Una positiva valoración del despacho de la iniciativa que moderniza la Ley de Transparencia, cuya entrada en vigencia en abril de 2009- por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, realizó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada.
Para la entidad, este avance en la tramitación del proyecto denominado “Transparencia 2.0” -que fue aprobado por la instancia de la Cámara Baja de forma unánime- permitirá “mover el cerco” en materia de estándares de transparencia, incorporando nuevos actores como sujetos que se verán obligados a cumplir con obligaciones de transparencia y creando nuevos deberes y exigencias cuya facultad de fiscalización recaerá en el Consejo para la Transparencia. Entre los perfeccionamientos que establece el proyecto destacan: mecanismos de transparencia aplicables a órganos autónomos constitucionales (Contraloría, Banco Central, entre otros) en materia de Transparencia Activa y se incorporan nuevas obligaciones de transparencia activa fiscal y de lenguaje claro, entre otros.
“Enfrentamos este nuevo paso en un marco en el que hemos llegado a la convicción de que la transparencia es central para reforzar a instituciones claves para nuestro sistema democrático, y que hoy enfrentan una crisis de confiabilidad que requiere que hagan esfuerzos en materia de transparentar sus acciones, decisiones y procesos”, dijo el titular del CPLT.
“Creemos que tener nuevas exigencias, ampliar el sistema de transparencia e imponer nuevos desafíos para prevenir la corrupción, que es parte del descontento que derivó en el estallido social, son caminos de salida para lo que enfrentamos como sociedad”, finalizó Jaraquemada.
El proyecto de ley podría ser incluido en la tabla de la Sala de la Cámara de Diputados en la última semana de enero, y de ser despachado por dicha instancia pasaría a segundo trámite constitucional en el Senado.
Con el fin de recoger demandas y opiniones de la comunidad y con esta información proponer mejoras a las políticas en transparencia y anticorrupción, el Consejo para la Transparencia (CPLT) desarrolló su cuarto diálogo ciudadano en la ciudad de Arica.
La entidad está organizando estos espacios de reflexión y participación en distintas ciudades del país, a partir de un requerimiento del Consejo Directivo de la entidad, reflexionando con la ciudadanía sobre corrupción, fenómeno que a juicio del CPLT es una de las causales que derivó en el descontento de la gente y el estallido social.
En la jornada se revisó el impacto económico y social que genera el fenómeno de la corrupción y el impacto que esto genera en una baja en la confianza y credibilidad en las instituciones, lo que impacta en el debilitamiento de la democracia.
El Consejo estará abocado a este tipo de encuentros durante el mes de enero, con el fin de levantar información de primera mano de comunidades de todo el país y su visión del momento social que se vive actualmente y a partir de estos insumos proponer cambios que permitan prevenir la corrupción y elevar los estándares de transparencia en distintas instituciones clave para mejorar la situación actual.
Los diálogos programados por CPLT se desarrollan en alianza con distintas organizaciones de la sociedad civil y universidades en diversas regiones a lo largo de todo Chile. El 25 de enero la actividad se realizará en Puerto Montt en coordinación con la Universidad de Los Lagos en el Instituto Tecnológico Regional de dicha casa de estudios ubicado en calle Quellón 203.
En un contexto en el que el mercado de los medicamentos y sus precios han estado en el foco, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenando al Instituto de Salud Pública (ISP) a entregar documentos sobre las visitas inspectivas de la entidad en el marco de procedimientos de fiscalización realizados a tres laboratorios y los reportes anuales de la fabricación de bioequivalentes.
Lo anterior deriva del fallo del máximo tribunal que rechazó los reclamos de ilegalidad presentados por las empresas Laboratorios Mintlab S.A, Eurofarma, y Bagó Chile S.A., lo que posibilitará que el solicitante reciba -previo tarjado de información en que consten especificaciones del principio activo de los productos farmacéuticos y datos personales de contexto- el instructivo y actas de las visitas inspectivas realizadas por el ISP, documentos asociados a procesos de fiscalización del mencionado organismo y reportes anuales sobre los lotes fabricados de medicamentos bioequivalentes.
En el caso de las actas, el fallo de la Corte de Santiago indicó que la información solicitada corresponde a una etapa de la fiscalización que persigue evaluar el cumplimiento de criterios y objetivos de una determinada inspección, dejando constancia de los incumplimientos detectados y de los plazos que se establezcan para subsanarlos.
En cuanto a los reportes de los lotes fabricados, conforme lo estableció el propio ISP, estos forman parte de su procedimiento administrativo y constituyen el fundamento de esta actividad, puesto que son requeridos en cada inspección a los productos cuyo proceso de fabricación fue validado.
La sentencia establece, al igual que la decisión del amparo rol C571-18 del CPLT, que los documentos solicitados no corresponden a información secreta “ya que es conocido por las empresas del rubro farmacéutico, el tipo de maquinaria y equipo a utilizar para la producción de cada tipo de medicamento” y reconoce su interés público “pues su publicidad permite ejercer un control social respecto del ejercicio de las funciones fiscalizadoras del ISP, en relación a la fabricación de productos farmacéuticos bioequivalentes”.
Pese al fallo de la Corte de Apelaciones, las empresas cuyos reclamos de ilegalidad fueron rechazados tienen plazo para recurrir de queja ante la Corte Suprema hasta el lunes 13 de enero.
