El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, participó del seminario “Desafíos de Integridad Pública 2025” organizado por la ONG Chile Transparente y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde destacó la importancia de fortalecer los estándares de transparencia y probidad en el sector público.

El evento, que contó con la presencia de los alcaldes Tomás Vodanovic, de Maipú, e Isabel Valenzuela, de Colina, abordó los principales avances y retos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, destacándose temas como la implementación parcial de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) y de las medidas propuestas por la denominada “Comisión Jaraquemada” sobre relación entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.

En este contexto, el presidente del CPLT reflexionó en torno a las diferencias entre la percepción nacional e internacional sobre la corrupción en Chile y las consecuencias que tendría que la percepción internacional se acercara a la nacional. Asimismo, explicó la fórmula de la corrupción del profesor R. Klitgaard, que postula que la falta de transparencia es uno de factores que permite la corrupción, así como también la posibilidad de ejercer la autoridad de forma monopólica y discrecional. Respecto a esto último, hizo un símil con la figura del alcalde en Chile, explicando que la autoridad local en el país se enmarca en el modelo de “alcalde fuerte”, proponiendo una separación entre las figuras del alcalde y el administrador municipal, a fin de que el primero concentre el poder político y el segundo se aboque a los asuntos administrativos, sin depender jerárquicamente del primero.

Adicionalmente, señaló que “una de las principales falencias en materia de prevención de la corrupción es la carencia de cooperación interagencial, dada por la falta de una agencianacional anticorrupción que pueda coordinar a los órganos del Estado que forman parte del sistema de integridad”.

Finalmente, y con relación a los desafíos en materia de transparencia y derecho de acceso a información pública,subrayó que “es necesario avanzar hacia un estándar uniforme de transparencia para todos los órganos del Estado. No es posible entender a esta altura que los poderes legislativo y judicial y varios órganos autónomos constitucionales sigan manteniendo regímenes especiales y atenuados de transparencia, fuera de la tuición del CPLT. Además, el país requiere aumentar los estándares de transparencia aplicables a privados financiados con recursos públicos; potenciar la transparencia activa, de manera que se convierta en la regla general de acceso a la información por sobre las solicitudes de acceso a información, aprovechando la tecnología creciente y digitalización del Estado; yactualizar y perfeccionar la política de gestión de archivos y digitalización del Estado”.

Este miércoles se llevó a cabo el conversatorio “Desafíos de la Transparencia Presupuestaria en la Gestión Pública”, organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Este evento reunió a funcionarios municipales, autoridades y académicos para analizar los retos y oportunidades en materia de transparencia presupuestaria en América Latina, región que según el Índice de Presupuesto Abierto (OBI) alcanzó un promedio de solo 52 puntos sobre 100 en 2023, evidenciando un estándar de acceso a información sobre la materia aún limitado.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó la importancia de avanzar en esta materia señalando: “La transparencia presupuestaria es clave no solo para promover una rendición de cuentas efectiva, sino también para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Esta actividad es una muestra del compromiso del CPLT con el debate y la generación de políticas que impulsen una gestión pública más abierta y responsable. Este tipo de instancias nos permiten atender a las iniciativas que están desarrollando los países de la región y sus resultados, lo cual es fundamental para identificar espacios de mejora”.

Entre las presentaciones destacadas estuvo la del investigador Carlos Miguel Rodrigues de Caires, del Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Austral de Chile, quien compartió los hallazgos de su proyecto Fondecyt Postdoctorado 3240180, titulado “La Institucionalización de la Transparencia Presupuestaria en América Latina”. Su intervención abordó la importancia de fortalecer los mecanismos de acceso a la información presupuestaria como herramienta estratégica para mejorar la gestión pública, la rendición de cuentas y el control ciudadano.

Rodrigues subrayó que la transparencia presupuestaria enfrenta múltiples desafíos, como su complejidad técnica, la presión política en torno a la divulgación de datos y la necesidad de que esta información sea accesible y comprensible para distintos públicos, desde legisladores hasta la ciudadanía. Asimismo, destacó que, aunque la región ha registrado avances en el Índice de Presupuesto Abierto, persisten brechas significativas entre países, con Chile mostrando fortalezas en el control fiscal, pero con oportunidades de mejora en la participación ciudadana.

