De las más de 170 mil solicitudes de acceso a la información que se registraron en el Portal de Transparencia durante el año 2016, un 65% fueron dirigidas hacia algún municipio del país. La cifra no sólo devela el creciente interés de los ciudadanos acerca de cómo se gestiona la administración de los gobiernos locales sino que, además, evidencia que las municipalidades son la “puerta de entrada” de las personas hacia los organismos del Estado.
Por esa razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT), junto al Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, están promoviendo la adopción de un modelo de Transparencia Presupuestaria que permitirá que los ciudadanos accedan a información financiera, respecto de la gestión de los organismos públicos, de manera clara y amigable.
El proyecto se encuentra en una etapa piloto y cinco municipios ya se comprometieron con su implementación: Peñalolén, La Reina, Recoleta, Vitacura e Isla de Pascua. Estas comunas, más el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, firmaron un convenio de colaboración junto al CPLT y el Observatorio del Gasto Fiscal.
Ello permitirá que los municipios reciban asesoría y acompañamiento para la implementación de sus portales de Transparencia Presupuestaria y, así, que las personas puedan acceder a información clara.
De este modo los municipios detallarán, de una manera visual y ciudadana, lo más relevante de su gasto comunal y contestarán preguntas levantadas desde la ciudadanía como, por ejemplo, ¿cuánto gastó el municipio en medio ambiente, en los adultos mayores o en los niños de la comuna? o ¿cómo gasta el municipio en ítems tales como horas extras, viáticos y licencias médicas?
La idea principal de la iniciativa es priorizar la rendición de cuentas sobre asuntos de especial interés de los vecinos, lo que permitirá evaluar si la distribución de los recursos se ajusta a sus prioridades.

Entre el 25 y 29 de septiembre, el consejero Marcelo Drago y la Directora Jurídica, Andrea Ruiz del Consejo para la Transparencia, participan en la 39th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (ICDPPC), Hong Kong, China.

El ICDPPC se convocó por primera vez en 1979 y ha sido el principal foro mundial anual para las autoridades de protección de datos durante más de tres décadas. La Conferencia busca proporcionar liderazgo a nivel internacional en protección de datos y privacidad y reúne a más de un centenar de autoridades y expertos de todo el mundo.

En dicho encuentro el Consejo para la Transparencia aprovecha la instancia para conocer de cerca el desarrollo de temas respecto a la protección y respeto de la privacidad de datos, el intercambio de información gubernamental, datos sensibles, entre otros.

Asimismo, el Consejo se ha reunido con expertos en la materia como Sophie Kwasny, Data Protection Unit Chief, Human Rights and Rule of Law, Council of Europe y los anfitriones del evento Stephen Kai-yi Wong, Privacy Commissioner for Personal Data, Hong Kong Special Administrative Region, China y Patrick Tak-kuen Nip, JP, Secretary for Constitutional and Mainland Affairs, Government of the Hong Kong Special Administrative Region, China, esto con la finalidad de sumar experiencias al proceso legislativo en Chile.

De manera on line y al igual como lo haría un ciudadano, el Consejo para la Transparencia (CPLT) concretó su proceso anual de fiscalización sobre 292 organismos de la administración central. La revisión, que mide las barreras existentes en el Derecho de Acceso a la Información (DAI), se ejecutó a través de solicitudes realizadas a través de Internet y de manera anónima, con el fin de evaluar los tiempos de respuesta, el tratamiento de la petición y la calidad de los datos entregados.

Para realizar esta fiscalización, el CPLT abordó cinco grandes ejes temáticos: viáticos, horas extras, licitaciones públicas, multas y visas para inmigrantes. Así, se le solicitó a 147 organismos públicos —como gobiernos regionales, intendencias y subsecretarías— datos relacionados a las comisiones y viajes al extranjero realizados durante el año 2016. Mientras, 19 instituciones recibieron solicitudes ligadas a las horas extraordinarias diurnas y festivas entre diciembre de 2016 y enero de 2017.

