• En seminario organizado por el Consejo para la Transparencia, a partir de datos de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal, se abordaron algunos déficits en materia de acceso a la información sobre el gasto fiscal en publicidad.
  La relevancia de esta temática radica, entre otras cuestiones, en su incidencia en aspectos fundamentales para el sistema democrático como la libertad de prensa –a partir de eventuales censuras indirectas- y libertad editorial de los medios.
• “Este es un tema que más allá del acceso a la información pública y de la transparencia activa, la información que tiene que estar disponible para la ciudadanía, tiene que ver con libertad de expresión, con pluralidad de medios”. Con estas palabras la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, abrió un seminario virtual organizado por el organismo sobre gasto público y avisaje en medios de comunicación.

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A partir de un balance regional realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), la región del Maule concentró entre el año 2013 y junio del 2021 un total de 37.159 solicitudes de acceso a la información pública, ubicándose en el sexto lugar del ranking regional de requerimientos de acceso a antecedentes de organismos públicos.

La entidad pública con mayor cantidad de solicitudes de acceso a información en la región -acorde al registro histórico- fue la Municipalidad de Talca (2.469), seguido de la Municipalidad de Curicó (2.292), la Municipalidad de Maule (1.677), la Municipalidad de Linares (1.480) y la Seremi de Salud del Maule con 1.421.

En relación al 2020, en tanto, entre los más solicitados reaparece el municipio de Talca con la mayor cantidad de solicitudes (418), seguida por el Servicio de Salud del Maule (385), la Seremi de Salud del Maule (348), la Municipalidad de Curicó (337) y el municipio de Linares (274).

Sobre estos resultados, la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, explicó que es una tendencia que se ha visto en varias regiones el que las solicitudes de información se concentren en las municipalidades. Esto dado que “son la primera cara o la puerta de entrada en su relación con el Estado, y es con quienes más se relacionan directamente para, por ejemplo, acceder a un beneficio social”.

La titular del Consejo detalló que acorde a lo evidenciado por el Estudio Nacional de Transparencia que realiza anualmente el Consejo, se verificó un aumento de las personas que declararon haber pedido información a organismos públicos, y que dicha demanda se concentró en requerimientos asociados a beneficios y bonos, y que las solicitudes se concentraron en las municipalidades. Es decir, se incrementó la necesidad de “información que permitiera afrontar los efectos de la pandemia”.

A juicio de la titular del CPLT es importante que las personas conozcan la Ley de Transparencia y las herramientas de las que dispone para hacer valer su derecho a acceder a antecedentes de entidades del Estado. “Solicitar información a un organismo público es un derecho fundamental que pone luz allí donde hay oscuridad, permitiendo combatir la corrupción, posibilitando el control social y además el derecho llave, es decir el ejercicio de otros derechos como el derecho a la vivienda o a un bono o beneficio”, agregó De la Fuente.

Las entidades con más reclamos

Históricamente se han presentado 1.529 casos ante el CPLT contra organismos públicos de la región del Maule, ya sea porque se negó el acceso a información, se entregó una vez vencido el plazo o la persona que hizo la solicitud no quedó satisfecha con la respuesta. Al respecto, la titular del CPLT detalló que Maule ocupa el sexto lugar del listado de las regiones con más reclamos. Este listado es liderado –con cifras a junio de 2021-, por la Región Metropolitana (31.889), la Región de Valparaíso (4.333) y la del Biobío (2.188).

Si se comparan las cifras de solicitudes de información y la de casos que se presentan ante el Consejo, la diferencia es importante. Por ello, De la Fuente plantea la necesidad de reforzar la promoción de las acciones que impulsa el Consejo y de las herramientas y procedimientos que pueden servir a las personas que han pedido información pública y su demanda queda insatisfecha o se vulneran sus derechos. Si por algún motivo no se le hace entrega de ese formulario para ingresar su requerimiento o solicitud, la ciudadanía puede realizar una denuncia ante el CPLT.

Cómo solicitar información

Según la Encuesta Nacional de Transparencia 2020, hubo un alza en las atenciones remotas, pero se siguieron realizando solicitudes de información a organismos públicos de manera presencial. Dada la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, es recomendable, en lo posible, preferir la web o carta por correo certificado.   En el caso de no existir esa opción, la persona interesada se puede acercar a la Oficina de Atención de Público de la institución o servicio y solicitar el formulario de Solicitud de Transparencia.

“Rendir cuentas y generar mecanismos que mejoran la transparencia va en la línea correcta para reconstruir la confianza”, dijo la titular del Consejo para la Transparencia. Gloria de la Fuente, en lanzamiento de la publicación.