Este encuentro forma parte del compromiso del Consejo para la Transparencia con el fortalecimiento de la gestión pública a través de prácticas más abiertas y accesibles. La instancia fue una oportunidad clave para analizar la experiencia comparada y explorar soluciones que promuevan gobiernos más transparentes, eficientes y democráticos en América Latina.

Durante su participación en el Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), principal foro iberoamericano conformado por las autoridades responsables de garantizar el derecho de acceso a la información, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, presentó los avances y desafíos de Chile en la evaluación de la política de transparencia y acceso a la información pública.

En su intervención, Navarrete subrayó el impacto de los 15 años de gestión bajo la Ley de Transparencia. En esa línea, destacó que, desde su creación en 2009, el CPLT ha gestionado más de 92.000 casos, de los cuales un 81% corresponde a amparos y un 19% a reclamos, evidenciándose un alza sostenida en el número de casos que el CPLT debe conocer año a año, lo que denota la instalación de una cultura de la transparencia en la ciudadanía. Sin embargo, relevó también que una materia pendiente, en la que el CPLT está trabajando, es la elaboración de un instrumento de evaluación de la implementación de la política de transparencia y acceso a la información pública en estos 15 años.

Al respecto, explicó los distintos enfoques que analiza adoptar el CPLT para evaluar la referida política, destacándose los indicadores de desempeño, las mediciones cuantitativas y cualitativas y los indicadores de efectividad. Respecto de los primeros, enfatizó que “el CPLT ha hecho importantes esfuerzos en la reducción de los tiempos de tramitación de casos, lo que resultado en un tiempo promedio histórico de 75 días por caso. Asimismo, es destacable que, en toda su historia, en promedio solo el 3,2% de los casos resueltos por el CPLT fueron reclamados ante los Tribunales Superiores de Justicia, y de aquellos que lo fueron, se puede observar que, a medida que pasa el tiempo, nuestras sentencias son crecientemente confirmadas, llegando al 88.1% de confirmación en 2024, lo que evidencia que los criterios del CPLT se han ido asentado”.

Además, relevó que más de 2 millones de solicitudes de acceso a la información han sido tramitadas a través del Portal de Transparencia, con un 93.12% de admisibilidad, de las cuales un 78.6% fueron contestadas dentro del plazo legal. “Este alto porcentaje de admisibilidad denota conocimiento y entendimiento de la ciudadanía de esta herramienta, que cada vez ocupa más”, señaló Navarrete.

En cuanto a las mediciones cuantitativas, mostró que en el ámbito de fiscalización, el CPLT ha realizado 18.699 inspecciones desde 2009 y ha instruido 634 procedimientos sancionatorios, reforzando el cumplimiento de las normativas de transparencia en los distintos niveles del Estado.

La participación del presidente Navarrete en la RTA reafirma el compromiso del CPLT y de Chile con la colaboración internacional en la promoción de la transparencia, integridad pública y el acceso a la información, consolidando su posición como líder en el fortalecimiento de estas políticas en Iberoamérica.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) lideró este viernes, con más de 300 personas tanto en forma presencial como remota, un encuentro internacional titulado “Transparencia en el uso de algoritmos e inteligencia artificial en el sector público: diálogos desde lo legal y regulatorio”. El evento congregó a destacados expertos nacionales e internacionales, con el fin de promover el análisis y debate sobre los desafíos que enfrenta la administración pública en el uso transparente de algoritmos e inteligencia artificial.

En la instancia el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó la necesidad de este tipo de iniciativas y el rol pionero que cumple el Consejo para la Transparencia en liderar estos espacios de discusión: “Es fundamental que promovamos la transparencia en el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, especialmente en el sector público, ya que se trata de sistemas automatizados o semiautomatizados que están incidiendo, por ejemplo, en el otorgamiento de beneficios a la ciudadanía. Este tipo de iniciativas que lideramos desde el Consejo busca anticiparse a los desafíos éticos y legales que plantea la tecnología, con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos y fortalecer la confianza en nuestras instituciones.”

Durante el evento, el director general del CPLT, David Ibaceta Medina, subrayó la importancia de la transparencia algorítmica como un eje fundamental para la confianza ciudadana en los procesos administrativos. 

