El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó el tercer proceso de fiscalización a Empresas Públicas en materia de cumplimiento en transparencia activa, a treinta instituciones, veinte de las cuales corresponden a empresas públicas y las diez restantes son sociedades en las cuales el Estado tiene una participación mayor al 50%.

El proceso de fiscalización se llevó a cabo entre el 20 y el 30 de noviembre pasado, donde se revisó la información publicada, la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 5 del Consejo para la Transparencia. Además, se evaluó la existencia de buenas prácticas y aspectos de usabilidad, tales como la facilidad de localización, tanto del sitio web como del banner de Transparencia Activa; y la facilidad uso, de acuerdo con recomendaciones generales.

Los parámetros de usabilidad y buenas prácticas fueron evaluados, pero su puntaje no forma parte del puntaje global del Informe de Fiscalización.

RESULTADOSEl puntaje promedio de las Empresas Públicas en Transparencia Activa fue de 93,31%, lo que representa un alza de 5,4 puntos porcentuales respecto de la medición efectuada en 2014.

 

El menor cumplimiento de las empresas públicas se produce en el ítem correspondiente a “Estructura Orgánica y funciones de cada unidad”. De acuerdo a la fiscalización, el 33,33% publica información incompleta.

Otra materia con bajo cumplimiento en transparencia es la correspondiente a “Remuneraciones: Directores, Presidente o Vicepresidente Ejecutivo”, donde un 30% publica información incompleta. Dicho ítem aumenta en 1,04 puntos su nivel de cumplimiento respeto del proceso de fiscalización del año pasado.

Las 10 empresas públicas con mejor desempeño en la fiscalización 2015 fueron:

 

Las Empresas Públicas con el desempeño más bajo fueron:

 

– Los mayores incumplimientos de estas instituciones se debieron a:

o La información de la Estructura orgánica y funciones de cada unidad y del Marco Normativo aplicable se publica de forma incompleta.
o Las remuneraciones del Directorio se encuentran desactualizadas.

 Por materias, los puntajes promedios de cumplimiento fueron

 

El Consejo para la Transparencia fiscalizó, por primera vez, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Educación, Vivienda y Trabajo con el fin de verificar el tratamiento y atención que entregan a las solicitudes de información que realizan los ciudadanos y, junto con ello, verificar si existen barreras que impidan a las personas tener respuesta a sus requerimientos.

El proceso fiscalizador, que abarcó a las 15 regiones, contempló un total de 60 instituciones y se realizó en junio pasado.

Mediante la metodología de “usuario simulado”, el Consejo para la Transparencia solicitó información a dichas instituciones enviando preguntas específicas para cada uno de ellos, a través de sus banners institucionales de “Solicitud de acceso a la información” y “Transparencia Activa” o del formulario de contacto online.

Se efectuaron las siguientes solicitudes de acceso a la información:

o SEREMI de Educación: “Listado de establecimientos educacionales de la región que tienen ciclo de educación media completa, indicando los que cuentan y no cuentan con reconocimiento oficial otorgado por la SEREMI de la Región, a marzo de 2015”.

o SEREMI del Trabajo: “Nómina de convenios realizados por la SEREMI Región XXXXX con Universidades, Institutos o Centros de Formación Técnica, vigentes a marzo de 2015”.

o SEREMI de Vivienda: “Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región, vigente a marzo de 2015”.

o SEREMI de Salud: “Número de sumarios sanitarios relativos a accidentes laborales fatales en la Región que hayan ingresado el año 2014 (diferenciando entre pendientes y finalizados)”.

 

Principales hallazgos

• Todas las solicitudes de acceso a la información presentadas a las SEREMI ingresaron. Hubo solo 2 SEREMI que no respondieron en el plazo legal de 20 días hábiles (Salud Los Lagos y Salud de La Araucanía).

• Las SEREMI tienen centralizada la gestión de solicitudes de información (Excepto Salud).

• Las respuestas fueron firmadas por el/la Subsecretario/a, SEREMI, o por firma delegada.

