El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, realizó una visita a la Región del Biobío, donde participó en una serie de actividades en el Servicio de Salud del Biobío con el objeto de promover la transparencia y el acceso a la información pública.
Esta iniciativa se enmarca en uno de los principales énfasis de su gestión: “descentralizar” la transparencia en el país, lo que lo ha llevado a realizar una serie de visitas a lo largo de todas las regiones de Chile.

Durante su visita, Navarrete lideró una reunión con el equipo de trasparencia del Servicio de Salud del Biobío y expuso en una reunión ampliada con sus funcionarios, donde se discutieron, entre otras materias, los resultados de la encuesta de transparencia que se les aplicó. Este instrumento reveló que el 81% de los funcionarios reconoce tener conocimientos generales sobre la Ley de Transparencia, aunque con limitaciones en cuanto a su aplicación en el sector salud. Además, resaltó que el 58% de los encuestados considera que se pone a disposición del público parte de la información requerida, pero todavía existe falta de claridad respecto de ciertos antecedentes.

“Es fundamental que los servicios públicos fortalezcan sus mecanismos de transparencia, ya que la evidencia sugiere que la ciudadanía demanda cada vez más acceso a información clara y precisa,” señaló Navarrete. “En lo que respecta a los cuatro servicios de salud de la Región del Biobío, entre 2016 y lo que va de 2024, han recibido más de más de 7.000 solicitudes de acceso a información, lo que denota un interés importante de la ciudadanía en ejercer control social y conocer información respecto a la labor de los servicios de salud”.

En la cita, Navarrete también abordó la necesidad de avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley “Transparencia 2.0”, que busca modernizar la normativa actual y, entre otros avances, extender las obligaciones de transparencia a sectores privados que reciben fondos públicos. Asimismo, se refirió a los desafíos de más largo plazo que enfrenta la institucionalidad de transparencia, señalando que “Chile ha avanzado significativamente desde la creación del Consejo para la Transparencia en 2009, pero aún quedan importantes desafíos por abordar, como la incorporación del Congreso, el Poder Judicial y varios de los órganos autónomos constitucionales al régimen general de transparencia, de manera que el CPLT pueda fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.

Finalmente, en su intervención, destacó los desafíos que enfrenta el país en materia de integridad pública, transparencia y probidad, y subrayó la importancia de avanzar hacia un Estado más abierto y accesible para los ciudadanos.

Sobre el Consejo para la Transparencia

El Consejo para la Transparencia (CPLT) es una corporación autónoma de derecho público, creada en 2009 con la misión de garantizar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Desde su creación, ha gestionado cerca de 90.000 casos y se encarga de fiscalizar el respecto de ese derecho y promocionar su contenido en la Administración del Estado.

Con la participación de funcionarias y funcionarios del Consejo para la Transparencia de Chile (CPLT) y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana (DIGEIG), se desarrolló este lunes (14 de octubre) un taller de intercambio de experiencias y buenas prácticas en favor del fortalecimiento de la transparencia y la adecuada protección de datos personales.

Con esta actividad, además. se cierra el proyecto de cooperación Sur–Sur y Triangular de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEGCID) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Sistema de Información de Cooperación de la República Dominicana del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) denominado “Fortalecimiento del Acceso a la Información Pública: experiencias y buenas prácticas chilenas para una mejor implementación de la Ley de Transparencia en República Dominicana”.

El encuentro fue liderado por la Directora de Jurídica, Ana María Muñoz, y el Jefe de Relacionamiento Institucional, Daniel Pefaur Dendal, por parte del CPLT; y por la Directora Ejecutiva Berenice Barinas y la Directora de Transparencia y Gobierno Abierto, Elizabeth Díaz de la DIGEIG. “Esperamos aprender, complementarnos y transferir conocimientos”, destacó Muñozen sus palabras de bienvenida. Asimismo, relevó el momento que nuestro país vive ante la pronta promulgación de un proyecto de ley que modifica la norma sobre protección de datos personales.

En el taller expusieron Carlo Benussi, analista la Unidad de Normativa y Regulación del Consejo, quien abordó la experiencia chilena en materia de adecuación del tratamiento y publicación de la información para la protección de datos personales en Chile; y Mélida Pichardo, encargada del Sistema de Integridad Gubernamental del órgano garante de República Dominicana. Esta última detalló aspectos del marco normativo de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo que desarrolla la DIGEIG, experiencia inédita en los órganos garantes de Latinoamérica.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó su informe semestral 2024, destacando importantes avances en tres áreas fundamentales: Garantizar, Fiscalizar y Promover el acceso a la información pública.

