Como una “buena noticia para terminar el año” calificó la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, la propuesta patrocinada por las y los convencionales constituyentes Agustín Squella, Bárbara Rebolledo, Patricia Politzer y Bernardo de la Maza, de incluir los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas en la nueva Carta Fundamental.
“El que se produzca este debate y se discuta por parte de la Convención el reconocimiento de cuestiones que son clave en la lucha contra la corrupción, nos parece excelente”, dijo la representante del órgano garante de velar por el acceso a la información en manos de organismos del Estado.
La presidenta del Consejo recordó que parte de lo que nos trajo hasta acá y de la crisis política que enfrentamos con el estallido social “encontraron sustento en una sensación de abuso y de impunidad en delitos que dañan el patrimonio fiscal y que finalmente mellan la fe pública y destruyen la confianza. Afirmó que “para reconstruirla y para avanzar hacia una cultura de la transparencia y contra la corrupción, éste es el camino”.
“El que la nueva constitución camine con la nueva mirada que se ha impuesto en nuestra sociedad de manera muy sabia en el marco de una crisis institucional va en la dirección correcta, al igual que generar coherencia en un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. Chile cambió y quiere transparencia”, finalizó.
Reconocimiento al derecho a acceder a información
El Consejo para la Transparencia ha realizado una serie de exposiciones ante comisiones de la Convención Constitucional, entre ellas las de Comunicaciones, Derechos Fundamentales y Sistemas de Justicia. Una de las cuestiones fundamentales de lo propuesto por el organismo es el reconocimiento explícito del derecho de acceso a la información pública que impacta en el fortalecimiento del control social, la rendición de cuentas y colabora eficazmente en la disminución del distanciamiento entre los ciudadanos y gobernantes.
El consolidar este derecho fundamental como un mecanismo que incide en la participación ciudadana informada y en el adecuado y oportuno ejercicio de otros derechos, además de dotar de herramientas y mecanismos anticorrupción, indicó De la Fuente. Detalló además que un reconocimiento explícito del derecho de acceso posibilita que el órgano de control asegure su autonomía e independencia, posibilitando ampliar las competencias a todos los poderes del Estado, enfatizando en que actualmente el Poder Judicial y el Parlamento no tienen obligaciones de transparencia acorde a la ley y se rigen por sistemas propios.
Apoyo vía convenio de colaboración
Asimismo, la entidad se puso a disposición del órgano constituyente, en una acción conjunta con la Contraloría General de la República, suscribiendo un convenio de colaboración interinstitucional para apoyarla en materias de transparencia, probidad y acceso a la información, poniendo al servicio de la Convención una serie de herramientas como el Portal de Transparencia.
Asimismo, en el marco del acuerdo se contempla, entre otras cuestiones, asesoría y capacitación para el uso de las plataformas como www.infolobby.cl para cuestiones de publicidad de las audiencias, viajes y donativos que reciban las y los convencionales, y www.infoprobidad.cl, en el caso de las declaraciones de intereses y patrimonio.
A partir de un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia tras la negativa de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de permitir el acceso a información contenida en notas diplomáticas entre Argentina, Chile y Perú por la deportación de 13 estudiantes peruanos hace 66 años, el organismo ordenó al servicio la entrega de dichos antecedentes, estableciendo que no se demostraron las causales de reserva aludidas por la entidad pública.
El caso derivó de un requerimiento de información sobre las comunicaciones -oficiales y secretas- entre los gobiernos de Chile, Argentina y Perú relativas al proceso y gestiones en materia de política exterior realizadas con el objetivo de deportar a 13 ciudadanos peruanos en el año 1955 (rol amparo C3245-21).
Al respecto, el CPLT argumentó que la decisión de entrega aludiendo a que “la divulgación de los antecedentes solicitados implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con las Repúblicas del Perú y Argentina, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a las expulsiones de estudiantes de nacionalidad peruana de Argentina y las gestiones perpetradas para su retorno a Perú, permitiendo, consecuencialmente, fortalecer y preservar la memoria histórica Latinoamérica”.
Un análisis y una serie de críticas asociadas a prácticas que buscan desinformar son parte de campañas negativas o incluso persiguen difundir contenidos falsos, hizo la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, previo a la elección presidencial del próximo domingo.
“La elección presidencial que se resuelve el domingo ha estado marcada por un tenso debate público. Como hemos visto en otras latitudes, decisiones de esta envergadura generan un ambiente propicio para la emergencia de fenómenos como la contaminación informativa, la campaña negativa e, incluso, la propagación deliberada de noticias falsas”, dijo la titular del CPLT.
En dicho marco, la representante de este organismo, encargado de velar por el acceso a información de organismos del Estado apuntó, entre otras aristas del fenómeno, a la relevancia del papel que desempeña la ciudadanía para reducir el impacto negativo que generan este tipo de acciones.
“Le corresponde a la ciudadanía un rol que es irremplazable, no sólo en tener una actitud más reflexiva sobre la información que se consume y comparte, sino también en denunciar y castigar la mentira como una práctica nefasta, que nos lleva a retroceder en nuestra convivencia y en nuestros estándares democráticos.”, dijo.