• Ninguna institución tuvo 100% de cumplimiento.

• El puntaje de cumplimiento general fue de 90,9%.

 

Resultados

 

• En el caso de las 58 entidades que contestaron dentro de plazo, el promedio de días de respuesta fue de 11.

• Las instituciones que contestaron fuera de plazo fueron la Seremi de Salud de La Araucanía (que respondió al día 37) y la de Salud de Los Lagos (contestó el día 39).

Resultados de Instituciones con 100% y bajo 90% de cumplimiento

 

Los incumplimientos detectados en las SEREMI que obtuvieron puntaje inferior al 80% son:

– No se indican dentro del Banner de Solicitud de Acceso a la Información los canales, vías formales de ingreso y recepción de solicitudes de acceso a la información como tampoco el horario de atención.
– No se puede acceder a través del Banner de Solicitud de Acceso a la Información a un formulario descargable para realizar solicitudes de acceso a la información.
– No se presenta un plan de contingencia con alternativas para realizar el procedimiento de solicitud.

Resultados de Instituciones por tramos de puntajes

De las 60 instituciones fiscalizadas en este proceso, 38 obtuvieron un puntaje mayor a 90% de cumplimiento (lo que representa un 63,33%). De esas, 8 alcanzaron un puntaje de 99,31%. El motivo de dicha evaluación se debe a que el formulario descargable de esas 8 instituciones contempla campos obligatorios distintos a los señalados en la Ley N° 20.285, específicamente: Persona Natural y Persona Jurídica, Dirección Postal y Electrónica a la vez.

 

Tabla comparativa Sector SEREMI y Región del país

 

El Consejo para la Transparencia realizó la cuarta fiscalización de transparencia activa a los 345 municipios del país entre agosto y octubre pasado, la cual arrojó que su nivel de cumplimiento promedio es de 64,7%. Dicha cifra representa un avance de 8,6 puntos respecto del año pasado, cuando obtuvieron un 56,09%. El proceso consiste en revisar sus sitios electrónicos y verificar que publiquen los contenidos que indica la Ley de Transparencia.

Si bien se observa un incremento en su nivel de cumplimiento —fenómeno que ha sido progresivo desde 2012—, los municipios aún están por debajo del exhibido por las demás entidades públicas tales como: organismos de la administración central, universidades, fundaciones de la Presidencia, hospitales autónomos y empresas públicas.

 

El proceso fiscalizador 2015 evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia contenidas en el artículo 7°, el cumplimiento de las Instrucciones Generales. Además, se revisó la existencia de buenas prácticas y usabilidad, temas que, si bien fueron evaluados, no forman parte del puntaje final.
De las 345 municipalidades, 34 obtuvieron más de 90% de cumplimiento mientras que sólo uno alcanzó el puntaje máximo y corresponde al municipio de Talagante.

En la fiscalización 2015, los diez mejores puntajes fueron:

 

Por su parte, las municipalidades que arrojaron las mayores bajas son: Puerto Montt, Coltauco, Corral, Maullín, Camarones, San Antonio, Pinto y Los Vilos.

 

En cuanto a los hallazgos, los resultados muestran que los resultados más bajos están relacionados con Actos con efectos sobre Terceros, Mecanismos de Participación Ciudadana y Presupuesto, con puntajes promedio de 34,6%, 37,6 y 50,2%, respectivamente.

Las tres áreas registran retrocesos en comparación al nivel de cumplimiento exhibido el año pasado.

 

 

Los principales incumplimientos detectados corresponden a información desactualizada, link no operativo e información incompleta.

 

El proyecto InfoLobby fue premiado por el Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica (CEITUC) en la categoría Servicio al Cliente, en la premiación anual Club CIO 2015, galardón que entregan los especialistas en la aplicación de tecnologías de información innovadoras y de última generación.

La categoría en que se premió a InfoLobby seleccionó iniciativas que han sido capaces de mejorar directamente los niveles de atención al cliente o generar nuevos canales de comunicación, en que el proyecto del CPLT fue destacado.

