¿Cómo se calculan tus contribuciones? CPLT pone a disposición de la ciudadanía respuesta del SII que entrega información sobre la determinación de avalúo fiscal

En el marco de su labor de promoción del derecho de acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer la respuesta entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto al procedimiento de determinación del avalúo fiscal de bienes raíces no agrícolas que, conforme a la normativa vigente, debiera entrar en vigencia el 2026, tema de alto interés ciudadano por su impacto en el cálculo del impuesto territorial o contribuciones.

Este requerimiento se remonta a febrero del presente año, en que el CPLT ofició al SII, por primera vez, para que informara sobre los procedimientos asociados a esta materia, el que fue contestado por el SII en marzo. Ante esta respuesta, y luego del análisis de los antecedentes, el CPLT volvió a requerirle información complementaria en junio. El requerimiento del CPLT apuntaba a clarificar los mecanismos, fuentes de información y metodologías utilizadas por el SII en el proceso de reavalúo, así como las medidas de publicidad, transparencia y mecanismos de reclamo disponibles para los contribuyentes.

En la nueva respuesta dada en julio, el SII explicó que el reavalúo fiscal se realiza de manera masiva y simultánea cada cuatro años, en todas las comunas del país, a partir de un estudio técnico basado en las más de 2 millones de transferencias de bienes raíces efectivamente realizadas en ese período, tasaciones bancarias, y otras fuentes de información complementarias, tales como valores de arriendo declarados, ofertas inmobiliarias públicas, y datos proporcionados por mesas técnicas, corredores y universidades.

Asimismo, se detalló que para el proceso de revalúo de bienes raíces no agrícolas de 2022, se definieron más de 14 mil áreas homogéneas a lo largo del país, que son conjuntos de propiedades de un sector de características comparables. Estas son definidas por variables como uso de suelo, categoría constructiva y nivel de densificación, así como los instrumentos de planificación territorial de cada comuna. Para cada área homogénea, el SII determina un valor unitario por metro cuadrado mediante el método comparativo de mercado, utilizando medidas de tendencia central como la mediana y la media. El Servicio de Impuestos Internos también precisó que, históricamente, el avalúo fiscal de un bien raíz ha equivalido aproximadamente al 60% de su valor comercial.

Junto con valorar la información entregada por el SII, Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia afirmó: “La determinación del avalúo fiscal impacta directamente en el monto de las contribuciones que deben pagar las personas. Por cierto, esa determinación debe sujetarse a lo dispuesto en la normativa constitucional y legal vigente, y respetar los derechos de los contribuyentes. Como Consejo, nuestro rol no es validar técnicamente la información entregada por el SII, sino que contribuir a que la ciudadanía tenga acceso efectivo a ella, lo que es sin perjuicio de la información adicional o complementaria que proporciona o ha proporcionado la autoridad tributaria al efecto en su portal web o en otras instancias. Por eso ponemos esta respuesta del SII a disposición de todas las personas, de manera que las organizaciones de la sociedad civil, la academia y, en general, cualquier interesado pueda evaluar su pertinencia y utilidad y, eventualmente, utilizar las herramientas que dispone la Ley de Transparencia para requerir ulterior información, si fuere el caso”.

Además, el SII detalló las vías disponibles para impugnar un reavalúo fiscal, incluyendo recursos administrativos en línea o presenciales, así como reclamos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. También señaló que existen herramientas digitales como el portal “Mi Reavalúo”, la cartografía digital del SII y el calendario de exhibición de roles, que permiten a los contribuyentes consultar y revisar los antecedentes de sus propiedades.

Consejo para la Transparencia ordena a la SUSESO entregar información sobre médicos que emitieron más licencias médicas

El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió el amparo presentado por un ciudadano y ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) entregar información sobre los médicos que más licencias médicas emitieron durante los años 2022, 2023 y 2024.

La información solicitada corresponde, en la práctica, a un archivo Excel con los datos de primer nombre, primer apellido, nacionalidad, especialidad médica y región de desempeño de los grandes emisores de licencias médicas en el período señalado.

A juicio del CPLT, esta información reviste un interés público prevalente, al permitir que se ejerza un mayor control sobre el correcto uso de las licencias médicas, un instrumento clave del sistema de salud que tiene implicancias tanto para los trabajadores como para las finanzas públicas y privadas.

