Con la presencia de funcionarios públicos panameños y autoridades internacionales, la delegación del Consejo para la Transparencia presentó el estado de avance sobre Transparencia y Acceso a la Información Publica en Chile; sus logros y desafíos pendientes; además de capacitación técnica en tres talleres en materia de Capacitación, Promoción, Fiscalización y Resolución de Casos, finalizando con éxito su participación en el I Encuentro de Promoción de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El evento que dio inicio ayer y se extendió hasta hoy, contó con la participación de Comisionados en materia de Acceso a la Información y Transparencia de Latinoamérica y el Caribe, autoridades de los Gobiernos de Chile, Uruguay y Reino Unido, especialistas de organismos internacionales, autoridades, sociedad civil y medios de comunicación panameños.

El objetivo del encuentro se basó en debatir, analizar y reflexionar sobre distintas temáticas ligadas a la Transparencia y Acceso a la Información Pública en la región; logros y desafíos pendientes, y se presentó a las autoridades presentes las líneas de trabajo de la RTA con el objeto de identificar sinergias con los países participantes para que pudiesen integrarse a la Red y beneficiarse de sus proyectos.

Cabe resaltar que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), se incorporará a esta importante Red, en aras de fortalecer su promoción del desarrollo de gobiernos abiertos en nuestro país, como expresión de altos estándares en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

La RTA, es una red que agrupa a 25 organizaciones, representantes de 15 países y 3 organismos internacionales, donde el Consejo para la Transparencia de Chile tiene la Presidencia. Entre sus objetivos, la RTA genera y mantiene mecanismos para facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento entre los miembros en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública; establece canales de difusión y retroalimentación de las actividades y productos de la Red con actores relacionados, tales como, sociedad civil, academia, administración pública y organismos internacionales; promueve prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública encaminadas a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública; e instaura el valor y la modalidad de trabajo en red como práctica permanente de sus miembros.

La Presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, junto al Consejero Marcelo Drago y el Director General, Raúl Ferrada, participaron en la primera sesión del I Encuentro de Promoción de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA).

Además de brindar palabras de bienvenida a los asistentes, la Presidenta Blanlot lideró el primer panel del evento, que dio cuenta del estado de avance de la política de transparencia en la región, sus logros y desafíos pendientes. En la misma línea, el Consejero Drago representó al CPLT en un panel que dio cuenta del trabajo de intercambio de conocimientos de la RTA en la región iberoamericana.

La RTA, en conjunto con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá (ANTAI), la Embajada de Chile en Panamá y la Embajada Británica en Panamá, organizaron este encuentro que se extenderá hasta este 21 de enero, con el objetivo de promover los trabajos de esta agrupación internacional, presidida por el CPLT, en la región de Centro América y El Caribe.

El evento cuenta con la participación de representantes en materia de Acceso a la Información y Transparencia de Bahamas, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Chile, República Dominicana y Uruguay, además de autoridades de los Gobiernos de Chile, Uruguay, Reino Unido y Panamá, especialistas de organismos internacionales, autoridades, sociedad civil y medios de comunicación panameños.
La RTA es una agrupación internacional de intercambio entre organismos y/o entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública y actualmente la RTA agrupa a 25 organizaciones, de 15 países y 3 organismos internacionales.

La Red genera y mantiene mecanismos para facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento entre los miembros en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública; establece canales de difusión y retroalimentación de las actividades y productos de la Red con actores relacionados, tales como, sociedad civil, academia, administración pública y organismos internacionales; promueve prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública encaminadas a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública; e instaura el valor y la modalidad de trabajo en red como práctica permanente de sus miembros.

De acuerdo al reporte entregado por el Consejo para la Transparencia en base a los antecedentes disponibles en el sitio web Infolobby, diciembre pasado registró un aumento significativo en cuanto a donativos reportados por los organismos públicos ascendiendo a 1.350, es decir un alza del 250% respecto del mes anterior, y a su vez equivale al 21% del total de regalos informados desde el inicio de la Ley de Lobby.

A la fecha se registró un total de 6.434 donativos, los que fueron recibidos por 1.183 sujetos pasivos. Se observa que los cargos que declaran haber recibido más presentes son:

 

 

Algunos de estos tienen que ver con Vinos, Licores, Espumantes, que equivalen al 22% del total de Donativos en diciembre, por otra parte 17% son libros, chocolates (7%), Agendas(s) y/o Lápices (6%), entre otros.