CEITUC premió a InfoLobby señalando que “el proyecto liderado por Eduardo González (Director de Operaciones y Sistemas), muestra una experiencia exitosa y pionera en Chile de publicación y reutilización de datos abiertos, en modalidad de web semántica para los registros de la Ley del Lobby. Mediante el uso de cloud computing, aplicaciones móviles, integración con redes sociales e interoperabilidad vía REST, la iniciativa entrega información de un alto número de instituciones públicas y autoridades, información que queda disponible para los ciudadanos”.

La premiación se realizó el pasado lunes 23 de noviembre en el Hotel NH Collection y distinguió a los líderes de importantes proyectos tecnológicos de empresas privadas y públicas.

Prácticamente la mitad de las audiencias de lobby o gestión de intereses particulares reportadas por los organismos públicos corresponden a los municipios, de acuerdo al reporte entregado por el Consejo para la Transparencia en base a los antecedentes disponibles en el sitio web Infolobby.

Al cumplirse un año de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, las cifras muestran que 13.562 reuniones de este tipo han ocurrido en las municipalidades, lo que representa el 49% del total reportado por las instituciones públicas sobre las que rige la norma y que asciende a 27.907, en el período noviembre 2014- noviembre 2015.

Es así como, a la fecha, los alcaldes con mayor cantidad de Registros de Agenda Pública informados (que suman audiencias, viajes y donativos) son de las comunas de:
· TENO (508)
· QUILICURA (369)
· SAN NICOLÁS (253)
· PICHILEMU (232)
· YUMBEL (228)
· HUALAÑÉ (197)
· PANQUEHUE (196)
· PUMANQUE (196)
· VILLA ALEMANA (190)
· LONGAVÍ (186)
· MAULE (185)
· MAULLÍN (181)

En cantidad de audiencias, les siguen las registradas por los organismos de la administración central, que acumulan 12.131, equivalentes al 43%.

El sitio de Infolobby registra a la fecha 1.901 lobistas y 32.160 gestores de interés.

En cuanto a las materias tratadas en dichas audiencias, en su gran mayoría no se identifica el tema de manera específica. Es así como la materia “Otros” representa el 81,9% del total de las audiencias.

Por distribución geográfica, la Región Metropolitana concentra el 27,9% de las audiencias de lobby, seguida de las regiones de Valparaíso, Biobío, Maule y O’Higgins.

Viajes y donativos
Respecto de los viajes, en el primer año de vigencia de la Ley de Lobby se han efectuado 34.608 desplazamientos, con un gasto total de $4.627.272.341.

El 86% corresponde a viajes realizados por sujetos pasivos (autoridades) de la administración central, seguidos por los municipios (12%) y el Ministerio Público (2%).

A su vez, el informe contabiliza un total de 5.036 donativos, recibidos por 990 sujetos pasivos (autoridades).

 

En el marco de la Mesa de Trabajo Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), y de la cual forma parte el Consejo para la Transparencia, ya está disponible el sitio web “Agenda Anticorrupción: Desafío y Seguimiento”, que exhibe las iniciativas colaborativas de las 27 entidades que participan en este proyecto.

El objetivo del conjunto de entidades públicas, privadas, de la sociedad civil organizada, internacionales y académicas es promover el proyecto de autoevaluación participativa y representativa de UNCAC en Chile, con el fin de elevar los estándares de transparencia y fortalecer la gestión pública, en favor de la ciudadanía.

En la plataforma web se detallan, además, las buenas prácticas de las distintas instituciones en materia de fomento a la probidad y la prevención de la corrupción. En el caso del Consejo para la Transparencia, se describen diversas iniciativas que, mediante la promoción del derecho de acceso a la información pública, favorece el control social convirtiéndolo en una herramienta eficaz en el combate de la corrupción.

