Primer encuentro de 2018 busca fortalecer los lazos de la institución con esta instancia, que promueve la participación de todos los ciudadanos. (más…)

Tras reunirse con el Comandante en Jefe del Ejército, Marcelo Drago, destacó el caso la institución castrense, que hoy le hizo entrega del libro “Lecciones aprendidas de un fraude”. El documento detalla las medidas institucionales tras del desfalco de los fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre.

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Marcelo Drago recalcó que respaldo de archivos es una de las obligaciones que deben cumplir quienes se desempeñan en el aparato público. Asimismo, enfatizó que Chile aún presenta atrasos en materia de gestión documental.

En diciembre del año pasado, el Consejo para la Transparencia (CPLT) le remitió a 349 organismos del Estado un oficio acerca de cómo se debe gestionar, respaldar y conservar la información relacionada a su gestión.

Entre esas recomendaciones había una que el presidente del CPLT, Marcelo Drago, ha vuelto a recalcar: las autoridades y funcionarios deben conservar sus correos electrónicos, para así dejar constancia de la transmisión, recepción y contenido de los mails utilizados en el desempeño de sus funciones.

Ahora, a pocas semanas del cambio de mando, Drago reiteró este llamado, haciendo hincapié en que un adecuado respaldo de estos archivos facilita eventuales solicitudes ciudadanas de acceso a la información. De hecho, el titular del CPLT destacó que nuestro país aún debe avanzar en el resguardo de documentación pública, perfeccionando mecanismos, reglas y procesos de preservación.

“Chile en materia de gestión documental está muy atrasado. El resguardo de los archivos no sólo tiene un valor histórico, sino que además, es la base del acceso a la información y el control social (…) tenemos reglas atrasadas y necesitamos una política de gestión documental que establezca parámetros uniformes no sólo para la eliminación de documentos, sino que también, para su archivo”, afirmó Drago.

La gestión documental es una de las obligaciones que deberán cumplir las nuevas autoridades del Estado a partir del 11 de marzo. Hace pocos días, el CPLT remitió a los ministros y subsecretarios recién designados por el presidente electo, Sebastián Piñera, una cartilla con estos deberes.

Entre ellos se encontraba, precisamente, el que tenía que ver con el de Gestión Documental. En el documento se establece que es obligación de los funcionarios y autoridades “conservar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico, toda la documentación que pueda ser objeto de una solicitud de acceso a la información (…) tales como actas, expedientes, contratos, acuerdos, así como toda información que sea elaborada con presupuesto público y, en general, todo antecedente que obre en poder de algún órgano o servicio de la Administración del Estado”.

En noviembre de 2014 y tras varios años de discusión legislativa, entró en vigencia la llamada Ley del Lobby, una norma que pretende regular las gestiones de empresas o personas particulares ante autoridades y funcionarios públicos de nuestro país.
Para ello, la ley estableció el registro y la publicidad de tres elementos imprescindibles para fomentar la transparencia y la probidad: las reuniones, los viajes y los regalos recibidos por algún funcionario del Estado.
Y pese a que existe un buen balance de la norma, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, ahondó en la necesidad de perfeccionar esta ley.
“Tenemos una mirada crítica de la Ley del Lobby, pues después de un par de años, concluimos que se trata de una buena ley de registro de audiencias, viajes y donativos. Sin embargo, no creemos que esté regulando verdaderamente el lobby. Todas las experiencias internacionales, como las de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea enfocan la regulación en el lobista, no en la autoridad que es sujeto de lobby como sucede acá en Chile”, señaló Drago, haciendo hincapié en que una eventual reforma a esta legislación, debería orientarse en un mayor control sobre quienes se dedican a la gestión de intereses particulares o lobistas.
“Los lobistas deberían transparentar quiénes los contratan, para qué materias los están contratando, cuánto les están pagando y sobre qué autoridad están haciendo lobby. En otros países existe todo un sistema en el que ellos reportan sus actividades con el fin de dar cuenta de esta actividad, que en todo caso es muy legítima. Sin embargo, con el rol que juegan, es necesario que eso se transparente. Nuestra actual legislación logra parcialmente ese objetivo, por eso hay que perfeccionarlo”, agregó Drago a radio T13.
Actualmente, quienes quieran sostener una reunión con alguna autoridad o funcionario público obligado por la ley, deben solicitar una audiencia a través de un sitio web institucional. Sin embargo, a juicio de Drago, el lobby también se puede concretar a través de correos electrónicos, llamados telefónicos o incluso, mensajes de WhatsApp. De ahí que el titular del CPLT recalcó que esas formas de comunicación también deberían estar reguladas.
“Esta ley terminó siendo un conjunto de obligaciones para las autoridades públicas, y casi ninguna para los lobistas”, puntualizó Drago, detallando que hoy los chilenos pueden seguir el registro de audiencias, viajes y donativos de sus autoridades a través del sitio del CPLT www.infolobby.cl

