Con el objetivo de premiar la proactividad de organismos y empresas públicas, el Consejo para la Transparencia (CPLT) creó el primer “Concurso de Buenas Prácticas en Transparencia”.
Esta iniciativa surgió a través de una moción ciudadana en el sitio Ideas.Info del CPLT, en la que un participante propuso un reconocimiento para aquellas entidades y funcionarios públicos que plantearan sistemas y procedimientos destinados a fomentar la transparencia más allá de las obligaciones que contempla la ley.
En total, fueron 17 las iniciativas participantes, correspondientes a organismos de Gobierno, municipalidades y empresas públicas. De ese grupo, ocho postulaciones cumplieron con los criterios de admisibilidad y finalmente, en la sesión N° 859 del 11 de enero de este año, se escogieron dos iniciativas ganadoras.
Se trata de www.codelcotransparente.cl y www.energiaabierta.cl El primer sitio es una plataforma de Codelco que disponibiliza información relativa a la gestión ambiental de las operaciones de la compañía y de la totalidad de sus divisiones. En tanto, el segundo sitio galardonado es un portal de la Comisión Nacional de Energía que entrega datos estadísticos, mapas, estudios y aplicaciones móviles sobre electricidad, hidrocarburos, energías renovables y otros temas relacionados.
Para escoger las iniciativas ganadoras, el Consejo Directivo del CPLT puso énfasis en postulaciones o iniciativas que además de cumplir con los principios que exige la Ley N° 20.285, promovieran la utilización de datos abiertos y otras herramientas que podrían ser replicadas por otras instituciones del Estado.

“Cómo te verías siendo del sexo opuesto”. Ese es el nombre de una aplicación que durante los últimos días se ha hecho muy popular en Facebook.
Sin embargo, tras el uso de esta herramienta, hay un objetivo oculto: capturar información personal. Así lo han alertado diversas compañías tecnológicas dedicadas a la seguridad informática, por lo que el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició una campaña para advertir a los usuarios de los alcances que podría tener la sustracción de datos privados.

Además de eventuales estafas y aprovechándose de la escasa regulación que existe en nuestro país, las empresas que desarrollan estas aplicaciones pueden comercializar la información personal con otras compañías, violando así, la intimidad de los ciudadanos.

Por esa razón y a través del hashtag #CuidaTusDatos el CPLT está alertando a través de sus redes sociales los riesgos que significa utilizar.

Las diferencias surgidas entre el Ministerio Público y Carabineros durante el desarrollo de la llamada “Operación Huracán”, sumada a la filtración de varias interceptaciones telefónicas, llevaron a que el presidente electo, Sebastián Piñera, anunciara la reformulación de los sistemas nacionales de inteligencia, así como la modernización de Carabineros y la PDI.
El diagnóstico fue compartido por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quien advirtió la necesidad de que cualquier modificación a estos sistemas, requiere también de mejoras normativas ligadas a la transparencia y la probidad.
“Hemos visto un uso masivo de interceptaciones telefónicas que no sabemos si se están usando dentro del marco establecido por la ley. Nos preocupa un eventual abuso de poder de quienes usan estos mecanismos, sobre todo porque se podría violar la privacidad y la intimidad de los ciudadanos”, sentenció Drago en entrevista con CNN Chile, señalando que comparte la necesidad de reformar estos sistemas, considerando toda la polémica surgida tras la llamada “Operación Huracán”, donde se habrían manipulado una serie de evidencias.
“Una modificación también debe incorporar mecanismos de transparencia y supervisión, pues tiene que haber un control claro, manteniendo ciertamente la reserva que se debe tener en este tipo de investigaciones, con una rendición de cuentas abierta y conocida por la ciudadanía”, agregó el presidente del CPLT, especificando que, por ejemplo, se deben incorporar estándares de transparencia y control sobre las adquisiciones, el manejo de recursos o la ejecución presupuestaria de los organismos encargados de los sistemas de inteligencia en el país.

