El Consejo para la Transparencia (CPLT) organizará unseminario internacional inédito titulado “Transparencia en el uso de algoritmos e Inteligencia Artificial en el sector público: diálogos desde lo legal y regulatorio”, que se llevará a cabo este viernes 15 de noviembre y será transmitido en VIVO, a través del canal de YouTube del CPLT @consejotransparencia.

El evento busca generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los retos que plantea la inteligencia artificial (IA) y el uso de algoritmos en la administración pública. Durante la jornada, destacados expertos nacionales e internacionales discutirán los desafíos en torno a la transparencia, la regulación y los derechos ciudadanos en el uso de estas tecnologías en el sector público.

Programa y panelistas invitados

El seminario se dividirá en dos paneles:

Panel 1: “Uso de Inteligencia Artificial y algoritmos en la administración pública: ¿Somos transparentes?” Este panel explorará el impacto de la IA y los algoritmos en la administración pública, haciendo un diagnóstico del marco regulatorio actual y de los derechos que deben garantizarse en el uso de estas herramientas por parte de las instituciones públicas.

Moderador: Bernardo Navarrete Yáñez, presidente del CPLT.

Panelistas:

Juan David Gutiérrez Rodríguez, PhD en Política Pública de la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad de Los Andes, Colombia.

Mariel Lorenzo Pena, Doctora en Derecho y miembro del equipo jurídico de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay.

Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto.

Panel 2: “Transparencia Algorítmica en instituciones públicas: experiencias y aprendizajes” En esta instancia se abordarán los desafíos y riesgos de regular la transparencia algorítmica en el ámbito público, destacando la aplicación de las recientes recomendaciones del CPLT en esta materia.

Moderadora: María Jaraquemada, Consejera del CPLT.

Panelistas:

Danielle Zaror Miralles, investigadora en Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile.

Romina Garrido Iglesias, subdirectora del GobLab de la Universidad Adolfo Ibáñez y Directora de Protección de Datos en Prieto Abogados.

Verónica Achá Álvarez, jefa de la División de  Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social.

Alberto Coddou Mc Manus, profesor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile.

Este encuentro internacional tiene como fin analizar y buscar soluciones a los inmensos desafíos que implica la IA para la transparencia en la administración pública, identificar las políticas y derechos que deben asegurarse en su uso, y revisar las recomendaciones del CPLT en esta materia.

LA cita ofrecerá una plataforma para que autoridades, académicos y profesionales del área discutan los aspectos críticos y las oportunidades que representa la IA en la gestión pública, con un enfoque en proteger los derechos ciudadanos en el entorno digital.

Fecha: viernes, 15 de noviembre de 2024

Horario: 09:30 – 13:15 hrs.

Transmisión en VIVO por la señal de YouTube del CPLT. @consejotransparencia

El proyecto de ley que busca regular la transferencia de tecnología y conocimiento ha suscitado un intenso debate en torno a su artículo 14, que introduce una nueva causal de reserva de información en la Ley de Transparencia. Esta modificación plantea preocupaciones sobre la posible afectación al acceso a la información pública y la transparencia en la gestión estatal.

El artículo en cuestión establece que se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su divulgación “afecte derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos comerciales válidamente constituidos”. Sin embargo, el Consejo para la Transparencia ha manifestado que esta inclusión es innecesaria y podría resultar perjudicial para el sistema de transparencia en Chile.

Entre las principales críticas se destaca que la actual legislación ya protege los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como los secretos comerciales, a través de causales de reserva existentes. La inquietud radica en que la nueva causal podría otorgar un estatus privilegiado a estos derechos en comparación con otros fundamentales, generando inequidades en el acceso a la información pública.

Además, se argumenta que con esta nueva disposición se amplían de manera excesiva las causales de secreto, lo que podría desequilibrar la protección de otros derechos fundamentales, como la vida privada y los datos personales. La propuesta también se percibe como un obstáculo para la rendición de cuentas y el control social, especialmente en casos donde se utilizan recursos públicos.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, “la regulación de una materia específica, como la transferencia de tecnología, no debería incluir causales de reserva que apliquen de manera general a toda información en poder del Estado. Esto podría amenazar la transparencia y limitar el acceso a información crucial para el debate público y la participación ciudadana”.