 

Asimismo, el sitio Infolobby registra a la fecha 2.163 lobbistas y 37.284 gestores de intereses particulares que han participado en 33.299 audiencias con objeto de lobby o gestión de intereses. A su vez, 2.745 sujetos pasivos (autoridades) estuvieron presentes en ellas.

Respecto de los viajes, se han informado 39.503 con un gasto total de $5.367.030.371

El sitio electrónico contiene actualmente 242.012 registros con detalles de audiencias, viajes, donativos, autoridades, lobbistas y gestores de interés.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó ¬una fiscalización online para evaluar el cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información en 127 instituciones de la Administración Central, entre las cuales se encuentran gobernaciones, servicios de salud, subsecretarías, entre otros.

El proceso, efectuado entre el 19 y 28 de agosto pasado a través de la metodología de usuario simulado, consistió en fiscalizar el desempeño de dichos organismos públicos en el tratamiento y atención que realizan a las solicitudes de acceso a la información.

Con dicho objetivo, el equipo fiscalizador del CPLT requirió información en el banner institucional “Solicitud de acceso a la información”, banner de transparencia activa y en el formulario de contacto de la página web de cada institución. A su vez, se solicitó que dicha información se entregara mediante correo electrónico y en formato digital (PDF, Word o similar).

Las preguntas que se efectuaron fueron:
Gobernaciones Provinciales:
“Listado de visas que otorgan residencia definitiva (permanencia), indicando nacionalidad de los solicitantes, entregadas por la gobernación durante el año 2014”.

Superintendencias:
“Listado de organismos fiscalizados indicando la materia, en el año 2014”.

Servicios Públicos-Subsecretarías-Gobiernos Regionales-Intendencias:
“Cantidad de personal con contrato vigente en el servicio (a julio de 2015), diferenciando entre hombres y mujeres”.

Hospitales Autogestionados:
“Número de personas ingresadas por Ley de Urgencia, en el Hospital durante el segundo semestre del año 2014”.

Servicios de Salud:
“Listado de las becas entregadas por el Servicio de Salud para cursar especialidades y subespecialidades médicas, entre los años 2013 y 2014, indicando aquellas instituciones educativas que otorgaron dichas becas”.

Serviu:
“Nómina de subsidios habitacionales fondo Solidario 1, otorgados por el SERVIU, correspondientes a mujeres beneficiarias convenio SERVIU- SERNAM”.

En el análisis se evaluó:
a. Módulo de barreras al ingreso de solicitudes, destinado a medir las barreras de acceso de una solicitud de información;
b. Módulo tramitación de solicitud, en el cual se evalúan los procedimientos administrativos establecidos en la Instrucción General Nº 10;
c. Módulo de resolución, en que se evalúa la respuesta proporcionada por el organismo al solicitante y la respectiva resolución de la solicitud de acceso a la información;
d. Existencia y completitud de los expedientes y el registro de las solicitudes ingresadas; y
e. Revisión de las buenas prácticas recomendadas en la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

Resultados Globales

Análisis de la solicitud

De las 127 solicitudes de información presentadas, 11 no ingresaron, lo que corresponde a un 8,6%.

Y de las 116 que sí lograron ingresar, 20 no tuvieron respuesta. De ellas, más de la mitad corresponden al Ministerio de Salud.

 

Puntajes por cada proceso

Este año la fiscalización se focalizó en aquellos organismos públicos en los cuales, durante la revisión del año pasado, las solicitudes de información no ingresaron y/o no fueron respondidas.
Si se comparan ambas muestras, se observa un alza de 33,97 puntos porcentuales respecto del desempeño que dichas instituciones tuvieron en 2014, dado que el nivel de cumplimiento subió de 42,19% a 76,16%.

 

Barreras de Acceso

En las 11 instituciones en las que no ingresó la Solicitud de Acceso a la Información se detectaron las siguientes barreras:

– Exigencia de completar los campos:
o Rut
o Género
o País
o Domicilio Postal

– Formularios online caídos

 

 

El Consejo para la Transparencia resolvió entregar diversa información relacionada con el Parque Intercomunal de La Reina, también conocido como Parque Padre Hurtado, toda vez que una persona solicitó a la Municipalidad de Las Condes, respecto de aquel, dotación de personal, remuneraciones, identidad del Jefe superior, balances, estados de situación, estados de resultados, contratos celebrados entre otros documentos, requerimiento de información que no fue contestado por el órgano público, pues lo derivó a quien administra el Parque Alberto Hurtado, es decir, la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, órgano que a su turno indicó que la Ley de Transparencia no le era aplicable.

