Continuando con el trabajo de fortalecer y entregar herramientas para aumentar los niveles de transparencia en las instituciones y tras la fuerte crisis institucional en Carabineros de Chile, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago expuso hoy frente a más de 100 comisarios de todo el país sobre Transparencia y Probidad: obligaciones y estándares aplicables a la institución policial.

A través de una charla el Presidente del CPLT, explicó las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y repasó las recomendaciones entregadas a Carabineros que van desde fortalecer la transparencia en diversas materias hasta cumplir con obligaciones sobre austeridad del uso de los recursos públicos, auditorías y controles externos, entre otros.

Tras ello, Drago recalcó la importancia de trabajar de cara a la ciudadanía “Según nuestros estudios, hoy las personas están más empoderadas y demandan más transparencia, sobre todo las que utilizan el sistema y esto contribuye al control de la corrupción”.

Asimismo, el titular de Transparencia mencionó la importancia de la Ley de Probidad entregando algunas medidas para evitar verse enfrentado a situaciones irregulares, al respecto sostuvo que el deber de abstención es la clave “para evitar el conflicto de interés ya que garantiza la imparcialidad de la labor”.

Finalmente, sobre la actualidad en el país, Drago enfatizó que “Estamos pasando por la crisis de confianza más aguda de la historia nacional, esta debilita la democracia e instituciones pero depende de todos nosotros enfrentarla” y reiteró “el positivo trabajo en conjunto que están realizando con Carabineros para fortalecer sus sistemas y cumplir con altos estándares y evitar espacios de corrupción”.

Hasta el centro de convenciones de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, llegaron esta mañana el Presidente el Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago y el Consejero Jorge Jaraquemada para participar del Seminario  “Cooperación en relaciones institucionales y gubernamentales”, espacio en donde expusieron sobre “Ley de Transparencia la Experiencia Chilena” y “Ley de Lobby”, respectivamente.

En la ocasión el Presidente del CPLT, Marcelo Drago, explicó la función y facultades del Consejo, subrayando que se trata de una institución autónoma del Estado “con dientes”, en alusión a su capacidad fiscalizadora y sancionatoria de la entidad.

Para Drago, la importancia del derecho al acceso a la información pública es que “la autoridad da cuenta a la ciudadanía”, además que por esta vía “se empodera a la ciudadanía, fortalece la democracia y contribuye a disminuir  espacios de corrupción”

Además, el titular de Transparencia recalcó que todos los órganos del Estado deben tener información de fácil acceso a la ciudadanía y enfatizó a la audiencia -mayoritariamente compuesta por Brasileños que participaban de la instancia- que después de 10 años había que modernizar la Ley de Transparencia, señalando que “todo lo relativo a transparencia activa y derecho a la información pública hoy es un piso mínimo”

Finalmente, el Presidente del CPLT, afirmó que “Ha costado mucho detener el deterioro de la desconfianza en la ciudadanía, se ha legislado sobre el particular pero la aguja no se mueve. Sin embargo en nuestros estudios hemos visto que quienes acceden al sistema y hacen uso de la ley de transparencia hay niveles confianza mucho mayor”

En tanto en su presentación, el Consejero Jorge Jaraquemada definió al lobby como un esfuerzo de grupos privados por influir en política y subrayó que regularlo buscaba “prevenir que tomen una posición privilegiada”

A su juicio hay un gran riesgo en el lobby no regulado que amenaza la igualdad de oportunidades de los ciudadanos ante el gobierno o la ley.

“Hoy hay 673 organismos públicos reportando actividades de lobby y casi 250 mil audiencias realizadas. Más de 10 mil lobistas inscritos”, señaló.

El Presidente de la entidad, Marcelo Drago, hizo un llamado a cumplir con la norma porque, recordó, que la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor,

Como parte del plan anual de trabajo el Consejo para la Transparencia iniciará un fuerte plan de fiscalización en las instituciones del Estado con el fin de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que este año cumple 10 años desde su publicación.

“Cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia es cumplir con la ciudadanía, por eso un proceso de fiscalización es tan relevante para nuestra institucionalidad. Lo que hacemos con la fiscalización a las instituciones es contribuir en el control social que ejerce la ciudadanía.  En la práctica todos y cada uno de los cuidadanos son fiscalizadores que pueden verificar el cumplimiento de las normas”, afirmó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Este años 2018, serán fiscalizadas 824 instituciones en Transparencia Activa que estará especialmente focalizada materias como compras y contrataciones, actos con efectos sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. En lo relativo a derecho de acceso a la información Pública se fiscalizará con especial enfoque en la calidad de la respuesta institucional al ciudadano.

“Buscamos que cada día aumente la idea de que exigir información es un derecho ciudadano y así ir pavimentando el camino a una verdadera cultura de la transparencia en nuestra sociedad.  Sólo la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, subrayó Drago.

Asimismo, se efectuarán 51 auditorías en terreno consistes en un examen de normativas, procesos, sistemas y productos que se revisan y analizan con el objetivo de evaluar la gestión efectuada por el organismo en materia de transparencia activa y acceso a la información. Dicha actuación del CPLT considera un informe detallado con observaciones y/o recomendaciones que se deben implementar con el objeto de mejorar la gestión de estas materias.

“La Ley de Transparencia cumple 10 años ha implicado significativos avances, hoy es el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado, por eso seremos implacables a la hora de exigir a nuestras instituciones que estén a la altura de la demanda ciudadana. Hay que poner atención porque la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor”, sostuvo el titular de Transparencia.

Finalmente, Marcelo Drago recordó que serán los 345 municipios sujetos de fiscalización e hizo un llamado al gobierno local a estar a la altura de lo que exige la ciudadanía “porque entre otras cosas son la puerta de entrada de los ciudadanos a los organismos del Estado  y es de  gran interés de los vecinos conocer cómo se está gestionando al interior de estas instituciones”

 

Consejo para la Transparencia participó en seminario sobre Privacidad en la Unión Europea y América Latina, instancia en la que el Consejero Jorge Jaraquemada sostuvo que la institución autónoma chilena es la única que ha seguido el proceso de actualización del Convenio N° 108, primer tratado internacional relativo a la protección de datos.

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En el marco del despliegue nacional del Consejo para la Transparencia (CPLT) -que se encuentra conmemorando los 10 años de la Ley de Transparencia- el 16 de mayo pasado realizó un encuentro ciudadano en la región de Los Lagos con el objetivo de perfeccionar esta normativa a través de un proceso participativo abierto y reflexivo.

La instancia, a cargo de la Consejera CPLT, Gloria de la Fuente con el apoyo del Observatorio Regional de Transparencia de la Universidad de Los Lagos sede Puerto Montt, reunió a representantes de la sociedad civil, estudiantes y funcionarios públicos.

La visita regional fue la oportunidad además para promover Ley de Transparencia y su uso como herramienta para ejercer control social

“Quienes viven en esta región necesitan ejercer su derecho de acceso a la información para conocer, por ejemplo, cómo se gestionan los recursos del municipio local, qué viajes han realizado las autoridades de la zona o si hay algunos funcionarios que estén sujetos a un eventual conflicto de interés”, sostuvo la consejera de la Fuente.

Cifras de la región de Los Lagos

Según las estadísticas del Consejo para la Transparencia, esta región acumula un total de 11.767 solicitudes de información desde el 2013 a Abril de 2018, siendo los organismo con mayor números de peticiones las municipalidades de Puerto Varas (1.004), Osorno (833) y Castro (561).

A su vez,  históricamente, se registra un total de 747 casos ingresados al CPLT y las instituciones más reclamadas en la región son la SEREMI de Salud Región de Los Lagos (43 casos), Municipalidad de Puerto Varas (26 casos) y Municipalidad de Llanquihue (22 casos). Por su parte, los temas más demandados en las solicitudes de información recibidas por instituciones son: Salud, Economía y finanzas, Gestión y administración territorial (Urbanismo).

En relación a la Transparencia Activa, que es aquella información que por ley las instituciones deben hacer pública a través de Internet, la Región de Los Lagos tiene un 79% de cumplimiento de esta norma. En el caso de las municipalidades, la cifra alcanza un 79% de desempeño en 2017, sobre el promedio nacional de 74%.

