Una positiva valoración del despacho de la iniciativa que moderniza la Ley de Transparencia, cuya entrada en vigencia en abril de 2009- por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, realizó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada.
Para la entidad, este avance en la tramitación del proyecto denominado “Transparencia 2.0” -que fue aprobado por la instancia de la Cámara Baja de forma unánime- permitirá “mover el cerco” en materia de estándares de transparencia, incorporando nuevos actores como sujetos que se verán obligados a cumplir con obligaciones de transparencia y creando nuevos deberes y exigencias cuya facultad de fiscalización recaerá en el Consejo para la Transparencia. Entre los perfeccionamientos que establece el proyecto destacan: mecanismos de transparencia aplicables a órganos autónomos constitucionales (Contraloría, Banco Central, entre otros) en materia de Transparencia Activa y se incorporan nuevas obligaciones de transparencia activa fiscal y de lenguaje claro, entre otros.
“Enfrentamos este nuevo paso en un marco en el que hemos llegado a la convicción de que la transparencia es central para reforzar a instituciones claves para nuestro sistema democrático, y que hoy enfrentan una crisis de confiabilidad que requiere que hagan esfuerzos en materia de transparentar sus acciones, decisiones y procesos”, dijo el titular del CPLT.
“Creemos que tener nuevas exigencias, ampliar el sistema de transparencia e imponer nuevos desafíos para prevenir la corrupción, que es parte del descontento que derivó en el estallido social, son caminos de salida para lo que enfrentamos como sociedad”, finalizó Jaraquemada.
El proyecto de ley podría ser incluido en la tabla de la Sala de la Cámara de Diputados en la última semana de enero, y de ser despachado por dicha instancia pasaría a segundo trámite constitucional en el Senado.
Con el fin de recoger demandas y opiniones de la comunidad y con esta información proponer mejoras a las políticas en transparencia y anticorrupción, el Consejo para la Transparencia (CPLT) desarrolló su cuarto diálogo ciudadano en la ciudad de Arica.
La entidad está organizando estos espacios de reflexión y participación en distintas ciudades del país, a partir de un requerimiento del Consejo Directivo de la entidad, reflexionando con la ciudadanía sobre corrupción, fenómeno que a juicio del CPLT es una de las causales que derivó en el descontento de la gente y el estallido social.
En la jornada se revisó el impacto económico y social que genera el fenómeno de la corrupción y el impacto que esto genera en una baja en la confianza y credibilidad en las instituciones, lo que impacta en el debilitamiento de la democracia.
El Consejo estará abocado a este tipo de encuentros durante el mes de enero, con el fin de levantar información de primera mano de comunidades de todo el país y su visión del momento social que se vive actualmente y a partir de estos insumos proponer cambios que permitan prevenir la corrupción y elevar los estándares de transparencia en distintas instituciones clave para mejorar la situación actual.
Los diálogos programados por CPLT se desarrollan en alianza con distintas organizaciones de la sociedad civil y universidades en diversas regiones a lo largo de todo Chile. El 25 de enero la actividad se realizará en Puerto Montt en coordinación con la Universidad de Los Lagos en el Instituto Tecnológico Regional de dicha casa de estudios ubicado en calle Quellón 203.
En un contexto en el que el mercado de los medicamentos y sus precios han estado en el foco, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenando al Instituto de Salud Pública (ISP) a entregar documentos sobre las visitas inspectivas de la entidad en el marco de procedimientos de fiscalización realizados a tres laboratorios y los reportes anuales de la fabricación de bioequivalentes.
Lo anterior deriva del fallo del máximo tribunal que rechazó los reclamos de ilegalidad presentados por las empresas Laboratorios Mintlab S.A, Eurofarma, y Bagó Chile S.A., lo que posibilitará que el solicitante reciba -previo tarjado de información en que consten especificaciones del principio activo de los productos farmacéuticos y datos personales de contexto- el instructivo y actas de las visitas inspectivas realizadas por el ISP, documentos asociados a procesos de fiscalización del mencionado organismo y reportes anuales sobre los lotes fabricados de medicamentos bioequivalentes.
En el caso de las actas, el fallo de la Corte de Santiago indicó que la información solicitada corresponde a una etapa de la fiscalización que persigue evaluar el cumplimiento de criterios y objetivos de una determinada inspección, dejando constancia de los incumplimientos detectados y de los plazos que se establezcan para subsanarlos.
En cuanto a los reportes de los lotes fabricados, conforme lo estableció el propio ISP, estos forman parte de su procedimiento administrativo y constituyen el fundamento de esta actividad, puesto que son requeridos en cada inspección a los productos cuyo proceso de fabricación fue validado.
La sentencia establece, al igual que la decisión del amparo rol C571-18 del CPLT, que los documentos solicitados no corresponden a información secreta “ya que es conocido por las empresas del rubro farmacéutico, el tipo de maquinaria y equipo a utilizar para la producción de cada tipo de medicamento” y reconoce su interés público “pues su publicidad permite ejercer un control social respecto del ejercicio de las funciones fiscalizadoras del ISP, en relación a la fabricación de productos farmacéuticos bioequivalentes”.
Pese al fallo de la Corte de Apelaciones, las empresas cuyos reclamos de ilegalidad fueron rechazados tienen plazo para recurrir de queja ante la Corte Suprema hasta el lunes 13 de enero.