“Cuando existen antecedentes que apuntan a prácticas abusivas, y que afectan directamente al sistema de salud y al de otorgamiento de licencias médicas, que se financia mayormente con recursos provenientes de las cotizaciones de los trabajadores a través de FONASA o las Isapres, es esencial reforzar el escrutinio y los controles. Lo anterior, justamente, para no continuar minando la credibilidad del sistema, toda vez que hay personas que legítimamente requieren de estos permisos por razones de salud. Cifras tan desproporcionadas en la emisión de licencias pudieran estar sugiriendo la existencia de modelos de negocio que lucran fraudulentamente con este instrumento, por lo que la transparencia se vuelve en una herramienta indispensable para colaborar en la fiscalización, prevenir irregularidades y proteger tanto el acceso equitativo a la salud como los recursos públicos y privados destinados a pagar las licencias. Por eso hemos ordenado la entrega de estos antecedentes”, afirmó Natalia González Bañados, presidenta del Consejo para la Transparencia.

La decisión también establece que la SUSESO deberá resguardar ciertos datos personales como el domicilio, el RUT o la información relativa a sanciones ya cumplidas por los médicos emisores de licencias, de acuerdo con la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

La resolución contó con votos disidentes de dos consejeros, quienes argumentaron que los datos sobre nacionalidad y/o especialidad no serían necesarios para fines del control social. No obstante, la mayoría del Consejo estimó que dichos antecedentes permiten identificar patrones y eventualmente prevenir redes ilícitas.

De no entregar la información, la autoridad requerida se arriesga a una multa equivalente al 20% a 50% de su remuneración. En caso de que la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado persista en su negativa, se aplicará el doble de la sanción y la suspensión del cargo por un período de cinco días.

DECISIÓN AMPARO ROL C4042-25

En todo Chile: CPLT y SUBDERE llegan a hasta la Región de Arica y Parinacota para capacitar a funcionarios públicos

En Arica, el Consejo para la Transparencia, junto a la SUBDERE, realizó una serie de actividades de formación y promoción para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

La iniciativa, con un enfoque práctico y participativo, reunió a funcionarios municipales, de asociaciones, corporaciones municipales y representantes de diversos servicios públicos.

En estas instancias se reforzaron conocimientos técnicos sobre Transparencia Activa, obligaciones normativas, jurisprudencia del CPLT y se promovió el compromiso de los participantes con una cultura de apertura y rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía.

Fiscalización del CPLT da cuenta de más de 80 mil casos de funcionarios con más de un registro en el Estado

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria de acceso a información pública que permitió identificar 81.112 casos de funcionarios registrados en más de un organismo público, tanto en instituciones de la Administración Central como en municipios y corporaciones municipales.

El proceso de fiscalización se realizó entre marzo y diciembre de 2024, analizándose datos publicados en transparencia activa correspondiente a septiembre de 2023 de 787 instituciones públicas: 390 organismos del Gobierno Central, 345 municipalidades y 52 corporaciones municipales. Se analizaron las planillas de personal y remuneraciones bajo las modalidades de planta, contrata, honorarios y Código del Trabajo. Dicho análisis se combinó con 79 solicitudes de acceso a la información (SAI) dirigidas a una muestra de organismos que concentraban los casos más relevantes, así como a la revisión de la información publicada en transparencia activa por dichos organismos correspondiente a diciembre 2024.

El estudio identificó que, del total de funcionarios con múltiples registros, el 80% presenta dos registros y el 20% tres o más. Además, se evidenció que el 73% de los casos de registros múltiples se produce dentro de una misma institución, especialmente en municipalidades, y particularmente en el sector educación. El restante 27% corresponde a funcionarios que aparecen registrados en dos o más instituciones distintas. En este último caso, la combinación más usual es presentar registros en municipios y Administración Central (10% del total).

En cuanto a las modalidades de contratación, el 20% corresponde a personas con múltiples contratos a honorarios, un 19% combina contrata y honorarios, y un 18% presenta más de un registro a contrata. Estas combinaciones representan más de la mitad de los casos (57%).

En lo relativo a la muestra de organismos a los que se dirigió SAI por concentrar los casos más relevantes, ella se construyó priorizando aquellos casos relativos a funcionarios con cargos altos, remuneraciones elevadas, con más de dos registros en diversas entidades o dos o más registros en la misma entidad, con funciones similares.

