En diciembre pasado se conmemoró un año desde que se aprobó el proyecto que terminó con el secreto de la Ley Reservada del Cobre, una norma promulgada en 1975 que establece la entrega anual del 10% de los ingresos de Codelco hacia las Fuerzas Armadas.
La publicación definitiva de esta ley en el Diario Oficial y el posterior acceso de todos los ciudadanos a la norma, se concretó luego de una decisión del Consejo para la Transparencia que respaldaba la entrega de esta información a la ciudadanía. Sin embargo, fue el proyecto de ley impulsado por el diputado Jaime Pilowsky en noviembre de 2016, el que selló la divulgación oficial del texto en el Diario Oficial.
Este hecho, calificado como un paso trascendental en pos de la transparencia pública por el CPLT, fue conmemorado hoy a través de un conversatorio que buscaba analizar la pertinencia del secreto en esta y otras leyes reservadas, ya que actualmente, existen 199 normas de acceso restringido en nuestro país. La gran mayoría de estas leyes tiene relación con las plantas que componen las Fuerzas Armadas y transferencias o compras de armamento militar.
El foro de reflexión, realizado en el ex Congreso Nacional, fue encabezado por el presidente del CPLT, Marcelo Drago y contó con la asistencia del diputado Jaime Pilowsky; del subsecretario de Defensa, Marcos Robledo; del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Gobierno, Rodrigo Mora y de Francisco Javier Leturia, consejero del CPLT.
“Hoy en día está más que claro que las leyes no pueden permanecer siendo secretas. Ese ciclo se cumplió y la publicación de la Ley Reservada del Cobre marcó un antes y un después. Tenemos que hacer una reflexión y conversar para darle una señal al país de que en Chile no pueden haber más leyes de este tipo”, señaló Marcelo Drago, haciendo un llamado a los poderes del Estado para abordar la existencia de las normas de circulación restringida y analizar cuáles deberían seguir siendo reservadas.
En tanto, el diputado Pilowsky valoró la instancia de reflexión organizada por el CPLT y anunció la presentación de un proyecto de ley que termine y desclasifique las leyes secretas en Chile.
“Hoy en pleno siglo XXI y en un Estado democrático, no se justifica que existan estas leyes secretas (…) ha existido una desidia legislativa en torno al tema, pues se suele utilizar como argumento que la publicación de las leyes reservadas podría poner en riesgo la seguridad de la nación, algo que no es válido”, señaló el parlamentario.

A pocos meses de que se concrete el cambio de mando, el presidente electo, Sebastián Piñera, se reunió con el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago.

La cita no sólo sirvió para definir una agenda común de trabajo y colaboración en materias de probidad, sino que además, fue utilizada por ambas autoridades para ahondar en los desafíos para avanzar en transparencia, probidad y combate a la corrupción.

Entre los temas tratados en la reunión está la implementación de un sistema integral de transparencia, que amplíe las facultades del CPLT a organismos autónomos, el Poder Judicial y el Congreso, pues hoy, estas instituciones no están bajo su fiscalización. Asimismo, se discutió sobre la necesidad de una nueva regulación del lobby, penalizar la corrupción entre privados y extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Además, se planteó la necesidad de revisar la Ley de Protección de Datos Personales, con el fin de que cuente con un órgano autónomo e independiente que garantice la protección de este derecho fundamental.

“Hoy la sociedad está exigiendo más y mejores estándares de transparencia y nosotros debemos responder a ese llamado transversal. La Ley de Transparencia está cumpliendo diez años, lo que conlleva el cierre de un ciclo que innegablemente ha fortalecido nuestra democracia. Sin embargo, Chile se merece más y hoy comprobamos que existe una visión común con el Presidente electo, entendiendo que la transparencia es un elemento fundamental para el desarrollo del país. Con instituciones fuertes los países progresan. Es fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos frente a sus instituciones, y eso se logra con más transparencia y mayores estándares”, afirmó Marcelo Drago, recalcando que a diez años de la promulgación de esta ley, es necesario repensar sus alcances, por lo que invitó al presidente electo a sumarse a un proceso de reflexión que se concretará durante este año con el objetivo de perfeccionar la normativa.

En ese sentido, Drago enfatizó que esta política no sólo representa una efectiva herramienta de control y participación ciudadana, sino que además, destacó su utilidad para revelar casos de corrupción en nuestro país.

 

A tres meses de que se concrete el cambio de mando en el Gobierno, el Consejo para la Transparencia (CPLT) envió hoy a 349 organismos del Estado un oficio con recomendaciones respecto de cómo deben gestionar, respaldar y conservar la información relacionada a su gestión.

