Informamos a nuestra comunidad que tras la cuarentena total decretada en 7 comunas de la RM y con el objetivo de contener y prevenir la propagación y contagio del coronavirus, el Consejo para la Transparencia extiende la modalidad de Teletrabajo para todos sus funcionarios y funcionarias hasta el 12 de abril 2020.
Recordamos que estamos entregando nuestro servicio a la ciudadanía de lunes a viernes entre 9:00 a 18:00 horas a través de nuestros canales digitales como el correo contacto@cplt.cl, Fono Ciudadano: +56946594661, Fono institucional: +56936866078, el formulario de atención ciudadana que está en nuestra web www.consejotransparencia.cl.
En caso de entrega de documentos, Oficina de Partes está recibiendo información en el correo oficinadepartes@consejotransparencia.cl
Dadas las implicancias que la situación generada por el Coronavirus puede tener para los organismos de la Administración del Estado en términos de su capacidad de trabajo y la afectación de servicios de despacho de documentos, el Consejo para la Transparencia estableció la flexibilización de plazos para una serie de procedimientos y obligaciones de Transparencia. (más…)
En el contexto del brote del Coronavirus en el país y tras la entrada de Chile en Fase 4 de dicha pandemia acorde a criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió emitir una serie de recomendaciones dirigidas a entidades públicas, con la finalidad de que procedan a dictar y difundir protocolos que entreguen orientaciones tanto a los funcionarios públicos como a la comunidad en general.
La distribución de un oficio dirigido principalmente a servicios de salud -pero también de educación, y municipios de todo el país, entre otras instituciones públicas-, expone la necesidad de mejorar el acceso a información sobre la enfermedad y, al mismo tiempo, proteger datos personales y sensibles de las personas que puedan encontrarse afectadas por el virus o demanden directrices o pasos a seguir a los servicios de salud para prevenir contagios o ser diagnosticados.
Estas acciones impulsadas por el Consejo Directivo del CPLT, explicó su presidente, Jorge Jaraquemada, buscan “El establecimiento y publicidad de orientaciones, las que pueden dar a la gente más calma para enfrentar esta pandemia. Ya se ha tenido información de experiencias en que el acceso a la información se hace complicado y eso genera ansiedad, en especial si hablamos de datos sensibles como el propio estado de salud”.
Desde el Consejo se destaca la iniciativa del Ministerio de Salud en la web institucional, en la que mantiene información sobre sus planes de acción, pero en el documento sugiere a la entidad “disponilizar de manera proactiva antecedentes oficiales, contribuyendo a informar de mejor manera a la ciudadanía respecto de las materias vinculadas al COVID-19”. El titular de Transparencia explica que esta recomendación apunta a sumar antecedentes que se mantienen en distintas fuentes y “tener un repositorio de información relevante para la población, los que buscan información general, quieren evitar el contagio o necesitan antecedentes para saber qué pasos seguir porque tienen síntomas”.
Al respecto detalló: “El Ministerio de Salud tiene en su web información relacionada con su plan de acción ante el Coronavirus, pero la sugerencia desde el Consejo es ir más allá y proactivamente poner a disposición de todos los que requieran el acceso a antecedentes oficiales que ya son publicados en otras fuentes como las estadísticas de personas diagnosticadas, región y ciudad de residencia, o las recomendaciones de las autoridades para proteger a la población, ya sea para prevenir el contagio de personas sanas o para evitar la propagación de la enfermedad”.
Resguardo de información personal
Otra arista que aborda el oficio del Consejo es la protección de los datos personales e información de los pacientes, dado que se trata de datos sensibles, por estar referidos a información de salud. Por ello, Jaraquemada recuerda que las entidades deben dar cumplimiento a lo establecido en las regulaciones vigentes como la Ley sobre Protección de Datos Personales (N°19.628) y la Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Sobre el particular aseveró: “Nuestras recomendaciones apuntan además a la necesidad de resguardar los datos personales y datos sensibles de la población, es decir, aquellos que refieren al estado de salud de la persona. En este sentido, recordamos que debe cumplirse la normativa vigente en lo relativo a la confidencialidad de los datos y muestras de los pacientes contenidas en las fichas clínicas y a una adecuada difusión de información personal sobre personas afectadas o eventualmente contagiadas, tanto en lo que establece la ley de protección de datos personales como la ley que regula los derechos y deberes de los pacientes”.
El año 2017 el Consejo para la Transparencia (CPLT) adoptó la modalidad de teletrabajo que permite a las personas y a la institución contar con un sistema de trabajo a distancia apoyado por medios tecnológicos, decisión que le ha permitido enfrentar de una mejor manera coyunturas especiales como el estallido social y ahora la crisis por el Coronavirus.