En la primera mitad del año, se han incorporado 29 nuevos organismos al Portal de Transparencia del Estado (PTE), alcanzando un total de 1.025 entidades. Asimismo, el portal fue visitado por la ciudadanía en 4.093.747 oportunidades. Además, se han dirigido por su intermedio 153.304 solicitudes de acceso a información (SAI) a las entidades obligadas por la Ley de Transparencia, lo que significa un incremento del 5,7% respecto del mismo período del año pasado.

En cuanto a los casos ingresados, ya sean amparos, cuando se considera que las entidades públicas responden insatisfactoriamente SAI, o reclamos, cuando se denuncia la infracción de sus obligaciones de publicar la información que la Ley de Transparencia señala, el CPLT ha recibido 7.102 en los primeros seis meses del año. Ello representa un aumento de un 3,6% en comparación con el primer semestre de 2023.

De estos casos, el 61% fue derivado al Sistema Alternativo de Resolución de Casos (SARC), con un éxito del 81% de los derivados en el periodo, lo que permite su resolución en un plazo mucho más acotado que aquellos que terminan por decisión de fondo por el CPLT.

En cuanto a la fiscalización a las entidades obligadas por la Ley de Transparencia, el CPLT instruyó 73 sumarios en el primer semestre, de los cuales un 61,6% corresponde a entidades del ámbito municipal. Asimismo, sancionó a 20 infractores en ese lapso. Destaca en el periodo la fiscalización realizada a los Gobiernos Regionales respecto de sus obligaciones de transparencia activa, la cual arrojó un promedio de cumplimiento del 76%.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, comentó estos resultados: “Estas cifras dan cuenta de la importancia de la Ley de Transparencia para la ciudadanía, que ha consolidado una verdadera cultura de transparencia. Ello se evidencia en las más de 40 millones de visitas del portal de transparencia desde su creación en 2013 y más de 4 millones solo en este primer semestre del año”. Agregó que “Sin embargo, hay que seguir trabajando en los desafíos que tenemos por delante, tales como incorporar al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, terminado así con los estatus especiales con que gozan algunos órganos, sin fiscalización del CPLT; o aumentar los estándares de transparencia de las entidades de derecho privado que reciben fondos públicos, entre otras materias”.

Desde la perspectiva de la promoción del derecho de acceso a la información, el CPLT realizó en el primer semestre de 2024, 94 capacitaciones sobre el Portal de Transparencia del Estado (PTE) enfocadas a encargados de transparencia de entidades públicas, beneficiando a 264 personas. Asimismo, 15 actividades de capacitación, beneficiando a 4.787 personas en siete regiones del país y de manera virtual. Adicionalmente, se recibieron 13.495 consultas ciudadanas, principalmente relacionadas al PTE y al derecho de acceso a información pública.

Este reporte refleja el compromiso con la transparencia en la función pública y la mejora continua en los procesos internos del CPLT para asegurar el acceso a la información pública de los ciudadanos y subraya el compromiso con la promoción de una administración pública transparente, eficiente y accesible para todos.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, presentó, en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas, un conjunto de propuestas para perfeccionar la actual regulación sobre lobby en Chile.

La sesión, celebrada en el Congreso Nacional en Valparaíso, tuvo como eje central la discusión del Proyecto de Ley que “Moderniza la Regulación del Lobby y las Gestiones de Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios“.

La presentación destacó las oportunidades que esta modernización de la legislación representa para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas. Según el titular del CPLT, “este proyecto se alinea con las recomendaciones de la OCDE y podría marcar un precedente para la actualización de otras normativas esenciales, como la Ley de Transparencia y la Ley de Probidad en la Función Pública”.

Dentro de las principales recomendaciones del CPLT,destaca la necesidad de incorporar a la definición de lobby todo tipo de comunicación o contacto efectuado por un lobista con una autoridad, por cualquier medio (correo electrónico, vía telefónica, whatsapp, u otro), de manera que queden comprendidas en la norma todas las posibilidades de contacto entre el mundo privado y el público, y ellas sean registradas.