En el marco de la promoción de la transparencia y acceso a la información en distintas materias, la Presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, participó en el lanzamiento de la publicación “Balance Legislativo. Congreso Nacional de Chile 2020-21. Legislatura 368ª”, libro de la Biblioteca del Congreso Nacional que consolida en lenguaje claro antecedentes de la labor legislativa.

 

La titular del CPLT felicitó el carácter inédito de la iniciativa y destacó la herramienta, que surge en medio de una crisis de confianza profunda, afirmando que “rendir cuentas y generar mecanismos que mejoran la transparencia va en la línea correcta para reconstruir la confianza”.

 

Asimismo, De la Fuente comentó que este libro da luces respecto de aquellas mejoras que se pueden realizar en la actividad legislativa, a favor de la recuperación de este vínculo perdido con la ciudadanía. En este sentido, destacó la relevancia de los plazos promedio que demoran las iniciativas de ley en tramitarse, en promedio poco más de un año, y se refirió a aquellas que superaron ampliamente este plazo. “Eso es un dilema respecto de la expectativa ciudadana y que se debe enfrentar hacia el futuro”, dijo al respecto. Agregó: “En la lógica de la rendición de cuentas, la celeridad y eficacia de poder responder con estas iniciativas es relevante”.

 

Otra de las cuestiones que subrayó la presidenta del Consejo fue que el período legislativo contemplado en este documento estuvo marcado por coyunturas sociales. Afirmó que este análisis evidenció “Cómo los eventos coyunturales asociados al estallido social y el impacto del propio Covid-19 terminó incidiendo en la agenda legislativa del Congreso”.

 

A su vez, la presidenta del Consejo planteó que “el país enfrenta enormes desafíos hacia el futuro, por el proceso constituyente y los efectos de la pandemia. Se podrán ajustar algunas cuestiones propias del trabajo, pero tenemos una convicción desde el CPLT que, pensando en el futuro, la transparencia e integridad pública van a ser claves en la construcción de una nueva república para el futuro.

 

En el lanzamiento del libro participaron el Director de Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez, representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, e integrantes de la Comisión Bicameral de Transparencia, y la abogado Rocío Noriega, asesora y representante de Espacio Público.

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La titular del CPLT, Gloria de la Fuente, junto al Contralor Jorge Bermúez y a Claudia Mojica del PNUD, analizaron aspectos vinculados a la percepción de corrupción y al impacto que un ecosistema de integridad y transparencia puede tener puesto al servicio del combate contra este flagelo y en favor de la confianza ciudadana.
Con miras a una mejor administración y servicios de calidad para los ciudadanos, la presidenta del Consejo para la Transparencia Gloria de la Fuente, y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez,  analizaron aspectos asociados a integridad y transparencia para fortalecer la confianza en las instituciones y a la relevancia de estos principios en el debate que se iniciará en el seno de la Convención Constitucional.

 

En el primer encuentro de un nuevo ciclo de seminarios online organizado por la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), moderado por la Representante Residente del Programa de Naciones Unidas (PNUD), Claudia Mojica, se subrayó la relevancia de promover la confianza en las instituciones, puesto que en un contexto de desconfianza no es sólo la institución se perjudica, sino también la democracia.

 

“Creo que la construcción de la democracia y de la institucionalidad del futuro no puede estar alejada de la lucha contra la corrupción”, afirmó la titular del Consejo. Agregó en este sentido que parte de lo que gatilló el estallido social se asocia a la percepción de abuso de poder y corrupción. Por ello y sumado a la relevancia de este proceso histórico para el futuro del país y de la democracia, De la Fuente comentó que la institución que lidera se puso al servicio del órgano constituyente para, desde sus competencias y facultades, colaborar con el desarrollo del proceso en sus distintas etapas.

 

No retroceder en integridad y transparencia

En el conversatorio, las autoridades se refirieron a ciertos principios que consideran relevantes para la discusión que se desarrollará vinculado al nuevo texto constitucional. Entre otras cuestiones, el  Contralor planteó lo que debiera ser la aplicación de un “principio de no regresión” en materia de integridad y transparencia. Esto, explicó apuntaría a que los estándares que se tienen actualmente en estos ámbitos sean piso y no techo en la discusión.

