Promover el interés sobre la regulación en materia de transparencia y difundir la jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información en Chile. Ese es uno de los objetivos del ciclo de charlas que el Consejo para la Transparencia (CPLT) está organizando junto a la Academia Judicial en cinco cortes de Apelaciones del país.

Ya se han llevado a cabo 2 chaarlas una en el tribunal de alzada de Concepción y en la Corte de Apelaciones de Arica, donde ministros de Corte, abogados integrantes, relatores, jueces de jurisdicción y diversos funcionarios asistieron a la jornada “Criterios Jurisprudenciales de aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia”.

En la instancia no sólo se pormenorizaron los alcances y detalles de la Ley 20.285, sino que además, se abordaron casos que ayudaron a entender las implicancias de los fallos de reclamos de ilegalidad, recursos de queja y recursos de protección interpuestos en contra de actos y decisiones del CPLT, así como los requerimientos de inaplicabilidad promovidos en contra de preceptos de la ley de Transparencia.

 

A las actividades han asistido el Consejero del CPLT, Marcelo Drago, la Directora Jurídica CPLT, Andrea Ruíz, representantes de las Cortes de Apelaciones de Concepción y Arica y el académico Enrique Rajevic, quien abordó la historia de la ley de Transparencia, su importancia y una variada jurisprudencia asociada a esta norma, promulgada hace nueve años.

“Esta garantía, aun no consagrada como quisiéramos en la Constitución, ha ido tomando paulatinamente mayor trascendencia entre los chilenos, quienes poco a poco se han empoderado y han aprendido utilizar y aprovechar las ventajas de esta ley”, afirmó Drago.

“Nuestro rol se basa en la promoción de una cultura de la transparencia entre los ciudadanos y las instituciones públicas, pero además, pretendemos crear conciencia acerca de cómo una política de puertas abiertas puede reestablecer las confianzas en todo el país”, agregó el representante del CPLT, recalcando que este ciclo de charlas también busca estrechar el trabajo y el relacionamiento institucional con el Poder Judicial.

Las próximas charlas se desarrollarán en Puerto Montt (5 de abril), Valparaíso (26 de abril) e Iquique (3 de mayo).

 

Con la presencia de alcaldes de la región del Biobío, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la segunda jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los nivele de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.
En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la octava región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el consejero del CPLT, Marcelo Drago.

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la VIII región son igual de críticos, pues 7 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes, un 64% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 52% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la VIII región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.

Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Drago, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes realizadas en el sitio web dependiente del Consejo para la Transparencia, 17.067 están dirigidas a algún organismo de la VIII región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Concepción (1.804); la Municipalidad de Chillán (766) y la Municipalidad de Talcahuano (745).

Asimismo, han ingresado al CPLT 1.087 casos provenientes de la octava región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Municipalidad de Los Ángeles (142 casos); la Municipalidad de Concepción (130 casos) y la Seremi de Salud del Biobío (52 casos).

A nivel nacional, existen 262 funcionarios sobre los cuales se han aplicado sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, de los cuales 124 (47%) corresponden al cargo de alcalde.

Respecto del monto recaudado, a nivel país existe una recaudación por concepto de multas que alcanza a $ 116.523.784; y en la región, el monto alcanza a $$19.240.800, que equivale al 17% del total nacional.

 

 

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ordenar la publicación de un conjunto de actas del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, luego de rechazar el reclamo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado —en representación del Estado Mayor Conjunto— en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia.

La sentencia del tribunal de alzada ratifica de este modo lo resuelto por el Consejo para la Transparencia que, en marzo de 2015, acogió parcialmente un amparo presentado en contra del Estado Mayor Conjunto por una ciudadana que pidió acceder a las actas del COSENA.

En esa oportunidad, tras analizar el caso (C2803-15) y revisar, luego de una medida para mejor resolver decretada por el CPLT, las materias abordadas en dichas actas, el Consejo ordenó la entrega de una serie de éstas, salvo aquellas relacionadas con temas que pudieran afectar la seguridad nacional. Dicha decisión fue adoptada en votación unánime por los consejeros Vivianne Blanlot Soza, José Luis Santa María Zañartu, Marcelo Drago Aguirre y Jorge Jaraquemada Roblero.

El fallo dictado por la 2° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, analizó la publicidad de las actas en cuanto a su contenido y el estatuto jurídico vigente antes y después de la Reforma Constitucional del 2005, y concluye que son públicas las actas del COSENA desde 1989 al año 2005 (fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional), como también las emitidas con posterioridad a dicho año, salvo aquellas que pudieran afectar la Seguridad de la Nación, en lo relativo a materias vinculadas con la defensa nacional y las relaciones internacionales.