El Consejo Directivo señaló, en primer término que la Ley de Transparencia era aplicable a la señalada entidad pues “la Junta de Alcaldes es una persona jurídica de derecho público; su presupuesto es financiado en más de un 50% por las entidades edilicias socias, es decir, por la municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina (órganos públicos expresamente obligados a las disposiciones de la ley N° 20.285); se encuentra sujeta al control y fiscalización de la Contraloría General de la República y su razón de ser es desarrollar una función administrativa en el ámbito específico de que se trata, cual es, la adquisición de predios para la instalación de servicios intercomunales y el desarrollo de la vialidad intercomunal, por lo tanto, la mencionada Junta debe entenderse como un órgano o servicio creado para el cumplimiento de la función administrativa, en el sentido a que hace referencia el artículo 2° de la Ley de Transparencia y como consecuencia de todo lo anterior, sujeta a las normas de dicha Ley. Una conclusión en contrario, dejaría al margen del control social un ámbito determinado del ejercicio de competencias funcionales de la Administración del Estado y de la ejecución y utilización de fondos públicos e infringiría el artículo 3° de la mencionada Ley de Transparencia, toda vez que la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en el ejercicio de ella, todo lo anterior en armonía con la fuerza normativa del inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política.”, en consecuencia y de acuerdo a todo lo razonado precedentemente, se pone de manifiesto que la Ley de Transparencia debe aplicarse a la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, debiendo rechazarse la alegación de la reclamada en cuanto a que la Ley de Transparencia no les sería aplicable.

Agrega la decisión del Consejo Directivo que “este Consejo ha decidido que las disposiciones de la Ley de Transparencia son plenamente aplicables a las Corporaciones Municipales y a determinadas fundaciones, como es el caso de la Fundación Integra o de la Fundación de La Familia, que tienen la calidad de personas jurídicas de derecho privado, según se ha resuelto, entre otros, en los amparos roles A211-09, A242-09, C115-10, C469-11 y C1529-11, pues se ajustan al examen relativo a la participación y/o posición dominante de la Administración Pública sobre una entidad de Derecho Privado o de Derecho Público, con la consecuente relación de instrumentalidad, que viene dada por los tres elementos o criterios básicos, cuales son: a) La concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación (decisión pública de creación); b) La integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación pública de los órganos de decisión, administración y control); y c) La naturaleza de las funciones que desempeñan, que se alinea con el cumplimiento de funciones administrativas (función pública administrativa). Luego, si la aplicación de la Ley de Transparencia, ratificada por los tribunales superiores de justicia, se extiende sobre personas jurídicas de derecho privado, con mayor razón dicha aplicación es procedente respecto de una persona jurídica de derecho público, con las características indicadas en el considerando 5°, como lo es la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, respecto de la cual son plenamente aplicables los criterios mencionados precedentemente, como se indicará a continuación.”.

Finalmente puntualiza el órgano decisional y pronunciándose derechamente sobre lo requerido, que se trata de información de naturaleza pública, que debe obrar en poder del órgano requerido y respecto de la cual solo se tarjará, en aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, todos aquellos datos personales de contexto contenidos en el documento requerido, tales como el número de cédula de identidad y domicilio particular, entre otros, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4°, 9° y 20° de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

En consecuencia, el Consejo Directivo resolvió el amparo acogiéndolo y ordenando la entrega de la información requerida, con lo cual se reafirma la idea central de que el Consejo para la Transparencia tiene competencia sobre todos los órganos de la Administración del Estado y aquellos que se financian con fondos públicos y desarrollan una función administrativa, en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Durante noviembre pasado se incorporaron 2 Corporaciones Municipales al Portal de Transparencia, plataforma virtual administrada por el Consejo para la Transparencia y que permite a los ciudadanos solicitar información a las entidades del Estado. Se trata de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa y de Antofagasta.

El Portal de Transparencia, que debutó en abril de 2013, actualmente cuenta con 433 organismos incorporados al sistema, entre los cuales se cuentan 291 municipios, 128 organismos de la administración central, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo Nacional de Educación (CNED), el Consejo para la Transparencia y 6 Fundaciones de la Presidencia.