Entre las instrucciones del CPLT, se detalla la obligación que tienen las instituciones públicas de actualizar, antes del 14 de marzo de 2018, la llamada “Transparencia Activa”, que es toda aquella información que por ley los organismos del Estado deben disponibilizar en sus sitios web. Además, deberán entregar dicha información de respaldo a las nuevas autoridades “de forma ordenada y completa, velando porque exista absoluta coherencia entre lo entregado y lo informado en el sitio electrónico del órgano o servicio”.

En relación a los correos electrónicos de autoridades y funcionarios, el CPLT enfatiza que las autoridades y funcionarios deben “conservar los registros de dichas comunicaciones y guardar respaldo institucional”, para así dejar constancia de la transmisión, recepción y contenido de los correos utilizados en el desempeño de su función pública.

En cuanto a la correspondencia de la Presidenta de la República, se puntualiza que ella debe “mantenerse, en original o copia, necesariamente en los archivos de la Administración del Estado”, por cuanto se trata de información “a la cual puede acceder cualquier persona en ejercicio del derecho de acceso a la información”, salvo que exista alguna causal de reserva.

“Estas recomendaciones no sólo pretenden garantizar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos, sino que también buscan facilitar la transición entre las autoridades entrantes y salientes de manera completamente transparente, ordenada y completa”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago, detallando que el oficio también incluye recomendaciones ligadas a la protección de datos personales, declaraciones de intereses y patrimonio y lobby.

Es así como en el oficio se especifica que las autoridades salientes deberán entregar al nuevo gobierno un registro de audiencias, donativos, viajes efectuados y aquellas reuniones que al 11 de marzo del próximo año sigan pendientes. En materia de declaraciones de patrimonio e intereses, los funcionarios entrantes y salientes que, por su cargo están obligados a cumplir con la Ley de Probidad, deben elaborar su declaración dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones o dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción del cargo.

Asimismo, el CPLT sugiere que las autoridades salientes entreguen un detalle a sus sucesores que evidencie el estado de aquellas solicitudes de acceso a la información pública que siguen pendientes y copias digitales o en papel de toda aquella documentación que pueda ser exigida por los ciudadanos a través de la Ley de Transparencia.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) envió a 345 municipalidades del país una única solicitud de información: los decretos o resoluciones que aprueban la realización de las horas extraordinarias, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017. Además de esa petición, se exigió la nómina de los funcionarios que realizaron horas extraordinarias diurnas y festivas durante esos meses.
El objetivo de esta solicitud, realizada entre julio y agosto mediante la técnica denominada “usuario simulado”, fue comprobar el ingreso, tratamiento y tiempos de respuesta de los organismos públicos a las peticiones de información, tal como si se tratara de un ciudadano.
Los resultados evidenciaron que, en promedio, los municipios lograron un puntaje de cumplimiento del 80,51%, vale decir, un 0,68% más que la fiscalización del 2016. Asimismo, se comprobó que de todas las solicitudes ingresadas, el 85% de las municipalidades respondieron dentro de los plazos establecidos por la Ley de Transparencia. Pese a estos resultados, hubo dos comunas que denegaron la petición: San Pedro de la Paz y Melipilla. A eso, se suma que 17 municipios no contestaron la solicitud y 10 respondieron fuera del plazo legal.
En la otra vereda, hay ejemplos que sobresalen por su celeridad. Es el caso de los municipios de Doñihue, Malloa y Mostazal, que respondieron dos días después de haber recibido la solicitud y obtuvieron un 100% de cumplimiento. Y, en relación a las buenas prácticas, se destaca el caso de la municipalidad de Cañete donde, cumpliendo con la ley de Protección de Datos Personales, tacharon datos sensibles de algunos funcionarios. Asimismo, y después de la fiscalización del CPLT, en San Vicente de Tagua Tagua se aprobó un decreto que especifica las condiciones que se deben cumplir para el pago de las horas extra.

Para revisar los resultados completos de esta fiscalización, visite www.cplt.cl

 