Finalmente, el noveno Estudio Nacional de Transparencia reveló que siete de cada diez chilenos, y un 93% de quienes viven en la región de Los Lagos, cree que los organismos públicos son “muy corruptos” y demostró que quienes viven en esta zona, están conscientes de la relevancia que tiene su derecho de acceso a la información pública, pues un 65% de los ciudadanos locales señala que la transparencia es “necesaria” y un 55% la considera “útil”.

Además se revisarán los documentos remitidos por las universidades o publicados que cuenten con regulación interna, la definición o conductas que comprende el “Acoso Sexual”; a quiénes contempla como denunciantes de acoso y respecto de quiénes; el procedimiento de denuncia; y las sanciones.

El Presidente del CPLT subrayó que se busca contribuir de manera proactiva en la materia porque a su juicio la transparencia y el acceso de la información deben ser una herramienta eficaz contra el abuso en todas sus formas.

En línea con la demanda ciudadana, el Consejo para la Transparencia ordenó una fiscalización en Universidades Estatales por tratamiento del acoso sexual en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa. Como parte de la medida, también se revisarán los documentos remitidos o publicados que cuenten con regulación interna, la definición o conductas que comprende el “Acoso Sexual”, a quiénes contempla como denunciantes de acoso y a quiénes son objeto de denuncia y sus sanciones.

En la en sesión del día 15 de mayo, de forma unánime el Consejo Directivo solicitó a la Dirección de Fiscalización de su dependencia, generar un proceso de fiscalización a las Universidades públicas, en lo relativo al tratamiento del acoso sexual en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa.

Se trata de una fiscalización que pretende verificar la existencia documentos como Protocolos, Reglamentos, Instructivos o cualquier otro documento alusivo, además de verificar si estos se encuentran publicados en la página web de Transparencia Activa, (Marco Normativo, y en Resoluciones con efectos sobre terceros). En caso de no encontrarse publicados, el CPLT instruirá en los respectivos Informes de Fiscalización que efectivamente se publiquen.

Asimismo, se revisarán los documentos remitidos por las universidades o publicados en sus sitios Web de Transparencia Activa que cuenten con regulación interna, la definición o conductas que comprende el “Acoso Sexual”, a quiénes contempla como denunciantes de acoso y respecto de quiénes; el procedimiento de denuncia; y las sanciones.

“Tener claridad de cómo proceder en caso de ser vulnerada a través de acoso sexual dentro de una institución universitaria es una herramienta para las víctimas que queremos tengan en su defensa, todas la universidades deben estar en la vanguardia en este tema”, afirmó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Finalmente, Drago subrayó que con esta medida del Consejo contribuirá en el control social al ser un mecanismo conocido tanto por alumnos como docentes.

“Deseamos contribuir de manera proactiva porque la transparencia y el acceso de la información deben ser una herramienta eficaz contra el abuso en todas sus formas”, concluyó el titular de Transparencia.

Tras la aprobación estos días en el Senado de la reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de datos personales y en tanto se espera la legislación de la agencia respectiva, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar la información privada que proporciona en internet y advirtió sobre el uso de los datos personales que circulan, especialmente en redes sociales, aplicaciones y navegadores.

“Lo importante es que se tome conciencia de toda la información personal que se está entregando en internet. Es fácil que se creen perfiles de usuario con datos como la edad, situación socioeconómica, educacional, cultural, intereses y actividades cotidianas, preferencias políticas, religiosas, entre otras.”, explica Drago.

En este contexto, aunque aún falta por modernizar la legislación vigente sobre protección de datos personales, el presidente del CPLT sostiene que “nosotros hemos puesto el énfasis en recomendarle a la ciudadanía ser consciente de qué información comparte en redes, ya que terceros podrían acceder a dicha información. Además, siempre tomarse el tiempo de leer las políticas de privacidad, a efectos de tener claridad sobre qué uso se le puede dar a la información compartida y cuáles son las autorizaciones que se están entregando al utilizar dicha red. El llamado es al autocuidado”

Asimismo, Drago resalta que “sobre la descarga y uso de aplicaciones en internet, las personas deben tener claro a que están expuestos, pero al no tener una regulación clara hoy, cualquiera puede perder parte del control sobre lo que está entregando o el tratamiento que se le dará a los datos que estamos compartiendo” y agrega que “creemos que la nueva norma debe basarse en experiencias internacionales, pero también ser una ley 2.0, velando por la protección de los datos personales e instaurando un marco regulatorio mucho más potente”.

