El presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, subrayó que la idea era entusiasmar a los municipios con temas susceptibles de mejorar y avanzar progresivamente hacia una mayor transparencia.
Jaraquemada sostuvo que probablemente debiera existir alguna campaña informativa que dé cuenta de las medidas que se están tomando en probidad y transparencia pero que era una buena señal contar con una ciudadanía alerta y pendiente de lo que sucede en nuestro país en la materia.
Tras darse a conocer los resultados del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe por Transparencia Internacional, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, señaló que si bien no eran buenas cifras, se trataba del reflejo de una ciudadanía alerta, poniendo acento en que Chile se ha hecho cargo proactivamente del problema de la corrupción con una robusta agenda de probidad y transparencia en el parlamento.
Cabe recordar que según el informe un 54% de los chilenos dice que la corrupción aumentó en el último año, mientras que el 85% manifestó que considera que la corrupción en el gobierno es un problema grave.
“Tal y como revela el informe, los casos de corrupción conocidos tanto en el Ejército como en Carabineros de Chile pusieron esta temática en la primera línea de las preocupaciones ciudadanas en nuestro país, que si bien no es de las más altas respecto a otros países de Latinoamérica, también instala una alerta respecto al nivel de confianza en nuestras instituciones, que finalmente podría afectar a nuestra democracia”, sentenció Jaraquemada.
Asimismo, el titular del CPLT subrayó que “No son buenas cifras, pero lo relevante es que Chile siempre actúa en consecuencia y hemos visto que la justicia está haciendo su trabajo y como proactivamente tanto las instituciones aludidas como los poderes Ejecutivo y Legislativo han tomado medidas a través de proyectos de ley que ponen barreras anticorrupción avanzando hacia un país con una mejor regulación en materia de probidad y transparencia”
“Quizás debiera existir alguna campaña informativa que dé cuenta de estas medidas, no obstante, a nuestro parecer es una buena señal contar con una ciudadanía alerta y pendiente de lo que sucede en nuestro país en la materia”, concluyó.
En el marco del seminario “Desarrollando una política de Estado en Integridad Pública y Transparencia”, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada y la consejera del organismo, Gloria de la Fuente, debatieron sobre la situación de la corrupción en Chile y las principales líneas de acción y desafíos para enfrentarla, comentando -de paso- los avances de la Agenda de Integridad y Transparencia del Ejecutivo, presentada por el Ministro Secretario General de la Presidencia (SEGPRES), Gonzalo Blumel.
Ambos representantes del CPLT coincidieron en el diagnóstico de un aumento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Sobre el particular, el presidente del Consejo planteó que los niveles de confianza han mostrado un retroceso y “es preocupante, porque socava las bases institucionales y las bases de la democracia”. Una visión con la que coincidió la consejera, destacando el impacto de casos de irregularidades descubiertos en el último tiempo, lo que genera alta preocupación ciudadana e impacta en la democracia y en el sistema político en general, instalando a la corrupción como una variable relevante en materia electoral.
Jaraquemada subrayó en su diagnóstico que “Sino teníamos el nivel de visibilidad de actos de corrupción que en el último año hemos tenido, (…) era básicamente porque anteriormente no teníamos las herramientas legales -entre ellas la ley de transparencia, ley del lobby y varias otras- que nos permitían un escrutinio y por lo tanto levantar información que nos permitiera darnos cuenta del real estado de situación”. Asimismo, apuntó a “cierta indolencia y cuando no de complicidad, de controles internos y externos que las instituciones deben tener”.
Asimismo, el titular del CPLT precisó que la mirada en materia de transparencia y el sistema de integridad pública debe tener como eje central la modernización del Estado, “es la forma correcta y adecuada de entender este proceso de avanzar en establecer una cultura de transparencia o de mayor probidad”. Durante su intervención, destacó algunos de los logros obtenidos en los más de 10 años de la Ley de Transparencia que apuntan a un sistema de transparencia que funciona y que es utilizado de forma intensiva por la gente.