El Consejo para la Transparencia debió pronunciarse respecto de la entrega de un informe psicolaboral, en un concurso público para un cargo en el Servicio de Salud Valdivia. Ello, luego de que un ciudadano solicitó “los antecedentes del resultado del llamado a concurso al cargo de Jefe del Departamento de Recursos Financieros del Servicio de Salud de Valdivia convocado a través de Oficio Nº 4.219 y el resultado de su propia evaluación psicológica como postulante a dicho certamen”.

Dicho requerimiento no fue contestado por el órgano público y el solicitante recurrió al Consejo para la Transparencia.

En su análisis, el Consejo Directivo indicó en lo relativo la identidad del postulante que fue seleccionado para el cargo y que posteriormente declinó a tal designación —con lo que el concurso se declaró desierto—, que “no obstante la información objeto del presente amparo se relaciona con un tercero que, en principio, resultó seleccionado para el cargo concursado, dicho tercero manifestó su voluntad de no aceptar el cargo en cuestión, lo que llevó a declarar desierto el concurso. Por lo tanto, y no habiendo llegado a adquirir la calidad de funcionario público, resulta aplicable el criterio expuesto (…), en orden a que la identidad de terceros que hayan decidido postular a un cargo, que en definitiva no hayan sido nombrados en él, debe reservarse de conformidad con el régimen de resguardo dispuesto por la ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, toda vez que se estaría comunicando sin autorización la identidad una persona asociada a su condición de postulante a un servicio público y sus resultados”.

Sin embargo, lo interesante de la decisión está relacionado con la solicitud que hace el ciudadano respecto de su propia evaluación sicológica realizada durante el concurso.

Al respecto, el Consejo Directivo indicó que “las pericias psicolaborales son un importante instrumento el cual contiene la apreciación de un experto respecto de los rasgos psicológicos del entrevistado. La referida apreciación se obtiene, luego de concertar una entrevista personal y aplicar durante la misma o en otra oportunidad, test psicométricos y/o proyectivos, proceso que una vez concluido permite determinar la idoneidad del evaluado para acceder a un cargo. Luego, resulta incontrovertible aseverar que los datos contenidos en dicho informe son datos personales sensibles de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, surgiendo consecuentemente la titularidad sobre dichos datos en conformidad a lo consagrado en el artículo 12 del cuerpo normativo citado, el cual dispone que «toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona….».”; agregando que “la información contenida en el informe psicológico queda comprendida dentro de la expresión “datos sensibles” toda vez que se refiere «características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como (…) los estados de salud físicos o psíquicos…»”.

Puntualiza el órgano decisional que “en el mismo sentido debe acentuarse que la referida pericia no puede ser efectuada sin la participación voluntaria y activa del evaluado, quien al develar aspectos de su vida íntima permite al experto efectuar valoraciones y emitir juicios que se convierten en una importante herramienta para la autoridad pertinente y que consecuentemente, le permite determinar la idoneidad del postulante en relación al cargo concursado. En razón de lo anterior, este Consejo ha procedido a revisar y reconsiderar lo resuelto en decisiones anteriores respecto de la misma materia y en tal sentido estima que, atendida la naturaleza de la información requerida, la importancia de dicho instrumento al momento de determinar la idoneidad de un postulante y dado además que en su elaboración ha participado el concursante entregando aspectos íntimos de su persona, resulta plenamente justificado que dicho interesado tome conocimiento de las impresiones vertidas al efecto por el evaluador”.

En consecuencia, el Consejo Directivo resolvió el amparo acogiéndolo y ordenando la entrega de la información requerida, especialmente del informe psicolaboral del propio solicitante, por la unanimidad de sus integrantes.

 

En virtud de la alianza “Transparency and Good Governance in Public Policy”, entre Singapur y Chile, el abogado de la Dirección Jurídica del Consejo para la Transparencia Marcelo Gutiérrez integró la delegación chilena que expuso en ese país la experiencia de Chile en materias de transparencia y buen gobierno.

La actividad, que se desarrolló entre los días 23 y 27 de noviembre, se enmarca en la colaboración entre el Civil Service College de Singapur y la AGCID, en Chile.