Asimismo, son especialmente relevantes los ajustes normativos propuestos a la categoría de “representantes de intereses calificados”, que son aquellas personas cuya principal actividad económica es el lobby, a los cuales el proyecto de ley da una mayor carga regulatoria, y cuya calificación queda en manos del CPLT. Para realizar de manera correcta la verificación de los requisitos que debe cumplir una persona para considerarse dentro de esta categoría, el CPLT propuso conferir atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para informarle sobre sus ingresos. Además, propuso abordar la actividad de lobby que realicen grupos empresariales.

Por otra parte, se establece la necesidad de fortalecer la fiscalización y sanción, y robustecer los mecanismos de control sobre los particulares que ejercen actividades de lobby. Para ello, el CPLT hizo una serie de consideraciones sobre el procedimiento para sancionar las infracciones a la ley. Destacando la necesidad de flexibilizar el sistema de sanciones, permitiendo al sancionador aplicar las sanciones según la magnitud de la infracción, considerar si hayreincidencias, y tener en cuenta circunstancias agravantes o atenuantes.

Por último, recomendó incorporar a los registros de lobby, no solo las audiencias aceptadas, sino también las solicitudes de audiencias, las audiencias rechazadas y la identidad de los solicitantes.

En cuanto a las oportunidades, el ente regulador de la transparencia en el país subrayó que esta modificación puede ser un hito que guie una modernización de otras normativas relacionadas con la transparencia y la probidad. Asimismo, destacó que, a pesar del reconocimiento internacional que recibe Chile en materia de lobby, es una legislación superada por la práctica. Ello refuerza la necesidad de perfeccionar el sistema para evitar influencias indebidas en la toma de decisiones públicas.

Finalmente, el CPLT identificó riesgos en el proyecto de ley. En palabras de su presidente, se señaló: “Vemos ciertos riesgos, como la falta de una autoridad de control con competencias transversales o los desafíos en la gestióninterna por la creciente cantidad de información que deberá manejar el CPLT. Ellos deben ser encauzados debidamente en la tramitación del proyecto”.

“El CPLT espera que estas propuestas sean consideradas por el gobierno y el Congreso Nacional durante la discusión del proyecto de ley, con el objetivo de perfeccionar la regulación vigente y continuar avanzando hacia una mayor transparencia y equidad en la toma de decisiones públicas en Chile” finalizó el mandamás del Consejo para la Transparencia.

En la instancia, Navarrete estuvo acompañado por el consejero, Roberto Munita, el director general, David Ibaceta, y la directora jurídica, Ana María Muñoz, todos del CPLT.

Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), participó del IX Congreso Internacional Transparencia y Gobierno Abierto (CIT), desarrollado en la Universidad de León, España, entre los días 25 y 27 de septiembre. Esta instancia contó con la participación de representantes de los órganos garantes de transparencia y el derecho de acceso a información de los países de Hispanoamérica, así como de destacados académicos en la materia.

Durante su participación en el CIT, se destaca su exposición en el acto de bienvenida de los expositores extranjeros, desarrollado en Madrid el día 20 de septiembre; su presentación en la sesión plenaria del congreso y la coordinación y moderación del grupo de trabajo “Implementación de la Transparencia en Latinoamérica”.

En sus ponencias e intervenciones, Navarrete destacó los avances históricos en la transparencia y el acceso a la información en Chile y los hitos más recientes, que hacen al país un referente en materia de transparencia y gobierno abierto en la región.

Enfatizó las características de la institucionalidad de transparencia de Chile, que hacen al CPLT un órgano garante robusto, ya que cuenta con reconocimiento legal, que lo dota de autonomía presupuestaria, de nombramiento y remoción de autoridades y normativa.

Respecto sus facultades normativas, relevó la dictación de instrucciones generales por el CPLT, tales como la de Transparencia Activa, la de Uso de la Causal de Reserva de Información Distracción Indebida de las Funciones del Órgano, la de Transparencia Presupuestaria, y la de Transparencia Algorítmica. Esta última promueve la transparencia en los sistemas de decisiones automatizadas utilizados en el sector público, buscando garantizar que la ciudadanía esté informada de los procesos y algoritmos utilizados, por ejemplo, para el otorgamiento de subsidios y beneficios.

El cuanto a sus facultades de fiscalización, mostró a los asistentes las fiscalizaciones de transparencia activa realizadas por el CPLT y su distribución en administración central, regional y local, siendo el sector municipal el que evidencia una mayor necesidad de mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, para así asegurar que los ciudadanos cuenten con un acceso pleno y efectivo a la información. Todo ello, especialmente en asociaciones, corporaciones y fundaciones municipales, 300 de las cuales fueron fiscalizadas por el CPLT en 2024, arrojando bajos niveles de cumplimiento.