A pocas semanas de que se concrete la histórica visita del Papa Francisco a Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Comisión Nacional Papal firmaron un protocolo de colaboración que permitirá disponibilizar información relativa al arribo del Sumo Pontífice.
Con ello, la entidad encargada de esta visita pastoral recibirá asesoría y acompañamiento del CPLT para transparentar datos relacionados a las donaciones, ingresos, excedentes y gastos asociados a la gira, que se extenderá entre el 15 y el 18 de enero del próximo año. Esta es la primera vez que una visita papal incluye elementos de transparencia y sustentabilidad medioambiental.
“En el marco de esta visita queremos colaborar con nuestra experiencia y promover así la rendición de cuentas y el acceso a la información de todos los ciudadanos. Esto no sólo permitirá que la visita del Papa sea recordada por su trascendencia histórica y pastoral, sino también por su excelencia y compromiso con la cultura de la transparencia que es cada vez más creciente en nuestro país”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago.
El acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades tendrá un año de vigencia y considera también una asesoría jurídica de parte del CPLT para definir qué tipo de información debe quedar a disposición de la ciudadanía.
“La transparencia tiene un costo alto y hemos decidido sincerar y transparentar nuestra gestión (…) a través de este protocolo queremos fortalecer la confianza no sólo en esta visita sino también en la Iglesia”, agregó Javier Peralta, director ejecutivo de la Comisión Nacional Papal.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, el Consejo para la Transparencia (CPLT) analizó más de 257 mil solicitudes de acceso a la información realizadas en el Portal de Transparencia entre enero de 2016 y diciembre de este año, comprobando que 2.270 peticiones provienen de ciudadanos extranjeros, principalmente de Argentina, España y Perú. De ellas, 589 están destinadas a organismos como la PDI, Conicyt (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y abordan temas como residencias permanentes, trámites de nacionalización y subsidios para inmigrantes.

Este análisis, si se considera que actualmente 600 mil extranjeros viven en Chile, evidencia que la penetración del Derecho de Acceso a la Información aún es incipiente entre los extranjeros que viven en nuestro país y se hace necesario que conozcan y ejerzan su derecho a pedir información vía Ley de Transparencia. Por este motivo y para conocer sus impresiones, el CPLT se reunió con la Fundación FRE, encargada de impulsar la inclusión de quienes llegan a Chile, y con representantes de las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado.

“Chile se ha convertido en el destino —y esperanza— de miles de extranjeros y su arribo no ha estado exento de las dificultades propias de la migración. Muchas veces, quienes vienen de un país foráneo han debido enfrentar la falta de trabajo, un clima hostil y también la discriminación”, dijo el presidente del CPLT, Marcelo Drago, recalcando que los inmigrantes pueden consultar asuntos variados gracias a la Ley de Transparencia, como las causas que explican el rechazo de una visa, conocer el estado de tramitación de su visa como los asociados a la validación de un título profesional o el acceso a beneficios del Estado.

En la cita no sólo se instauró una profunda reflexión acerca de cómo la Ley de Transparencia puede mejorar la vida de los migrantes, sino también en los aspectos que contempla el proyecto de ley sobre migraciones que actualmente se tramita en el Congreso. Al respecto, el CPLT ha enviado una serie de recomendaciones a la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización para perfeccionar la iniciativa tales como: la disponibilización de información de carácter permanente oportuna y clara para los extranjeros; el acceso a la información sobre causas en el rechazo de una visa y mejoras en el tratamiento de los datos personales de los migrantes.

Tal como lo estipula la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, hoy el Senado ratificó de manera Unánime la propuesta enviada por la Presidenta Michelle Bachelet y aprobó el nombramiento de los dos nuevos consejeros que integrarán el Consejo para la Transparencia (CPLT) hasta el año 2023.
Se trata de la cientista política, Gloria de la Fuente González, quien se desempeña como directora ejecutiva de la fundación Chile 21. De la Fuente, quien es candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ha desarrollado una estrecha labor en torno a temas de transparencia trabajando como consultora del CPLT y directora de proyectos en la ONG Chile Transparente.
A eso se suman varias consultorías para la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) y su labor en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre los años 2006 y 2010. Es, además, panelista en programas radiales y televisivos.
Por su parte, Francisco Javier Leturia Infante es abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesional, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, actualmente se desempeña como presidente del Centro Nacional de Arbitrajes y fue miembro agregado de la misión chilena ante las Naciones Unidas entre los años 2010 y 2014.
Además, Leturia se ha desempeñado en diversos cargos en la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Interamericana de Minería, la Confederación de la Producción y del Comercio y fue también delegado ante la OIT entre los años 2001 y 2004.
Con el nombramiento de estos dos nuevos consejeros, el CPLT queda integrado, además, por el abogado y actual Presidente de la institución, Marcelo Drago Aguirre, y el abogado Jorge Jaraquemada Roblero.

