En el Diario Oficial fueron publicadas una serie de Recomendaciones del Consejo para la Transparencia (CPLT) a los organismos públicos para aclarar y “elevar los estándares” en materia de resguardo de datos personales y sensibles, como por ejemplo el estado de salud de una persona o su localización geográfica. Esto a raíz de una serie de situaciones en las que se han evidenciado, en mayor grado con la pandemia, los déficit de una normativa que protege la información personal que es de 1999.
La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, explicó respecto de estas recomendaciones que se trata de una “nueva versión” de una serie de medidas que se promovieron en 2011, cuya edición fue ajustada y complementada, para responder a las falencias que se han detectado o que ponen en el tapete diversas coyunturas asociadas al tratamiento de datos personales y sensibles.
“A esto se suma la intensificación -a partir de los enormes avances tecnológicos de la última década- de los procesos de recolección, procesamiento y transferencia de datos personales, junto con la creciente digitalización de los servicios y operaciones realizados por los organismos públicos”, dijo la representante del Consejo. Asimismo, persigue adecuarse al reconocimiento constitucional del derecho a la protección de datos personales o a la “autodeterminación informativa como derecho autónomo e independiente”, en 2018.
Aclaración sobre “datos sensibles”
Las recomendaciones del CPLT “fundamentalmente apuntan al deber de protección especial de los datos personales sensibles”, es decir, de datos que “están bajo un estatuto más estricto de protección, dado que se considera su mayor potencial lesivo de los derechos y libertades de las personas en caso de ser tratados indebidamente”, como ocurre cuando una persona es discriminada por algún motivo de manera arbitraria.
En la legislación chilena (Nº °19.628) se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, excepcionalmente, explicó la titular del Consejo, “cuando una disposición legal lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Únicamente los organismos que cumplan con alguna de esas condiciones expresas podrán realizar tratamiento de datos personales sensibles”.
“En ausencia de autorización legal, los organismos de la Administración del Estado no podrán tratar datos personales sensibles, a menos que obtengan consentimiento expreso del titular o que sea necesario para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares de dichos datos”, explicó la presidenta del Consejo.
“Por ejemplo, se podrán requerir datos personales sensibles si se tratara de un requisito indispensable para el otorgamiento de algún beneficio o prestación social como los que se entregan cuando una persona está en situación de discapacidad o por su origen racial o étnico”, explicó la presidenta del CPLT. “Asimismo, en un contexto de atención de salud, el conocimiento del estado de salud de una persona puede resultar indispensable para definir el tratamiento adecuado, en atención al estado de salud en que dicha persona se encuentra. Es decir sólo en casos que para el cumplimiento de las competencias legales del organismo sea indispensable solicitar datos sensibles, éste podrá requerir la entrega de dichos datos”, recalcó De la Fuente.
Falta ecosistema de seguridad de datos
El principal problema ante situaciones que exponen o tratan de manera inadecuada información personal, es que la normativa vigente no cuenta con una institucionalidad que vele por el cumplimiento de la ley –existe un proyecto en trámite en el Congreso que establece que la autoridad a cargo sea el Consejo para la Transparencia- y no existe un régimen de sanciones una vez que se establecen responsabilidades, explicó la representante del CPLT.
De la Fuente agregó que la “falta de un ecosistema de seguridad de datos con normativas adecuadas, requería de una mirada renovada, que entregue criterios jurídicos que permitan resguardar adecuadamente los derechos de las personas frente al actuar de los órganos de la Administración del Estado, por ejemplo, en lo que respecta a las medidas de seguridad que deben adoptar en el tratamiento de datos personales”.
Gloria de la Fuente participó en instancia internacional clave en materia de transparencia representando a América Latina. A esto sumó su presencia en el XVIII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, al que asisten autoridades de más de 30 países de Iberoamérica en este ámbito, y en que se revisó el uso de la tecnología y la protección de datos personales con miras a una nueva ola de contagios por Covid-19. (más…)
“Queremos que la transparencia no sólo sea una buena palabra y un privilegio de unos pocos”. Este es parte central del llamado que realizaron a las autoridades la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, y el consejero de esta entidad, Francisco Leturia, a dar señales “acelerando el trámite legislativo y tomando las decisiones políticas que corresponden” para reforzar el valor de la transparencia y promover el derecho de acceso a la información entre los ciudadanos y ciudadanas.
“El proyecto de ley de “Transparencia 2.0”, actualmente en el Congreso, va por el camino correcto. Esperamos que la apertura del periodo para presentar indicaciones permita concretar los ajustes que efectivamente permitirán modernizar nuestra normativa y adecuarla a los estándares que hoy reclama la ciudadanía”, subrayaron.
