• El máximo tribunal acogió recurso de queja del Consejo para la Transparencia (CPLT), por lo que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura deberá entregar antecedentes sobre  uso de pesticidas y presencia de dos enfermedades infecciosas por centro de producción de salmónidos de dos empresas con cultivos en varias regiones del sur, que se habían opuesto a publicitarlos de forma desagregada.
• El fallo deja sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt (Rol 122-2017) que permitía a los privados mantener bajo reserva información de sus centros. 

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La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el carácter de público de las hojas de vida de Miguel Krassnoff Bassa, ex oficial y agente de la DINA; de Juan Edmundo Cornejo y del coronel Sergio Vásquez, estos dos últimos sometidos a proceso en 2018 por delitos de fraude al Fisco en el marco del caso denominado “Milicogate”, investigación a cargo de la jueza Romy Rutherford. Este fallo ratifica la decisión del CPLT tras los amparos presentados ante la institución (roles C5640-18, C5933-18 y C5641-18), obligando al Ejército a entregar estos registros.

De esta forma, el tribunal confirma lo dicho por el Consejo respecto de la “naturaleza eminentemente funcionaria” del contenido de la hoja de vida de un servidor público que trabaja o trabajó en un órgano de la Administración del Estado, vislumbrándose que su publicidad no vulneraría la privacidad de la persona. Lo anterior puesto que no se relaciona con aspectos íntimos de la vida privada de las personas respecto de quienes se realizaron las solicitudes, sino que con cuestiones propias de su carrera como miembros del Ejército mientras se desempeñaron en la institución.

La Corte reconoce que si bien conforme al concepto legal de la hoja de vida contenido en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas éstas pueden contener referencias a licencias médicas, sumarios o sanciones administrativas, sentencias civiles y criminales, en los tres casos presentados ante el CPLT en los períodos consultados se da cuenta sólo de antecedentes vinculados con el cumplimiento de la función pública desempeñada y no constan datos sensibles de los funcionarios.

Asimismo, el fallo estableció que Ejército no acreditó oportunamente ante el CPLT alguna de las causales legales de secreto o reserva previstas en la Ley de Transparencia (Art. 21 Nº 5),  en relación con lo dispuesto en los artículos 34 letra a) y b) de la Ley 20.424 y 436 Nº 1 del Código de Justicia Militar. Tampoco se estableció que el amparo afectara la seguridad de la Nación en los términos exigidos por la norma de la Ley N° 20.285.

Cabe destacar que el fallo de la Corte de Apelaciones de la capital, podría ser recurrido de queja por el Ejército ante la Corte Suprema, acción cuyo plazo para el organismo es el próximo martes 10 de diciembre.

• El Consejo para la Transparencia (CPLT) preparó documento con recomendaciones orientadas a prevenir prácticas de corrupción que han colaborado con la percepción de injusticia a nivel país. Lo mismo han hecho organizaciones de la sociedad civil como Espacio Público y Chile Transparente.
• La relevancia de la agenda corta analizada en este encuentro organizado por el CPLT y el CEIUC, señaló el titular de Transparencia, radica en la idea de que “un elemento básico de la desconfianza es la corrupción”.

 

Propuestas para mejorar la regulación en materia de corrupción, impunidad y abusos en los sectores público y privado, analizaron esta mañana el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, y la directora de incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada.

 

Esto en el marco de un conversatorio realizado en la Facultad de Derecho de la UC y moderado por el director del Centro de Estudios Internacionales (CEICUC) de esta casa de estudio, Jorge Sahd, instancia en la que se analizó la situación que vive el país y en este contexto una serie de medidas que estas instituciones plantean como parte de las acciones que pueden emprenderse para descomprimir la situación generada tras el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre.

 

El máximo representante del CPLT y de las organizaciones de la sociedad civil presentes, coincidieron en que la situación de corrupción en Chile estaba mostrando algunos elementos que podían asociarse a un “semáforo en rojo” en términos de evidencia ante situaciones de corrupción. En particular, Jaraquemada enfatizó en la relevancia del debate dado que “un elemento básico de la desconfianza es la corrupción”, la que además deslegitima el sistema político “lo que contribuye a situaciones como las que se viven hoy”.