Además, Navarrete indicó que “esta nueva causal de reserva no debiera discutirse en contexto de un proyecto de ley que se enfocaen la promoción del conocimiento que genera la investigación, la tecnología y la innovación. Creemos que cualquier modificación relacionada con la transparencia y el acceso a la información debería discutirse en un marco legislativo más amplio, como es el proyecto de ley de reforma a la Ley de Transparencia que se tramita desde 2018 en el Congreso y que involucra a todos los actores relevantes en la materia”.

Ante estas consideraciones, el Consejo para la Transparencia propuso a la Comisión de Ciencias del Senado en que se tramita el referido proyecto de ley suprimir su artículo 14, abogando por un enfoque que favorezca la transparencia y el acceso a la información en lugar de restringirlo.

El Consejo para la Transparencia (CPLT), junto con la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, llevó a cabo una Jornada de actualización dirigida a los enlaces de transparencia de los organismos de la Administración Central del Estado.

El evento se realizó en el Auditorio del Archivo Nacional en Santiago, con una transmisión simultánea a través de la plataforma YouTube del CPLT.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los enlaces responsables de implementar políticas de transparencia y acceso a la información en las instituciones públicas, a través de la actualización en temas clave y el intercambio de buenas prácticas.

Al respecto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “La transparencia no solo es una obligación legal, sino un compromiso con la ciudadanía que requiere ser promovido y fiscalizado continuamente. El informe de gestión del CPLT correspondiente al primer semestre 2024 refleja un creciente interés de la ciudadanía por acceder a información, con más de 153 mil solicitudes de acceso a información dirigidas por intermedio del Portal de Transparencia del Estado y más de 4 millones de visitas a este. Estos resultados refuerzan la importancia de jornadas como la de hoy, que buscan fortalecer las capacidades de quienes son responsables de implementar la transparencia en los organismos del Estado”.

La actividad se inició con las palabras de bienvenida del director general del CPLT, David Ibaceta y de Valeria Lübbert, secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. En sus intervenciones, destacaronla importancia de la transparencia en la gestión pública como pilar de una democracia sólida y la necesidad de una capacitación constante para quienes desempeñan funciones en esta área.

A continuación, la abogada Isabel Figueroa Robledo, de la Unidad de Normativa y Regulación del CPLT, expuso sobre la Instrucción General de Transparencia Activa, que establece las directrices para asegurar que los organismos públicos mantengan información actualizada y accesible al público. Se abordaron los estándares requeridos por esta instrucción, recomendaciones para su implementación yerrores comunes en que incurren los encargados de transparencia.

Posteriormente, se abrió un espacio de preguntas y resolución de consultas, donde los participantes pudieronaclarar dudas y recibir orientación sobre la aplicación práctica de las normativas de transparencia en sus respectivas instituciones.

Uno de los puntos destacados del evento fue la presentación a cargo de Alejandro González Guajardo, Jefe de la Unidad de Normativa y Regulación del CPLT, acerca de la Instrucción General sobre Derivación y Prórroga, en la que se explicaron los criterios y requisitos para la derivarsolicitudes de acceso a la información o prorrogar su plazo de respuesta excepcionalmente. Esta exposición es de vital importancia para asegurar que las respuestas a las solicitudes de información pública sean gestionadas de manera eficiente y dentro de los tiempos establecidos por la ley.

Finalmente, Ana María Muñoz Massouh, directora Jurídica del CPLT, presentó la nueva Recomendación de Transparencia Algorítmica, que busca garantizar que los sistemas automatizados y semi automatizados utilizados por el Estado en la toma de decisiones públicas sean conocidos y comprendidos por los ciudadanos. Esta recomendación cobra especial relevancia en el contexto actual de digitalización y automatización de procesos en el sector público.