Asimismo, en relación a sus facultades sancionatorias, evidenció que desde la creación del CPLT en 2009, de un total de 698 procesos sancionatorios, 300 han terminado en sanción, lo que corresponde a un 43% de los casos, siendo el 75% de los sancionados instituciones de nivel local.

Se refirió también a los avances del país en materia de gobierno abierto. Destacando el Portal de Transparencia del Estado administrado por el CPLT, que ha recibido más de 40 millones de visitas desde su creación en 2013. Así como también, el compromiso de Chile con la implementación del 6º Plan de Acción de Estado Abierto (2023-2027). Este plan incluye la creación de un Portal Nacional de Datos Abiertos, entre otras innovadoras iniciativas tecnológicas orientadas a mejorar la gestión pública y aumentar la participación ciudadana.

Navarrete cerró su intervención con una clara visión de futuro, sugiriendo que los avances en transparencia en Chile han sido mayoritariamente reactivos a escándalos de corrupción, por lo que el objetivo actual es consolidar una cultura proactiva de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

Asimismo, nuestra consejera María Jaraquemada, también representó al país en el XII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas – GIGAPP. El encuentro permitió­ intercambiar experiencias y así mejorar las políticas públicas con el fin de promover gobiernos más abiertos, transparentes y participativos.  

El Consejo para la Transparencia entregó los resultados de su última fiscalización respecto a las transferencias realizadas por instituciones públicas a organismos internacionales durante los años 2019 y 2023, cumpliendo con su compromiso de asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos fiscales.

La metodología usada fue solicitar a los organismos la información vía solicitud por Ley de Transparencia y revisartransparencia activa (la información que deben tener publicada en sus sitios electrónicos los servicios públicos afectos a la Ley de Transparencia y que debe fiscalizar el CPLT.

En específico, el informe, elaborado por el Área de Fiscalización Aplicada de la Unidad de Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT), analizó las transferencias realizadas por 53 instituciones públicas a diversos organismos internacionales, detallando el cumplimiento normativo, los montos transferidos y las deudas pendientes.

Entre los principales hallazgos, se destaca que, en 2023, 52 instituciones públicas realizaron un total de 246 transferencias a organismos internacionales, lo que representa un incremento del 8% en cantidad de transferencias, si se compara con el año 2019, donde 38 instituciones ejecutaron 227 transferencias. Los montos totales transferidos en ambos años son muy similares y superanlos 35 mil millones de pesos chilenos.

Respecto de los organismos que recibieron mayor cantidad de fondos el 2023, lidera la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con más de 13 mil millones de pesos, seguida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 3 mil millones de pesos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 1.800 millones de pesos.

Adicionalmente, hubo instituciones que efectuaron desembolsos a empresas internacionales por contratación de bienes o servicios. En esa línea, se identificó que el 2019 se ejecutaron 26 pagos de este tipo por un total de $387 millones. Cifra que en 2023 sube considerablemente con 42 pagos por un monto de $4.170 millones.

Asimismo, el estudio revela que 10 instituciones mantienen deudas con organismos internacionales, por un total de más de $6.700 millones de pesos. Entre los organismos con mayor nivel de deuda destacan la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Agricultura.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que “Este proceso busca garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información completa y oportuna respecto a las transferencias que las instituciones públicas realizan a organismos internacionales. Todo ello, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente”. Asimismo, relevó que “dentro de nuestros hallazgos se ha evidenciado que 30 instituciones presentaron incumplimientos o inconsistencias en sus respuestas y/o en sus deberes de transparencia activa, lo que constituye una barrera de acceso a la información pública susceptible de sanción. Oficiaremos a estas instituciones, requiriéndoles ajustar sus procedimientos y dar pleno cumplimiento a la Ley de Transparencia”.

El Consejo para la Transparencia fue creado por la Ley N°20.285(Ley de Transparencia) y su principal labor es garantizar el cumplimiento de dicha normativa. Para ello, fiscaliza a los órganos del Estado que son obligados por esta, marco dentro del cual se realizó esta fiscalización focalizada.

Para conocer el informe completo de esta indagatoria del Consejo para la Transparencia sobre transferencias a organismos internacionales visite nuestro sitio web: www.cplt.cl.