Además, respecto de las sesiones celebradas en 2005 y 2012, el tribunal advierte al COSENA que no haber levantado actas de dichas reuniones “constituye una omisión que no puede volver a repetirse”, pues con ello, se ha afectado el principio de publicidad y transparencia.

Por último, y respecto del alegato del Estado Mayor Conjunto en cuanto a que el Consejo para la Transparencia es incompetente para pronunciarse sobre esta materia, la Corte de Apelaciones desestimó ese argumento señalando que “si bien las actas requeridas son originadas por un órgano de rango constitucional como es el COSENA, dichos documentos obran en poder del Estado Mayor Conjunto, en su rol de custodio”, resultando aplicable respecto de los documentos requeridos, el principio de publicidad establecido en el artículos 8° de la Constitución Política, validando así la facultad del Consejo para la Transparencia para pronunciarse sobre esta materia.

 

Con la presencia de alcaldes de la región de O’Higgins, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la primera jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los nivele de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la sexta región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

 

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida. Los habitantes de la VI región son más críticos, pues 9 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes y un 50% de quienes viven en la zona cree que el sector público es muy corrupto.

 

Organismos con más solicitudes en la VI región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.

A partir de hoy, el CPLT inicia un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Santa María, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido 430 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Con ello, el Portal de Transparencia del CPLT acumula desde el año 2013, 228.592 solicitudes de información. De este total, 9.882 están dirigidas a algún organismo de la VI región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Pichilemu (242); la Municipalidad de Rancagua (206) y la Seremi de Salud de O’Higgins (108).

Asimismo, han ingresado al CPLT 693 casos provenientes de la sexta región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Municipalidad de Rancagua (73 casos); la Municipalidad de San Fernando (58 casos) y la Municipalidad de Rengo (42 casos).

A nivel nacional, existen 355 funcionarios sobre los cuales se han aplicado sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, de los cuales 134 (38%) corresponden al cargo de alcalde. En la región de O´Higgins, 47 funcionarios han sido sancionados, 18 (38%) de los cuales son alcaldes.

Respecto del monto recaudado, a nivel país existe una recaudación por concepto de multas que alcanza a $ 116.523.784; y en la región, el monto alcanza a $11.672.867, que equivale al 10% del total nacional.

 

El Consejo para la Transparencia publica su programación de los procesos de fiscalización en materia de transparencia y acceso a la información que realizará a los organismos públicos este año.

La Dirección de Fiscalización del CPLT está a cargo de realizar estas evaluaciones periódicamente a los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, con el objetivo de revisar el cumplimiento de normas e instrucciones con la finalidad de que las personas cuenten con mejor información, de fácil acceso y actualizada, además de recibir respuestas a solicitudes oportunamente.

Las fiscalizaciones incluyen a municipios, organismos de administración central, empresas públicas, universidades estatales y corporaciones municipales, entre otros y contempla 19 procesos de fiscalización que se extenderán entre marzo y diciembre de 2017.

PLAN FISCALIZACIÓN 2017

Ya han pasado más de dos años desde que entró en vigencia la Ley de Lobby, que obliga a autoridades, jefes de servicios y funcionarios públicos a publicar mensualmente el detalle de sus audiencias con lobistas y gestores de intereses, viajes y donativos.
Para facilitar la disponibilidad de esta información a los ciudadanos, el Consejo para la Transparencia (CPLT) creó el sitio InfoLobby.cl, una plataforma on line que permite verificar el cumplimiento de la norma e indagar, por ejemplo, en los viajes que las autoridades.
Así, hacia el 31 de enero de este año, en la plataforma existen 21.238 sujetos pasivos registrados. De ese grupo, 8.030 han sostenido, en total, 137.292 audiencias y más de la mitad (59%) fue concedida por algún alcalde o funcionario municipal.
Asimismo, se registran 145.807 viajes. De ese total, el 82% fue realizado por alguna autoridad o funcionario de la Administración Central (Ministerios, Intendencias, Subsecretarías, etc).
Finalmente, la página también cuenta con el detalle de 15.766 donativos. El 63% de estos regalos fue recibido por alguna autoridad o funcionario de la Administración Central.

Para más información, visite el sitio www.infolobby.cl

 

Con el objetivo de comprobar qué tipo de barreras existen en las universidades públicas a la hora de responder a las solicitudes de información, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización destinada a evaluar el desempeño de los planteles en tres etapas fundamentales: el ingreso, la gestión y las respuestas de las peticiones ciudadanas.

Mediante el mecanismo de “usuario simulado”, el equipo de fiscalización del CPLT envió de manera anónima una serie de solicitudes de acceso a la información a 16 planteles, evaluando la existencia de obstáculos que impidieran su ingreso y analizando si efectivamente fueron respondidas dentro del plazo establecido por la ley (20 días hábiles).