Cerca de $80 millones es el monto que iba recibir la ministra de Salud, Carmen Castillo, si se beneficiaba de la Ley de Incentivo al Retiro, una norma que la misma secretaria de Estado impulsó en el Congreso durante el año 2016, destinada a compensar la jubilación de quienes se desempeñan en el sector salud.
Y pese a que en octubre pasado la titular del Minsal aseguró que no postularía al beneficio mientras fuera parte del Gobierno, una investigación de radio Bío Bío develó que la autoridad aparece en una lista de funcionarios favorecidos por aquellas compensaciones. Luego de aquella revelación, y dada la polémica suscitada por la noticia, el Gobierno anunció que Castillo se abstendría de recibir el pago.
Aunque valoró la renuncia al beneficio, que ayer oficializó el Ejecutivo, a través de la subsecretaria Gisella Alarcón, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, criticó la asignación de este millonario pago a la ministra Castillo.
“Este es uno de los casos más evidentes y flagrantes en materia de conflicto de interés. Que un ministro de Estado firme y presente un proyecto de ley como colegislador, lo tramite durante todas sus etapas legislativas, logre su aprobación y firme el reglamento de esa ley es lamentable y se merece el mayor repudio”, sentenció Drago.
La norma que permitiría el pago de estos montos es la 20.291 y señala en su artículo 1 que el bono que podrían recibir los funcionarios “será equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio”. Incluyendo una serie de asignaciones especiales, el sueldo bruto de Castillo se eleva sobre los $7,9 millones mensuales.

El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, sugirió la intervención de Contraloría para esclarecer los gastos que aún mantiene Carabineros para financiar automóviles, bencina e incluso el TAG de seis ex generales directores.
En conversación con radio Concierto, el titular del CPLT criticó los millonarios montos que ha destinado la institución policial, haciendo también un llamado a elevar los estándares éticos de este y otros organismos del Estado.
“Hay que diferenciar seguridad de los privilegios. Hay gastos personales que difícilmente pueden tener un fundamento en materia de seguridad. Esta es una norma anacrónica, que hoy no se justifica y que debemos revisar profundamente. Tenemos que fomentar un escrutinio sobre las autoridades para facilitar la rendición de cuentas de todos quienes tenemos un cargo público”, sentenció Drago, detallando que cualquier acción que implique el desembolso de recursos del Estado, debe ser razonada más allá de lo normativo.
“Las decisiones deben tener un fundamento y servir al interés público. Si no se pueden respaldar, se cae en la arbitrariedad y en los privilegios sin justificación

“Los recursos del Estado son para ejercer la función pública. Si no hay un fundamento de seguridad personal, los gastos para las ex autoridades no se justifican”. Así de tajante fue el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, al referirse a los gastos que actualmente realiza Carabineros para financiar automóviles, bencina e incluso el TAG de seis ex generales directores.
La institución argumentó que dicho financiamiento responde a la existencia de un decreto de 1998 de la entonces Subsecretaría de Guerra (actual Subsecretaría de FF.AA.) que entre otras cosas, permitiría también la asignación de un dispositivo de seguridad permanente para la ex autoridad.
“Disponer genéricamente de recursos por su calidad de ex autoridad es cuestionable y anacrónico (…) si no hay antecedentes que lo justifiquen, esto pasa a ser un privilegio que hay que revisar. Estos son recursos públicos que podrían estar destinados a algo bastante más útil”, agregó Drago en una entrevista en radio Cooperativa, aclarando que el decreto aludido por Carabineros para justificar estos gastos jamás ha sido calificado como “reservado” por el CPLT, argumentando que tampoco se justifica que “el nivel de control externo de Carabineros sea a veces tan débil”.
Cerca de $75 millones habría gastado Carabineros, entre los años 2015 y 2017, sólo para financiar el combustible utilizado por los automóviles en que actualmente se desplazan seis ex generales directores de la institución.