 

Informe de Fiscalización Extraordinaria DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN REFERENTE A TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES- AÑOS 2019 Y 2023

Con el objetivo de verificar si las infracciones e incumplimientos detectados en la fiscalización del 2023 a las empresas públicas fueron subsanadas, el Consejo para la Transparencia realizó un seguimiento a esa indagatoria. 

En aquel informe de 2023, el índice global de cumplimiento en transparencia activa, esto es, la obligación de publicar aquella información que establece la Ley de Transparencia a través de sus sitios electrónicos, fue de un 89%. 

Sin embargo, tras la nueva revisión realizada este 2024, se detectó que el nivel promedio de desempeño aumentó al 96%, esto es, 7 puntos más que lo observado en el proceso de fiscalización anterior. 

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, este tipo de seguimiento de fiscalizaciones es esencial: “Vemos que, en casi la totalidad de los casos, las empresas públicas mejoraron sus estándares de cumplimiento en materia de publicación de información que debe mantenerse a disposición de la ciudadanía. Atribuimos en parte esta mejora al modelo de fiscalización aplicado, el cual pone el acento en la prevención. Así, luego de una primera indagatoria en que se detectan incumplimientos, se realiza una segunda fiscalización en la que se revisa el rendimiento de los fiscalizados, quienes normalmente lo mejoran, porque han tenido un plazo prudente para subsanar sus infracciones. Este modelo ha probado dar buenos resultados, lo que redunda en un mayor cumplimiento la Ley de Transparencia”.  

 

Del total de las 25 empresas públicas analizadas, se observa que 18 tienen un desempeño de 100%, entre ellas, por ejemplo: 

1.- Polla Chilena de Beneficencia. 

2.- Empresa Nacional del Petróleo.

3.- Televisión Nacional del Chile (TVN).

 

Por su parte, las de menor cumplimiento fueron: 

1.- Empresa Eléctrica Municipal Melinka con un 50,9%

2.- Empresa de Correos de Chile con un 71,4%

3.- Empresa Nacional de Minería (ENAMI) con un 85,7%.

 

 

Fiscalización de Seguimiento proceso “Empresas Públicas TA 2023”

Este 30 de agosto de 2024, se dio a conocer en el Diario Oficial la Resolución Exenta N.º 372 de 2024 del Consejo para la Transparencia (CPLT), que aprueba las recomendaciones sobre transparencia algorítmica. Estas recomendaciones, son el fruto de un trabajo previo de análisis de los antecedentes existentes en la materia: normas legales y administrativas, y políticas y recomendaciones de servicios públicos competentes. Asimismo, consideró iniciativas del sector privado, la sociedad civil y la academia. Dentro de estas últimas, destaca el trabajo conjunto que realizó el CPLT con la Universidad Adolfo Ibáñez, consistente en un estudio realizado el 2021 que detectó el uso de sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas (SDA) en instituciones públicas en Chile, dando cuenta de la necesidad de mejorar diversos ámbitos relacionados con la transparencia de dichos sistemas.

Al respecto, el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, sostuvo: “Las recomendaciones de transparencia algorítmica son el resultado del esfuerzo por avanzar en mayor transparencia y explicabilidad de los sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas, sobre todo cuando estos son utilizados por los órganos públicos para la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía. En el contexto en que hoy nos encontramos, resulta fundamental que la información sobre estos sistemas de decisiones se conozca y se publique en los sitios web de los servicios de forma clara, accesible y actualizada.

Además, añadió: “Según nuestros registros son cada vez más los servicios que utilizan estos sistemas en el ejercicio de sus competencias públicas. Ya en 2021, identificamos el uso de 92 sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas, en 42 instituciones públicas en Chile. Sin embargo, hay un déficit en la información que se conoce de ellos, cómo operan, sus lógicas, qué datos utilizan y cómo se puede reclamar de sus decisiones”.

Con estas recomendaciones, el CPLT orienta a los órganos públicos sujetos a la Ley de Transparencia, sobre cómo publicar de modo uniforme y sistematizado la información de relevancia respecto de sus sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas.

Las recomendaciones del CPLT sobre transparencia algorítmica fueron aprobadas por su Consejo Directivo el 1 de agosto de 2024. Estas constituyen buenas prácticas destinadas a que los sujetos obligados bajo la Ley de Transparencia avancen en torno a la transparencia en el uso de los SDA. Los SDA son tecnologías o sistemas que ayudan, asisten, apoyan o reemplazan la toma de decisiones por parte de un individuo en un organismo público, y que luego se plasma en un acto administrativo.