Durante noviembre, las instituciones con mayor cantidad de solicitudes de información fueron Gendarmería de Chile, con 299 requerimientos; Subsecretaría de Educación (MINEDUC), con 284 y Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), con 256 peticiones.

El listado de los diez organismos más requeridos desde abril 2013 es:

 

Según el reporte mensual del Portal de Transparencia, la plataforma registra un promedio mensual de 128 mil visitas en los últimos tres meses, siendo la materia sobre “Personal y Remuneraciones” seguido de “Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros” las más consultada en cuanto a Transparencia Activa.

Para mayor detalle revisa el Informe Mensual del Portal de Transparencia.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó por primera vez una fiscalización focalizada en Transparencia Activa destinada, específicamente, a medir el nivel de cumplimiento de más de 300 instituciones públicas que utilizan Mecanismos de Participación Ciudadana, tales como cuentas públicas participativas, consultas ciudadanas y diálogos participativos, entre otros.

La fiscalización, efectuada entre julio y agosto, evaluó la existencia de información sobre dichos mecanismos en sus respectivos sitios electrónicos, lo que arrojó un desempeño promedio de 71,7%.

En el proceso se evaluó el cumplimiento de la Instrucción General N°11, numeral 1.10 examinando antecedentes como la Norma General de Participación Actualizada, (sólo en caso de existir anteriormente); Mecanismos de Participación Ciudadana, como son Cuenta Pública Participativa; Consulta Ciudadana; Acceso a información relevante; Consejos Consultivos y Otros mecanismos de participación (Por ejemplo, diálogo participativo, foros, formación y capacitación, entre otros) y Audiencias (mecanismo de diálogo con la autoridad del servicio).

RESULTADOS

Los resultados corresponden a un informe preliminar con el estado de las instituciones notificadas.

• El puntaje promedio de cumplimiento fue de 71,7%.

• Debido a que la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública excluye organismos, no fueron fiscalizados 26 organismos pertenecientes al nivel central:

Por otra parte, es necesario destacar que, a raíz de un reclamo ingresado al Consejo para la Transparencia del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria (INIA) en diciembre, éste fue incluido en la fiscalización, pero no en la muestra general.

 

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó el tercer proceso de fiscalización a Empresas Públicas en materia de cumplimiento en transparencia activa, a treinta instituciones, veinte de las cuales corresponden a empresas públicas y las diez restantes son sociedades en las cuales el Estado tiene una participación mayor al 50%.

El proceso de fiscalización se llevó a cabo entre el 20 y el 30 de noviembre pasado, donde se revisó la información publicada, la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 5 del Consejo para la Transparencia. Además, se evaluó la existencia de buenas prácticas y aspectos de usabilidad, tales como la facilidad de localización, tanto del sitio web como del banner de Transparencia Activa; y la facilidad uso, de acuerdo con recomendaciones generales.

Los parámetros de usabilidad y buenas prácticas fueron evaluados, pero su puntaje no forma parte del puntaje global del Informe de Fiscalización.

RESULTADOSEl puntaje promedio de las Empresas Públicas en Transparencia Activa fue de 93,31%, lo que representa un alza de 5,4 puntos porcentuales respecto de la medición efectuada en 2014.

 

El menor cumplimiento de las empresas públicas se produce en el ítem correspondiente a “Estructura Orgánica y funciones de cada unidad”. De acuerdo a la fiscalización, el 33,33% publica información incompleta.

Otra materia con bajo cumplimiento en transparencia es la correspondiente a “Remuneraciones: Directores, Presidente o Vicepresidente Ejecutivo”, donde un 30% publica información incompleta. Dicho ítem aumenta en 1,04 puntos su nivel de cumplimiento respeto del proceso de fiscalización del año pasado.

Las 10 empresas públicas con mejor desempeño en la fiscalización 2015 fueron:

 

Las Empresas Públicas con el desempeño más bajo fueron:

 

– Los mayores incumplimientos de estas instituciones se debieron a:

o La información de la Estructura orgánica y funciones de cada unidad y del Marco Normativo aplicable se publica de forma incompleta.
o Las remuneraciones del Directorio se encuentran desactualizadas.