Sin perjuicio que la multiplicidad de registros contractuales no es per se una situación irregular, en algunos casos podría dar cuenta de eventuales incompatibilidades como sucede con funcionarios con cargos de planta en una institución y contratos adicionales a honorarios en otras, sin claridad sobre la compatibilidad horaria. En otros casos, podría ser necesaria más información para dar cuenta de una irregularidad o descartarla, como es el caso de un profesional con hasta 11 contratos a honorarios simultáneos en municipalidades y remuneraciones mensuales totales por sobre los $16 millones.

“Nuestro rol como Consejo es fiscalizar que la información pública sobre el personal, la modalidad de contratación y remuneraciones esté completa, sea fidedigna y se publique conforme a los estándares legales. Este informe, en primer lugar, contiene evidencia que sugiere que existen deficiencias en los registros de transparencia activa en la materia, lo que se manifiesta en información incompleta, en descripciones muy genéricas de la función que se ejerce y en errores en la publicación de las rentas, además de inconsistencias entre esa información y aquella entregada vía solicitudes de acceso. Al mismo tiempo, y pese a las barreras existentes en la obtención de datos (denegación, inconsistencias y entregas parciales), fue posible constatar eventuales desajustes respecto de la normativa que rige a las contrataciones de funcionarios públicos, los que esperamos sean consideradas por los equipos de auditoría interna de cada órgano, así como por los órganos públicos fiscalizadores y la ciudadanía en general. Ello, a fin de que, de constatarse infracciones e irregularidades, éstas sean corregidas con urgencia y sancionadas en conformidad a la ley”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.

Asimismo, en la muestra de casos relevantes ya indicada, el informe identificó casos de alcaldes y jueces de policía local con cargos vigentes en otras instituciones, pero con permisos sin goce de sueldo en ellas, lo que, sin embargo, es permitido por la ley vigente.

Además, la fiscalización evidenció infracciones al debido cumplimiento del derecho de acceso a la información en las 79 SAI ingresadas para conformar la muestra: 17 no fueron respondidas o lo fueron parcialmente, y se detectaron casos de información errónea, falta de derivación cuando correspondía, entrega de datos personales sensibles sin anonimizar (tarjar) y respuestas con inconsistencias respecto de lo publicado en transparencia activa.

El CPLT recordó, a modo de referencia, que en 2024 el 22% del presupuesto del Gobierno Central y casi el 49% del presupuesto municipal se destinó a remuneraciones de personal, por lo que contar con información pública precisa, accesible y actualizada no solo es una obligación legal, sino una herramienta fundamental para el control ciudadano y la probidad administrativa.

Finalmente, el Consejo anunció que, sin perjuicio de sus acciones de fiscalización, impulsará medidas y actividades de capacitación para contribuir a la estandarización de los datos y mejorar la manera en que se publica la información sobre el personal de las reparticiones públicas. Con ello no solo busca facilitar su comprensión, sino que evitar irregularidades y fortalecer la rendición de cuentas en el Estado.

Informe Registros Múltiples de Personal

¿En qué se gastaron los fondos de la Convención Constitucional? CPLT recibe respuesta a oficio por parte del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH)

El Consejo para la Transparencia (CPLT) recibió del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) la documentación sobre la ejecución de los recursos públicos transferidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), en el marco del convenio suscrito para implementar los programas de participación ciudadana de la extinta Convención Constitucional.

Este requerimiento de información se remonta a noviembre de 2022, en que el CPLT dirigió al CUECH su primer oficio al respecto. Ante lo cual el CUECH se negó a la entrega, interponiendo consecutivamente los recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago y de apelación ante la Corte Suprema, ambos resultando rechazados. De esta forma se confirmó por el máximo tribunal que este consorcio —en tanto organismo que administra fondos públicos y que cumple una función pública como “cooperador de la función Estatal”— está sujeto a las obligaciones de la Ley de Transparencia y debía entregar la información requerida.

En cumplimiento del indicado fallo de la Corte Suprema de abril del presente año, el CPLT volvió a requerir la información al CUECH por oficio enviado en mayo del año en curso, solicitud que reiteró por oficio N°14.323 de fecha 16 de junio, la cual fue finalmente respondida.