Asimismo, 72 entidades, como hospitales y servicios de salud, debieron responder peticiones concernientes a licitaciones cerradas o sin adjudicar durante el año 2016. En tanto, 12 Serviu y 42 Gobernaciones Provinciales recibieron solicitudes relacionadas a multas por incumplimientos en ejecución de obras y rechazos de visas de residencia definitiva, respectivamente.

Con este universo de organismos, y con todas las solicitudes recibidas de manera exitosa, la fiscalización del CPLT concluyó que en promedio las instituciones inspeccionadas lograron un 84,91% de cumplimiento de la Ley de Transparencia, un 0,89% más que el proceso de revisión realizado en 2016. De hecho, el 91% de las peticiones realizadas fueron finalmente respondidas y un 65% de las entidades evaluadas logró puntajes por sobre el cumplimiento promedio o alcanzaron el 100%.

En relación a los tiempos de respuesta, las 292 entidades fiscalizadas respondieron las peticiones de información en 15 días, mientras que las instituciones que más tiempo se tomaron para dar contestación a las solicitudes fueron el Hospital Juan Noé de Arica (53 días), el Gobierno Regional de Tarapacá (50 días), el Servicio de Salud de Aysén y SERNAGEOMIN (ambos con 37 días).

A nivel de ministerios, el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, la cartera de la Mujer y Equidad de Género, Segpres y la Presidencia de la República lograron un 100% de cumplimiento en esta fiscalización. Mientras, Bienes Nacionales con un 76,25%; la Segegob con un 72,06% y Minería con un 61,55% fueron los ministerios con peor desempeño.

XIV Región obtuvo mayor puntaje; la XI, el más bajo

En relación a las regiones, fueron los organismos de Los Ríos la zona del país con un mejor puntaje promedio (95,92%), mientras que las instituciones de Aysén sólo alcanzaron un 58,35% de cumplimiento. Este año y de manera excepcional, el CPLT no consideró a las instituciones de la VI, VII y VIII región producto de los incendios registrados durante el verano.

En relación a las barreras detectadas, la inspección determinó que además de los tiempos de espera, aún existen falencias en torno al formato de las respuestas entregadas, el uso de un lenguaje poco claro para el ciudadano y la inclusión de datos innecesarios o no solicitados.

El ranking completo de las instituciones fiscalizadas y el detalle de sus puntajes puede ser revisado en www.cplt.cl

A través de un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por SQM S.A, SQM POTASIO S.A y SQM SALAR S.A que buscaba impedir la entrega de información a un ciudadano que en diciembre del año pasado le exigió a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) una serie de datos relacionados a la exportación de litio desde nuestro país.

Pese al requerimiento, la CCHEN no pudo facilitar la información solicitada pues la compañía se opuso a su divulgación, argumentando que la información demandada constituye un activo estratégico de la empresa, “cuya revelación afectaría sus derechos comerciales y económicos”.
Con ello, el ciudadano reclamante presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), que fue acogido parcialmente y ordenó la facilitación de los datos exigidos ya que, a juicio del Consejo, son de carácter público.

Sin embargo, SQM, como tercero interesado, presentó un reclamo de ilegalidad ante la corte capitalina, arguyendo que la información relativa “a los volúmenes de exportación, destinatarios de los productos, clientes, precio de venta y destino final de los productos constituye información muy delicada para las empresas, y que forma parte del denominado ‘know how'” de la compañía, por lo que se justificaría la causal de reserva para ese tipo de información.

Pese a eso, los ministros de la novena sala del tribunal de alzada rechazaron el requerimiento de SQM y avalaron la decisión del CPLT. Esta es tercera vez que la compañía intenta reservar información ligada a la exportación de este mineral en nuestro país.

Entre otros argumentos, el fallo sostiene que no es evidente que la divulgación de los volúmenes y destinos de producción del litio vaya a ocasionar un perjuicio y afectación de los derechos económicos o comerciales de la empresa. De hecho, la resolución recalcó que “en línea con el principio de apertura contenido en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia”, le correspondía a SQM demostrar con suficiente especificidad cómo el conocimiento de tal información generaría una expectativa razonable de daño probable en sus derechos, “lo que no ha ocurrido en la especie”.