A pocas semanas del cambio de Gobierno y considerando los sucesivos nombramientos que por estos días está concretando el presidente electo, Sebastián Piñera, el Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció que a partir de la próxima semana comenzará a despacharle una “cartilla” a las autoridades entrantes para recalcar sus obligaciones en materia de probidad y transparencia.
La idea es que a través de este documento, quienes ocuparán un cargo público tengan presente las obligaciones —así como las multas y sanciones asociadas— que deben cumplir en relación a lobby, fideicomiso ciego y declaraciones de intereses, entre otras normas.
“Las autoridades recién nombradas deben cumplir una serie de obligaciones en materia de transparencia y probidad apenas asuman sus cargos (…) son elementos complejos que requieren mucha carga y por eso es importante que las tengan claras apenas lleguen a cumplir sus funciones”, explicó en entrevista con 24 Horas el presidente del CPLT, Marcelo Drago, detallando que más que los deberes consignados en el documento, las autoridades también deben apegarse de manera irrestricta a la ética y los principios de probidad administrativa.
Por ejemplo, en materia de transparencia, la cartilla especifica que las autoridades deben dar respuesta a las solicitudes de información en un plazo máximo de 20 días hábiles, arriesgando sino, la suspensión de su cargo por un tiempo limitado. En relación al lobby, el documento enfatiza la obligación de crear y mantener los registros de su agenda pública —es decir viajes, reuniones y donativos recibidos— actualizados y publicados en Internet para la ciudadanía.
Lo mismo corre con las declaraciones de intereses y patrimonio, ya que las autoridades especificadas por la ley, deberán realizar una declaración dentro de los 30 días siguientes al haber asumido sus cargos y según sea el caso, tendrán que constituir un fideicomiso ciego o enajenar o renunciar a su participación en ciertas sociedades.
“Afortunadamente nuestro sistema de declaraciones de intereses y patrimonio es de alto estándar. Es bueno que las autoridades se preparen, porque esas declaraciones serán públicas y estarán a disposición de todos los ciudadanos en nuestro sitio InfoProbidad.cl. Con ello, las personas podrán comprobar si un patrimonio determinado proviene de fuentes legítimas o fue fruto de un abuso de poder”, agregó Drago.
El documento de catorce páginas ya fue remitido a los 23 nuevos ministros nombrados por Piñera y será enviado también, a los 35 nuevos subsecretarios, intendentes, gobernadores y seremis.

Regulación de Protección de Datos
Considerando la popularización de aplicaciones que recopilan información privada en Facebook, el Presidente del CPLT también realizó un llamado para avanzar en materia de protección de datos personales, ya que la legislación vigente en nuestro país data de 1999, mucho antes de la masificación de las redes sociales y otras aplicaciones tecnológicas.
“Chile está en la era del hielo en materia de protección de datos personales. Acá hay una descontrol completo con tres proyectos de ley que ni siquiera han visto la luz (…) nosotros necesitamos una regulación fuerte y poderosa que respete el derecho de las personas”, sentenció Drago.

