(Mira esta nueva ley en el observatorio legislativo)

El 15 de Febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial el texto de la Ley Nº 21.078, sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano.

El Consejo para la Transparencia, durante su tramitación legislativa, realizó una serie de propuestas y recomendaciones a esta importante normativa. Muchas de ellas quedaron plasmadas en el texto legal, dentro de las cuales se puede destacar la creación de un Observatorio único del mercado del suelo, el cual contendrá:

1) Un observatorio del mercado del suelo urbano. Este observatorio informará la evolución de precios por metro cuadrado de los bienes raíces a nivel nacional, regional, comunal y otras zonas geográficas específicas.

2) Un sistema de información de los procesos de elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación territorial (IPT), así como de sus modificaciones. Este sistema deberá contener lo siguiente:

1. Los actos administrativos que promulguen la aprobación o modificación de un instrumento de planificación territorial junto con la respectiva Ordenanza. Asimismo, deben publicarse la memoria explicativa, los planos y el informe ambiental, junto a un resumen ejecutivo del instrumento de planificación que incluya su descripción y los principales efectos esperados.
2. Imagen objetivo de los instrumentos de planificación territorial y consulta pública. Es decir, el proceso de elaboración de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, de los planes reguladores comunales y de los planes seccionales, así como el relativo a sus modificaciones.

Las municipalidades, los gobiernos regionales y demás órganos y servicios competentes deberán suministrar la información que señale la ordenanza de esta ley en la forma y plazos que allí se indiquen, con el objeto de poner a disposición del público la información referida de forma fácil y expedita.

3) Un sistema de información sobre el estado de tramitación de los permisos de urbanización y de edificación en cada municipalidad, en la forma que determine la Ordenanza General, que también permitirá a las respectivas direcciones de obras municipales cumplir con los trámites que regula la presente ley de manera electrónica.

Esta importante norma viene a otorgar a las personas una herramienta de acceso fluida y eficaz para disminuir las asimetrías existentes en materia de información sobre el mercado del suelo.

La normativa general de protección de datos personales que nos rige a través de la Ley Nº 19.628, data de hace casi 20 años, y requiere de una urgente y necesaria actualización. Con el fin de zanjar esta brecha, la Sala del Senado recientemente aprobó en general el proyecto que Crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines refundidos 11144-07 y 11092-07), avanzando así en su tramitación esta importante iniciativa, la cual busca poner al día las normas sobre datos personales a nuestro país.

Durante su discusión en Sala, las opiniones de los senadores apuntaron en lo necesario y urgente que resulta este proyecto para las personas, así como la revisión del estatuto de la agencia, apuntando a mayores estándares de autonomía e independencia del poder político. Luego de ser aprobado en general, se abrió un periodo de indicaciones hasta el 10 de Mayo del presente año.

En paralelo a esta modificación legal, se tramita ante la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, la reforma que busca garantizar constitucionalmente la protección de los datos personales. Durante su tramitación legislativa el Consejo fue invitado a exponer sus observaciones y sugerencias al proyecto, siendo finalmente este proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional.

Si estas modificaciones son ratificadas por el Senado, se convertirán en una importante garantía de carácter constitucional para un derecho que cada día cobra mayor importancia, en atención a los cambios surgidos en materia de protección de la información y atendido el desfase de nuestra legislación con el resto del mundo.

El que se consagre constitucionalmente este importante derecho fundamental, y se avance por otro lado en la actualización de nuestra normativa en materia de protección de datos personales, creando un órgano que garantice el efectivo cumplimiento de la ley, significará un cambio sustantivo en la calidad de vida de los chilenos y chilenas, quienes hoy se encuentran mayormente desprotegidos de un eventual uso malicioso de sus datos.

Chile necesita urgentemente un marco normativo que actualice el catálogo de derechos fundamentales, reconociendo la autodeterminación informativa y permitiendo contar con una legislación e institucionalidad que pueda hacer frente a los cambios vertiginosos en los que nos hayamos inmersos, fruto del desarrollo tecnológico. Las personas, como sujetos individuales dotados de derechos y obligaciones, y también como consumidores, necesitan sentirse protegidas jurídicamente frente los abusos cuando el marco jurídico se torna retrógrado, como ocurre muchas veces en sectores tan importantes de nuestra economía, tales como el retail, sector salud, etc.

Resulta esperable que tanto la modificación legal que actualiza nuestra legislación en materia de datos, así como la reforma que busca consagrar este derecho constitucionalmente, se transformen en solo un primer paso para una adecuación permanente de nuestro ordenamiento jurídico a las nuevas formas de comunicarse a nivel global.