La actividad se desarrolló en dos paneles temáticos. En el primero, titulado “Uso de Inteligencia Artificial y algoritmos en la administración pública: ¿Somos transparentes?”, se abordaron aspectos regulatorios y los derechos que deben garantizarse para el uso adecuado de esta tecnología en el ámbito público.

El segundo panel, el cual fue moderado por nuestra consejera, María Jaraquemada, denominado “Transparencia Algorítmica en instituciones públicas: experiencias y aprendizajes”, se centró en identificar los desafíos regulatorios y de protección de derechos que impone la inteligencia artificial. 

Asimismo, durante la jornada, Ana María Muñoz, directora jurídica del CPLT, presentó las nuevas Recomendaciones en Transparencia Algorítmica del CPLT, que buscan establecer marcos normativos y mejores prácticas para la administración pública en la materia.

Entre los ponentes destacados estuvieron Juan David Gutiérrez Rodríguez (Colombia), Mariel Lorenzo Pena (Uruguay), y Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva (España), quienes compartieron perspectivas internacionales sobre la implementación de políticas de transparencia en IA y la necesidad de una regulación adecuada para proteger los derechos ciudadanos en este contexto.

La jornada concluyó con una reflexión final por parte de los moderadores y expositores, quienes destacaron la importancia de continuar el desarrollo de políticas públicas que garanticen el uso responsable y transparente de los sistemas algorítmicos en el sector público.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) organizará unseminario internacional inédito titulado “Transparencia en el uso de algoritmos e Inteligencia Artificial en el sector público: diálogos desde lo legal y regulatorio”, que se llevará a cabo este viernes 15 de noviembre y será transmitido en VIVO, a través del canal de YouTube del CPLT @consejotransparencia.

El evento busca generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los retos que plantea la inteligencia artificial (IA) y el uso de algoritmos en la administración pública. Durante la jornada, destacados expertos nacionales e internacionales discutirán los desafíos en torno a la transparencia, la regulación y los derechos ciudadanos en el uso de estas tecnologías en el sector público.

Programa y panelistas invitados

El seminario se dividirá en dos paneles:

Panel 1: “Uso de Inteligencia Artificial y algoritmos en la administración pública: ¿Somos transparentes?” Este panel explorará el impacto de la IA y los algoritmos en la administración pública, haciendo un diagnóstico del marco regulatorio actual y de los derechos que deben garantizarse en el uso de estas herramientas por parte de las instituciones públicas.

Moderador: Bernardo Navarrete Yáñez, presidente del CPLT.

Panelistas:

Juan David Gutiérrez Rodríguez, PhD en Política Pública de la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad de Los Andes, Colombia.

Mariel Lorenzo Pena, Doctora en Derecho y miembro del equipo jurídico de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay.

Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto.

Panel 2: “Transparencia Algorítmica en instituciones públicas: experiencias y aprendizajes” En esta instancia se abordarán los desafíos y riesgos de regular la transparencia algorítmica en el ámbito público, destacando la aplicación de las recientes recomendaciones del CPLT en esta materia.

Moderadora: María Jaraquemada, Consejera del CPLT.

Panelistas:

Danielle Zaror Miralles, investigadora en Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile.

Romina Garrido Iglesias, subdirectora del GobLab de la Universidad Adolfo Ibáñez y Directora de Protección de Datos en Prieto Abogados.

Verónica Achá Álvarez, jefa de la División de  Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social.

Alberto Coddou Mc Manus, profesor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile.

Este encuentro internacional tiene como fin analizar y buscar soluciones a los inmensos desafíos que implica la IA para la transparencia en la administración pública, identificar las políticas y derechos que deben asegurarse en su uso, y revisar las recomendaciones del CPLT en esta materia.

LA cita ofrecerá una plataforma para que autoridades, académicos y profesionales del área discutan los aspectos críticos y las oportunidades que representa la IA en la gestión pública, con un enfoque en proteger los derechos ciudadanos en el entorno digital.

Fecha: viernes, 15 de noviembre de 2024

Horario: 09:30 – 13:15 hrs.

Transmisión en VIVO por la señal de YouTube del CPLT. @consejotransparencia

El proyecto de ley que busca regular la transferencia de tecnología y conocimiento ha suscitado un intenso debate en torno a su artículo 14, que introduce una nueva causal de reserva de información en la Ley de Transparencia. Esta modificación plantea preocupaciones sobre la posible afectación al acceso a la información pública y la transparencia en la gestión estatal.