Con el objetivo de premiar la proactividad de organismos y empresas públicas, el Consejo para la Transparencia (CPLT) creó el primer “Concurso de Buenas Prácticas en Transparencia”.
Esta iniciativa surgió a través de una moción ciudadana en el sitio Ideas.Info del CPLT, en la que un participante propuso un reconocimiento para aquellas entidades y funcionarios públicos que plantearan sistemas y procedimientos destinados a fomentar la transparencia más allá de las obligaciones que contempla la ley.
En total, fueron 17 las iniciativas participantes, correspondientes a organismos de Gobierno, municipalidades y empresas públicas. De ese grupo, ocho postulaciones cumplieron con los criterios de admisibilidad y finalmente, en la sesión N° 859 del 11 de enero de este año, se escogieron dos iniciativas ganadoras.
Se trata de www.codelcotransparente.cl y www.energiaabierta.cl El primer sitio es una plataforma de Codelco que disponibiliza información relativa a la gestión ambiental de las operaciones de la compañía y de la totalidad de sus divisiones. En tanto, el segundo sitio galardonado es un portal de la Comisión Nacional de Energía que entrega datos estadísticos, mapas, estudios y aplicaciones móviles sobre electricidad, hidrocarburos, energías renovables y otros temas relacionados.
Para escoger las iniciativas ganadoras, el Consejo Directivo del CPLT puso énfasis en postulaciones o iniciativas que además de cumplir con los principios que exige la Ley N° 20.285, promovieran la utilización de datos abiertos y otras herramientas que podrían ser replicadas por otras instituciones del Estado.

“Cómo te verías siendo del sexo opuesto”. Ese es el nombre de una aplicación que durante los últimos días se ha hecho muy popular en Facebook.
Sin embargo, tras el uso de esta herramienta, hay un objetivo oculto: capturar información personal. Así lo han alertado diversas compañías tecnológicas dedicadas a la seguridad informática, por lo que el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició una campaña para advertir a los usuarios de los alcances que podría tener la sustracción de datos privados.

Además de eventuales estafas y aprovechándose de la escasa regulación que existe en nuestro país, las empresas que desarrollan estas aplicaciones pueden comercializar la información personal con otras compañías, violando así, la intimidad de los ciudadanos.

Por esa razón y a través del hashtag #CuidaTusDatos el CPLT está alertando a través de sus redes sociales los riesgos que significa utilizar.

Las diferencias surgidas entre el Ministerio Público y Carabineros durante el desarrollo de la llamada “Operación Huracán”, sumada a la filtración de varias interceptaciones telefónicas, llevaron a que el presidente electo, Sebastián Piñera, anunciara la reformulación de los sistemas nacionales de inteligencia, así como la modernización de Carabineros y la PDI.
El diagnóstico fue compartido por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quien advirtió la necesidad de que cualquier modificación a estos sistemas, requiere también de mejoras normativas ligadas a la transparencia y la probidad.
“Hemos visto un uso masivo de interceptaciones telefónicas que no sabemos si se están usando dentro del marco establecido por la ley. Nos preocupa un eventual abuso de poder de quienes usan estos mecanismos, sobre todo porque se podría violar la privacidad y la intimidad de los ciudadanos”, sentenció Drago en entrevista con CNN Chile, señalando que comparte la necesidad de reformar estos sistemas, considerando toda la polémica surgida tras la llamada “Operación Huracán”, donde se habrían manipulado una serie de evidencias.
“Una modificación también debe incorporar mecanismos de transparencia y supervisión, pues tiene que haber un control claro, manteniendo ciertamente la reserva que se debe tener en este tipo de investigaciones, con una rendición de cuentas abierta y conocida por la ciudadanía”, agregó el presidente del CPLT, especificando que, por ejemplo, se deben incorporar estándares de transparencia y control sobre las adquisiciones, el manejo de recursos o la ejecución presupuestaria de los organismos encargados de los sistemas de inteligencia en el país.