 Por materias, los puntajes promedios de cumplimiento fueron

 

El Consejo para la Transparencia fiscalizó, por primera vez, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Educación, Vivienda y Trabajo con el fin de verificar el tratamiento y atención que entregan a las solicitudes de información que realizan los ciudadanos y, junto con ello, verificar si existen barreras que impidan a las personas tener respuesta a sus requerimientos.

El proceso fiscalizador, que abarcó a las 15 regiones, contempló un total de 60 instituciones y se realizó en junio pasado.

Mediante la metodología de “usuario simulado”, el Consejo para la Transparencia solicitó información a dichas instituciones enviando preguntas específicas para cada uno de ellos, a través de sus banners institucionales de “Solicitud de acceso a la información” y “Transparencia Activa” o del formulario de contacto online.

Se efectuaron las siguientes solicitudes de acceso a la información:

o SEREMI de Educación: “Listado de establecimientos educacionales de la región que tienen ciclo de educación media completa, indicando los que cuentan y no cuentan con reconocimiento oficial otorgado por la SEREMI de la Región, a marzo de 2015”.

o SEREMI del Trabajo: “Nómina de convenios realizados por la SEREMI Región XXXXX con Universidades, Institutos o Centros de Formación Técnica, vigentes a marzo de 2015”.

o SEREMI de Vivienda: “Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región, vigente a marzo de 2015”.

o SEREMI de Salud: “Número de sumarios sanitarios relativos a accidentes laborales fatales en la Región que hayan ingresado el año 2014 (diferenciando entre pendientes y finalizados)”.

 

Principales hallazgos

• Todas las solicitudes de acceso a la información presentadas a las SEREMI ingresaron. Hubo solo 2 SEREMI que no respondieron en el plazo legal de 20 días hábiles (Salud Los Lagos y Salud de La Araucanía).

• Las SEREMI tienen centralizada la gestión de solicitudes de información (Excepto Salud).

• Las respuestas fueron firmadas por el/la Subsecretario/a, SEREMI, o por firma delegada.

• Ninguna institución tuvo 100% de cumplimiento.

• El puntaje de cumplimiento general fue de 90,9%.

 

Resultados

 

• En el caso de las 58 entidades que contestaron dentro de plazo, el promedio de días de respuesta fue de 11.

• Las instituciones que contestaron fuera de plazo fueron la Seremi de Salud de La Araucanía (que respondió al día 37) y la de Salud de Los Lagos (contestó el día 39).

Resultados de Instituciones con 100% y bajo 90% de cumplimiento

 

Los incumplimientos detectados en las SEREMI que obtuvieron puntaje inferior al 80% son:

– No se indican dentro del Banner de Solicitud de Acceso a la Información los canales, vías formales de ingreso y recepción de solicitudes de acceso a la información como tampoco el horario de atención.
– No se puede acceder a través del Banner de Solicitud de Acceso a la Información a un formulario descargable para realizar solicitudes de acceso a la información.
– No se presenta un plan de contingencia con alternativas para realizar el procedimiento de solicitud.

Resultados de Instituciones por tramos de puntajes

De las 60 instituciones fiscalizadas en este proceso, 38 obtuvieron un puntaje mayor a 90% de cumplimiento (lo que representa un 63,33%). De esas, 8 alcanzaron un puntaje de 99,31%. El motivo de dicha evaluación se debe a que el formulario descargable de esas 8 instituciones contempla campos obligatorios distintos a los señalados en la Ley N° 20.285, específicamente: Persona Natural y Persona Jurídica, Dirección Postal y Electrónica a la vez.

 

Tabla comparativa Sector SEREMI y Región del país

 

El Consejo para la Transparencia realizó la cuarta fiscalización de transparencia activa a los 345 municipios del país entre agosto y octubre pasado, la cual arrojó que su nivel de cumplimiento promedio es de 64,7%. Dicha cifra representa un avance de 8,6 puntos respecto del año pasado, cuando obtuvieron un 56,09%. El proceso consiste en revisar sus sitios electrónicos y verificar que publiquen los contenidos que indica la Ley de Transparencia.

Si bien se observa un incremento en su nivel de cumplimiento —fenómeno que ha sido progresivo desde 2012—, los municipios aún están por debajo del exhibido por las demás entidades públicas tales como: organismos de la administración central, universidades, fundaciones de la Presidencia, hospitales autónomos y empresas públicas.