Con ello, se pudo concluir que, en promedio, el puntaje de cumplimiento de las universidades estatales fue de 75,16%, lo que significa 17 puntos porcentuales más que la fiscalización del año 2015, en la que obtuvieron una puntuación promedio de 57,46%.

Así, el ranking de esta fiscalización está liderado por la U. de Santiago, que promedió 96,20% de puntaje de cumplimiento, casi 27 puntos porcentuales más que lo observado en la evaluación del año 2015. En segundo lugar se ubica la U. de Chile, con un puntaje de cumplimiento de 95,92% y en tercer puesto está la U. de Talca, con un 95% de cumplimiento.

La U. de Tarapacá es la casa de estudios que registró una mayor alza en su desempeño, pasando de un 0% de cumplimiento en 2015 a 93,82% en 2016.

Asimismo, de las instituciones evaluadas, seis universidades bajaron su nivel de cumplimiento respecto del año pasado: U. de Talca (95%, que bajó 5 puntos), U. de Valparaíso (89,08%, cayó 6 ,77 puntos), U. de La Serena (71,5%, 8,14 puntos menos), la U. de la Frontera (51,06%, cayó 39,09 puntos ), la U. de Antofagasta (que retrocedió 34,06, alcanzando un 34,28%) y la U. de Atacama (32,91%, 36,68 menos).

De los doce planteles evaluados, cuatro no contestaron la solicitud realizada por el CPLT: la U. Arturo Prat, la U. de Antofagasta, la U. de Atacama y la U. de la Frontera.

 

 

El acuerdo contempla desarrollar y organizar iniciativas tales como, charlas y talleres sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, que aporten a la difusión de los contenidos de la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública y Ley de Lobby. Asimismo, generar acciones de cooperación recíproca que ayuden a la promoción y uso de esta garantía por parte de las mujeres, principales usuarias de la ley de transparencia pero que aún desconocen que se trata de un derecho exigible y que pueden recurrir al Consejo para la Transparencia cuando los organismos públicos no responden a sus solicitudes de información.

El Director General del Consejo, Raúl Ferrada, destacó la “sintonía” que existe en el trabajo que realizan ambas entidades en el impulso de las políticas públicas y la importancia de potenciar y coordinar acciones conjuntas que permitan empoderar y hacer partícipes a los ciudadanos en la reconstrucción de los puentes de comunicación entre las personas y el Estado.

La Directora Nacional del SernamEG, Laura Echeverría, destacó que el convenio constituye una “alianza estratégica que permitirá acercar la información pública a las personas” y añadió que “este tipo de fortalecen la democracia y la credibilidad en las instituciones públicas”.

El pasado 28 de enero se conmemoró el Día Internacional de Protección de Datos, fecha que invitó a la reflexión sobre la importancia de resguardar la información personal.

Por esa razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT) promovió la campaña #CuidaTusDatos, que contempló la viralización de un video basado en un experimento social. En él, se puede vislumbrar cómo la constante entrega de información que se realiza a través de las redes sociales deja a las personas vulnerables ante estafas, engaños y otros delitos.

El manejo de los datos es un tema que preocupa a los chilenos, según evidencia el VIII Estudio Nacional de Transparencia, recientemente publicado por el CPLT, donde un 61% de las personas dice cuidar siempre su RUT. Si bien el índice es alto, dicha apreciación ha disminuido en los últimos años, pues en 2013 esa cifra era de 78%.

La campaña del CPLT también buscó relevar la urgencia de que Chile tenga una nueva legislación que resguarde los datos personales, ya que la ley actual data de 1999 y no contemplaba la masificación de las redes sociales.

“El tratamiento de datos sensibles es frágil en nuestro país, pues hoy contamos con una legislación que quedó obsoleta con el avance de las tecnologías y que data de 1999. Mucho ha cambiado desde ese año y ciertamente, los legisladores no previeron el impacto de Internet o las redes sociales, por lo que hoy nuestro sistema normativo carece de mecanismos que resguarden adecuadamente los datos personales”, señaló el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

El VIII Estudio Nacional de Transparencia, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), reveló que los chilenos aumentaron su nivel de reprobación de los organismos públicos y sus funcionarios en materia de transparencia, evidenciando una percepción más crítica respecto de lo que se observó en el año 2015.
La encuesta, aplicada a 2.853 hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el territorio nacional entre septiembre y noviembre pasado, arrojó que sólo el 18% considera que las entidades públicas son transparentes (1 punto porcentual menos que 2015) y que un 17% piensa lo mismo de los funcionarios que allí trabajan (puntaje similar a la medición anterior).

 

El estudio, a su vez, pone en evidencia la importancia que están dando los ciudadanos a la transparencia, como valor que debe preponderar en los organismos públicos. Los datos arrojan que la honestidad (71%), la claridad (55%) y el acceso a la información pública (45%) son los atributos más importantes que debe reunir una institución del Estado.