Mayor transparencia en operaciones de inteligencia

El presidente del CPLT también se refirió a los trabajos de inteligencia realizados por la institución en el marco de la llamada “Operación Huracán”, exigiendo mayores niveles de transparencia en la investigación y en los procedimientos utilizados para el desarrollo de las indagaciones.
“Las instituciones de inteligencia tienen que tener un chequeo externo en un régimen democrático y no pueden funcionar sin la fiscalización o supervisión externa. A veces, la sola revisión de la autoridad política puede ser insuficiente, por lo que se necesita un equilibrio y mayor balance para que las entidades no se transformen en poderes autónomos, que muchas veces, pueden terminar cometiendo irregularidades”, sentenció Drago.

En el mes de marzo de este año debería ser analizado y votado en la Cámara de Diputados, el proyecto que busca reconocer como un derecho fundamental la Protección de Datos Personales, entregándole al ciudadano la facultad de controlar sus datos y decidir libremente sobre los mismos.
La iniciativa, de autoría de los senadores Felipe Harboe, Pedro Araya, Ricardo Lagos, Hernán Larraín y Eugenio Tuma, ha sido señalada en numerosas veces como prioritaria por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que actualmente es el organismo de velar por el cumplimiento de la ley que protege los datos de carácter personal en los organismos públicos.
El proyecto que hoy está en discusión ingresó a trámite en el año 2014 y además de ser patrocinado con urgencia por el actual Gobierno, sumó una nueva indicación sustitutiva de parte del Ministerio de Hacienda.
Esta propuesta coincide con el proyecto presentado por los parlamentarios, pero acota la modificación realizada originalmente y propone transformar el artículo 19 de la Constitución, que además de asegurar “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas”, resguardaría también “los datos personales” de los ciudadanos.
“La propuesta de Hacienda se condice con los planteamientos que el CPLT ha realizado frecuentemente sobre esta materia: la protección de los datos personales es una necesidad de carácter prioritario, pues tiene implicaciones que además de fortalecer un derecho inalienable para nuestros ciudadanos, influye en el desarrollo económico y comercial de nuestro país. El reconocimiento constitucional de este derecho es un paso trascendental en el empoderamiento de todos los chilenos”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago, que sin embargo recalcó que aún nuestro país se encuentra al debe en materia de Protección de Datos.
“Todavía están en discusión las normas que modernizan nuestra Ley de Protección de Datos Personales y otra que crea una Agencia de Protección de Datos dependiente del Ministerio de Hacienda. Esto no armoniza con los estándares ni recomendaciones más avanzadas a nivel internacional, ya que la futura regulación debe contar con una autoridad de control autónoma e independiente y el CPLT ha manifestado en innumerables ocasiones su disposición para ejercer esta labor”, agregó Drago.

Marcelo Drago Aguirre, Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), lo invita a participar en esta Quinta Cuenta Pública Participativa (CPP), que consiste en un procedimiento de levantamiento de información y de requerimientos ciudadanos en torno a la gestión pública de nuestra corporación. Para conocer los resultados de la gestión pública que realiza el CPLT puede revisar la Memoria Institucional, el Resumen Ejecutivo y esta infografía.

La CPP tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre la gestión pública realizada por el CPLT y recoger opiniones, comentarios, inquietudes y sugerencias, promoviendo de esta forma el control ciudadano de su gestión. La presente cuenta pública se encontrará abierta a la recepción de opiniones durante un período de 30 días en www.cplt.cl

Usted podrá enviar todos los comentarios que estime necesario. Una vez cerrado dicho período, se analizarán las opiniones ciudadanas y se elaborará una respuesta sistematizada al proceso, la cual se publicará en un plazo no superior a 30 días hábiles luego del cierre de las consultas, en nuestro sitio web. Dicha respuesta se hará cargo tanto de los comentarios recibidos por canales tanto físicos como virtuales.