La entrega por parte del CUECH se materializó por oficio N°45 de 24 de junio e incluye informes mensuales de rendición de cuentas, documentación tributaria y financiera, contratos y reportes finales del convenio. Asimismo, dicho consorcio señaló expresamente que toda la información referida a la ejecución de los recursos transferidos en virtud del convenio con SEGPRES se encuentra disponible en https://transparencia.uestatales.cl/, que puede ser visitada por la ciudadanía.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, valoró la entrega de estos antecedentes y subrayó su importancia para el ejercicio del control social. “La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gastan los recursos públicos que en este caso son cerca de 1000 millones de pesos que fueron transferidos. Procesos como el constituyente exigen altos estándares de rendición de cuentas y el rol del Consejo es velar porque eso se cumpla”, afirmó.

Agregó que “el detalle proporcionado por el CUECH respecto a cómo ejecutó los recursos está a disposición de los órganos fiscalizadores, la academia y la ciudadanía, a fin de que puedan hacer las evaluaciones que estimen pertinentes y recurran a las herramientas que la Ley de Transparencia dispone para resolver las dudas que tengan. La Corte Suprema fue clara y de su fallo se desprende que las personas pueden dirigir solicitudes de acceso a información al CUECH, recurrir de amparo ante el CPLT si estas no son respondidas satisfactoriamente o de reclamo si no publican en su sitio web la información que la ley establece”.

Consejo para la Transparencia lanza innovador concurso escolar de videos 2025 a nivel nacional: “La inteligencia artificial como herramienta para la transparencia del futuro”

El Consejo para la Transparencia (CPLT) abrió oficialmente la convocatoria para participar en la quinta versión de su Concurso Escolar de Videos 2025, una iniciativa que busca promover el interés de estudiantes y docentes por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, a través de la creatividad audiovisual.

Este año el certamen invita a reflexionar y responder —mediante un video de entre 30 y 60 segundos— a la pregunta: ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial y las herramientas digitales para construir instituciones más transparentes? El material debe ser subido a YouTube y enviado a través de un formulario que está disponible en www.consejotransparencia.cl.

“El mundo está cambiando rápidamente con la irrupción de nuevas tecnologías, y queremos que los estudiantes se conviertan en protagonistas del debate que generan desde sus propias experiencias y realidades. Con este concurso buscamos fomentar una ciudadanía que desde temprana edad esté activa y consciente del rol de la transparencia y el acceso a información pública en nuestra democracia”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.

La convocatoria está dirigida a grupos de estudiantes de 7º básico a 4º medio de todo Chile, quienes deben estar acompañados por un docente guía. Los videos deben explicar, de manera clara, sencilla y con lenguaje cercano, cómo la inteligencia artificial puede contribuir a fortalecer la transparencia en las instituciones públicas.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de agosto de 2025, y los ganadores se darán a conocer el 19 de agosto, a través del sitio web del Consejo (www.consejotransparencia.cl). La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco del Seminario Anual del CPLT, programado para el 22 de agosto en la ciudad de Concepción.

El concurso contempla premios en dinero para los primeros y segundos lugares en tres macrozonas del país (norte, centro y sur), además de la difusión de los videos ganadores en las redes sociales y plataformas del Consejo.

Con esta iniciativa, el CPLT reafirma su compromiso con la formación cívica y digital de las nuevas generaciones, promoviendo valores fundamentales como la probidad, la transparencia y la prevención de la corrupción desde la sala de clases.

Cabe recordar que en la edición anterior se presentaron a postulación más de 660 videos y fueron las regiones de Atacama, Antofagasta, Ñuble, Maule, Aysén y Los Ríos las que se llevaron el podio de los ganadores.

CPLT lanza “InfoEnlaces”: plataforma educativa dedicada a transparencia, acceso a información pública y rendición de cuentas

Con el objetivo de acercar el derecho de acceso a la información pública a toda la ciudadanía y fortalecer una cultura pro transparencia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó InfoEnlaces, plataforma educativa centrada exclusivamente en temas de transparencia y acceso a información pública, probidad, protección de datos y rendición de cuentas.

El lanzamiento oficial de InfoEnlaces se realizó este viernes 25 de julio, en el marco de la Jornada de Actualización de Enlaces del Consejo, desarrollada en el Archivo Nacional. La actividad reunió a funcionarios y funcionarias de diversos organismos de la Administración Central del Estado, quienes participaron de exposiciones especializadas y espacios de capacitación en materia de acceso a la información.