Marcelo Gutiérrez, que se desempeñó como instructor/relator, expuso sobre el derecho de acceso a la información pública, solicitudes de acceso, procedimiento de resolución de amparos y reclamos sobre transparencia activa. Asimismo, dio cuenta del programa de capacitación y las facultades fiscalizadoras del CPLT.

La delegación chilena estuvo integrada, además, por representantes de la Comisión Defensora Ciudadana, la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital y el Servicio Civil, quienes expusieron la experiencia del modelo chileno a funcionarios públicos de países miembros del Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, tales como Filipinas, Laos, Indonesia, Cambodia, Brunai, Malasia, Myanmar, Tailandia y Vietnam.

 

Por primera vez el Consejo para la Transparencia (CPLT) fiscalizó el nivel de cumplimiento en Transparencia Activa a 15 Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las cuales obtuvieron un puntaje promedio de 81,68%.

El proceso de fiscalización se realizó tomando en cuenta la información correspondiente a mayo (publicada en junio de 2015), donde se revisaron los antecedentes disponibles en los sitios electrónicos de las 15 Seremis de Salud como también la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia.

El puntaje obtenido en transparencia activa por las Seremis de Salud las ubica por debajo de otras instituciones públicas como los organismos de la administración central (92%), empresas públicas (87%), universidades (85%) y fundaciones de la Presidencia (91%), superando sólo a los municipios y corporaciones municipales (56% y 45%, respectivamente).

En comparación a otras instituciones del sector Salud, las Seremis de Salud también se encuentran por debajo en su nivel de cumplimiento en transparencia activa. Es así como los puntajes promedio obtenidos en 2014 por los servicios de salud fue de 91%; los hospitales, 90%; las subsecretarías, 86%, entre otros.

RESULTADOS

Al analizar los puntajes por ítems, los resultados más bajos (con puntajes inferiores al 65%) corresponden a la publicación de materias tales como Transferencias, Contrataciones, Actos Terceros, Participación Ciudadana y Estructura.

 

 

 

Es así como los mayores incumplimientos de estas instituciones se debieron a información no existente o desactualizada como, por ejemplo:
• No se informa la tipología de actos «Sanciones» en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, O’Higgins, Maule, Bío Bío, Los Lagos y Aysén.
o En este ítem debieran informarse sumarios sanitarios, autorizaciones sanitarias, prohibiciones de funcionamiento y concursos de personal.
• La información relativa a otras transferencias se encuentra desactualizadaen las regiones de Atacama, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos.
• Información desactualizada en otras compras.
o No se informan contratos de bienes inmuebles en la Región del Maule.
• Información desactualizada en otras compras y bienes inmuebles en las regiones de Tarapacá, Metropolitana, Aysén y Magallanes.
• No se informan cada uno de los mecanismos de participación ciudadana ni la norma general actualizada.
o En la Región de Aysén (por ejemplo, no se informan las Audiencias Públicas y los Comités y Mesas de Trabajo, mecanismos que se encuentran establecidos en la norma de participación ciudadana vigente).
• No se informa cada uno de los mecanismos de participación ciudadana en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Bío Bío, Los Ríos, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes.
• No se informa organigrama ni facultades del Secretario Regional Ministerial consignadas en el DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, en las regiones de Arica-Parinacota, Atacama y Bío Bío.
• No se informan las facultades del Secretario Regional Ministerial consignadas en el DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Los Ríos, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
• No se presenta link a «Otros trámites» en la Región Metropolitana.

RANKING

Como una manera de aportar en temas de transparencia pública y participación ciudadana, el Instituto Nacional de la Juventud y el Consejo para la Transparencia suscribieron hoy un convenio de colaboración que tiene por objetivo trabajar en la implementación de actividades de capacitación y talleres para Dirigentes Sociales, aliados estratégicos territoriales, Sociedad Civil y ciudadanía en general de todo Chile.