El artículo en cuestión establece que se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su divulgación “afecte derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos comerciales válidamente constituidos”. Sin embargo, el Consejo para la Transparencia ha manifestado que esta inclusión es innecesaria y podría resultar perjudicial para el sistema de transparencia en Chile.

Entre las principales críticas se destaca que la actual legislación ya protege los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como los secretos comerciales, a través de causales de reserva existentes. La inquietud radica en que la nueva causal podría otorgar un estatus privilegiado a estos derechos en comparación con otros fundamentales, generando inequidades en el acceso a la información pública.

Además, se argumenta que con esta nueva disposición se amplían de manera excesiva las causales de secreto, lo que podría desequilibrar la protección de otros derechos fundamentales, como la vida privada y los datos personales. La propuesta también se percibe como un obstáculo para la rendición de cuentas y el control social, especialmente en casos donde se utilizan recursos públicos.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, “la regulación de una materia específica, como la transferencia de tecnología, no debería incluir causales de reserva que apliquen de manera general a toda información en poder del Estado. Esto podría amenazar la transparencia y limitar el acceso a información crucial para el debate público y la participación ciudadana”.

Además, Navarrete indicó que “esta nueva causal de reserva no debiera discutirse en contexto de un proyecto de ley que se enfocaen la promoción del conocimiento que genera la investigación, la tecnología y la innovación. Creemos que cualquier modificación relacionada con la transparencia y el acceso a la información debería discutirse en un marco legislativo más amplio, como es el proyecto de ley de reforma a la Ley de Transparencia que se tramita desde 2018 en el Congreso y que involucra a todos los actores relevantes en la materia”.

Ante estas consideraciones, el Consejo para la Transparencia propuso a la Comisión de Ciencias del Senado en que se tramita el referido proyecto de ley suprimir su artículo 14, abogando por un enfoque que favorezca la transparencia y el acceso a la información en lugar de restringirlo.

El Consejo para la Transparencia (CPLT), junto con la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, llevó a cabo una Jornada de actualización dirigida a los enlaces de transparencia de los organismos de la Administración Central del Estado.

El evento se realizó en el Auditorio del Archivo Nacional en Santiago, con una transmisión simultánea a través de la plataforma YouTube del CPLT.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los enlaces responsables de implementar políticas de transparencia y acceso a la información en las instituciones públicas, a través de la actualización en temas clave y el intercambio de buenas prácticas.

Al respecto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “La transparencia no solo es una obligación legal, sino un compromiso con la ciudadanía que requiere ser promovido y fiscalizado continuamente. El informe de gestión del CPLT correspondiente al primer semestre 2024 refleja un creciente interés de la ciudadanía por acceder a información, con más de 153 mil solicitudes de acceso a información dirigidas por intermedio del Portal de Transparencia del Estado y más de 4 millones de visitas a este. Estos resultados refuerzan la importancia de jornadas como la de hoy, que buscan fortalecer las capacidades de quienes son responsables de implementar la transparencia en los organismos del Estado”.

La actividad se inició con las palabras de bienvenida del director general del CPLT, David Ibaceta y de Valeria Lübbert, secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. En sus intervenciones, destacaronla importancia de la transparencia en la gestión pública como pilar de una democracia sólida y la necesidad de una capacitación constante para quienes desempeñan funciones en esta área.

A continuación, la abogada Isabel Figueroa Robledo, de la Unidad de Normativa y Regulación del CPLT, expuso sobre la Instrucción General de Transparencia Activa, que establece las directrices para asegurar que los organismos públicos mantengan información actualizada y accesible al público. Se abordaron los estándares requeridos por esta instrucción, recomendaciones para su implementación yerrores comunes en que incurren los encargados de transparencia.

Posteriormente, se abrió un espacio de preguntas y resolución de consultas, donde los participantes pudieronaclarar dudas y recibir orientación sobre la aplicación práctica de las normativas de transparencia en sus respectivas instituciones.

Uno de los puntos destacados del evento fue la presentación a cargo de Alejandro González Guajardo, Jefe de la Unidad de Normativa y Regulación del CPLT, acerca de la Instrucción General sobre Derivación y Prórroga, en la que se explicaron los criterios y requisitos para la derivarsolicitudes de acceso a la información o prorrogar su plazo de respuesta excepcionalmente. Esta exposición es de vital importancia para asegurar que las respuestas a las solicitudes de información pública sean gestionadas de manera eficiente y dentro de los tiempos establecidos por la ley.