Respecto de la demanda ciudadana por transparencia, la consejera de la Fuente subrayó que es “sin importar si es un organismo público o privado, porque finalmente la desconfianza ha ido cruzando estos mundos en los últimos años”. El desafío, desde su perspectiva, “no es sólo hacernos cargo de la transversalidad y expansión de esta crisis de confianza” sino cómo se dota al concepto de transparencia de contenido y “cómo se traduce en políticas concretas”.
De la Fuente refirió también a lo que considera son las claves del futuro, las herramientas asociadas a un ecosistema de transparencia en que Chile que ha avanzado de manera sustantiva y que pueden ayudar con el fenómeno de la corrupción. Refirió al rol de las organizaciones de la sociedad civil y redes de ONG’s, entre otros, que exigen monitoreo de las acciones del Estado y que se erigen en formas alternativas de control social y político, un rol que comparten con los medios de comunicación. Asimismo, destacó que los usuarios de la Ley de Transparencia elevan sus niveles de confianza y que un porcentaje importante de gente que cree que la transparencia en sí misma es un valor y que permite conocer situaciones que vulneran la fe pública.
Jaraquemada finalizó celebrando que acciones propuestas por el Consejo, hayan sido recogidas y formen parte de la sistematización y medidas, algunas de ellas legislativas, que implementará la SEGPRES.
En la actividad participaron además el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Maneau, representantes de la SEGPRES y del PNUD, además de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, ONG’s, entre otras.
La Ley danesa de Transparencia del 2013 restringió el acceso a la información pública a una parte de las labores de los funcionarios públicos de ministerios y comunas, a pesar de que la democracia funciona mejor a la luz del dìa, escribe Jakob Ullegård.
El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que buscaba frenar la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que estableció el carácter de público de esta información, dado que permite el control social de la comunidad y que el impuesto tiene un carácter inhibitorio respecto de las emisiones de material particulado.
La Corte Suprema ratificó la orden que el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio al Servicio de Impuestos Internos (SII) de entregar una lista de empresas y la ciudad en la que se localizan a las que se les ha aplicado un impuesto por emisiones contaminantes de material particulado efectuadas en 2017, acorde a lo que establece la Ley N° 20.780 (art. 8°).
A través de este fallo se rechazó el recurso de queja presentado por el organismo y que buscaba dejar sin efecto la decisión del CPLT (caso rol C3026-18), que estableció el carácter de público y la difusión del listado de establecimientos afectos. La normativa que obliga a pagar dicho impuesto, es parte de la reforma tributaria que modificó el sistema de tributación de la renta e introdujo diversos ajustes en el sistema tributario, estableciendo ciertas obligaciones a las empresas que generan emisiones al aire de material particulado -óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono-, producidos por fuentes fijas de emisión, calderas o turbinas, que superen una potencia térmica indicada en dicho marco regulatorio.
En los argumentos expresados en el fallo dictado por el máximo tribunal, se establece que éste negó la concurrencia del secreto tributario aludido por el SII respecto de la información de establecimientos gravados, puesto que la identificación de los mismos permite individualizar las fuentes emisoras, tal como consta, además, en la Resolución Exenta Nº 1.416, dictada el 21 de diciembre de 2018 por el Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, denegó el argumento del servicio público que indicó no poseer la información en los términos solicitados así como la negativa del organismo de tener competencias sobre la materia.
El fallo ratifica lo establecido por el Consejo en lo relativo a que la identidad de los establecimientos afectos constituye un insumo indispensable para el quehacer del Servicio, y se trata, por consiguiente, de información pública que forma parte de la esfera de su competencia.
Finalmente, el pronunciamiento de la Corte Suprema explicita que la orden de dar publicidad a la información requerida resulta especialmente transcendente si se considera que, junto con su finalidad recaudadora, este tributo posee un evidente efecto inhibitorio respecto de la emisión de contaminantes, no sólo por las consecuencias patrimoniales directas que se derivan del impuesto sino también por la posibilidad de ejercer control social por parte de la comunidad.
Con una serie de actividades que incluyeron encuentros con funcionarios públicos de diversos ámbitos en Santiago y fuera de la capital, y con la visita de una delegación de funcionarios de diversos países de Centro América, inició el mes de septiembre el Consejo para la Transparencia (CPLT).