En la recta final de la segunda vuelta electoral de este domingo 19 de diciembre, el Consejo para la Transparencia (CPLT) interpeló a los candidatos presidenciales que se enfrentarán al balotaje y manifestó su preocupación por la ausencia de medidas y políticas relacionadas a la transparencia, la probidad y el acceso a la información en las campañas y debates en los que han participado Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.
A través de una carta remitida a ambos comandos, el CPLT recalcó el complejo escenario social generado en nuestro país tras la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, destacando el rol que tiene la transparencia para combatir la corrupción.
“Desde el año 2008, nuestro país cuenta con un sistema de transparencia que ha ido exitosamente desplazando el secretismo del Estado, permitiendo el empoderamiento ciudadano y una efectiva rendición de cuentas de las autoridades. Sin embargo, también es indudable que a casi diez años de la implementación de esta norma, los ciudadanos se merecen más y mejores estándares de trasparencia y acceso a la información pública”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago.
La misiva enviada por el CPLT acentúa la necesidad de establecer como prioridad en el próximo Gobierno medidas y señales que faciliten la instalación de una verdadera cultura de la transparencia como motor para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra democracia.
Para ello, el Consejo compartió diez de propuestas para ambos candidatos presidenciales, entre las que se cuentan, el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información en nuestra Constitución, el establecimiento de un sistema integral de transparencia —que permita garantizar la existencia de un único mecanismo de acceso y cumplimiento de la ley por parte de todos los órganos del Estado— y una revisión de las leyes “reservadas”, con el fin de verificar la constitucionalidad del secreto y favorecer el conocimiento público de estas normas por todos los ciudadanos.
Asimismo, se planteó la importancia de revisar profundamente la Ley del Lobby, mayores estándares de transparencia para el mundo público y privado –incluyendo legislar sobre corrupción entre privados y extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas-y el involucramiento de sus sectores políticos en los debates que el próximo año organizará el CPLT para perfeccionar la Ley de Transparencia, que cumplirá diez años desde su promulgación.

“La publicidad que se ha decretado no parece de ninguna manera vulnerar la seguridad nacional”. Con este y otros contundentes argumentos, la Corte Suprema respaldó una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) y le ordenó al Estado Mayor Conjunto (EMCO) entregar un conjunto de actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que una ciudadana solicitó en septiembre del año 2015.
El COSENA es una instancia consultiva creada en 1980 que, según la Constitución, asesora el Presidente de la República en materias de seguridad nacional. Además del mandatario, dicho consejo está conformado por los presidentes de ambas cámaras legislativas, el Presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, el General Director de Carabineros y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. La última vez que se convocó a una reunión del COSENA fue en enero de 2014.
El requerimiento realizado por la ciudadana consideraba las actas de todas las sesiones del COSENA, desarrolladas entre 1989 y 2012 e incluía también los documentos, acuerdos o resoluciones inmediatamente emanados de aquellas reuniones, que abordaron entre otros temas, consideraciones en torno los senadores designados de la época, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, información relacionada al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación plasmados posteriormente en el Informe Rettig y las acusaciones constitucionales contra miembros de la Corte Suprema.
Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto denegó la entrega de los documentos, argumentando que el citado Consejo “podría haber adoptado acuerdos o sus miembros haber emitido opiniones, comentarios y/o deliberaciones que consten en las actas, cuyo conocimiento público podría causar una afectación directa, cierta o probable a la Seguridad de la Nación, a la defensa nacional, al orden público, al interés nacional y a las relaciones internacionales del país”.
Posterior a eso, la requirente ingresó un amparo al CPLT que, de manera unánime, ordenó la entrega de un conjunto de actas del Cosena, manteniendo sólo algunas en reserva, pues su publicidad involucra la seguridad de la Nación. Esta decisión fue desestimada por el EMCO y recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que rechazó el reclamo.
Finalmente, en marzo de 2017, el EMCO (representado por el Consejo de Defensa del Estado) impugnó el fallo del tribunal de alzada y recurrió a la Corte Suprema que, este 29 de noviembre, respaldó la decisión del Consejo para la Transparencia, avaló la entrega de la información y ratificó que la publicidad de las actas no afecta la seguridad nacional.
“La resolución es contundente. Por un lado, confirma totalmente que el juicio realizado por el Consejo en su momento, en todas sus partes, se apegó completamente a la ley, conforme a las facultades que tiene el Consejo para la Transparencia. Asimismo, tenemos la completa convicción que los documentos que se publicitarán no comprometen de ninguna forma la seguridad nacional. Su entrega, a mi juicio, es emblemática. Cristaliza el objetivo último de esta ley, empoderar a la ciudadanía y hacer realidad la rendición de cuentas de las autoridades a través del acceso a la información”, afirmó el presidente del CPLT, Marcelo Drago.