A la fecha el CPLT tiene un 44% de la dotación total en esa modalidad en régimen lo que se incrementa hoy exponencialmente ante la contingencia por COVID-19 llegando a tener casi el 100% en esa modalidad ajustando la institucionalidad sólo a servicios mínimos presenciales.
“No sólo ha impactado de manera positiva en la motivación, el compromiso y la calidad de vida de funcionarias y funcionarios; sino que también, ha permitido dar continuidad a las labores de la institución ante situaciones de crisis nacional, tal como ocurrió a partir del 18 de octubre de 2019 y ahora con el Coronavirus”, sostuvo el presiente del CPLT, Jorge Jaraquemada.
Cabe recordar que el Consejo para la Transparencia, gracias a su experiencia previa implementando el Teletrabajo, pudo rápidamente ampliar su cobertura en ambas crisis bajando el impacto evidente en el normal funcionamiento institucional. Así más funcionarios y funcionarias accedieron a la modalidad de teletrabajo, o bien, aumentaron sus días de teletrabajo con la finalidad de lograr cumplir con los objetivos de trabajo del Consejo y dar continuidad al servicio brindado a la ciudadanía.
Hoy, tras la contingencia por el Coronavirus, el CPLT sigue en funciones regulares pero con teletrabajo de emergencia para las funcionarias y funcionarios del Consejo, salvo aquellos que tengan a su cargo servicios mínimos, dejando fuera de este grupo a personas mayores de 65 años y/o aquellas que tengan enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas y personas embarazadas.
En este contexto los canales de atención establecidos son el mail contacto@cplt.cl, el fono +56946594661, el formulario de atención ciudadana que está en nuestra web www.consejotransparencia.cl y de ser necesario, se dispuso un buzón para la entrega de documentos en Morandé 360, piso 7 – Santiago. La atención será a través de canales mencionados de lunes a viernes entre 9:00 a 18:00 horas.
Ante pandemia por el virus Covid-19 en Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) reitera el llamado a poner atención a la circulación y difusión de información de relevancia para la ciudadanía en el contexto del coronavirus, con el fin de evitar las noticias falsas.
En este sentido, te recordamos nuestras recomendaciones al respecto:
A nuestra comunidad les informamos que estas son las medidas que hemos tomado para el resguardo de nuestros funcionarios y funcionarias asumiendo una responsabilidad institucional con la disminución de los contagios y por esa vía evitar la saturación de los sistemas de salud del país.
1.- A partir del lunes 16 de marzo se dispondrá teletrabajo de emergencia para las funcionarias y funcionarios del Consejo, salvo aquellos que tengan a su cargo servicios mínimos, como Oficina de Partes y Atención de Usuarios.
2.- Las funcionarias y funcionarios que forman parte de grupos de riesgo, como personas mayores de 65 años y/o aquellas que tengan enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas y las personas embarazadas, o quienes tengan contacto directo y permanente por su situación familiar con personas en estas condiciones deberán teletrabajar y, no podrán ser consideradas para otorgar servicios mínimos.
3.- Las funcionarias y funcionarios que en los últimos 15 días hayan estado en el extranjero, deberán permanecer en cuarentena realizando sus labores bajo la modalidad de teletrabajo y avisar a la Unidad de Gestión de Personas.
4.- El horario de ingreso y salida será de 10:00 a 16:00 hrs. para quienes deban asistir a las dependencias del Consejo, para evitar coincidir con las horas de mayor congestión.
5.- Se suspenden todos los viajes en cometido funcionario fuera de Santiago, de esta forma, las funcionarias y funcionarios que tengan pasajes adquiridos y agendas de trabajo coordinadas están autorizados para no hacer uso de los pasajes y suspender las referidas actividades.
Estas medidas se extenderán por los próximos 15 días, es decir, hasta el 29 de marzo. De todas formas, estaremos monitoreando la situación para ajustarnos según sea el caso.
Tras la firma de los cuatro proyectos de ley que conforman la Agenda Antiabusos y Privilegios que fue anunciada en el mes de diciembre pasado por el Ejecutivo, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, sostuvo que se trataba de una agenda que iba en el sentido correcto pero que a su juicio llegaba tarde y seguía siendo incompleta.
“Cuando esta agenda se anunció originalmente en diciembre pasado, señalamos que iba en el sentido correcto, que es un avance indudable y necesario, pero sin embargo creo que está llegando un poco tarde y, además, me parece que sigue siendo una agenda coja o incompleta”, señaló Jaraquemada.