 

En este sentido, además de apoyar la idea planteada por el representante de la Contraloría, la presidenta del Consejo subrayó la necesidad de fortalecer lo que denominó un ecosistema de transparencia e integridad. Sobre el particular explicó que, acorde a estudios del CPLT, hoy existe una mejor percepción de las personas respecto del combate contra la corrupción en virtud de lo que se hacía hace una década, asociada más bien a una relación entre ciudadanía y Estado caracterizada por el maltrato, la distancia y la discriminación. Reconoció que Chile ha construido un camino, pero que no se deben bajar los brazos y que “La Convención Constituyente tiene un rol clave , tenemos una oportunidad, (que) no es solamente un reconocimiento en la Carta Fundamental sino un ecosistema con leyes e instituciones ad hoc que permitan ejercer esta tarea”.

 

Institucionalidad más adecuada para Chile

Bermúdez valoró el ecosistema de transparencia y probidad en el combate contra la corrupción, destacando “que funciona y hace el trabajo”, pero agregando que requiere ajustes. Idea refrendada por la presidenta del Consejo, la que apuntó a que la institucionalidad existente en el país debiera fortalecerse dotando de mejores y mayores herramientas a las instituciones. “Un modelo de una autoridad única, como el zar de la corrupción no es el mejor”, aseveró.

 

Alianza Anticorrupción

La Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) es un grupo de trabajo creado en mayo de 2012, que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la Academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales. Entre otros fines el fortalecimiento del combate contra la corrupción y el fomento de la transparencia.

 

“Consideramos evidente que el rol de la publicidad de la información y decisiones tendrá efectos claros: uno, de desconcentración económica; dos, de reducción de asimetrías; y tres, de promoción del control social por parte de la ciudadanía”, afirmó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, al referirse al proyecto de ley que actualmente se tramita en el Senado y que perfecciona el sistema de nombramiento y funciones de notarios y conservadores de bienes raíces.

 

La titular del CPLT sostuvo que, desde hace varios años, el Consejo para la Transparencia a monitoreado el debate y la consiguiente discusión legislativa y presentado propuestas vinculadas a iniciativas anteriores, por las controversias que se han generado en este ámbito vinculadas a la opacidad y escasa rendición de cuentas. Por ejemplo, dijo: “en los mecanismos de nombramiento y en concentración de los mercados. Lo anterior obstaculiza una prestación de servicios eficiente para la ciudadanía y el establecimiento de precios competitivos”.

 

Al respecto, De la Fuente subrayó que el CPLT, en el uso de sus facultades, ha considerado necesario pronunciarse sobre algunos puntos fundamentales de iniciativas legales anteriores a la que se debate en la actualidad. En este sentido, comentó que fueron acogidas en el primer trámite, entre otras propuestas, dejar a disposición en el sitio electrónico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, antecedentes asociados a los concursos para proveer los cargos de notarios y la publicación de las fechas en las que se realizará el examen anual de conocimientos jurídicos en plataformas digitales.

 

“Tenemos la certeza de que la introducción de mecanismos de transparencia activa, es decir, de difusión de antecedentes disponibles en fuentes abiertas durante el ejercicio de la función pública de notarios, conservadores, archiveros y fedatarios, puede traducirse en mayores niveles de confianza y colaborar con una mejor percepción del aporte que estos realizan”, enfatizó la presidenta del CPLT.

 

También se refirió a la necesidad de potenciar la gestión documental dejando disponibles informes elaborados por notarios conservadores y archiveros sobre información relativa a sus  oficinas. “Los esfuerzos en este sentido debieran ir más allá de la simple obligación de crear un repositorio digital”, agregó De la Fuente.

 

“Aún cuando el poder legislativo se encuentra con una fuerte recarga, es necesario que este proyecto, por su influencia en la percepción de abuso de la ciudadanía, se reactive sin demora y durante el debate se haga cargo de otros aspectos relevantes derivados de la discusión en materia de protección de datos personales”, finalizó la titular del CPLT.

Tras reunión con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoraron la iniciativa que involucra una serie de acciones en materia de transparencia y acceso a la información, por ejemplo, de nombramientos, dijo la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente.

Como un primer paso “relevante para abrir la información sobre una serie de aspectos hoy desconocidos por la ciudadanía y así elevar los estándares de transparencia en el sistema de notarios” calificó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo en materia de modernización y perfeccionamiento del sistema de notarios.

 

La titular del Consejo, quien participó en un encuentro protocolar con el ministro de Justicia Hernán Larraín, junto al consejero de la Corporación, Francisco Leturia, y al director general de la institución, David Ibaceta, sostuvo que “como Consejo queremos colaborar en cambios legislativos que creemos son urgentes y necesarios para dotar de mayor transparencia una serie de aspectos del sistema notarial y registral, como el nombramiento de los notarios.  Por ello, consideramos importante reunirnos a conversar sobre los detalles de esta iniciativa”.