Finalmente, Ana María Muñoz Massouh, directora Jurídica del CPLT, presentó la nueva Recomendación de Transparencia Algorítmica, que busca garantizar que los sistemas automatizados y semi automatizados utilizados por el Estado en la toma de decisiones públicas sean conocidos y comprendidos por los ciudadanos. Esta recomendación cobra especial relevancia en el contexto actual de digitalización y automatización de procesos en el sector público.

Con este seminario, el Consejo para la Transparencia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de transparencia y acceso a la información en la administración pública, en beneficio de la ciudadanía y la confianza en las instituciones del Estado.

Los resultados del reciente estudio Barómetro de Acceso a la Información Pública 2023-2024, elaborado por la Asociación Nacional de la Presa, en colaboración con el Laboratorio de Conversación Pública de la Universidad Central de Chile, destacaron al Consejo para la Transparencia (CPLT) como la institución con la mejor evaluación en términos de disposición, confiabilidad y oportunidad en la entrega de información pública en su categoría.

De acuerdo con el informe, que recopila las percepciones de periodistas, directores y editores de medios nacionales, el CPLT obtuvo las puntuaciones más altas en la categoría “órganos autónomos y otros poderes del Estado”, evidenciando su compromiso con la transparencia y el acceso oportuno a la información. Los datos reflejan una evaluación promedio de todas las categorías de 4,9 en disposición, 5,1 en confiabilidad y 4,6 en oportunidad, todas las cuales fueron ampliamente superadas por el CPLT.

Al respecto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “Son destacables los resultados conseguidos por el Consejo, sobre todo, considerando que el promedio general en las dimensiones de disposición y confiabilidad estuvo cercano al 5 y obtuvimos una evaluación cercana al 6, y el de la dimensión de oportunidad fue de 4,6 y obtuvimos una evaluación superior a 5. Estos resultados reafirman nuestro compromiso a seguir mejorando y a ser aún más eficaces en nuestra labor, buscando no solo cumplir con las normativas, sino también reforzar la confianza pública en las instituciones del Estado.”

El Barómetro de Acceso a la Información Pública, que se realiza anualmente, evaluó diversas instituciones del Estado en términos de disposición, confiabilidad y oportunidad en la entrega de información. Los datos de este año confirman una estabilidad en los mecanismos de acceso a la información pública, aunque persiste la percepción de dificultades en algunos casos.

El estudio reveló un aumento en la mayoría de los tipos de dificultades para acceder a información públicaexperimentada por los periodistas encuestados. Destacan la no respuesta a llamadas, correos electrónicos y WhatsApp, con un incremento del 4% y la entrega de información solo bajo condiciones off the record, con un aumento del 6,8%, ambas con respecto al año anterior.

En cuanto a las evaluaciones de la categoría “organismos de gobierno central y municipalidades”, la Presidencia y los ministerios de Interior y Secretaría General de la Presidencia recibieron las peores calificaciones en términos de disposición, confiabilidad y oportunidad. En contraste, los ministerios de Ciencia y Tecnología, Agricultura, y Mujer y Equidad de Género fueron los mejores evaluados.

El informe también señala que el 28% de los encuestados considera que el acceso a la información pública ha empeorado en los últimos cinco años, evidenciando un deterioro sostenido en la percepción de transparencia desde el 2017.

Asimismo, el estudio arroja que los mecanismos considerados más efectivos para obtener información pública se mantuvieron estables en las últimas tres mediciones,siendo consultas directas a la fuente, entrevistas formales o comunicación directa por WhatsApp u otra aplicación.

 

Las consejeras del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González y María Jaraquemada, representaron al país en una serie de reuniones técnicas en Bruselas y Estrasburgo, donde abordaron temas clave relacionados con la gobernanza de datos y la transparencia algorítmica, materias que se encontraban en plena discusión parlamentaria en nuestro país.

La jornada inició con una mesa de trabajo en la Misión de Chile en Bruselas, en el cual participaron las contrapartes latinoamericanas especializadas en temas de transparencia. Durante esta reunión, se discutieron experiencias y desafíos compartidos por los países de la región en materia de transparencia y protección de datos en el ámbito digital.

