que exigía a las isapres Banmédica y Consalud entregar información sobre sus estados financieros. Ambas aseguradoras presentaron un reclamo de ilegalidad ante el tribunal de alzada para dejar sin efecto la decisión del CPLT que, tras el amparo presentado por un ciudadano, le ordenó a la Superintendencia de Pensiones hacer entrega de dicha información.
Sin embargo, ambas isapres argumentaron que la divulgación de estos datos entre quienes no integraban su directorio, junta o propiedad, afectaría sus derechos económicos o comerciales por tratarse de información de carácter estratégico.
Durante la vista del caso en el CPLT, junto con recalcar que las isapres cumplen “un rol de protección social consagrado en la Constitución Política, como un derecho fundamental”, la institución acentuó que existe un evidente interés público comprometido en el acceso a la información solicitada, pues ésta propiciaría “el control ciudadano por parte de los cotizantes, respecto del correcto ejercicio de las funciones públicas de la Superintendencia de Salud”.
Por su parte, la Corte de Apelaciones ratificó estos criterios y ordenó la entrega de los datos requeridos a las aseguradoras, destacando que el acceso a la información pública permite, además, comprobar si el regulador ha ejercido correctamente sus competencias, ya que la adecuada y oportuna fiscalización de estos organismos no sólo es un deber para la Superintendencia de Pensiones, sino que también “es una garantía para el cotizante, para el correcto funcionamiento del sistema, y para la propia isapre, en cuanto evita que compita deslealmente”.
Asimismo, el tribunal de alzada recalcó que las aseguradoras cumplen un rol público y que su desempeño debe estar expuesto al control de los ciudadanos.

Por ley, todas las instituciones públicas y sujetas al cumplimiento de la Ley de Transparencia, están obligadas a publicar de manera periódica datos relacionados a su gestión financiera y administrativa. Es lo que se denomina “Transparencia Activa”, condición que permite a los ciudadanos visualizar, por ejemplo, las remuneraciones, el personal, las compras y otros antecedentes de un organismo del Estado a través de internet.

Sin embargo, hasta hoy, quienes quisieran indagar en ese tipo de datos debían visitar el sitio de cada una de las reparticiones. Por esa razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) sellaron hoy un acuerdo de colaboración que permitirá incluir a 352 nuevos organismos de la Administración Central del Estado al PortalTransparencia.cl, plataforma creada por el CPLT para concentrar la información de las instituciones públicas en un solo sitio web.

Hasta ahora, solo cinco instituciones de la Administración Central (Intendencias, Subsecretarías, Gobiernos Regionales, entre otros) utilizaban la plataforma para cumplir con sus obligaciones de Transparencia Activa, por lo que el ingreso de estas entidades a la plataforma del CPLT representa un gran avance para los ciudadanos.

“La firma de este convenio y la posterior incorporación de los organismos a nuestro sitio web no sólo ratifica la utilidad de nuestra plataforma, sino que además avala que las buenas prácticas en materia de modernización del Estado nos benefician a todos”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María, detallando que la idea es que el Portal de Transparencia se transforme en una especia de ventanilla única que permita el acceso más expedito de los ciudadanos hacia la información de las instituciones del Estado.

Con la concreción de este proyecto, las personas podrán visualizar hacia principios del próximo año los datos de Transparencia Activa de más de 600 organismos públicos. A eso suma la posibilidad de exigir información pública a 761 instituciones, como municipios, universidades públicas, ministerios y otras entidades. Se calcula que con la incorporación de estos 352 nuevos servicios, el ahorro anual para el Estado será superior a los $480 millones.
“No tienen ningún sentido que los ciudadanos gasten su tiempo y esfuerzo, recorriendo de ventanilla en ventanilla, para completar un trámite o conseguir información que le interesa. Al revés, es el Estado quien debe gastar su tiempo y esfuerzo para coordinarse de tal modo de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos”, señaló el subsecretario de la Segpres, Víctor Maldonado.

El sitio PortalTransparencia.cl recibe más de 185 mil visitas mensuales y en él, los ciudadanos realizan, en promedio, 14 mil solicitudes de información cada mes.