 

La presidenta del organismo aclaró que el CPLT en su momento realizó una serie de recomendaciones a un proyecto de ley que antecedió a la iniciativa actualmente en trámite en el Parlamento, orientada a reformar el sistema con foco en mayor publicidad y acceso a la información, por ejemplo, de los nombramientos de los notarios y de los conservadores de bienes raíces.

 

En el caso de la iniciativa que se encuentra actualmente en el Senado, la titular del CPLT argumentó que “se hace necesario reforzar aquellas acciones que vayan a favor de un sistema notarial de cara a la ciudadanía, en el podamos generar apertura y alternativas que eviten el monopolio que hoy se evidencia”. Asimismo, “creemos que es relevante revisar todos aquellos aspectos del proyecto de ley que sean delicados desde la perspectiva de la protección de datos personales, pero enfatizando en que se requiere avanzar en la tramitación de una normativa moderna”.

• Según cifras históricas del Consejo para la Transparencia (CPLT), la región suma un total de 22.585 solicitudes de acceso a información por parte de la ciudadanía y 959 de reclamos.  
• La titular del Consejo, Gloria de la Fuente, resaltó la importancia que los habitantes de la región de Antofagasta conozcan las distintas “herramientas que están a su mano para ejercer un derecho fundamental como es el derecho a pedir información a organismos del Estado”. 

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• Fiscalización del Consejo para la Transparencia logró identificar, a partir de la revisión de antecedentes publicados por el organismo en su sitio electrónico de Transparencia Activa, transferencias a los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca con descripciones genéricas por un monto que suma un total aproximado de 425 millones de dólares. 
• El organismo ofició a la entidad de salud solicitando complementar los antecedentes publicados y realizar los ajustes que estime pertinentes, entre otras cuestiones, indicando origen y finalidad de cada transferencia y revisando eventuales duplicidades de registros de los montos transferidos. 

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• La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente destacó la labor que el Consejo para la Transparencia realiza desde hace varios años a nivel municipal y detalló algunas acciones que iniciarán con los nuevos gobernadores regionales.  

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• La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, subrayó que “es necesario que la ciudadanía sepa que tiene herramientas para ejercer sus derechos y solicitar información a los organismos del Estado”. 
• La región se ubica en el puesto 13 de 16 a nivel país y según datos históricos ha recibido un total de 14.462 solicitudes de acceso a la información a organismos públicos. 

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El Consejo para la Transparencia ordenó a la Subsecretaría del Interior responder a una serie de consultas relacionadas con personas que podrán ser beneficiarias del proceso de regularización migratoria extraordinaria impulsado por el Ejecutivo. Entre otras materias: si podrán optar a este beneficio solicitantes de reconocimiento de refugio que ingresaron de manera irregular al país; o aquellos que ingresaron a Chile por pasos no habilitados pero con posterioridad obtuvieron una residencia.

Lo anterior se establece en el marco de la decisión del CPLT de acoger un amparo (rol C3765-21) presentado ante el organismo luego de que la Subsecretaría proporcionara una respuesta que, acorde a lo establecido por el Consejo, “no permite satisfacer el requerimiento de acceso en los términos planteados”.

La respuesta, de acuerdo al CPLT –encargado de garantizar el derecho de acceso a información pública- “no permite satisfacer las hipótesis y supuestos específicos planteados por el requirente con motivo de su solicitud de acceso, por cuanto contempla requisitos y presupuestos de carácter genérico para acceder al beneficio, no permitiendo subsumirlos a los escenarios concretos expuestos”.

Para el Consejo, la información solicitada tiene calidad de pública y en su pronunciamiento se reconoce que debe publicarse en Transparencia Activa. Asimismo, subrayó que se trata de una “materia con interés público prevalente” y que los antecedentes requeridos permiten otorgar certidumbre sobre el nuevo marco normativo y directrices administrativas que regulan la institucionalidad migratoria, además de orientar a aquellas personas que se encuentren habilitadas para acceder al beneficio contemplado en la nueva Ley de Migración.

Respuesta de Interior

La Subsecretaría de Interior respondió a las preguntas realizadas sobre el proceso de regularización actual indicando que éste se rige por el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería. Además, aludió a lo establecido por la Resolución Exenta N° 1.769 fechada en 20 de abril de 2021, en la que el organismo aprobó la regularización de extranjeros ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, y especificó los requisitos para ello.

Tras esta decisión, la Subsecretaría del Interior podrá presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en un plazo de 15 días corridos.