La jornada contó con las palabras inaugurales de la presidenta del CPLT, Natalia González, y de la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lubbert. Posteriormente, se abordaron temas clave como casos de denegación de información por distracción indebida de las funciones del órgano requerido, las fiscalizaciones del CPLT, el uso del procedimiento sancionatorio y sus recomendaciones en transparencia algorítmica. En ese contexto, se llevó a cabo el hito de presentación de la plataforma InfoEnlaces, instancia que marcó un nuevo paso en la estrategia de promoción del CPLT.

Disponible en www.infoenlaces.cl, esta inédita herramienta gratuita permite a funcionarios públicos, docentes, estudiantes y personas de la sociedad civil capacitarse de manera autónoma y certificada, a través de cursos asincrónicos estructurados en módulos claros, accesibles y con enfoque ciudadano.

“InfoEnlaces es un nuevo esfuerzo de nuestra institución por fomentar una cultura de la transparencia en el país, tarea permanente en nuestro rol promotor del derecho de acceso a la información pública”, destacó la presidenta del CPLT, Natalia González, quien subrayó que “A través de estos cursos se puede acceder a definiciones, conceptos y temas que son de interés para funcionarios que trabajan en distintas instituciones públicas, pero también para organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y, en general, cualquier ciudadano. Con esto buscamos dar a conocer los canales para obtener información del Estado, lo que constituye un derecho que tiene toda persona por el hecho de serlo, sin distinción”.

Los cursos incluyen evaluaciones en línea y otorgan un diploma de aprobación una vez cumplidos los requisitos, lo que permite validar los conocimientos adquiridos. Además, todo el material es descargable, y el diseño de la plataforma permite un acceso flexible, desde cualquier dispositivo y sin limitaciones horarias.

 

 

Oferta de cursos y módulos destacados:

  • Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información Pública: explica las etapas del proceso para solicitar información y los principios del derecho de acceso.
  • Transparencia Activa: aborda la normativa aplicable y buenas prácticas para poner a disposición de la ciudadanía información pública de forma clara y directa.
  • Protección de Datos Personales: profundiza en la Ley 19.628, incluyendo el tratamiento de datos de menores y en plataformas abiertas.
  • Ley del Lobby: detalla obligaciones, sanciones y cómo solicitar audiencias conforme a la Ley 20.730.
  • Lenguaje Claro: promueve una comunicación más comprensible entre instituciones y personas, facilitando el acceso efectivo a la información.
  • Participación ciudadana en la gestión local: busca dar a conocer los fundamentos, normativas y herramientas asociadas a este tipo de participación.

Asimismo, InfoEnlaces incluye contenidos orientados al ámbito educativo, con recursos para estudiantes y docentes que deseen incorporar temas como la transparencia, la participación ciudadana y la probidad en sus asignaturas.

Esta innovadora plataforma posiciona al CPLT como pionero en la formación en transparencia y acceso a información pública a nivel nacional y regional, entregando una herramienta única, inclusiva y de alto valor público para fomentar el empoderamiento ciudadano y el buen funcionamiento del Estado.

En todo Chile: Consejo para la Transparencia lanza talleres presenciales para ciudadanos con el fin de fortalecer el acceso a la información pública

En un esfuerzo por fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y reducir la brecha entre la ciudadanía y el Estado, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ha anunciado el lanzamiento del “Plan de Habilitación del Derecho de Acceso a Información Pública (DAI)”. Esta iniciativa busca capacitar a las personas y comunidades en el uso adecuado de la Ley de Transparencia, permitiéndoles identificar, abordar y canalizar necesidades individuales y colectivas vinculadas con instituciones públicas.

El programa contempla la realización de talleres presenciales, organizados en colaboración con municipios, centros de salud familiar (CESFAM), establecimientos educacionales y otros actores relevantes de la sociedad civil. A través de una metodología participativa, los asistentes aprenderán a formular solicitudes de acceso a la información pública (SAI) de manera efectiva, con el fin de acceder a datos clave sobre temas de interés público, como salud, educación o medioambiente. Asimismo, se busca difundir recursos y datos disponibles en los sitios de transparencia activa de los organismos de la Administración del Estado.

La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que: “La Ley de Transparencia pone a disposición de las personas una serie de herramientas que les permiten acceder a información que puede generar un impacto directo en su calidad de vida, resolver dudas o fiscalizar las decisiones de autoridades que les afectan directamente. Con este plan, buscamos que la ciudadanía se apropie de este derecho, lo utilice estratégicamente y fortalezca su capacidad de informarse y exigir rendición de cuentas a las autoridades.”