Con este seminario, el Consejo para la Transparencia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de transparencia y acceso a la información en la administración pública, en beneficio de la ciudadanía y la confianza en las instituciones del Estado.

Los resultados del reciente estudio Barómetro de Acceso a la Información Pública 2023-2024, elaborado por la Asociación Nacional de la Presa, en colaboración con el Laboratorio de Conversación Pública de la Universidad Central de Chile, destacaron al Consejo para la Transparencia (CPLT) como la institución con la mejor evaluación en términos de disposición, confiabilidad y oportunidad en la entrega de información pública en su categoría.

De acuerdo con el informe, que recopila las percepciones de periodistas, directores y editores de medios nacionales, el CPLT obtuvo las puntuaciones más altas en la categoría “órganos autónomos y otros poderes del Estado”, evidenciando su compromiso con la transparencia y el acceso oportuno a la información. Los datos reflejan una evaluación promedio de todas las categorías de 4,9 en disposición, 5,1 en confiabilidad y 4,6 en oportunidad, todas las cuales fueron ampliamente superadas por el CPLT.

Al respecto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “Son destacables los resultados conseguidos por el Consejo, sobre todo, considerando que el promedio general en las dimensiones de disposición y confiabilidad estuvo cercano al 5 y obtuvimos una evaluación cercana al 6, y el de la dimensión de oportunidad fue de 4,6 y obtuvimos una evaluación superior a 5. Estos resultados reafirman nuestro compromiso a seguir mejorando y a ser aún más eficaces en nuestra labor, buscando no solo cumplir con las normativas, sino también reforzar la confianza pública en las instituciones del Estado.”

El Barómetro de Acceso a la Información Pública, que se realiza anualmente, evaluó diversas instituciones del Estado en términos de disposición, confiabilidad y oportunidad en la entrega de información. Los datos de este año confirman una estabilidad en los mecanismos de acceso a la información pública, aunque persiste la percepción de dificultades en algunos casos.

El estudio reveló un aumento en la mayoría de los tipos de dificultades para acceder a información públicaexperimentada por los periodistas encuestados. Destacan la no respuesta a llamadas, correos electrónicos y WhatsApp, con un incremento del 4% y la entrega de información solo bajo condiciones off the record, con un aumento del 6,8%, ambas con respecto al año anterior.

En cuanto a las evaluaciones de la categoría “organismos de gobierno central y municipalidades”, la Presidencia y los ministerios de Interior y Secretaría General de la Presidencia recibieron las peores calificaciones en términos de disposición, confiabilidad y oportunidad. En contraste, los ministerios de Ciencia y Tecnología, Agricultura, y Mujer y Equidad de Género fueron los mejores evaluados.

El informe también señala que el 28% de los encuestados considera que el acceso a la información pública ha empeorado en los últimos cinco años, evidenciando un deterioro sostenido en la percepción de transparencia desde el 2017.

Asimismo, el estudio arroja que los mecanismos considerados más efectivos para obtener información pública se mantuvieron estables en las últimas tres mediciones,siendo consultas directas a la fuente, entrevistas formales o comunicación directa por WhatsApp u otra aplicación.

 

Las consejeras del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González y María Jaraquemada, representaron al país en una serie de reuniones técnicas en Bruselas y Estrasburgo, donde abordaron temas clave relacionados con la gobernanza de datos y la transparencia algorítmica, materias que se encontraban en plena discusión parlamentaria en nuestro país.

La jornada inició con una mesa de trabajo en la Misión de Chile en Bruselas, en el cual participaron las contrapartes latinoamericanas especializadas en temas de transparencia. Durante esta reunión, se discutieron experiencias y desafíos compartidos por los países de la región en materia de transparencia y protección de datos en el ámbito digital.

Posteriormente, las integrantes del consejo directivo del CPLT se reunieron con funcionarios de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG CONNECT) de la Comisión Europea. En este encuentro, se abordó la implementación de la Ley de Servicios Digitales y su relevancia para la transparencia en los procesos algorítmicos, un área en la que el CPLT ha sido pionero en Chile.