 

A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre, el Consejo para la Transparencia lanzó una nueva edición del sitio CandidatoTransparente.cl, una plataforma web que permite que los ciudadanos obtengan información acerca de quienes aspiran a ocupar el sillón presidencial o un cupo parlamentario.
El sitio, que de aquí a las elecciones se irá nutriendo con la información reportada voluntariamente por los candidatos, busca ser una herramienta de orientación y ayuda para los más de 14 millones de chilenos habilitados para participar de esta elección.
Además de las propuestas programáticas, quienes accedan a este portal podrán encontrar información relevante concerniente al patrimonio de los candidatos y los aportes que han recibido para financiar sus campañas. Y, en el caso de que el candidato actualmente ocupe un cargo público de relevancia, se podrá encontrar información acerca de sus viajes, audiencias y donativos registrados en base a la Ley del Lobby.
Sin embargo, la participación de la ciudadanía para exigirles a los candidatos que transparenten sus datos y los incorporen al sitio web es vital. De hecho, todos los perfiles tendrán un link directo a las redes sociales de los aspirantes para que cualquier persona interpele al candidato y lo invite a subir sus datos a la web antes del 12 de noviembre.
Esta es la tercera ocasión en que el Consejo para la Transparencia, en su afán de enriquecer la información relativa a un proceso electoral, implementa el sitio Candidato Transparente. La plataforma electrónica, que estuvo activa durante las elecciones municipales y las primarias presidenciales, será difundida mediante una campaña en radios y redes sociales.

A ocho años desde su entrada en vigencia, la Ley de Transparencia ha sido paulatinamente asimilada por la ciudadanía, que gracias a este derecho, ha encontrado nuevos y mejores mecanismos de control social y participación.
Sin embargo, pese a la creciente utilización de la normativa, el Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que fiscaliza y promueve el cumplimiento de esta ley, sólo cuenta con oficinas en Santiago. Por esa razón, los llamados “enlaces de transparencia”, es decir funcionarios públicos encargados de esta área en diversas entidades estatales, ha sido fundamental.
“El apoyo de estos funcionarios ha sido fundamental para descentralizar el objetivo de una norma, que estoy seguro, mejora la calidad de vida de las personas de manera clara y objetiva”, señaló el presidente del CPLT, José Luis Santa María al inaugurar la primera Jornada de Actualización de Enlaces en Transparencia y acceso a la Información Pública.
Este encuentro, que contó con la participación de más de 300 enlaces de todo el país, fue una instancia de capacitación que permitió que los delegados pudieran actualizar sus conocimientos en torno a los procedimientos sancionatorios aplicables en el marco de la norma, jurisprudencia asociada y la protección de datos personales.
Este año, el CPLT no sólo enfocará sus fiscalizaciones con miras a mejorar los estándares de probidad de los organismos del Estado, sino que además y por primera vez, encabezará procesos de sumarios sancionatorios, facultad que antes sólo residía en la Contraloría.

Justo cuando se acaba de iniciar el proceso de campañas políticas para las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, el Consejo para la Transparencia se hace presente en un foro binacional entre Chile y Panamá que pretende reflexionar acerca de cómo el acceso a la información y diversas políticas públicas pueden mejorar la probidad en medio de un proceso electoral.

La instancia, que partió hoy jueves 31 de agosto en la capital del país centroamericano, contó con la participación del consejero Marcelo Drago, que junto la ministra del Tribunal Constitucional de Chile, Marisol Peña, analizaron junto a representantes del Tribunal Electoral panameño la realidad que hoy existe en ambos países en materia de regulación y transparencia en una campaña electoral.

Chile y Panamá se encuentran inmersos en un proceso de cambios normativos ligados a los procesos eleccionarios, lo que genera una interesante instancia de diálogo que permitirá abordar los desafíos que se desarrollen a partir de estos temas.

Haciendo un llamado al trabajo conjunto, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) José Luis Santa María, recalcó el rol de los concejales en el desarrollo del país e hizo un llamado a promover la probidad y las buenas prácticas al interior de los concejos municipales de todo Chile.