Por su parte, Romina Garrido, subdirectora del Laboratorio de la Universidad Adolfo Ibáñez, destacó: “Celebramos con gran entusiasmo la publicación de esta recomendación, que es fruto de un trabajo colaborativo de dos años junto al Consejo para la Transparencia, este hito representa un avance significativo en la regulación de algoritmos en el sector público. La amplia participación de entidades públicas y las múltiples interacciones de esta iniciativa en su gestación dan cuenta del amplio consenso en la necesidad de transparencia en este sentido.  El Consejo demuestra una vez más su liderazgo en América Latina al impulsar la transparencia y la ética en el uso de algoritmos en la gestión pública”.

Las recomendaciones se dividen en dos partes. La primera parte trata sobre recomendaciones generales de transparencia en el contexto de los SDA, incluyendo aspectos como el uso de lenguaje claro en la entrega de información, transparencia en la contratación y desarrollo de SDA, y en herramientas de atención al público. Por otro lado, se establecen directrices sobre los sistemas de caja negra o similares, sugiriendo que se privilegie el uso de SDA que permitan un efectivo monitoreo y promuevan la rendición de cuentas. También se incluyen consideraciones sobre el ejercicio del derecho de acceso en solicitudes relacionadas con SDA y la concurrencia de causales de secreto o reserva de la información.

La segunda parte de las recomendaciones se refiere a transparencia proactiva, buscando que los organismos mantengan publicada cierta información sobre los SDA que pueda afectar los derechos fundamentales de las personas o su acceso a servicios y beneficios. Para esto, se contemplan tres subtemas con la información a publicar: los SDA utilizados por el sujeto obligado, los servicios o trámites en los que se utilizan los SDA, y aspectos generales del funcionamiento de los SDA como su objetivo, la lógica del sistema y las categorías de datos que utiliza.

Resolución | Aprueba texto de las recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia Algorítmica

 

El Consejo para la Transparencia, órgano que garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública en nuestro país, reveló las principales conclusiones de una nueva fiscalización. 

En esta oportunidad, se desarrolló una indagatoria al aporte que los casinos de juegos han entregado a municipalidades y gobernaciones regionales los años 2019 y 2022, determinando el nivel de transparencia y rendición de cuentas respecto a dichos fondos y pesquisando si su uso se ha destinado efectivamente a proyectos de desarrollo local como establece la Ley sobre Casinos de Juego. 

Dentro de sus hallazgos, se constató que en el 2022 los municipios que más recaudaron dineros por impuesto específico al juego fueron las comunas de Mostazal, con $7.929 millones; Viña del Mar, con $4.777 millones y Talcahuano, con $3.605 millones. Por el contrario, los que menos recaudaron fueron Castro, con $354 millones; Ovalle, con $424 millones y Coyhaique, con $439 millones de pesos. 

En cuanto al gasto ejecutado, es decir, aquel posibilitado por los fondos que los casinos pagaron a las municipalidades por concepto de impuesto y que fueron efectivamente destinados a obras de desarrollo, en 2022 se informó una ejecución de un total de 15.893 millones de pesos, cerca de mil más que en 2019 (14.217 millones). En 2022, las comunas que informaron una mayor inversión fueron Temuco con $2.444 millones; Antofagasta, con $2.336 millones; Viña del Mar, con $1988 millones y Rinconada, con $1949 millones. En cuanto a los que informaron un menor gasto en obras de desarrollo figuran Coyhaique, con $166 millones; Punta Arenas, con $ 176 millones y Talcahuano, con $ 187 millones. 

Otra de las conclusiones que dejó la fiscalización del CPLT fue el destino que los municipios dieron a los recursos provenientes de casinos en 2022. En primer lugar, con cerca de $8 mil millones fue obras públicas (construcción, reparación, mantenimiento y mejora de infraestructura pública); en segundo lugar, habilitación y mantención de áreas verdes; y en tercer y cuarto lugar, respectivamente, financiamiento de eventos culturales y seguridad pública.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, relevó esta investigación del CPLT y entregó más antecedentes: “A partir de los datos obtenidos tras esta fiscalización, se observa que hay fondos provenientes de los impuestos de los casinos utilizados por las municipalidades en transferencia de recursos a otras entidades, contratación de personal a honorarios, celebraciones o conmemoraciones, estudios y asesorías, cobranzas judiciales, entre otros, lo que se escaparía del concepto de obras de desarrollo que deben satisfacer de modo “directo e inmediato” necesidades locales, como lo estipula la ley y ha interpretado la Contraloría General de la República, a través de sus dictámenes”. 