Posteriormente, las integrantes del consejo directivo del CPLT se reunieron con funcionarios de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG CONNECT) de la Comisión Europea. En este encuentro, se abordó la implementación de la Ley de Servicios Digitales y su relevancia para la transparencia en los procesos algorítmicos, un área en la que el CPLT ha sido pionero en Chile.

En los días siguientes, las integrantes el consejo directivo del CPLT, también participaron en un encuentro con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas, para intercambiar experiencias sobre la regulación europea en inteligencia artificial y la nueva Ley de Protección de Datos Personales de Chile, que busca establecer un marco robusto de derechos digitales y de protección de la privacidad.

La participación del CPLT en estos eventos reflejó el compromiso de Chile con el fortalecimiento de la protección de datos a nivel internacional y su colaboración activa en la formulación de políticas que promuevan la transparencia en la era digital.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, realizó una visita a la Región del Biobío, donde participó en una serie de actividades en el Servicio de Salud del Biobío con el objeto de promover la transparencia y el acceso a la información pública.
Esta iniciativa se enmarca en uno de los principales énfasis de su gestión: “descentralizar” la transparencia en el país, lo que lo ha llevado a realizar una serie de visitas a lo largo de todas las regiones de Chile.

Durante su visita, Navarrete lideró una reunión con el equipo de trasparencia del Servicio de Salud del Biobío y expuso en una reunión ampliada con sus funcionarios, donde se discutieron, entre otras materias, los resultados de la encuesta de transparencia que se les aplicó. Este instrumento reveló que el 81% de los funcionarios reconoce tener conocimientos generales sobre la Ley de Transparencia, aunque con limitaciones en cuanto a su aplicación en el sector salud. Además, resaltó que el 58% de los encuestados considera que se pone a disposición del público parte de la información requerida, pero todavía existe falta de claridad respecto de ciertos antecedentes.

“Es fundamental que los servicios públicos fortalezcan sus mecanismos de transparencia, ya que la evidencia sugiere que la ciudadanía demanda cada vez más acceso a información clara y precisa,” señaló Navarrete. “En lo que respecta a los cuatro servicios de salud de la Región del Biobío, entre 2016 y lo que va de 2024, han recibido más de más de 7.000 solicitudes de acceso a información, lo que denota un interés importante de la ciudadanía en ejercer control social y conocer información respecto a la labor de los servicios de salud”.

En la cita, Navarrete también abordó la necesidad de avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley “Transparencia 2.0”, que busca modernizar la normativa actual y, entre otros avances, extender las obligaciones de transparencia a sectores privados que reciben fondos públicos. Asimismo, se refirió a los desafíos de más largo plazo que enfrenta la institucionalidad de transparencia, señalando que “Chile ha avanzado significativamente desde la creación del Consejo para la Transparencia en 2009, pero aún quedan importantes desafíos por abordar, como la incorporación del Congreso, el Poder Judicial y varios de los órganos autónomos constitucionales al régimen general de transparencia, de manera que el CPLT pueda fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.

Finalmente, en su intervención, destacó los desafíos que enfrenta el país en materia de integridad pública, transparencia y probidad, y subrayó la importancia de avanzar hacia un Estado más abierto y accesible para los ciudadanos.

Sobre el Consejo para la Transparencia

El Consejo para la Transparencia (CPLT) es una corporación autónoma de derecho público, creada en 2009 con la misión de garantizar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Desde su creación, ha gestionado cerca de 90.000 casos y se encarga de fiscalizar el respecto de ese derecho y promocionar su contenido en la Administración del Estado.

Con la participación de funcionarias y funcionarios del Consejo para la Transparencia de Chile (CPLT) y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana (DIGEIG), se desarrolló este lunes (14 de octubre) un taller de intercambio de experiencias y buenas prácticas en favor del fortalecimiento de la transparencia y la adecuada protección de datos personales.

Con esta actividad, además. se cierra el proyecto de cooperación Sur–Sur y Triangular de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEGCID) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Sistema de Información de Cooperación de la República Dominicana del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) denominado “Fortalecimiento del Acceso a la Información Pública: experiencias y buenas prácticas chilenas para una mejor implementación de la Ley de Transparencia en República Dominicana”.