“Al haberse aportado por parte de funcionarios de Carabineros información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades (…) condiciones que hacen dudar fundadamente de su veracidad y autenticidad, el Ministerio Público se ve impedido de continuar con la prosecución de esta indagatoria criminal”. Con estas palabras, y según varios medios de comunicación, la Fiscalía de la Araucanía anunció el cierre de la investigación en la llamada “Operación Huracán”, que el año pasado concluyó con la detención de ocho personas que habrían tenido vinculación con una serie de ataques incendiarios.
Según el Ministerio Público, las pruebas presentadas por Carabineros habrían sido manipuladas y con ello, se abre una nueva investigación penal por una posible entrega de evidencias falsas.
Esta situación fue calificada como “grave” por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, advirtiendo que situaciones como esta dañan la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.
“Nosotros hemos alertado sobre esta materia hace muchos: la desafección y desconfianza de los chilenos hacia los organismos del Estado sólo se rectificará cuando las instituciones actúen con completa transparencia y probidad. Es urgente y perentorio que Carabineros, una entidad que ya estaba siendo cuestionada por sus sistemas de control interno, refuerce ya sus protocolos de investigación”, alertó Drago, agregando que las facultades discrecionales que tiene la policía, como las escuchas telefónicas, también deberían ser sometidas a estrictos mecanismos de revisión.
“La interceptación es un recurso extraordinario que últimamente ha sido utilizado con una frecuencia inédita. De hecho, muchas de esas intervenciones han sido finalmente filtradas, lo que también evidencia la apremiante necesidad de establecer protocolos que resguarden esa información bajo estrictos parámetros de protección. Se trata de información que involucra delicados datos personales de todos los ciudadanos. Por esa razón, nos preocupa el extendido uso de las intervenciones telefónicas sin controles estrictos, con el poder que entrega a quien las realiza y el potencial abuso que se puede hacer de las mismas”, detalló el presidente del CPLT, haciendo un llamado a que la investigación que ahora se abre se realice “de frente a la ciudadanía y bajo inflexibles medidas de transparencia y probidad”.

Encargadas de promover el funcionamiento de consultorios, colegios y otras áreas de vital importancia para las comunas, las Corporaciones Municipales pueden incluso tener más personal y recursos que los propios municipios.
Por esa razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT) concretó durante el año 2017 un nuevo proceso de fiscalización para las 52 entidades de este tipo que hoy existen en nuestro país.
Así y a través del mecanismo de “cliente oculto” el CPLT despachó una solicitud de información a través de la Ley de Transparencia con el objeto de medir los tiempos de respuesta, calidad de la información proporcionada y procesamiento de las peticiones. La idea, era replicar la misma experiencia que los ciudadanos tienes a la hora de exigir datos públicos.
Con ello, entre agosto y septiembre del año pasado, el CPLT remitió la siguiente petición: “solicito el listado de los programas de subsidios y beneficios que ha entregado durante el primer semestre del 2017, indicando el número y fecha del acto o documento que lo aprobó, el objeto del subsidio y/o beneficio, el número de beneficiarios, los requisitos para obtener dicho beneficio y el monto total entregado. Se solicita entregar la información en archivo Excel, adjuntando copia del acto o documento que aprobó el o los programas”.
A nivel general, el puntaje promedio de cumplimiento de las corporaciones fue de un 67,91%, lo que evidencia un alza en relación a los resultados obtenidos en la misma fiscalización de 2016, cuando la puntuación alcanzó el 41,64%.
Del total de las solicitudes ingresadas, un 81% (42 corporaciones) respondieron dentro del plazo legal, es decir, entregaron la información dentro de los veinte días hábiles establecidos por la ley, más diez días por una eventual prórroga.
Asimismo, 14 corporaciones lograron un 100% de cumplimiento: Buin, Chonchi, Colina, Isla de Maipo, La Reina, Lampa, Las Condes, Lo Prado, Ñuñoa, Pozo Almonte, Puente Alto, Rancagua, San Joaquín y Viña del Mar.
Mientras, 24 entidades alcanzaron un puntaje de 67,91% o sobre el promedio general y 14 obtuvieron un 0% de cumplimiento: Cerro Navia, Conchalí, Curaco de Velez, Iquique, Macul, Melipilla, Puerto Natales, San Fernando, San José de Maipo, San Miguel, Talagante, Tiltil y Valparaíso.