Hoy el resguardo de los datos personales de todos los chilenos está pendiente y pueden ser mal utilizados o sufrir el riesgo de ser comercializados “el uso masivo de internet ha hecho que quedemos atrás en esta materia y es necesario que las autoridades prioricen este tema, que además de proteger derechos fundamentales, tiene serias implicancias en nuestro desarrollo tecnológico, económico y comercial”, sentencia el titular de Transparencia.

Según las estadísticas del Consejo para la Transparencia, la Región de Los Ríos acumula históricamente más de 6.600 solicitudes de acceso a la información pública, siendo el organismo más requerido la Municipalidad de Valdivia con más de 1.000 peticiones por Ley de Transparencia.

Sobre el estado de la transparencia en la región, históricamente, hay un total de 256 casos ingresados al CPLT y las instituciones más reclamadas en la localidad son la Municipalidad de Valdivia (39 casos), Servicio de Salud Valdivia (11 casos) y Municipalidad de Río Bueno (10 casos) y aunque el municipio es el principal consultado, los temas más demandados recibidos por instituciones son: Gestión y administración territorial (Urbanismo), Economía y finanzas, Salud.

Asimismo, el porcentaje de instituciones que aún no ingresa, no interopera y no pública Transparencia Activa en el Portal de Transparencia está en torno al 13%. Entre estas se encuentra: Asociación de Municipios Cordillera de la Costa Corral – La Unión, Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos para el Manejo Sustentable de Residuos y la Gestión Ambiental, Asociación de Municipios de La Región de Los Ríos.

Proceso participativo

En el marco del despliegue nacional que desarrolla el Consejo para la Transparencia -que se encuentra conmemorando los 10 años de la Ley de Transparencia- se realizó un encuentro ciudadano en la región de Los Ríos con el objetivo de perfeccionar esta política pública a través de un proceso participativo abierto y reflexivo pensando en los próximos diez años.

El encuentro, a cargo de la Directora de Estudios CPLT, Daniela Moreno, se llevó a cabo 15 de mayo pasado en dependencias de la Gobernación provincial de Valdivia y participaron representantes de la sociedad civil, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Nacional de los trabajadores de la Salud (CONFENATS), Colegio de enfermeras y Seremi del Ministerio de Cultura.

Además, la actividad fue la ocasión para que un equipo de profesionales del CPLT, promoviera el uso de la Ley 20.285

Como una buena noticia y piedra fundamental para la defensa de los datos personales de todos los chilenos calificó esta tarde el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, la aprobación por 41 votos a favor de la reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de datos personales en el Senado que próximamente será Ley.

Para el Presidente del CPLT, Marcelo Drago la aprobación es una buena noticia y piedra fundamental para la defensa de los datos personales de todos los chilenos.

“No cabe duda que la reforma constitucional recientemente aprobada en el parlamento reforzará la idea de reformar y actualizar la legislación de protección de datos personales, impulsando estándares que vigoricen los derechos de los ciudadanos y el establecimiento de una institucionalidad que avale su protección tal y como desde hace ya varios años, el Consejo para la Transparencia ha propuesto”, subrayó.

Para el titular de Transparencia, la aprobación de la Reforma Constitucional que consagra el derecho a la protección de datos personales también “es un salto a la modernidad, es urgente entonces, que aprovechemos este hecho y abordemos seriamente el sostenido avance de las tecnologías y de la mano de ellos la recopilación de nuestros datos privados”

Asimismo, Drago enfatizó que cuando Chile cuente con una norma de protección de datos moderna y eficiente, además se transformará finalmente en un país apto para la transferencia internacional de datos personales, lo que elevaría el intercambio comercial y financiero con países más avanzados en esta materia.