El encuentro fue liderado por la Directora de Jurídica, Ana María Muñoz, y el Jefe de Relacionamiento Institucional, Daniel Pefaur Dendal, por parte del CPLT; y por la Directora Ejecutiva Berenice Barinas y la Directora de Transparencia y Gobierno Abierto, Elizabeth Díaz de la DIGEIG. “Esperamos aprender, complementarnos y transferir conocimientos”, destacó Muñozen sus palabras de bienvenida. Asimismo, relevó el momento que nuestro país vive ante la pronta promulgación de un proyecto de ley que modifica la norma sobre protección de datos personales.

En el taller expusieron Carlo Benussi, analista la Unidad de Normativa y Regulación del Consejo, quien abordó la experiencia chilena en materia de adecuación del tratamiento y publicación de la información para la protección de datos personales en Chile; y Mélida Pichardo, encargada del Sistema de Integridad Gubernamental del órgano garante de República Dominicana. Esta última detalló aspectos del marco normativo de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo que desarrolla la DIGEIG, experiencia inédita en los órganos garantes de Latinoamérica.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó su informe semestral 2024, destacando importantes avances en tres áreas fundamentales: Garantizar, Fiscalizar y Promover el acceso a la información pública.

En la primera mitad del año, se han incorporado 29 nuevos organismos al Portal de Transparencia del Estado (PTE), alcanzando un total de 1.025 entidades. Asimismo, el portal fue visitado por la ciudadanía en 4.093.747 oportunidades. Además, se han dirigido por su intermedio 153.304 solicitudes de acceso a información (SAI) a las entidades obligadas por la Ley de Transparencia, lo que significa un incremento del 5,7% respecto del mismo período del año pasado.

En cuanto a los casos ingresados, ya sean amparos, cuando se considera que las entidades públicas responden insatisfactoriamente SAI, o reclamos, cuando se denuncia la infracción de sus obligaciones de publicar la información que la Ley de Transparencia señala, el CPLT ha recibido 7.102 en los primeros seis meses del año. Ello representa un aumento de un 3,6% en comparación con el primer semestre de 2023.

De estos casos, el 61% fue derivado al Sistema Alternativo de Resolución de Casos (SARC), con un éxito del 81% de los derivados en el periodo, lo que permite su resolución en un plazo mucho más acotado que aquellos que terminan por decisión de fondo por el CPLT.

En cuanto a la fiscalización a las entidades obligadas por la Ley de Transparencia, el CPLT instruyó 73 sumarios en el primer semestre, de los cuales un 61,6% corresponde a entidades del ámbito municipal. Asimismo, sancionó a 20 infractores en ese lapso. Destaca en el periodo la fiscalización realizada a los Gobiernos Regionales respecto de sus obligaciones de transparencia activa, la cual arrojó un promedio de cumplimiento del 76%.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, comentó estos resultados: “Estas cifras dan cuenta de la importancia de la Ley de Transparencia para la ciudadanía, que ha consolidado una verdadera cultura de transparencia. Ello se evidencia en las más de 40 millones de visitas del portal de transparencia desde su creación en 2013 y más de 4 millones solo en este primer semestre del año”. Agregó que “Sin embargo, hay que seguir trabajando en los desafíos que tenemos por delante, tales como incorporar al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, terminado así con los estatus especiales con que gozan algunos órganos, sin fiscalización del CPLT; o aumentar los estándares de transparencia de las entidades de derecho privado que reciben fondos públicos, entre otras materias”.

Desde la perspectiva de la promoción del derecho de acceso a la información, el CPLT realizó en el primer semestre de 2024, 94 capacitaciones sobre el Portal de Transparencia del Estado (PTE) enfocadas a encargados de transparencia de entidades públicas, beneficiando a 264 personas. Asimismo, 15 actividades de capacitación, beneficiando a 4.787 personas en siete regiones del país y de manera virtual. Adicionalmente, se recibieron 13.495 consultas ciudadanas, principalmente relacionadas al PTE y al derecho de acceso a información pública.

Este reporte refleja el compromiso con la transparencia en la función pública y la mejora continua en los procesos internos del CPLT para asegurar el acceso a la información pública de los ciudadanos y subraya el compromiso con la promoción de una administración pública transparente, eficiente y accesible para todos.