 

El proceso fiscalizador 2015 evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia contenidas en el artículo 7°, el cumplimiento de las Instrucciones Generales. Además, se revisó la existencia de buenas prácticas y usabilidad, temas que, si bien fueron evaluados, no forman parte del puntaje final.
De las 345 municipalidades, 34 obtuvieron más de 90% de cumplimiento mientras que sólo uno alcanzó el puntaje máximo y corresponde al municipio de Talagante.

En la fiscalización 2015, los diez mejores puntajes fueron:

 

Por su parte, las municipalidades que arrojaron las mayores bajas son: Puerto Montt, Coltauco, Corral, Maullín, Camarones, San Antonio, Pinto y Los Vilos.

 

En cuanto a los hallazgos, los resultados muestran que los resultados más bajos están relacionados con Actos con efectos sobre Terceros, Mecanismos de Participación Ciudadana y Presupuesto, con puntajes promedio de 34,6%, 37,6 y 50,2%, respectivamente.

Las tres áreas registran retrocesos en comparación al nivel de cumplimiento exhibido el año pasado.

 

 

Los principales incumplimientos detectados corresponden a información desactualizada, link no operativo e información incompleta.

 

El proyecto InfoLobby fue premiado por el Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica (CEITUC) en la categoría Servicio al Cliente, en la premiación anual Club CIO 2015, galardón que entregan los especialistas en la aplicación de tecnologías de información innovadoras y de última generación.

La categoría en que se premió a InfoLobby seleccionó iniciativas que han sido capaces de mejorar directamente los niveles de atención al cliente o generar nuevos canales de comunicación, en que el proyecto del CPLT fue destacado.

CEITUC premió a InfoLobby señalando que “el proyecto liderado por Eduardo González (Director de Operaciones y Sistemas), muestra una experiencia exitosa y pionera en Chile de publicación y reutilización de datos abiertos, en modalidad de web semántica para los registros de la Ley del Lobby. Mediante el uso de cloud computing, aplicaciones móviles, integración con redes sociales e interoperabilidad vía REST, la iniciativa entrega información de un alto número de instituciones públicas y autoridades, información que queda disponible para los ciudadanos”.

La premiación se realizó el pasado lunes 23 de noviembre en el Hotel NH Collection y distinguió a los líderes de importantes proyectos tecnológicos de empresas privadas y públicas.

Prácticamente la mitad de las audiencias de lobby o gestión de intereses particulares reportadas por los organismos públicos corresponden a los municipios, de acuerdo al reporte entregado por el Consejo para la Transparencia en base a los antecedentes disponibles en el sitio web Infolobby.

Al cumplirse un año de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, las cifras muestran que 13.562 reuniones de este tipo han ocurrido en las municipalidades, lo que representa el 49% del total reportado por las instituciones públicas sobre las que rige la norma y que asciende a 27.907, en el período noviembre 2014- noviembre 2015.

Es así como, a la fecha, los alcaldes con mayor cantidad de Registros de Agenda Pública informados (que suman audiencias, viajes y donativos) son de las comunas de:
· TENO (508)
· QUILICURA (369)
· SAN NICOLÁS (253)
· PICHILEMU (232)
· YUMBEL (228)
· HUALAÑÉ (197)
· PANQUEHUE (196)
· PUMANQUE (196)
· VILLA ALEMANA (190)
· LONGAVÍ (186)
· MAULE (185)
· MAULLÍN (181)

En cantidad de audiencias, les siguen las registradas por los organismos de la administración central, que acumulan 12.131, equivalentes al 43%.

El sitio de Infolobby registra a la fecha 1.901 lobistas y 32.160 gestores de interés.

En cuanto a las materias tratadas en dichas audiencias, en su gran mayoría no se identifica el tema de manera específica. Es así como la materia “Otros” representa el 81,9% del total de las audiencias.

Por distribución geográfica, la Región Metropolitana concentra el 27,9% de las audiencias de lobby, seguida de las regiones de Valparaíso, Biobío, Maule y O’Higgins.

Viajes y donativos
Respecto de los viajes, en el primer año de vigencia de la Ley de Lobby se han efectuado 34.608 desplazamientos, con un gasto total de $4.627.272.341.

El 86% corresponde a viajes realizados por sujetos pasivos (autoridades) de la administración central, seguidos por los municipios (12%) y el Ministerio Público (2%).

A su vez, el informe contabiliza un total de 5.036 donativos, recibidos por 990 sujetos pasivos (autoridades).