La reforma constitucional que busca consagrar el derecho a la protección de datos personales en lo relativo al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, agregando a dichos conceptos el derecho a “la protección de sus datos personales” y determinando que el tratamiento y protección de dichos antecedentes se efectuarán en la forma y condiciones que determine la ley.

Esta reforma constitucional vendrá a ser complementada con un proyecto de ley que regulará la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales que consagra derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad.

Controversia pública han generado tanto viáticos como viajes de Concejales de las diferentes municipalidades del país. En ese marco es que el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, tras una resolución del Consejo directivo envió un oficio con recomendaciones para los municipios del país en esta temática para informar a la ciudadanía del carácter de los mismos.

“El Consejo para la Transparencia recomienda a los miembros de los concejos municipales cumplir con altos estándares de transparencia, respecto de su quehacer, de cara a una ciudadanía que hoy demanda mayor transparencia, uno de los elementos críticos para recuperar la confianza de las personas en el Estado”, señaló el Presidente del CPLT

Para Drago los municipios deben estar a la altura de lo que exige la ciudadanía porque entre otras cosas son la puerta de entrada de los ciudadanos a los organismos del Estado  y es de  gran interés de los vecinos conocer cómo se está gestionando al interior de estas instituciones.

“No basta con publicar solo aquella información que se señala en la ley, debemos avanzar más allá, elevar los estándares de transparencia y probidad entregándole a las personas la información que necesita, conocer en que se están gastando los recursos públicos así ir eliminando esas brechas entre las personas y el Estado”, sentenció.

Destacan dentro de las recomendaciones del Consejo para la Transparencia la solicitud de poner a disposición “íntegramente los actos administrativos dictados para el cumplimiento de tales fines”, como el Acta del Concejo Municipal en donde conste el acuerdo de la autorización dada al miembro del concejo, para ausentarse por motivos de viaje.

Asimismo cuando se trata de invitaciones a charlas y seminarios se sugiere informar al público, los documentos que detallen la programación del acto, las fechas, lugar y costos eventuales del mismo, así como también publicar la rendición de cuentas.

Si el viaje fue costeado por otro Estado, organismo internacional, región o localidad del exterior, se recomienda publicar la información que dé cuenta de tal hecho, como la identificación de quién costeó el viaje y qué fue lo costeado, entre otros.

El titular de Transparencia sostuvo que el CPLT seguirá fortaleciendo sus vínculos con el mundo municipal con el fin de promover las herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia para recuperar las confianzas.

“Hoy la Ley del Lobby permite que cualquier persona conozca sobre los viajes, audiencias y donativos que reciben las autoridades y la Ley de Probidad, expone ante la ciudadanía las declaraciones de intereses y patrimonio de miles de funcionarios públicos, por lo que es obligación contar con altos estándares de cumplimiento, dar un paso más y transparentar cada gestión y acto administrativo”, concluyó.

Presidente del CPLT afirmó que a pesar de la creciente incidencia de la Ley Transparencia, a 10 años de su promulgación, aún la estadística sobre su conocimiento sigue siendo baja, por lo que a su juicio hay un espacio importante de acción que corresponde a todos para subsanar este fenómeno

Así lo revela el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), indicador que busca medir los niveles de eficacia alcanzados en la implementación de la normativa que garantiza y regula el derecho de las personas para acceder a la información de los organismos del Estado.

El ITAI, que debutó en 2013, fue elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), a partir de diversos estudios que evalúan el conocimiento y ejercicio eficiente de este derecho por parte de la ciudadanía, así como las barreras que lo dificultan. Este índice es la principal herramienta para medir los avances o eventuales retrocesos del país en esta materia, transformándose en un estímulo para el desempeño del aparato estatal y del propio Consejo.

En base a esa concepción el CPLT mide la presencia de estas condiciones a través del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), cuyos resultados, a casi 10 años de la promulgación de la Ley, nos muestran que permanecemos por debajo del 50%.

Si bien estos últimos años  ha habido una creciente demanda por información pública -a diciembre de 2017 se registran 714.278 solicitudes de información ingresadas órganos públicos, sólo un 34% de los chilenos considera útil, para ellos como ciudadanos, la existencia de Transparencia en el Estado.