La Corte de Apelaciones de Santiago, a través de un fallo unánime (Rol N°519-2018), ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordena a la Municipalidad de Maipú entregar información relacionada a demandas laborales deducidas por ex trabajadores del organismo, detallando montos pagados y las razones por las cuales se perdieron los juicios.
En forma previa al pronunciamiento del máximo tribunal, la Municipalidad de Maipú había recurrido al Tribunal Constitucional (TC) con la finalidad de defender la causal de reserva invocada por el organismo público relativa a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. Lo anterior, dado que la Ley de Transparencia (art. 28) impide a los órganos de la Administración del Estado alegar en sede judicial que la publicidad ocasiona afectación de sus funciones. El TC acogió el requerimiento de inaplicabilidad, estimando que esa limitación legal afectaba el derecho al debido proceso, permitiendo al Municipio discutir la causal de secreto invocada.
No obstante, el tribunal de alzada desestimó el reclamo de ilegalidad presentado por el municipio de Maipú en contra del Consejo y estableció -al igual que lo hiciera el CPLT (amparo Rol C3003-18)- que el Municipio no acreditó dicha causal de reserva reconociendo el carácter de pública de la información solicitada.
Asimismo, la sentencia determinó que no se deriva de los antecedentes que el informe o documentos requeridos -cuyo acceso fue negado por la municipalidad- perjudiquen a quienes lo suscriben y que la reserva contenida en su Ley Orgánica está referida únicamente al deber funcionario de quienes laboran en dicha entidad.
La decisión del CPLT consignó además que la respuesta a la solicitud de acceso a la información por parte de la municipalidad de Maipú, fue entregada fuera de plazo legal, y estableció la comunicación de los antecedentes a la máxima autoridad edilicia dado que constituye una infracción a la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, del mismo cuerpo legal. “Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones”, puntualiza el documento.
• Tras el informe emitido por la instancia de la Cámara alta, la iniciativa deberá ser vista ahora por la Comisión de Hacienda, esperando que en los primeros meses del año pase a sala.
• El despacho legislativo ratifica que será el Consejo para la Transparencia y Protección de Datos personales la entidad a cargo de esta tarea.
En la sesión de este miércoles (8 de enero), la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento del Senado despachó el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, manteniendo el texto que establece que sea el Consejo para la Transparencia (CPLT) el órgano encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa.
Para el titular del Consejo, entidad que vela actualmente por el adecuado resguardo de este tipo de información en organismos de la administración central del Estado, subrayó que “es de suma relevancia para el CPLT que la Comisión de Constitución haya despachado la iniciativa con el texto propuesto, reconociendo la calidad de independiente y autónomo de nuestra entidad, dos de los requisitos básicos que la institucionalidad a cargo de la protección de datos personales tiene en distintos países del mundo que cuentan con normativas de alto estándar en esta materia”.
De esta forma estamos avanzando en un ámbito en el que “como país mantenemos una gran deuda, dado que el marco regulatorio vigente data de 1999 -mucho antes del crecimiento explosivo de Internet- y que mantiene a la ciudadanía con niveles inadecuados de resguardo de su información personal”.
El titular de Transparencia destacó que en las presentaciones realizadas por el CPLT durante la tramitación de la iniciativa “hemos planteado una serie de cuestiones relevantes para tener un buen proyecto de ley e ir reduciendo una serie de brechas entre la actual regulación y las exigencias que ha ido imponiendo el avance tecnológico que se han producido en las últimas décadas”, enfatizó Jaraquemada.
A modo de ejemplo, el representante del CPLT destacó la modificación de definiciones centrales para legislar sobre la materia como es el concepto de dato personal, el que a partir de este texto se adecua a normas internacionales como es el caso del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Asimismo, se subraya el establecimiento de un catálogo de derechos, que apunta a definiciones más específicas que permitan “la protección efectiva de los derechos sobre nuestros datos, los llamados derechos ARCOP (Acceso del usuario a su información, Rectificación si el titular lo solicita, Cancelación o eliminación de los datos que una determinada entidad maneja, Oposición a que se intercambian datos sin la autorización del titular y Portabilidad de los mismos).
En este último caso, comentó el presidente del CPLT, este derecho no se establecía en la legislación chilena y “reconoce que la persona es dueña de sus datos personales, por lo que podrá usarlos de la manera en la que el titular defina y generando las condiciones para ejercer un mayor control sobre ellos en cuanto a su transferencia, tratamiento, entre otras acciones. En palabras simples da una serie de herramientas que protegerán de mejor forma a los usuarios, los que podrán ejercer estos derechos sin necesidad de llevar estos temas a tribunales”, finalizó Jaraquemada.
Régimen de sanciones
Otra de las materias que regula la nueva normativa refiere a las sanciones asociadas a usos abusivos de datos personales “los que pueden afectar a cualquier persona, puesto que a diario estamos entregando o las empresas y entidades públicas están tratando nuestros datos para distintos fines”.
Ante cualquier incumplimiento será el Consejo para la Transparencia la institución a cargo de investigar y de establecer responsabilidades en los casos que corresponda “sin perjuicio de las responsabilidades legales, civiles o penales, que pudieran corresponder al responsable o al delegado de datos en caso de que la institución tenga uno designado”.
Las multas a las que se expondrán dependerán del tipo de infracción de que se trate –desde las 50 UTM a las 10.000 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) equivalente a 485 millones de pesos-, contemplándose sanciones leves, graves y gravísimas, y considerando en casos extremos la suspensión del tratamiento de datos por parte del organismo.