En los días siguientes, las integrantes el consejo directivo del CPLT, también participaron en un encuentro con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas, para intercambiar experiencias sobre la regulación europea en inteligencia artificial y la nueva Ley de Protección de Datos Personales de Chile, que busca establecer un marco robusto de derechos digitales y de protección de la privacidad.

La participación del CPLT en estos eventos reflejó el compromiso de Chile con el fortalecimiento de la protección de datos a nivel internacional y su colaboración activa en la formulación de políticas que promuevan la transparencia en la era digital.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, realizó una visita a la Región del Biobío, donde participó en una serie de actividades en el Servicio de Salud del Biobío con el objeto de promover la transparencia y el acceso a la información pública.
Esta iniciativa se enmarca en uno de los principales énfasis de su gestión: “descentralizar” la transparencia en el país, lo que lo ha llevado a realizar una serie de visitas a lo largo de todas las regiones de Chile.

Durante su visita, Navarrete lideró una reunión con el equipo de trasparencia del Servicio de Salud del Biobío y expuso en una reunión ampliada con sus funcionarios, donde se discutieron, entre otras materias, los resultados de la encuesta de transparencia que se les aplicó. Este instrumento reveló que el 81% de los funcionarios reconoce tener conocimientos generales sobre la Ley de Transparencia, aunque con limitaciones en cuanto a su aplicación en el sector salud. Además, resaltó que el 58% de los encuestados considera que se pone a disposición del público parte de la información requerida, pero todavía existe falta de claridad respecto de ciertos antecedentes.

“Es fundamental que los servicios públicos fortalezcan sus mecanismos de transparencia, ya que la evidencia sugiere que la ciudadanía demanda cada vez más acceso a información clara y precisa,” señaló Navarrete. “En lo que respecta a los cuatro servicios de salud de la Región del Biobío, entre 2016 y lo que va de 2024, han recibido más de más de 7.000 solicitudes de acceso a información, lo que denota un interés importante de la ciudadanía en ejercer control social y conocer información respecto a la labor de los servicios de salud”.

En la cita, Navarrete también abordó la necesidad de avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley “Transparencia 2.0”, que busca modernizar la normativa actual y, entre otros avances, extender las obligaciones de transparencia a sectores privados que reciben fondos públicos. Asimismo, se refirió a los desafíos de más largo plazo que enfrenta la institucionalidad de transparencia, señalando que “Chile ha avanzado significativamente desde la creación del Consejo para la Transparencia en 2009, pero aún quedan importantes desafíos por abordar, como la incorporación del Congreso, el Poder Judicial y varios de los órganos autónomos constitucionales al régimen general de transparencia, de manera que el CPLT pueda fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.

Finalmente, en su intervención, destacó los desafíos que enfrenta el país en materia de integridad pública, transparencia y probidad, y subrayó la importancia de avanzar hacia un Estado más abierto y accesible para los ciudadanos.

Sobre el Consejo para la Transparencia

El Consejo para la Transparencia (CPLT) es una corporación autónoma de derecho público, creada en 2009 con la misión de garantizar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Desde su creación, ha gestionado cerca de 90.000 casos y se encarga de fiscalizar el respecto de ese derecho y promocionar su contenido en la Administración del Estado.

Con la participación de funcionarias y funcionarios del Consejo para la Transparencia de Chile (CPLT) y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana (DIGEIG), se desarrolló este lunes (14 de octubre) un taller de intercambio de experiencias y buenas prácticas en favor del fortalecimiento de la transparencia y la adecuada protección de datos personales.

Con esta actividad, además. se cierra el proyecto de cooperación Sur–Sur y Triangular de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEGCID) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Sistema de Información de Cooperación de la República Dominicana del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) denominado “Fortalecimiento del Acceso a la Información Pública: experiencias y buenas prácticas chilenas para una mejor implementación de la Ley de Transparencia en República Dominicana”.