Desde la perspectiva de la regulación de estas materias, planteó las dificultades que implica combatir estos fenómenos. Sin embargo, y asumiendo que la ausencia de ésta genera espacio propicio para la propagación de noticias falsas y constituye una amenaza para la decisión informada subrayó la necesidad de “avanzar en políticas públicas que logren garantizar al mismo tiempo la protección de los datos personales y la libertad de expresión e información”.
Este lunes 13 de diciembre se dieron a conocer los resultados del Barómetro de Acceso a la Información 2021, realizado por la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y el Consejo para la Transparencia (CPLT), que muestran una mejora de 1,9 puntos porcentuales en el indicador que busca medir niveles de transparencia, en la entrega de información, de diversos organismos de relevancia pública.
La encuesta, que contó con la colaboración de la Universidad Central, fue respondida por 433 editores y periodistas de medios de prensa, televisión, radio y revistas, quienes evaluaron a los organismos de acuerdo con tres parámetros: disposición a dar información; confiabilidad y precisión, y entrega oportuna de datos.
El barómetro de acceso a la información alcanzó el 41,4%, por sobre los 39,5% conseguidos en 2019, lo que muestra un mayor nivel de transparencia de los organismos respecto de la medición anterior. Aunque se aprecia una leve alza de 1,9% entre 2019 y 2021, el valor actual es más bajo que el observado en 2018.
La dimensión de confiabilidad es la mejor evaluada (sobre el valor del barómetro y con un 45,3% / nota 5,0). Tanto la disposición a entregar datos y como la entrega oportuna se encuentran bajo el valor del barómetro. Esta última variable es la peor evaluada (con un 37,8% / nota 4,7).
Juan Jaime Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), destacó el avance registrado en el barómetro. “En democracia, el acceso a la información es fundamental. Es la base de una sociedad libre y democrática. La tendencia positiva que muestra este indicador es una señal de transparencia que ayuda a que las personas estén mejor informadas y puedan tomar mejores decisiones. Sin embargo, aún existe mucho espacio para mejorar”, afirmó.
“Desde la Asociación Nacional de Prensa, queremos promover las mejores prácticas del acceso a la información, siguiendo los parámetros internacionales. Por eso destacamos a los organismos que se la juegan por entregar información de calidad, con transparencia y de manera oportuna”, agregó Juan Jaime Díaz.
La consejera del CPLT, Natalia González, resaltó que “la prensa cumple una labor esencial y es una pieza fundamental de las democracias libres y, por lo tanto, este indicador nos va mostrando cómo la prensa de alguna manera evalúa el acceso a la información y es muy importante que se mantenga en el tiempo”.
Agregó como elementos centrales de esta evaluación el marco político y sanitario: “Considerando el contexto complejo de la pandemia y del estallido social la voluntad de la población por estar más informada aumentó radicalmente, las solicitudes de acceso a la información tuvieron un aumento explosivo”, sostuvo.
La directora de estudios del CPLT, Daniela Moreno, indicó que -en acceso a la información pública- las instituciones más consultadas son los Municipios, seguida por el Ministerio de Salud o Seremis y Carabineros.
Por su parte, Luis Riveros, Decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, valoró la iniciativa del barómetro y sugirió seguir ampliando el abanico de organismos de relevancia pública que son incluidos en el informe.
Evaluación general y por sectores
En el ranking general, los organismos mejor evaluados son la Teletón, seguido por Bomberos y la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
En el extremo contrario, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el Sename y las Direcciones de Obras son los organismos que recibieron los puntajes más bajos.
El ranking se divide en 4 categorías: organismos de gobierno, organismos fiscalizadores, empresas y organismos públicos y otros organismos.
Al desglosar el ranking bajo ese criterio, el organismo de gobierno con mejor evaluación es el Ministerio de Cultura; el organismo fiscalizador que lidera es la Onemi; el organismo público con mayor puntuación es el Consejo para la Transparencia, y en otros organismos figura la Teletón.
Otras instituciones que también aparecen mencionadas entre las 10 mejor evaluadas son Servel, Banco Central, la CPC, el Poder Judicial y Ministerio de Agricultura.
Al desglosar las instituciones con las evaluaciones más bajas, aparecen Sename (organismo de gobierno); Fuerza Aérea de Chile (organismo fiscalizador); la Comisión para el Mercado Financiero (empresas y organismos públicos), y la ANFP (otros organismos).
Otras instituciones que aparecen entre las 10 con evaluaciones más bajas son la Presidencia, la Iglesia Católica, las Municipalidades, el Ministerio o Seremis de Justicia y Banco Estado.
Confianza en medios tradicionales
Respecto de las prácticas para obtención de información, la mayoría prefiere consultar directamente a la fuente, principalmente mediante entrevistas formales. Los problemas más comunes con los que se encuentran refieren a la entrega de informaciones parciales y/o sólo bajo off the record.
El informe también muestra que los medios tradicionales (diarios, radio, TV y revistas) son más usados y despiertan más confianza que las redes sociales.
Más del 80% de los/as encuestados/as ha observado en Twitter, Facebook y WhatsApp apariciones esporádicas de fake news, las que habrían aumentado desde el 2019. No obstante, el 61% utiliza las RRSS como una de sus fuentes para sus investigaciones.