Entre ellas destacó la organización por parte de la Dirección de Formación, Promoción y Vinculación del CPLT, conjuntamente con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), del encuentro regional del Modelo de Gobierno Abierto Municipal, que se desarrolló entre el 4 y 5 de septiembre en Chillán, y que contó con la presencia de funcionarios municipales y dirigentes de organizaciones sociales.
En la instancia se revisaron los principios y compromisos de Chile ante la Alianza para el Gobierno Abierto, dando a conocer el modelo municipal, sus componentes y el Plan de Implementación 2019-2020 -incluyendo las estrategias para promover la colaboración con organizaciones de la Sociedad Civil-. En la segunda jornada se realizaron talleres prácticos y de capacitación para elaborar compromisos a nivel municipal y promover los principios e iniciativas de Gobierno Abierto Local.
En tanto, la Dirección de Fiscalización, representada por su director Héctor Moraga y el Jefe Unidad de Atención al Usuario, Pablo García, expusieron en el encuentro nacional de Auditoría Interna del Ministerio de Salud (Minsal), el que reunió en Santiago a profesionales de salud, organismos autónomos, Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios de Salud para tratar diversos temas vinculados a probidad y transparencia.
En la instancia estuvieron presentes el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez y el Ministro de Salud, Jaime Mañalich. En representación del CPLT expusieron el Director de Fiscalización, Héctor Moraga junto al Jefe Unidad de Atención al Usuario, Pablo García, quienes revisaron los principales resultados de cumplimiento en transparencia y derecho de acceso a la información y plantearon parte de los desafíos que plantea la Ley de Transparencia en las entidades vinculadas al ámbito de la salud.
En materia de relacionamiento internacional del Consejo, este viernes (6 de septiembre), la directora general, Andrea Ruiz recibió en dependencias del CPLT a delegación centroamericana conformada por representantes de organismos públicos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este grupo de funcionarios se encuentra en Chile realizando una pasantía sobre “Herramientas de las Disciplinas Transparencia, Gestión, Planificación Institucional y Participación Ciudadana en Acuerdos Comerciales”, iniciativa que se enmarca en el proyecto de Cooperación con la Unión Europea (UE). En esta instancia de trabajo se refirió al rol del Consejo el Director de Formación, Promoción y Vinculación, Miguel Yaksic.
Santiago, 30 de agosto de 2019.-
Ante las consultas hechas por parlamentarios a esta institución relativas al tratamiento de datos del Ministerio de Educación (Mineduc), el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) acordó lo siguiente:
Junto al acuerdo, resuelto por mayoría dirimente, el CPLT insiste de forma unánime en la urgencia de contar con una nueva ley de Protección de Datos Personales -iniciativa que actualmente se tramita en el Congreso Nacional- en el entendido que entregará mayores atribuciones a esta entidad.
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, calificó como valioso el aporte de la plataforma Presupuesto Abierto, lanzada esta mañana por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), que persigue disponer de manera más sencilla y clara información sobre el erario nacional a partir de 2016, elevando los niveles de transparencia en el acceso a este tipo de contenidos meses antes de iniciarse la tramitación del proyecto de ley sobre Presupuesto.
El titular del CPLT manifestó que esta acción “es un paso muy potente en términos de transparencia fiscal”. Agregó que iniciativas como estas colaboran con el fomento de la confianza ciudadana. Sobre el particular dijo: “Valoro enormemente esta medida de Modernización del Estado. La eficiencia en el gasto público debe, necesariamente, ir asociada a una mayor transparencia en su ejecución. Es lo que demanda la ciudadanía y requisito para reducir los espacios de discrecionalidad”.
“Lo que demanda la sociedad hoy día es precisamente acortar esa distancia que existe con el Estado, esa desconfianza con la información que se dispone y cuando hace uno iniciativas como esta de datos abiertos precisamente lo que está haciendo es acortando esa distancia, salvando dificultades y generando una mayor confianza en la información que proviene del Estado”, finalizó Jaraquemada.
“Como una medida oportuna y muy potente” calificó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, la decisión del Poder Judicial de remover a dos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua acusados de tráfico de influencias, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, aplicándoles la máxima sanción interna del Poder Judicial.