El encuentro fue liderado por la Directora de Jurídica, Ana María Muñoz, y el Jefe de Relacionamiento Institucional, Daniel Pefaur Dendal, por parte del CPLT; y por la Directora Ejecutiva Berenice Barinas y la Directora de Transparencia y Gobierno Abierto, Elizabeth Díaz de la DIGEIG. “Esperamos aprender, complementarnos y transferir conocimientos”, destacó Muñozen sus palabras de bienvenida. Asimismo, relevó el momento que nuestro país vive ante la pronta promulgación de un proyecto de ley que modifica la norma sobre protección de datos personales.

En el taller expusieron Carlo Benussi, analista la Unidad de Normativa y Regulación del Consejo, quien abordó la experiencia chilena en materia de adecuación del tratamiento y publicación de la información para la protección de datos personales en Chile; y Mélida Pichardo, encargada del Sistema de Integridad Gubernamental del órgano garante de República Dominicana. Esta última detalló aspectos del marco normativo de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo que desarrolla la DIGEIG, experiencia inédita en los órganos garantes de Latinoamérica.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó su informe semestral 2024, destacando importantes avances en tres áreas fundamentales: Garantizar, Fiscalizar y Promover el acceso a la información pública.

En la primera mitad del año, se han incorporado 29 nuevos organismos al Portal de Transparencia del Estado (PTE), alcanzando un total de 1.025 entidades. Asimismo, el portal fue visitado por la ciudadanía en 4.093.747 oportunidades. Además, se han dirigido por su intermedio 153.304 solicitudes de acceso a información (SAI) a las entidades obligadas por la Ley de Transparencia, lo que significa un incremento del 5,7% respecto del mismo período del año pasado.

En cuanto a los casos ingresados, ya sean amparos, cuando se considera que las entidades públicas responden insatisfactoriamente SAI, o reclamos, cuando se denuncia la infracción de sus obligaciones de publicar la información que la Ley de Transparencia señala, el CPLT ha recibido 7.102 en los primeros seis meses del año. Ello representa un aumento de un 3,6% en comparación con el primer semestre de 2023.

De estos casos, el 61% fue derivado al Sistema Alternativo de Resolución de Casos (SARC), con un éxito del 81% de los derivados en el periodo, lo que permite su resolución en un plazo mucho más acotado que aquellos que terminan por decisión de fondo por el CPLT.

En cuanto a la fiscalización a las entidades obligadas por la Ley de Transparencia, el CPLT instruyó 73 sumarios en el primer semestre, de los cuales un 61,6% corresponde a entidades del ámbito municipal. Asimismo, sancionó a 20 infractores en ese lapso. Destaca en el periodo la fiscalización realizada a los Gobiernos Regionales respecto de sus obligaciones de transparencia activa, la cual arrojó un promedio de cumplimiento del 76%.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, comentó estos resultados: “Estas cifras dan cuenta de la importancia de la Ley de Transparencia para la ciudadanía, que ha consolidado una verdadera cultura de transparencia. Ello se evidencia en las más de 40 millones de visitas del portal de transparencia desde su creación en 2013 y más de 4 millones solo en este primer semestre del año”. Agregó que “Sin embargo, hay que seguir trabajando en los desafíos que tenemos por delante, tales como incorporar al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, terminado así con los estatus especiales con que gozan algunos órganos, sin fiscalización del CPLT; o aumentar los estándares de transparencia de las entidades de derecho privado que reciben fondos públicos, entre otras materias”.

Desde la perspectiva de la promoción del derecho de acceso a la información, el CPLT realizó en el primer semestre de 2024, 94 capacitaciones sobre el Portal de Transparencia del Estado (PTE) enfocadas a encargados de transparencia de entidades públicas, beneficiando a 264 personas. Asimismo, 15 actividades de capacitación, beneficiando a 4.787 personas en siete regiones del país y de manera virtual. Adicionalmente, se recibieron 13.495 consultas ciudadanas, principalmente relacionadas al PTE y al derecho de acceso a información pública.

Este reporte refleja el compromiso con la transparencia en la función pública y la mejora continua en los procesos internos del CPLT para asegurar el acceso a la información pública de los ciudadanos y subraya el compromiso con la promoción de una administración pública transparente, eficiente y accesible para todos.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, presentó, en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas, un conjunto de propuestas para perfeccionar la actual regulación sobre lobby en Chile.