En dependencias del Consejo para la Transparencia se llevó a cabo la firma de convenio entre Nicolás Preuss, Director Nacional Instituto Nacional de la Juventud y Raúl Ferrada, director general del CPLT.

Por su parte, el director general del CPLT, sostuvo que “Este convenio es especialmente relevante para la misión del CPLT, ya que con la colaboración del INJUV podremos ser más efectivos en nuestros esfuerzos de posicionar el derecho de acceso a la información pública el rol del Consejo para la Transparencia entre los jóvenes de nuestro país”.

Esta alianza tendrá como fin para ambas instituciones desarrollar iniciativas, tales como charlas y talleres, en materia de Derecho de Acceso a la Información Pública, que aporten a la difusión de los contenidos de la Ley de Trasparencia y el acceso a la información por parte de las distintas comunidades. A su vez, promocionar y facilitar la inscripción en cursos virtuales ofrecidos a través del portal EducaTransparencia para funcionarios(as) públicos(as), dirigentes(as) y líderes sociales y desarrollar e impulsar acciones colaborativas de promoción, difusión e implementación de la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y de las herramientas de participación ciudadana en el espacio local.

Con la presencia de representantes de más de 30 Corporaciones Municipales del país se realizó hoy el primer encuentro para capacitar en la implementación del Modelo de Gestión en Transparencia y Portal de Transparencia a estas instituciones. La iniciativa es parte del trabajo conjunto del Consejo para la Transparencia (CPLT) con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

A la actividad asistieron más de 80 representantes de 38 corporaciones municipales, entre quienes figuraban alcaldes, funcionarios y secretarios generales.

Dio inicio a este evento, Jimena Valdebenito, Jefa del Depto. de Fortalecimiento Municipal de SUBDERE, quien sostuvo que “está en nosotros mejorar la función de los servicios públicos, sobre todo hoy que la ciudadanía está más empoderada, por lo que necesitamos contar con funcionarios más informados y capacitados para atender de manera eficiente a las personas”.

Por su parte, Raúl Ferrada, director general del CPLT, agradeció el compromiso de los presentes en asistir activamente a la cita y contó la experiencia del trabajo que se ha estado haciendo en el mundo municipal. Asimismo, dijo que “este es un paso relevante en la instalación de una cultura de la transparencia, porque el rol de los municipios y sus corporaciones municipales resulta clave en esta nueva forma de enfrentar y realizar sus procesos de gestión de cara a la ciudadanía”.

Luego de la inauguración, se dio inicio a la capacitación a cargo de Eduardo González, Director de Operaciones y Sistemas del CPLT, quien expuso acerca de Modelo de Gestión en Transparencia para Corporaciones Municipales. Además, se presentaron temas sobre Transparencia Activa y Derecho de Acceso a Información Pública y Portal de Transparencia del Estado.

 

Durante octubre pasado se incorporaron 6 Fundaciones de la Presidencia al Portal de Transparencia, plataforma virtual administrada por el Consejo para la Transparencia y que permite a los ciudadanos solicitar información a las entidades del Estado. Se trata de Fundación Integra, Fundación Tiempos Nuevos, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, Fundación Artesanía de Chile, Fundación de la Familia y Fundación Chilenter.

El Portal de Transparencia, que debutó en abril de 2013, actualmente cuenta con 422 organismos incorporados al sistema, entre los cuales se cuentan 289 municipios, 120 organismos de la administración central, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo para la Transparencia.

Durante octubre, las instituciones con mayor cantidad de solicitudes de información fueron la Subsecretaría de Educación (MINEDUC), con 229 requerimientos; Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), con 205; y el Instituto de Previsión Social (ISP) con 202 peticiones.

El listado de los diez organismos más requeridos desde abril 2013 es:

 

Según el reporte mensual del Portal de Transparencia, la plataforma registra un promedio mensual de 125 mil visitas en los últimos tres meses, siendo la materia sobre “Personal y Remuneraciones” la más consultada en cuanto a Transparencia Activa.

Para mayor detalle revisa el Informe Mensual del Portal de Transparencia.