Cerca de $80 millones es el monto que iba recibir la ministra de Salud, Carmen Castillo, si se beneficiaba de la Ley de Incentivo al Retiro, una norma que la misma secretaria de Estado impulsó en el Congreso durante el año 2016, destinada a compensar la jubilación de quienes se desempeñan en el sector salud.
Y pese a que en octubre pasado la titular del Minsal aseguró que no postularía al beneficio mientras fuera parte del Gobierno, una investigación de radio Bío Bío develó que la autoridad aparece en una lista de funcionarios favorecidos por aquellas compensaciones. Luego de aquella revelación, y dada la polémica suscitada por la noticia, el Gobierno anunció que Castillo se abstendría de recibir el pago.
Aunque valoró la renuncia al beneficio, que ayer oficializó el Ejecutivo, a través de la subsecretaria Gisella Alarcón, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, criticó la asignación de este millonario pago a la ministra Castillo.
“Este es uno de los casos más evidentes y flagrantes en materia de conflicto de interés. Que un ministro de Estado firme y presente un proyecto de ley como colegislador, lo tramite durante todas sus etapas legislativas, logre su aprobación y firme el reglamento de esa ley es lamentable y se merece el mayor repudio”, sentenció Drago.
La norma que permitiría el pago de estos montos es la 20.291 y señala en su artículo 1 que el bono que podrían recibir los funcionarios “será equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio”. Incluyendo una serie de asignaciones especiales, el sueldo bruto de Castillo se eleva sobre los $7,9 millones mensuales.

El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, sugirió la intervención de Contraloría para esclarecer los gastos que aún mantiene Carabineros para financiar automóviles, bencina e incluso el TAG de seis ex generales directores.
En conversación con radio Concierto, el titular del CPLT criticó los millonarios montos que ha destinado la institución policial, haciendo también un llamado a elevar los estándares éticos de este y otros organismos del Estado.
“Hay que diferenciar seguridad de los privilegios. Hay gastos personales que difícilmente pueden tener un fundamento en materia de seguridad. Esta es una norma anacrónica, que hoy no se justifica y que debemos revisar profundamente. Tenemos que fomentar un escrutinio sobre las autoridades para facilitar la rendición de cuentas de todos quienes tenemos un cargo público”, sentenció Drago, detallando que cualquier acción que implique el desembolso de recursos del Estado, debe ser razonada más allá de lo normativo.
“Las decisiones deben tener un fundamento y servir al interés público. Si no se pueden respaldar, se cae en la arbitrariedad y en los privilegios sin justificación

“Los recursos del Estado son para ejercer la función pública. Si no hay un fundamento de seguridad personal, los gastos para las ex autoridades no se justifican”. Así de tajante fue el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, al referirse a los gastos que actualmente realiza Carabineros para financiar automóviles, bencina e incluso el TAG de seis ex generales directores.
La institución argumentó que dicho financiamiento responde a la existencia de un decreto de 1998 de la entonces Subsecretaría de Guerra (actual Subsecretaría de FF.AA.) que entre otras cosas, permitiría también la asignación de un dispositivo de seguridad permanente para la ex autoridad.
“Disponer genéricamente de recursos por su calidad de ex autoridad es cuestionable y anacrónico (…) si no hay antecedentes que lo justifiquen, esto pasa a ser un privilegio que hay que revisar. Estos son recursos públicos que podrían estar destinados a algo bastante más útil”, agregó Drago en una entrevista en radio Cooperativa, aclarando que el decreto aludido por Carabineros para justificar estos gastos jamás ha sido calificado como “reservado” por el CPLT, argumentando que tampoco se justifica que “el nivel de control externo de Carabineros sea a veces tan débil”.
Cerca de $75 millones habría gastado Carabineros, entre los años 2015 y 2017, sólo para financiar el combustible utilizado por los automóviles en que actualmente se desplazan seis ex generales directores de la institución.

Mayor transparencia en operaciones de inteligencia

El presidente del CPLT también se refirió a los trabajos de inteligencia realizados por la institución en el marco de la llamada “Operación Huracán”, exigiendo mayores niveles de transparencia en la investigación y en los procedimientos utilizados para el desarrollo de las indagaciones.
“Las instituciones de inteligencia tienen que tener un chequeo externo en un régimen democrático y no pueden funcionar sin la fiscalización o supervisión externa. A veces, la sola revisión de la autoridad política puede ser insuficiente, por lo que se necesita un equilibrio y mayor balance para que las entidades no se transformen en poderes autónomos, que muchas veces, pueden terminar cometiendo irregularidades”, sentenció Drago.