La sesión, celebrada en el Congreso Nacional en Valparaíso, tuvo como eje central la discusión del Proyecto de Ley que “Moderniza la Regulación del Lobby y las Gestiones de Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios“.

La presentación destacó las oportunidades que esta modernización de la legislación representa para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas. Según el titular del CPLT, “este proyecto se alinea con las recomendaciones de la OCDE y podría marcar un precedente para la actualización de otras normativas esenciales, como la Ley de Transparencia y la Ley de Probidad en la Función Pública”.

Dentro de las principales recomendaciones del CPLT,destaca la necesidad de incorporar a la definición de lobby todo tipo de comunicación o contacto efectuado por un lobista con una autoridad, por cualquier medio (correo electrónico, vía telefónica, whatsapp, u otro), de manera que queden comprendidas en la norma todas las posibilidades de contacto entre el mundo privado y el público, y ellas sean registradas.

Asimismo, son especialmente relevantes los ajustes normativos propuestos a la categoría de “representantes de intereses calificados”, que son aquellas personas cuya principal actividad económica es el lobby, a los cuales el proyecto de ley da una mayor carga regulatoria, y cuya calificación queda en manos del CPLT. Para realizar de manera correcta la verificación de los requisitos que debe cumplir una persona para considerarse dentro de esta categoría, el CPLT propuso conferir atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para informarle sobre sus ingresos. Además, propuso abordar la actividad de lobby que realicen grupos empresariales.

Por otra parte, se establece la necesidad de fortalecer la fiscalización y sanción, y robustecer los mecanismos de control sobre los particulares que ejercen actividades de lobby. Para ello, el CPLT hizo una serie de consideraciones sobre el procedimiento para sancionar las infracciones a la ley. Destacando la necesidad de flexibilizar el sistema de sanciones, permitiendo al sancionador aplicar las sanciones según la magnitud de la infracción, considerar si hayreincidencias, y tener en cuenta circunstancias agravantes o atenuantes.

Por último, recomendó incorporar a los registros de lobby, no solo las audiencias aceptadas, sino también las solicitudes de audiencias, las audiencias rechazadas y la identidad de los solicitantes.

En cuanto a las oportunidades, el ente regulador de la transparencia en el país subrayó que esta modificación puede ser un hito que guie una modernización de otras normativas relacionadas con la transparencia y la probidad. Asimismo, destacó que, a pesar del reconocimiento internacional que recibe Chile en materia de lobby, es una legislación superada por la práctica. Ello refuerza la necesidad de perfeccionar el sistema para evitar influencias indebidas en la toma de decisiones públicas.

Finalmente, el CPLT identificó riesgos en el proyecto de ley. En palabras de su presidente, se señaló: “Vemos ciertos riesgos, como la falta de una autoridad de control con competencias transversales o los desafíos en la gestióninterna por la creciente cantidad de información que deberá manejar el CPLT. Ellos deben ser encauzados debidamente en la tramitación del proyecto”.

“El CPLT espera que estas propuestas sean consideradas por el gobierno y el Congreso Nacional durante la discusión del proyecto de ley, con el objetivo de perfeccionar la regulación vigente y continuar avanzando hacia una mayor transparencia y equidad en la toma de decisiones públicas en Chile” finalizó el mandamás del Consejo para la Transparencia.

En la instancia, Navarrete estuvo acompañado por el consejero, Roberto Munita, el director general, David Ibaceta, y la directora jurídica, Ana María Muñoz, todos del CPLT.

Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), participó del IX Congreso Internacional Transparencia y Gobierno Abierto (CIT), desarrollado en la Universidad de León, España, entre los días 25 y 27 de septiembre. Esta instancia contó con la participación de representantes de los órganos garantes de transparencia y el derecho de acceso a información de los países de Hispanoamérica, así como de destacados académicos en la materia.