“Nuestro último Estudio Nacional de Transparencia evidenció el reconocimiento transversal al derecho de acceso a la información, además hemos visto un importante aumento de casos, y con ello también la necesidad de incorporar a otros poderes del Estado y a una larga lista de órganos públicos y privados”, plantearon los representantes del CPLT entre las materias en las que se requiere seguir avanzando.
Uno de los puntos destacados por De la Fuente y Leturia refiere al propio Consejo para la Transparencia. En un contexto de desconfianza en las instituciones de la cual el CPLT no se ha desmarcado afirmaron que: “urgen ajustes a nuestro gobierno corporativo: mayor dedicación de sus consejeros, regulación de inhabilidades, conflictos de intereses y “puerta giratoria””.
Preocupados por falta de quórum
Actualmente, el Consejo Directivo del CPLT se ve imposibilitado de sesionar, dado que no cumple con el mínimo quórum requerido, que son tres consejeros. Ante ello, los dos integrantes actualmente en funciones manifestaron “preocupación” ante la paralización de funciones por la falta de nombramientos para integrar esta instancia.
“Hoy estamos preparados para enfrentar un mes sin quórum, no obstante, todas las señales apuntan a que ese plazo se extenderá, generando un problema a la ciudadanía. Sin duda, es un tema a corregir en la ley. Mientras, necesitamos del compromiso de las autoridades para sacar esta tarea adelante”, plantearon.
Nombramiento de consejeros
Los representantes del Consejo también se refirieron a un tema que ha generado debate en las últimas semanas: las designaciones de los nuevos consejeros -cuyos nombres son propuestos por el presidente de la República y confirmados o rechazados por el Parlamento, siendo rechazados por la Comisión de Constitución del Senado a principios de noviembre.
Al respecto apuntaron a la necesidad de: “La implementación de estándares más altos en estas materias exige también un especial cuidado en el nombramiento de los nuevos consejeros. Solo candidatos con conocimientos, competencias técnicas y capacidad de actuar con real independencia permitirán generar la confianza que se requiere para que el Consejo pueda asumir las facultades necesarias para profundizar la transparencia en nuestro país”.
Algunas experiencias exitosas desarrolladas en el país en favor de la promoción de la transparencia y la integridad presentó hoy la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente en la sesión del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad Pública (SPIO en sus siglas en inglés) del foro global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En la instancia, conformada por las autoridades públicas en Integridad y Anticorrupción del organismo, se abordó el cómo la transparencia y la integridad pueden contribuir con el fortalecimiento de la confianza. En este marco, la titular del CPLT destacó parte de las acciones impulsadas por el organismo chileno durante la pandemia con miras a facilitar el acceso de la ciudadanía a información para monitoreo y reforzamiento del accountability de las gestiones y rendición de cuentas de las autoridades.
A partir de la premisa “sin transparencia y acceso a la información no hay integridad”, la cientista política se refirió a las fiscalizaciones focalizadas en el área de salud, como, por ejemplo, las relacionadas con residencias sanitarias y compras de test rápidos de detección de Coronavirus considerando contratos realizados y requerimientos de información a organismos responsables.
También, la presidenta del Consejo subrayó entre los aprendizajes que ha dejado la crisis sanitaria, la efectividad de monitoreo en áreas específicas para la detección de irregularidades y como herramienta preventiva de corrupción. contribuyendo con el escrutinio social. A esto se suma la necesidad de una comunicación de resultados oportuna y una coordinación entre los actores con otros cuerpos de control.
Infolobby, práctica replicable según la OCDE
En el encuentro de expertos y funcionarios de la SPIO se abordó también el borrador del informe que prepara la OECD sobre la implementación de las recomendaciones del organismo en materia de principios de transparencia e integridad en Lobby.
En ese documento se considera incluir como una buena práctica la plataforma Infolobby.cl que administra el Consejo para la Transparencia (CPLT), y que concentra más de 1 millón 900 mil registros de audiencias, viajes y donativos de las autoridades, sujetos que deben registrar este tipo de actividades. En el mencionado reporte se hará un balance del progreso realizado por la OCDE y países seleccionados en la implementación de la Recomendación de 2010 sobre los Principios de Transparencia e Integridad en Lobby.
La titular de Transparencia presentó la iniciativa, gestionada por el Consejo, la que a ojos de la OECD es una práctica innovadora con respecto a lo que se hace en otros países. En el caso de Chile, los registros se asocian a las autoridades o sujetos pasivos de Lobby, lo que sería considerado adecuado para avanzar en este ámbito donde la implementación de medidas para la transparencia y la integridad sigue siendo un desafío.
De la Fuente reconoció el aporte que se ha hecho a partir de Infolobby y presentó cifras relativas a la caída de registros de audiencias presenciales, cercana a un 70%, y el incremento de las videoconferencias durante los meses de pandemia. En el marco del debate de los expertos se hizo referencia a lo exitoso de la plataforma y al “impresionante” aporte realizado en materia de transparencia y big data.