 

El titular de transparencia, sostuvo además: “teníamos un diagnóstico de que Chile mostraba un alza en la desconfianza hace más de una década”. Según señaló, actores involucrados en actos de corrupción comenzaban no a ser sistemáticos, pero si más frecuentes, “lo que generaba un riesgo real” por sus costos políticos, económicos y sociales.

 

Respecto de la percepción de la ciudadanía explicó que: “Había en Chile una suerte de resignación frente a situaciones que la gente percibía como injustas, esa resignación se va transformando en frustración y esa frustración por muy diversos temas –salud, pensiones, entre otros- confluye en el elemento común que es la desigualdad”.

 

Antes del estallido social, recordó el titular del Consejo para la Transparencia, la entidad había propuesto un “Acuerdo nacional anti corrupción”, documento que reunía una serie de mejoras a regulaciones vinculadas a reducir espacios de secretismo y en la que se revisaban una serie de experiencias internacionales que apuntaban a prevenir abusos e irregularidades en ciertos ámbitos.

 

En el contexto actual se plantea implementar agenda corta para combatir la corrupción, irregularidades y faltas a la probidad. En el conversatorio el presidente del Consejo adelantó algunas de las medidas sugeridas como es la dedicación exclusiva en el caso de la labor parlamentaria y de consejeros de organismos de la administración pública. En el caso del Parlamento vinculado al deber de abstención.

 

María Jaraquemada directora de incidencia de Espacio Público, afirmó que consideran necesario que se evalúen medidas y temas que -desde la perspectiva del centro de estudios- se mantiene por ahora en el ámbito de los anuncios que ha realizado el Ejecutivo, como aquellas que regulan relaciones de poder. Además, insistió en la necesidad de que una agenda anti abusos y anti corrupción debe incorporar como garantes a organizaciones del sector privado, de la sociedad civil y otros actores.

 

Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente entre otras materias vinculadas a la situación que vive el país hizo un mea culpa y planteó que como sociedad deben erradicarse prácticas asociadas a la idea de que “los pobres cometen delitos y los ricos cometen errores”.

 

Agenda del Ejecutivo

Una de las líneas de trabajo del Ejecutivo tras el estallido social ha sido la construcción de una agenda “anti abusos” o “anti privilegios”. Ésta incluiría una serie medidas y mejoras en la regulación orientadas a reducir o erradicar prácticas de colusión, cohecho entre otras, en los sectores público y privado. Desde la vocería de Gobierno se afirmó que la propuesta sería presentada en los próximos días.

• “El Consejo para la Transparencia es el órgano encargado de velar por la protección de datos personales que manejan y gestionan organismos del Estado, por lo que consideramos clave realizar un análisis que permita evidenciar falencias y corregirlas, de manera de reducir brechas de seguridad en extremo sensibles para la institución, en particular en un contexto como el actual”, comentó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

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• El Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió documento con recomendaciones a la policía uniformada para asegurar el adecuado cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la Ley de Transparencia en el caso de registros públicos generados con recursos del Estado, que incluyen imágenes captadas por dispositivos de videograbación y cámaras fotográficas portátiles.
• La relevancia de este tipo material, señalan desde el CPLT, es mayor en el contexto que se vive desde el 18 de octubre, no sólo para garantizar el derecho de acceso a información pública sino para los tribunales de justicia u órganos competentes en el ejercicio de sus funciones, en caso de ser requeridos en el marco de investigaciones por acciones vandálicas o por procedimientos no ajustados a protocolo.