Durante su participación en el CIT, se destaca su exposición en el acto de bienvenida de los expositores extranjeros, desarrollado en Madrid el día 20 de septiembre; su presentación en la sesión plenaria del congreso y la coordinación y moderación del grupo de trabajo “Implementación de la Transparencia en Latinoamérica”.

En sus ponencias e intervenciones, Navarrete destacó los avances históricos en la transparencia y el acceso a la información en Chile y los hitos más recientes, que hacen al país un referente en materia de transparencia y gobierno abierto en la región.

Enfatizó las características de la institucionalidad de transparencia de Chile, que hacen al CPLT un órgano garante robusto, ya que cuenta con reconocimiento legal, que lo dota de autonomía presupuestaria, de nombramiento y remoción de autoridades y normativa.

Respecto sus facultades normativas, relevó la dictación de instrucciones generales por el CPLT, tales como la de Transparencia Activa, la de Uso de la Causal de Reserva de Información Distracción Indebida de las Funciones del Órgano, la de Transparencia Presupuestaria, y la de Transparencia Algorítmica. Esta última promueve la transparencia en los sistemas de decisiones automatizadas utilizados en el sector público, buscando garantizar que la ciudadanía esté informada de los procesos y algoritmos utilizados, por ejemplo, para el otorgamiento de subsidios y beneficios.

El cuanto a sus facultades de fiscalización, mostró a los asistentes las fiscalizaciones de transparencia activa realizadas por el CPLT y su distribución en administración central, regional y local, siendo el sector municipal el que evidencia una mayor necesidad de mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, para así asegurar que los ciudadanos cuenten con un acceso pleno y efectivo a la información. Todo ello, especialmente en asociaciones, corporaciones y fundaciones municipales, 300 de las cuales fueron fiscalizadas por el CPLT en 2024, arrojando bajos niveles de cumplimiento.

Asimismo, en relación a sus facultades sancionatorias, evidenció que desde la creación del CPLT en 2009, de un total de 698 procesos sancionatorios, 300 han terminado en sanción, lo que corresponde a un 43% de los casos, siendo el 75% de los sancionados instituciones de nivel local.

Se refirió también a los avances del país en materia de gobierno abierto. Destacando el Portal de Transparencia del Estado administrado por el CPLT, que ha recibido más de 40 millones de visitas desde su creación en 2013. Así como también, el compromiso de Chile con la implementación del 6º Plan de Acción de Estado Abierto (2023-2027). Este plan incluye la creación de un Portal Nacional de Datos Abiertos, entre otras innovadoras iniciativas tecnológicas orientadas a mejorar la gestión pública y aumentar la participación ciudadana.

Navarrete cerró su intervención con una clara visión de futuro, sugiriendo que los avances en transparencia en Chile han sido mayoritariamente reactivos a escándalos de corrupción, por lo que el objetivo actual es consolidar una cultura proactiva de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

Asimismo, nuestra consejera María Jaraquemada, también representó al país en el XII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas – GIGAPP. El encuentro permitió­ intercambiar experiencias y así mejorar las políticas públicas con el fin de promover gobiernos más abiertos, transparentes y participativos.  

El Consejo para la Transparencia entregó los resultados de su última fiscalización respecto a las transferencias realizadas por instituciones públicas a organismos internacionales durante los años 2019 y 2023, cumpliendo con su compromiso de asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos fiscales.

La metodología usada fue solicitar a los organismos la información vía solicitud por Ley de Transparencia y revisartransparencia activa (la información que deben tener publicada en sus sitios electrónicos los servicios públicos afectos a la Ley de Transparencia y que debe fiscalizar el CPLT.

En específico, el informe, elaborado por el Área de Fiscalización Aplicada de la Unidad de Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT), analizó las transferencias realizadas por 53 instituciones públicas a diversos organismos internacionales, detallando el cumplimiento normativo, los montos transferidos y las deudas pendientes.

Entre los principales hallazgos, se destaca que, en 2023, 52 instituciones públicas realizaron un total de 246 transferencias a organismos internacionales, lo que representa un incremento del 8% en cantidad de transferencias, si se compara con el año 2019, donde 38 instituciones ejecutaron 227 transferencias. Los montos totales transferidos en ambos años son muy similares y superanlos 35 mil millones de pesos chilenos.