El “Plan de Habilitación DAI” tendrá un cronograma de talleres a lo largo de 2025, abarcando distintas regiones del país y enfocándose en diversos grupos sociales.

Con esta iniciativa, el CPLT reafirma su compromiso de promover la transparencia y la participación ciudadana, buscando contribuir a generar una sociedad más informada y empoderada en el ejercicio de sus derechos.

CPLT zanja debate sobre test de drogas a autoridades: resultados deben mantenerse en reserva

En respuesta a una solicitud de diputado Juan Antonio Coloma, el Consejo para la Transparencia (CPLT) emitió un pronunciamiento respecto a la confidencialidad de los resultados del procedimiento de control de consumo de drogas aplicado al Presidente de la República, ministros de Estado y subsecretarios, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2025.

En específico, la solicitud de pronunciamiento requirió al CPLT pronunciarse sobre la coherencia del carácter reservado de dichos resultados con los principios de transparencia y probidad que rigen la función pública.

Tras un detallado análisis normativo, el consejo directivo del CPLT concluyó que los resultados individuales de estos exámenes deben ser considerados datos personales sensibles, por cuanto se refieren al estado de salud de las personas y se encuentran protegidos por el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N°20.584 sobre derechos de los pacientes, lo que es también concordante con el Decreto N°1215 de 2006 del Ministerio del Interior que regula el procedimiento de control incorporado por la Ley Nº20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por tanto, no corresponde su publicación mientras no exista una ley especial que así lo disponga. Ello, justamente porque esta cuestión que no fue abordada en la Ley de Presupuestos 2025, que amplió la obligación de realización del test de drogas, entre otros, al Presidente de la República sin referirse a la publicidad de los resultados ni especificar un tipo de test en particular a aplicar.

“El Consejo reconoce el interés público que existe en el control del consumo de drogas por parte de autoridades. Sin embargo, ese interés debe ser equilibrado con el respeto a los derechos fundamentales, como lo son la vida privada y la protección de los datos personales. Por ello, históricamente la jurisprudencia de este Consejo ha acogido el acceso a información estadística o despersonalizada sobre la materia, pero no a los resultados específicos de funcionarios de la Administración del Estado”, sostiene la presidenta del CPLT, Natalia González.

En su análisis, el CPLT también explicó que el procedimiento utilizado por SENDA para autoridades de la Administración del Estado se ajusta al marco legal vigente, y difiere de la normativa especial que rige los test de drogas aplicables a los diputados, que es de una naturaleza distinta, y que establece expresamente la publicidad de los resultados.

El Consejo terminó razonando que toda medida que implique acceso público a resultados individuales de test de drogas de funcionarios públicos en los términos pretendidos debe regularse por ley.

Consejero Roberto Munita expone sobre transparencia algorítmica en IAMCR 2025

El consejero del Consejo para la Transparencia, Roberto Munita, participó en representación del CPLT, como expositor en una mesa del capítulo de Derecho del Seminario IAMCR 2025, organizado por la Red Internacional de Investigadores en Comunicación y realizado en Singapur. La instancia reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre comunicación, regulación y nuevas tecnologías.

En su intervención, Munita presentó los avances del CPLT en materia de transparencia algorítmica, destacando el desarrollo de lineamientos institucionales para el uso responsable de sistemas automatizados en el Estado.

Consejo para la Transparencia lanza guía para fortalecer la transparencia en el uso de inteligencia artificial en el Estado

“Buscamos que el Estado también rinda cuentas de los algoritmos que usa día a día”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, al anunciar la publicación de la Guía para la Adopción de las Recomendaciones sobre Transparencia Algorítmica. Este documento busca orientar a las instituciones públicas para que publiquen información clara y precisa sobre los sistemas automatizados y semiautomatizados que utilizan en sus decisiones.

Esta herramienta elaborada por el CPLT responde a un desafío creciente: el uso de tecnologías de inteligencia artificial, basadas en algoritmos, que permiten contar con sistemas automatizados y semiautomatizados de decisión en el aparato público, que muchas veces son invisibles para la ciudadanía, pero que pueden tener un profundo impacto en los servicios que reciben del Estado o en el ejercicio de sus derechos.

“Es positivo que el Estado chileno se modernice e incorpore herramientas tecnológicas en su quehacer al servicio de las personas. Al mismo tiempo, debe ir avanzando en dar garantías de que cuando utiliza sistemas automatizados para tomar decisiones, estos sean conocidos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué datos se usan, cómo se toman esas decisiones y cómo se pueden reclamar o cuestionar. En definitiva, entender estos sistemas que los afectan y que se usan cada día más”, añadió González.