Según el titular de transparencia la iniciativa no incluye aquellas instituciones “respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados o donde hay brechas de ese tipo, por ejemplo, el parlamento”.
Jaraquemada subrayó que se trata de una agenda acotada “que no ataca el conflicto de interés que puedan tener parlamentarios y que hemos señalado en reiteradas oportunidades; no vemos -además- medidas pro transparencia, de ampliación del tema de Alta Dirección Pública o de aplicación de ley del Lobby a las empresa públicas”.
“Tampoco hay nada en torno al tema municipal de dobles contrataciones, por ejemplo, uso de horas extraordinarias, de donaciones que los privados hacen a organismos municipales o de las compras y licitaciones que ahí se realizan; tampoco vemos iniciativas que vayan a un tema prioritario como supervigilar adecuadamente los procesos de adjudicación y modificaciones o término de grandes contratos de licitación en infraestructura”, espetó.
Asimismo, el presidente del Consejo enfatizó que según su parecer no había un aumento de sanciones para las personas naturales o jurídicas que hayan participado en actos contrarios a la probidad o libre competencia, “por ejemplo estableciendo que no puedan participar en futuras licitaciones del Estado”, “ni mayores atribuciones para una entidad tan relevante como la Contraloría General de la República”.
“En este sentido, lo que me cabe a mí concluir es que la única forma de avanzar en una mayor credibilidad y confianza en las instituciones es acelerando e incrementando la mayor transparencia y probidad en el sistema público en general”, finalizó.
El proyecto que perfecciona la Ley de Transparencia, a más de 11 años de su promulgación, también conocido como “Transparencia 2.0” fue despachado este martes 3 de marzo por la sala de la Cámara de Diputados, cerrando de esta manera su primer trámite constitucional.
Este martes 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en sala, en dos votaciones separadas, la mayoría de los artículos del proyecto que modifica la Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, iniciativa conocida como “Transparencia 2.0”. De esta forma, y tras el análisis de las comisiones de Constitución y Hacienda de dicha Cámara, la iniciativa fue despachada al Senado para continuar su segundo trámite.
Dicho avance fue calificado por el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, como una señal positiva, dado que “la aprobación de la mayor parte de la iniciativa es un paso importante, porque perfecciona el sistema de transparencia de nuestro país”.
“Como Consejo siempre hemos planteado la necesidad de que exista un sistema unificado de acceso a la información, ya que permite a los usuarios simplificar la tramitación de estos recursos ante una sola entidad administrativa”, comentó el titular de Transparencia. “Pero seguimos con temas pendientes relacionados con las obligaciones de transparencia de entidades que enfrentan importantes desafíos ante la crisis de confianza institucional”, agregó.
Los diputados aprobaron la mayor parte de los artículos -por 152 y 151 votos- el proyecto en general, que entre otras materias establece la incorporación de órganos autónomos constitucionales a las obligaciones de transparencia como es el caso de Cámara de Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional o el Servicio Electoral (SERVEL), entre otros.
En lo relativo a la posibilidad de interponer recursos de reclamación ante las Cortes de Apelaciones en contra de las decisiones por acceso a la información pública de estas entidades y a la unificación de jurisprudencia por parte del Corte Suprema, los artículos fueron rechazados por no alcanzar el quórum requerido y deberán continuar en debate en la Cámara Alta.
Respecto de la iniciativa aprobada destaca la obligación de las entidades públicas de adscribir al Portal de Transparencia del Estado, para así facilitar el cumplimiento de los deberes de transparencia activa. Por otro lado, se establece que las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos por una cantidad igual o superior a 1.500 UTM, los cuales representen al menos un tercio del patrimonio del año anterior, deberán mantener a disposición del público antecedentes tales como sus estatutos, miembros de su directorio, cuadros de ingreso y gastos, entre otros.
Transparentar acciones del Congreso Nacional y obligaciones para sanitarias y eléctricas
En el caso del Parlamento, la iniciativa establece una serie de obligaciones de transparencia activa como: la difusión de información sobre asistencia y permanencia en la Sala y participación en las comisiones de las y los parlamentarios, además de difundir sus votaciones, elecciones, dietas y asignaciones.
Además dispone obligaciones de transparencia activa para las entidades reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios y, la de Servicios Eléctricos y determinadas concesiones de obras públicas. Finalmente, crea una Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como objetivo procurar el funcionamiento y buen fortalecimiento del sistema de transparencia. Dicha comisión será presidida por un representante del Consejo para la Transparencia.