Respecto de los organismos que recibieron mayor cantidad de fondos el 2023, lidera la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con más de 13 mil millones de pesos, seguida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 3 mil millones de pesos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 1.800 millones de pesos.

Adicionalmente, hubo instituciones que efectuaron desembolsos a empresas internacionales por contratación de bienes o servicios. En esa línea, se identificó que el 2019 se ejecutaron 26 pagos de este tipo por un total de $387 millones. Cifra que en 2023 sube considerablemente con 42 pagos por un monto de $4.170 millones.

Asimismo, el estudio revela que 10 instituciones mantienen deudas con organismos internacionales, por un total de más de $6.700 millones de pesos. Entre los organismos con mayor nivel de deuda destacan la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Agricultura.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que “Este proceso busca garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información completa y oportuna respecto a las transferencias que las instituciones públicas realizan a organismos internacionales. Todo ello, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente”. Asimismo, relevó que “dentro de nuestros hallazgos se ha evidenciado que 30 instituciones presentaron incumplimientos o inconsistencias en sus respuestas y/o en sus deberes de transparencia activa, lo que constituye una barrera de acceso a la información pública susceptible de sanción. Oficiaremos a estas instituciones, requiriéndoles ajustar sus procedimientos y dar pleno cumplimiento a la Ley de Transparencia”.

El Consejo para la Transparencia fue creado por la Ley N°20.285(Ley de Transparencia) y su principal labor es garantizar el cumplimiento de dicha normativa. Para ello, fiscaliza a los órganos del Estado que son obligados por esta, marco dentro del cual se realizó esta fiscalización focalizada.

Para conocer el informe completo de esta indagatoria del Consejo para la Transparencia sobre transferencias a organismos internacionales visite nuestro sitio web: www.cplt.cl.

 

Informe de Fiscalización Extraordinaria DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN REFERENTE A TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES- AÑOS 2019 Y 2023

Con el objetivo de verificar si las infracciones e incumplimientos detectados en la fiscalización del 2023 a las empresas públicas fueron subsanadas, el Consejo para la Transparencia realizó un seguimiento a esa indagatoria. 

En aquel informe de 2023, el índice global de cumplimiento en transparencia activa, esto es, la obligación de publicar aquella información que establece la Ley de Transparencia a través de sus sitios electrónicos, fue de un 89%. 

Sin embargo, tras la nueva revisión realizada este 2024, se detectó que el nivel promedio de desempeño aumentó al 96%, esto es, 7 puntos más que lo observado en el proceso de fiscalización anterior. 

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, este tipo de seguimiento de fiscalizaciones es esencial: “Vemos que, en casi la totalidad de los casos, las empresas públicas mejoraron sus estándares de cumplimiento en materia de publicación de información que debe mantenerse a disposición de la ciudadanía. Atribuimos en parte esta mejora al modelo de fiscalización aplicado, el cual pone el acento en la prevención. Así, luego de una primera indagatoria en que se detectan incumplimientos, se realiza una segunda fiscalización en la que se revisa el rendimiento de los fiscalizados, quienes normalmente lo mejoran, porque han tenido un plazo prudente para subsanar sus infracciones. Este modelo ha probado dar buenos resultados, lo que redunda en un mayor cumplimiento la Ley de Transparencia”.  

 

Del total de las 25 empresas públicas analizadas, se observa que 18 tienen un desempeño de 100%, entre ellas, por ejemplo: 

1.- Polla Chilena de Beneficencia. 

2.- Empresa Nacional del Petróleo.

3.- Televisión Nacional del Chile (TVN).

 

Por su parte, las de menor cumplimiento fueron: 

1.- Empresa Eléctrica Municipal Melinka con un 50,9%

2.- Empresa de Correos de Chile con un 71,4%

3.- Empresa Nacional de Minería (ENAMI) con un 85,7%.

 

 

Fiscalización de Seguimiento proceso “Empresas Públicas TA 2023”