Dicho llamado fue realizado en el Encuentro Nacional de Concejales organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades en Puerto Montt (ACHM). En dicha instancia, el presidente del CPLT, expuso acerca de la realidad que enfrentan los municipios para cumplir con la Ley de Transparencia y de cómo los concejos comunales pueden promover medidas y buenas prácticas para fomentar la probidad.

“Los municipios son la puerta de entrada de los ciudadanos a las instituciones del Estado”, destacó Santa María, detallando que casi un 45% de todas las solicitudes de información que se realizan en el Portal de Transparencia del CPLT, están dirigidas a una administración comunal.
“Eso también revela el amplio interés de los vecinos en saber cómo se está gestionando la conducción de un municipio”, agregó.

El Encuentro organizado por la ACHM también fue una oportunidad para fortalecer los vínculos del CPLT con el mundo municipal y promover las herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia.

En ese sentido, el presidente del CPLT recalcó la trascendencia de dos leyes fundamentales: la Ley del Lobby que permite que cualquier persona verifique los viajes, audiencias y donativos que reciben las autoridades y la Ley de Probidad, que expone ante la ciudadanías las declaraciones de intereses y patrimonio de más de 13 mil funcionarios públicos.

Según datos del sitio InfoLobby, hasta ahora todavía hay cerca de 43 municipios con concejales que nunca han realizado un registro de agenda pública, por lo que Santa María también reforzó su llamado a las autoridades presentes a cumplir con la normativa.

 

Con el objetivo de intercambiar experiencias, promover la reciprocidad entre el personal académico y establecer canales de comunicación, el Servicio Civil creó la primera Red de Academias, Escuelas y Programas de Servicios Públicos.

Esta instancia de colaboración está conformada por 22 instituciones del Estado, entre ellas, el Consejo para la Transparencia (CPLT), que oficializó su participación en esta red con la firma de un protocolo que impulsa el fortalecimiento de esta plataforma común de entendimiento.

Al igual que el resto de las entidades participantes, el CPLT se compromete a la promoción de diversas instancias de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias orientadas a la capacitación de los funcionarios públicos y con ello, mejorar la atención hacia los ciudadanos.

Asimismo, la idea es que los miembros de esta red puedan ejecutar cursos, conferencias o seminarios que permitan homologar aquellas buenas prácticas que hoy se están implementando en las instituciones estatales.

Además del CPLT, la instancia recientemente lanzada está conformada por los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, la Academia Diplomática, la Oficina Nacional de Emergencia y la Contraloría General de la República, entre otras entidades.

En su constante trabajo de descentralización y promoción de la Ley de Acceso a la Información, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Universidad de Magallanes (UMAG), lanzaron el primer Observatorio de Transparencia de la XII región.
Esta instancia de colaboración permitirá que el plantel concrete investigaciones académicas en torno a la transparencia y pueda realizar un seguimiento de cómo los organismos públicos locales cumplen con la normativa.
Según el VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 68% de los magallánicos —casi siete de cada diez personas— cree que los actos de corrupción que se registran en el país quedan impunes. Además, un 56% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida” y otro 71% afirma que el sector público es “muy corrupto”.
A juicio del presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, este panorama refuerza la idea de que se deben fomentar alianzas de cooperación entre las universidades regionales y el CPLT.
“En medio de un contexto marcado por la desconfianza, surge con especial relevancia la necesidad de fortalecer el conocimiento y las capacidades ciudadanas en torno a la exigibilidad del derecho de acceso a la información pública, a fin que se pueda potenciar el control social y la promoción de la transparencia en las instituciones públicas”, detalló Santa María.
Este es el séptimo Observatorio Regional de Transparencia que el CPLT crea junto a algún plantel regional y se suma a los ya existentes en las universidades de Concepción en la Región del Biobío; Católica de Temuco, en la Araucanía; de Talca, en Maule; de Los Lagos, en Puerto Montt; UNAB, en Viña del Mar y en Coquimbo, gracias a un convenio con la U. Central.
Además de una capacitación constante, el CPLT y la UMAG se comprometieron a entregar a estudiantes y profesores, herramientas ligadas a la Ley de Transparencia, que este año cumplió ocho años desde su promulgación.