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• El proceso se desarrolló los primeros días de noviembre en 27 comisarías de tres regiones del país, permitiendo establecer que en un 70% de los casos se dio cumplimiento al libre acceso, denegándose su conocimiento en un tercio de las unidades ante una primera solicitud.
• Desde el Consejo para la Transparencia (CPLT), su presidente, Jorge Jaraquemada, aclaró que la entrega de información y el contenido de los registros es responsabilidad exclusiva de Carabineros, pero el Consejo como órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a información pública tiene la “obligación de velar por la publicidad de la información de órganos del Estado y creemos que las acciones de fiscalización y recomendaciones que hemos remitido a Carabineros han permitido el cumplimiento mayoritario de una disposición establecida en la Constitución y en reglamentos internos de la policía uniformada, que reconocen el carácter público de este registro”.

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• La herramienta permite el “escrutinio público” de autoridades como las audiencias que han sostenido, costos de viajes y destinos, y donativos recibidos, y ha posibilitado conocer más sobre aquellos que ejercen actividades de Lobby en el país, colaborando con la rendición de cuentas para prevenir la corrupción que a juicio del presidente del CPLT contribuyó al estallido social.

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• El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, explicó la relevancia de suscribir este documento en el contexto actual dado que  “Lo que estamos viviendo y cómo avanzar va de la mano con el hecho de entender que la corrupción es parte del problema, pero también, si se fortalece y se elevan los niveles de transparencia, es parte de la solución”.
• Entidades que garantizan el acceso a la información de América Latina y Europa que integran la Red de Transparencia (RTA), instaron a gobiernos a consolidar políticas en la materia y reconocen que el control social es fundamental en un estado democrático.

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• Consejo para la Transparencia (CPLT) insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a crear un portal único, centralizado, oportuno y claro que precise el avance de las diferentes agendas para contener la crisis.
• Según el CPLT esto además permitirá combatir la difusión de noticias falsas y confusas, que complotan contra la búsqueda de soluciones a la crisis.

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• El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, consideró positiva la práctica de publicidad dada por el Ejecutivo al acta de la última sesión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) convocada por el Presidente de la República.
• Agregó que “nos permiten conocer detalles de una situación histórica, lo que reafirma la relevancia de la postura que hemos defendido como Consejo que ha estado a favor de que se analicen en su justo mérito las causales de reserva”.

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• Tras procedimiento de fiscalización realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), se insta a la policía uniformada a aclarar incidencias y fallos técnicos en la web institucional que han obstaculizado el ingreso de solicitudes de información dirigidas a la entidad y el acceso a antecedentes que debe mantener publicados en su página.
• El CPLT había remitido una comunicación anterior a la policía uniformada y a otros organismos vinculados a seguridad y FFAA para advertir que los registros de detenidos son públicos y la entrega de información sobre detenidos o imputados no puede negarse o limitarse bajo ninguna circunstancia.

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• “Priorizar una agenda anticorrupción es un imperativo ético ineludible que debe tramitarse con urgencia en el Parlamento”, destacó el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada.

Ante las declaraciones del ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, quien señaló en un medio de comunicación que “hemos sido muy tolerantes con la corrupción” y que el Ejecutivo estaba trabajando en un proyecto de ley que endurezca las penas que afecten la libre competencia, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, aseguró que priorizar una agenda anticorrupción es un imperativo ético ineludible que debe tramitarse con urgencia en el Parlamento.

“Hemos señalado que la corrupción es parte del problema y de la crisis social que estamos enfrentando, por eso como Consejo creemos que la agenda del Ejecutivo para dar solución al estallido social debe ir de la mano con una agenda de probidad y anticorrupción. Es decir, cualquier iniciativa que busque reducir los espacios de corrupción debe tener prioridad legislativa”, subrayó el titular de Transparencia.

Según el presidente del Consejo “La agenda anticorrupción es un imperativo ético ineludible que debe tramitarse con la urgencia necesaria y con el apoyo transversal de nuestro parlamento”. “Es necesario dar a todos los proyectos de ley una mirada de transparencia y probidad. Nuestra convicción es que la crisis social tiene una componente derivada de la percepción de corrupción en el país, que se suma al malestar que predomina en Chile y del cual tenemos que hacernos cargo de manera eficaz e inmediata”, sentenció Jaraquemada.