“Estos resultados constituyen un importante llamado de atención que debería ser considerado por todos los sectores, privados o gubernamentales, sobre cómo debemos proceder. Los ciudadanos están indicando el camino para reconstruir la confianza: la transparencia, la honestidad, el acceso a la información y la claridad son las piedras angulares de este proceso de reconstrucción social”, señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María.

Otro hallazgo del estudio es que el 63% de los encuestados no logró identificar alguna institución pública o privada que le diera confianza. Un 37% que sí lo hizo, mencionó a Carabineros y Bomberos de Chile (28% y 10%, respectivamente), a las que se les valora en cuanto prestan servicios de protección o ayuda y que entregan un buen servicio y de manera eficiente, según indicaron los consultados.

85% piensa que actos de corrupción quedan impunes

El estudio también arrojó que mayoritariamente las personas piensan que existe corrupción en las instituciones públicas, fenómeno que consideran extendido.
Es así como el 63% de los encuestados creen que las entidades públicas son “muy corruptas”, lo que implica un alza de 6 puntos respecto del año pasado.
Ante la pregunta “¿Qué tan extendida está la corrupción en los organismos públicos de Chile?”, un 60% considera que “mucha gente está involucrada”, mientras que un 85% cree que quienes cometen un acto de corrupción “quedan impunes”.
Pese a esta visión, un 51% cree que la corrupción es hoy más fácil de detectar en comparación a cinco años atrás, gracias a que “existe más transparencia y acceso a información” (32%) y más tecnologías, como Internet” (19%).

87% opina que el Estado está obligado a entregar información

La encuesta reveló también un alza en la valoración del acceso a la información pública como un derecho, en comparación a 2015. Con ello, un 87% de los chilenos cree que los organismos públicos están obligados a responder las solicitudes ciudadanas de información (esto es 7 puntos porcentuales más que 2015) y un 86% coincide con que todas las personas tienen derecho a acceder a la información de cualquier organismo público, seis puntos más que el año pasado.
En tanto, un 88% está de acuerdo con que, si un organismo público no entrega la información solicitada, tienen derecho a reclamar, lo que representa un aumento de 9 puntos porcentuales respecto de 2015.

¿Qué importancia tiene para los ciudadanos la información pública?

El 60% la considera “útil”, un 65% la califica de “necesaria”; el 45% cree que “fomenta la participación”, y un 39% piensa que “previene la corrupción”.

Otro hallazgo que arrojó el estudio, y que refleja un carácter más aperturista de los chilenos frente a la información que maneja el Estado, es que un 30% de las personas cree que hay “cierta información que por su naturaleza debe mantenerse bajo reserva”. Esta cifra es un 40% más baja que en el año 2011, donde el mismo índice era de un 70%.

Para más información, descargue el estudio completo en el siguiente link:

Costa Rica se encuentra en pleno proceso de sensibilización para la futura presentación de un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ante esto, el Consejo para la Transparencia inició una asesoría técnica, que se extenderá por dos años, para apoyar el proceso de implementación de un decreto de acceso a la información pública, como paso previo a la discusión de dicha ley. Esta iniciativa desplegada por el Consejo para la Transparencia es financiada con el apoyo de Fondo Chile, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

Chile, que ya completa siete años desde que se promulgó su propia ley de acceso a la información pública, comenzó a “exportar” su experiencia esta semana con el arribo a San José, capital de Costa Rica, de una comitiva del CPLT encabezada por el presidente de la institución, José Luis Santa María, y la Directora de Estudios de la entidad, Daniela Moreno.

En el marco de la visita, se realizaron talleres técnicos y se concretaron reuniones con autoridades, funcionarios públicos, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la internalización de esta política pública en ese país.

El proceso de acompañamiento del CPLT en Costa Rica consta de varias fases y se extenderá hasta el año 2018.

El papel de Fondo Chile

Desde que la Ley de Transparencia entró en vigencia en Chile en 2009, el CPLT ha desarrollado un proceso de implementación que implicó observar la experiencia internacional y crear diversas herramientas destinadas a favorecer el acceso a la información.
Con el fin de compartir esta experiencia, el CPLT participó en marzo pasado en la convocatoria “Fondo Chile”, un programa de financiamiento que permite costear iniciativas de cooperación internacional en diversas materias. Este programa fue instaurado en noviembre de 2011 por el Gobierno de Chile y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La creación de este fondo busca contribuir, en su primera fase, a la consecución de los objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (ODM). Actualmente, en su segunda fase, el Fondo orientará su acción a enfrentar los desafíos planteados en la Agenda para el Desarrollo Post 2015, promoviendo acciones de Cooperación Sur-Sur (CSS), compartiendo las experiencias chilenas en temas económicos y sociales con países de igual o menor desarrollo.