El titular del CPLT destacó que ésta sumó a un paquete de acciones que implementó la institución poco después de destaparse la situación de Rancagua, aplicable a todos los tribunales del país en pro de mayor transparencia y probidad. Y destacó que la medida es una señal a la sociedad en su conjunto: “dada la gravedad, que estimo máxima, de este tipo de cuestionamientos creo que la Corte Suprema actúa apegada a sus atribuciones con el mayor rigor y con eso le envía una señal muy potente al país para que vuelva a confiar a tener credibilidad en un sistema de justicia que es uno de los pilares básicos de nuestra democracia”.
Consultado sobre las acciones que deberán emprenderse en un marco en el que las confianzas se ven negativamente impactadas por este tipo de situaciones, Jaraquemada comentó que el desafío que se impone en materia de transparencia y probidad toca a todas las instituciones por igual, tanto de sector público como del privado. “Más allá del Poder Judicial, creo que todas las instituciones tenemos el deber de entender que hoy la ciudadanía nos está planteando una solicitud de transparencia que no es solamente hacia el Estado sino que es a la sociedad completa. Es decir, autoridades públicas pero también los privados deben sentirse remecidos por este escrutinio, por esta demanda que está en la sociedad de una mayor transparencia de dejar atrás la opacidad, los conflictos de intereses y cualquier otra forma que esté reñida con la probidad”.
En este sentido destacó el esfuerzo que se hizo desde el Consejo para la Transparencia que permitió configurar una propuesta de Acuerdo Nacional Anticorrupción, socializado entre representantes de diversas instituciones públicas en los últimos meses -entre ellos el Presidente de la República- y el trabajo que inició el Ejecutivo que tomó en cuenta parte de las propuestas del CPLT en la llamada agenda de modernización del Estado, dada a conocer hace algunas semanas. Respecto de este punto el presidente del Consejo subrayó: “Yo creo que ese es el camino correcto. Ahora, así como instalar una cultura de transparencia en un país, también cuesta mucho desvirtuar una cultura de desconfianza. Por lo tanto, creo que hay que actuar lo más oportuna y rigurosamente para detener este proceso de desconfianza lo antes posible”.
“Nos falta un proceso regulatorio de poner al más alto estándar nuestra legislación para poder que pueda ser empática con los mayores estándares de las prácticas internacionales. A nosotros ya no nos queda bien medirnos con ciertos y determinados estándares que antes parecían adecuados. Hoy día tenemos que dar un salto cualitativo para medirnos con lo más óptimo que hay en términos de rechazo de la corrupción y la anti probidad”, finalizó Jaraquemada.
La directora general del Consejo para la Transparencia (CPLT), Andrea Ruiz, estuvo a cargo de impartir una charla sobre transparencia, dirigida a jefaturas y funcionarios de la Tesorería General de la República (TGR), en el marco del lanzamiento de la Memoria del Tesoro 2018, documento institucional que edita anualmente la institución para rendir cuentas de la gestión.
Entre los principales aspectos abordados en la instancia por la directora general del CPLT destacaron la reserva y resguardo de información en materia tributaria y la gestión en el manejo de fondos públicos en el contexto del proceso de transformación digital de la institución, con foco en la incorporación de elementos y estándares de transparencia.
Ruiz detalló además parte de los desafíos que impone la modernización de la normativa en la materia, actualmente en primer trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, e insistió en la necesidad de que los funcionarios públicos perciban a esta ley como “una oportunidad”.
Apuntó a que ante una ley cuyo uso es cada vez más intensivo por parte de la ciudadanía y ante un ejercicio del derecho de acceso a la información en alza “(esto) nos da una oportunidad como organismos públicos para construir formas de confianza con la ciudadanía, dado que esta valora enormemente la Ley de Transparencia y valora que las entidades públicas respondan”.
Marcelo Drago, expuso en la carrera de Ciencias Políticas sobre los alcances y principales desafíos de la nueva normativa -actualmente en trámite y que perfecciona el marco regulatorio vigente- y que persigue ampliar significativamente ámbitos de transparencia en Chile. (más…)