 

Luego de cinco meses de tramitación y análisis, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó al Ejército entregar copia de la hoja de vida y calificaciones de Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
El requerimiento de esta información fue realizado por un ciudadano en mayo de este año y exigía datos relativos al periodo comprendido entre los años 1970 y 1978. Un mes después, el mismo solicitante le demandó a la Armada antecedentes idénticos, pero entre los años 1973 y 1977 del ex contralmirante Rolando García Le Blanc, quien también se desempeñó en la DINA.
Sin embargo, ambas ramas de las Fuerzas Armadas denegaron la entrega de la información, argumentando que la divulgación de estos datos contraviene la vida privada de los ex uniformados.
Dicho argumento fue desechado por el CPLT que, en un fallo unánime, determinó que la hoja de vida de un ex funcionario público “constituye un antecedente de naturaleza pública”, ya que este documento “ha sido elaborado con recursos públicos, detalla de modo pormenorizado el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirve de base a los respectivos procesos de calificación”, por lo que ordenó su entrega.
“El derecho de los ciudadanos a conocer el desempeño de los funcionarios públicos, sin importar su rango, jerarquía o desempeño, está garantizado y debe ser respetado por todas las instituciones y organismos del Estado”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago en relación a la divulgación de estos datos.

¿Cómo promover la educación cívica a través de nuevas y más eficientes herramientas pedagógicas? Esa fue una de las preguntas que centró el debate en el III Seminario de Formación Ciudadana y Transparencia organizado por el CPLT y la Facultad de Educación de la Universidad Católica.
A casi dos años desde la promulgación de la Ley que crea el Plan de Formación Ciudadana, este seminario buscó además ser un punto de encuentro para profesores y estudiantes de pedagogía, pues cada establecimiento del país deberá elaborar un plan que integre y complemente las definiciones curriculares en este ámbito.
De ahí la importancia de promover conceptos como la transparencia y el rol que el CPLT puede adoptar como una institución de acompañamiento, pues uno de los ejes de esta norma es precisamente fomentar valores y actitudes para la vida en democracia.
“La escuela debe ser el espacio privilegiado para el ejercicio temprano de la ciudadanía y la convivencia democrática entre niñas, niños y jóvenes. De hecho, tenemos la convicción de que la escuela debe ser un reflejo de la sociedad en que queremos vivir y que estime a nuestros estudiantes a convertirse en ciudadanos activos”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago, quien analizó la importancia y alcances de la transparencia en la formación ciudadana.
El encuentro estuvo conformado por dos mesas de discusión en las que se abordaron los retos que implica la educación cívica, así como también los desafíos que significa la entrega de contenidos en diferentes comunidades escolares.
La primera mesa estuvo conformada por Álvaro Ramis, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile; Rodrigo Henríquez, académico de la Facultad de Educación de la U. Católica y Karen Alfaro, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. Austral de Chile.
El segundo panel retrató la experiencia de tres establecimientos en torno a la formación ciudadana, gracias al valioso testimonio de profesores y directores del Colegio Aliwén (Valdivia); Sagrados Corazones de Manquehue (Vitacura) y de la Escuela Básica Valle de la Luna (Quilicura).
Este encuentro es realizado todos los años gracias al trabajo y coordinación de la Unidad de Promoción y Clientes del CPLT que, además de ofrecer capacitaciones y talleres a funcionarios públicos, cuenta con un área dedicada a la formación de ciudadanos a través del sitio www.educatransparencia.cl

Después de varios meses de tramitación, la Contraloría General de la República decidió no tomar razón del decreto que buscaba ampliar el plazo legal de almacenamiento de las comunicaciones privadas y que permitía que otros organismos, distintos del Ministerio Público, tuvieran acceso a una serie de datos personales de los ciudadanos.
Según el organismo de control, el decreto número 866 de 2017, también conocido como el “decreto espía”, “regula materias propias de la ley (…) excediendo las normas del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento”.
Asimismo, el fallo especifica que se realizan referencias a conceptos “que no se ajustan a los referidos preceptos legales”, por lo que la entidad “ha debido abstenerse de dar curso al documento”, ingresado el 4 de agosto de este año.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, compartió el criterio del ente contralor y recalcó que “cualquier cambio o modificación legal en torno a las comunicaciones privadas debiese ser materia de ley y ajustarse estrictamente a una finalidad necesaria, existiendo para ello un debate legislativo abierto y de frente a la ciudadanía”.
Recordó que el Consejo advirtió públicamente, en septiembre pasado, que una norma de este tipo contraviene experiencias internacionales como la europea, que eleva la protección de los datos personales como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Además de aumentar las facultades de las compañías de telecomunicaciones para recopilar direcciones IP y la ubicación geográfica de las conversaciones telefónicas, entre otros datos, el decreto también permitía el almacenamiento de información privada, como las tarjetas de crédito de los usuarios.