La guía sistematiza tanto buenas prácticas generales de transparencia en el uso de sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas (SDA), como específicas de transparencia proactiva en la materia. Las primeras incluyen directrices sobre lenguaje claro, transparencia en la contratación y desarrollo de SDA y en la atención a público, entre otros.

Por su parte, las recomendaciones específicas abordan concretamente qué información publicar, cómo presentarla y cómo resguardar datos personales o sensibles. Entre sus propuestas destaca la creación del ítem “Transparencia Algorítmica” dentro de los portales de transparencia activa de los organismos públicos, donde se deberá informar de manera mensual sobre:

  • Qué SDA se están utilizando.
  • En qué servicios, trámites o programas se aplican.
  • Las especificaciones generales del sistema: su objetivo, funcionamiento y categorías de datos utilizadas.

Además, la guía recoge ejemplos de SDA hoy operativos, como el Sistema de Admisión Escolar del MINEDUC o el sistema predictivo de licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social, y entrega criterios para abordar casos más complejos como los sistemas de caja negra o el uso de inteligencia artificial en atención ciudadana.

Este nuevo instrumento fue adoptado por el CPLT por Resolución Exenta N°372 del 12 de agosto de 2024 y busca facilitar una adopción progresiva y voluntaria por parte de los organismos públicos, en función de su nivel de madurez tecnológica.

“Con esta guía, el Consejo refuerza su compromiso con una transparencia que se adelanta, que hace comprensible a las personas información compleja y que está a la altura de los nuevos desafíos digitales”, concluyó la presidenta del CPLT.

La guía completa se encuentra disponible en el sitio web del Consejo: www.consejotransparencia.cl

Consejo para la Transparencia: “Los WhatsApp de funcionarios públicos son privados bajo la Ley de Transparencia”

El Consejo para la Transparencia (CPLT) rechazó un requerimiento interpuesto contra la Municipalidad de Pichilemu en que se solicitaba acceder a mensajes de WhatsApp enviados entre el alcalde o directivos municipales y funcionarios de dicha municipalidad en el marco de fiscalizaciones al comercio local.

Si bien la decisión, adoptada por mayoría, consideró que tales mensajes se encuentran protegidos por el derecho a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas —según lo establece la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile—, el Consejo manifestó su preocupación institucional por el uso de esta vía para impartir instrucciones o directrices oficiales.

El órgano que supervigila la aplicación de la Ley de Transparencia en el país advirtió en su resolución que, conforme a lo sostenido por la Contraloría General de la República (CGR) en sus dictámenes, las instrucciones y directrices no deben impartirse por plataformas de mensajería privada, ya que las labores de fiscalización siempre deben plasmarse por vías formales, trazables y accesibles por la ciudadanía, tales como oficios, memorándum, resoluciones, informes, entre otros.

“Las decisiones de este consejo han sido consistentes en el tiempo respecto de que los mensajes de WhatsApp de funcionarios públicos son información reservada, respecto de las cuales se tiene una legítima expectativa de privacidad, que queda amparada por un derecho constitucional. Lo anterior, por supuesto, no impide que los tribunales de justicia u otros órganos facultados por la Constitución o las leyes, accedan o decreten el acceso a este tipo de comunicaciones en el marco de investigaciones penales y otros procedimientos”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González Bañados.

Agregó que “tampoco puede pasarse por alto que la Contraloría ha señalado que las instrucciones institucionales deben registrarse por canales formales, de lo que se sigue que deben ser trazables y estar disponibles para el control ciudadano”. Por lo anterior, el Consejo resolvió derivar los antecedentes del caso a la CGR, para que determine si el actuar del municipio se ajusta a los dictámenes que ese órgano ha emitido en esta materia.

Asimismo, el CPLT instruyó al Municipio de Pichilemu entregar al solicitante todos los antecedentes formales que den cuenta de la fiscalización realizada —como oficios, informes o resoluciones— distintos de los mensajes de WhatsApp.

La decisión se acordó con el voto disidente de la consejera María Jaraquemada, quien estimó que el amparo debía acogerse, dado que lo solicitado guarda relación con un procedimiento administrativo que debiese estar debidamente documentado, y no solo en plataformas privadas de mensajería.