“Mi Centro de Salud”. Así se titula el proyecto de colaboración creado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente que pretende entregar información clara y certera sobre diversos centros públicos de salud.
A través del sitio www.micentrodesalud.cl, los usuarios de la red pública no sólo podrán encontrar datos útiles sobre diversos consultorios, hospitales y postas rurales sino que, además, podrán realizar solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia.
A eso, se suma la disposición actualizada de datos esenciales, como los horarios de atención, los requisitos para acceder a una consulta, los procedimientos que se realizan en un determinado establecimiento, los equipos médicos y la entrega de alimentos, entre otros.
“El objetivo de este proyecto es acercar la transparencia, de manera práctica y concreta, a la atención primaria en salud. Además de eso, esta iniciativa no sólo pretende mejorar la calidad de la atención, sino que también procura subir los índices de satisfacción usuaria, aumentando las confianzas entre funcionarios y pacientes y promoviendo la Ley de Transparencia como una herramienta efectiva de control social”, señaló el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
Para la concreción de este proyecto se realizó un intenso trabajo de participación ciudadana, que tuvo por objetivo identificar las necesidades de información de los usuarios. Asimismo, se fomentó una labor conjunta entre directivos y funcionarios tendientes a masificar el Derecho de Acceso a la Información entre los ciudadanos.
El sitio web, que ya se encuentra disponible, cuenta con información actualizada de los recintos que conforman el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, integrado por las comunas de San José de Maipo, La Florida, La Granja, Puente Alto, La Pintana, San Ramón y Pirque. Con ello, los usuarios que vivan en estas comunas, pueden acceder a los datos relacionados a 9 Centros de Salud Familiar, 1 Complejo Hospitalario y 2 Postas Rurales. La idea es amplificar este proyecto a todos los establecimientos del país.

Con un taller dirigido a periodistas, enfocado en la igualdad de género y la transparencia, el CPLT y la UNESCO dieron por iniciado un convenio de colaboración que permitirá promover el acceso a la información en Chile.
La instancia, que contó con profesionales de varios medios de comunicación, fue precedida por una presentación de la directora jurídica del CPLT, Andrea Ruiz, quien a través de un exhaustivo análisis de esta política pública, entregó interesantes cifras sobre el ejercicio de este derecho y la inequidad de género en nuestro país.
Por ejemplo, detalló que de las más de 260 mil solicitudes de información realizadas al Portal de Transparencia del CPLT durante el año pasado, más de un 54% fueron presentadas por mujeres quienes, principalmente, solicitaron datos ligados a temáticas sociales y de gran interés ciudadano, como Salud, Vivienda y Educación.
“Ese dato no sólo revela el alto interés de las mujeres por saber cómo funcionan los organismos públicos, sino que también da cuenta de su progresivo empoderamiento en nuestra sociedad”, señaló Ruiz, detallando que aún quedan desafíos que enfrentar en materia de acceso a la información.
Esto porque, pese a que las mujeres son más activas en realizar solicitudes, no lo son a la hora de reclamar, ya que siete de cada diez personas que presenta un amparo frente al Consejo para la Transparencia, son hombres.

Colaboración y experiencias

El convenio alcanzado por ambos organismos fue firmado el miércoles 26 de julio por Cecilia Barbieri, directora de la Oficina Regional de educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) en Santiago y por el consejero del CPLT, Marcelo Drago, y establece una relación de cooperación que busca fortalecer el derecho al acceso a la información.
Asimismo, ambas entidades acordaron la realización de diversas actividades dirigidas a alcanzar objetivos comunes destinados a promover relaciones de cooperación en el ámbito de la transparencia, la capacitación de funcionarios, ciudadanos, dirigentes sociales y otros actores. En ese sentido, también se acordó la generación de espacios de formación en instituciones educativas de distintos niveles.
Además, a través de este convenio, los organismos se comprometieron al fomento de un diálogo, el intercambio de buenas prácticas, la generación de conocimiento e investigaciones sobre cuestiones relativas al derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia en nuestro país.