Para que los beneficios del acceso a la información puedan materializarse, el CPLT, a través de la medición ITAI ha definido que es necesario que se den ciertas condiciones, tanto en las instituciones públicas, como en la ciudadanía.

Así, el ITAI constató que las instituciones han evolucionado positivamente en el desempeño de sus obligaciones de transparencia y que los principales desafíos están relacionados con los niveles de conocimiento de los mecanismos de acceso a la información. Aunque hay un alto conocimiento de la existencia de la Ley de Transparencia (70%) y del Consejo para la Transparencia (69%), persisten dificultades para derivar correctamente a una persona con un requerimiento de información a la oficina o ventanilla correcta (33%), a la sección web en la que podría solicitar información (33%) y respecto del plazo de respuesta con que se cuenta (20%).

A su vez, en el ámbito ciudadano se detectó que existe una alta valoración del derecho de acceso a la información (90%), al que consideran necesario (74%), sin embargo, las personas tienen una baja noción de cómo éste les puede ser de utilidad de manera particular (34%).

“A pesar de la creciente incidencia de la Ley Transparencia, a 10 años de su promulgación, aún la estadística sobre su conocimiento sigue siendo baja, hay un espacio importante de acción que corresponde a todos para subsanar este fenómeno. Por ejemplo, es primordial eliminar dificultades que enfrenta un ciudadano para ejercer su derecho de acceso a la información pública y trabajar para poner a su disposición información pertinente, oportuna y comprensible”, sostiene el presidente del CPLT, Marcelo Drago.

De este modo, el principal desafío se encuentra, por una parte, en el nivel de conocimiento de la Ley y la institucionalidad del derecho de acceso a la información, que sólo alcanzan el 31% y el 24% respectivamente, es decir, que las personas que necesitan información pública, sepan cómo pedirla y, en caso de quedar insatisfechos, que sepan cómo reclamar y dónde; y, por la otra, en el reconocimiento de este derecho como una herramienta efectiva de prevención de la corrupción (48%) y de participación ciudadana (59%).

“Debemos seguir avanzando para ampliar los ámbitos de transparencia y los modos de entrega de la información. Ese es el desafío tras 10 años de la Ley de Transparencia porque la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, concluyó Drago.

Finalmente, el titular del CPLT sostuvo que se hace necesario impulsar reformas que aseguren la extensión y profundización del Sistema.

“La ley que hace 10 años implicó significativos avances, hoy implica el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado, de hecho, el cumplimiento formal de la Ley de Transparencia por parte de las instituciones y la eficacia de ésta para develar irregularidades, no se ha traducido en una mayor percepción de transparencia, como tampoco en menores niveles de corrupción y más confianza en las instituciones”, concluyó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago

Con el objetivo de debatir y reflexionar en torno a los desafíos en materia de Protección Datos Personales se llevó a cabo hoy la mesa de conversación titulada “Cambios regulatorios para la protección de datos personales en Chile. Un camino por recorrer”, organizada por la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica y la fundación internacional Data Catalyst en la que participó el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.

En la ocasión y desde una perspectiva ciudadana, el presidente del CPLT, Marcelo Drago recordó que hace 15 años atrás “nadie entregaba el RUT, hoy la situación es distinta, nadie sabe lo que las empresas están haciendo con la información de las personas, por eso nuestra preocupación es proteger nuestros datos” y subrayó que lamentablemente “hoy la regulación en esta materia es precaria, existe un nivel de desprotección sustantivo”.

Asimismo, insistió que “el paso que hay que dar, es tener en Chile una regulación robusta en protección de datos y la principal exigencia es contar con un órgano autónomo en nuestro país que se preocupe de cuidar nuestro datos”.

En el foro también participaron el Senador de la República e integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Felipe Harboe, el académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y consejero de Data Catalyst, Alejandro Barros, la Directora Ejecutiva de Derecho Digitales, María Paz Canales y el fundador de Licitaciones Inteligentes de Startup Up Chile, Simón Echavarría.