Por su parte, en 2022, los mayores aportes de casinos a gobernaciones regionales se concentran en Valparaíso y O’Higgins, con cerca de 9 mil millones de pesos cada uno. En general, los recursos que entregan los casinos a los gobiernos regionales se integran al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y significan un importante porcentaje de la inversión regional total, llegando, por ejemplo, en el caso de O’Higgins el 2022, a casi la mitad.

Es importante destacar que, para la indagatoria, el CPLT consideró la totalidad de municipios y gobiernos regionales en cuyos territorios administrados operan casinos regidos por la Ley sobre Casinos de Juego. Además, se incluyeron aquellos municipios donde existen casinos municipales, que no se rigen por dicha ley. En total, se trata de 25 municipios y 14 gobiernos regionales. 

 

Fiscalización Extraordinaria Aportes Casinos en Municipalidades y Gobiernos Regionales (2019 y 2022)

El Consejo para la Transparencia entregó los resultados de los ganadores de la IV versión del concurso de videos escolares “Construyendo Transparencia en mi Comuna”. 

La iniciativa ofrece la oportunidad de acercar a las comunidades educativas la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, creando un video que ejemplifique cómo estos principios pueden aplicarse en sus propias comunas. 

Al respecto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, destacó la llegada de más de 600 videos. “Este material busca generar conocimiento y participación en un tema que nos preocupa y que nos ocupa a todos: acceder a información pública que obre en poder de los distintos niveles de Gobierno. En ese sentido, agradecemos a los participantes de este concurso, quienes nos han aportado con su tiempo y energía en la elaboración de estos más de 600 videos. Su trabajo permitirá a muchos chilenos aprender por qué la transparencia es tan importante, no solo en nuestra vida diaria, sino también para nuestra democracia y las instituciones de nuestro país”. 

Los grupos de estudiantes y docentes que elaboraron los videos ganadores de cada macrozona del país recibieron un premio de $1 millón, y los segundos lugares, de $800 mil. 

A continuación el listado de los grupos premiados de cada macrozona: 

Ganadores

Macrozona Norte – Arica – Coquimbo

Primer lugar: Liceo Fernando Ariztía Ruiz, Copiapó | Región de Atacama.

Docente: Marcelo Rojas Barraza.

Estudiantes:

• Martin Ledezma Cortes.
• Esteban Zepeda Reinuaba.
• Oriana Echeverry Quintero

Segundo lugar:  Colegio Adventista de Calama | Región de Antofagasta.

Docente: Juan Luis Callpa Mondaca.

Estudiantes:

• Genesis Ibarra Águila.
• Gabriel Verdejo Vicencio.
• Antonia Acuña Montalbán.

Macrozona Centro – Valparaíso – Biobío

Primer lugar: Colegio Concepción de San Carlos | Región de Ñuble.

Docente: Jéssica Villaseñor Sepúlveda.

Estudiantes:

• Sebastián Jesús Celis Zobarzo.
• Carlos Vallejos Silva.

Segundo lugar: Colegio San Miguel Arcángel de Linares | Región del Maule.

Docente: Carlos Vera Valdés.

Estudiantes:

• Martín Alarcón Rojas.
• Constanza Pinochet Quitral.
• Johnny Ibáñez Faúndez.
• Benjamín Rodríguez Lagos.

Macrozona Sur – Araucanía – Magallanes

Primer lugar: Liceo Pioneros del Sur, O´Higgins | Región de Aysén.

Docente: Rocío Arteaga Contreras.

Estudiantes:

• Belén Flores Pérez.
• Catalina Ruiz Moneva.

Segundo lugar:  Escuela Francia de Valdivia | Región de Los Ríos.

Docente: Álvaro Molina Villagrán.

Estudiantes:

• Camilo Vilches Lespay.
• Fernanda Luengo Garrido.
• Bastián Pérez Escobar.

Los videos pueden revisarse en el siguiente link: https://youtu.be/x5XVEDxXavA

 

 

4° Concurso Videos Escolares «Construyendo transparencia en mi comuna»

2.023.663. Esa es la cifra de solicitudes de acceso a información pública que los ciudadanos han dirigido a los órganos de la Administración del Estado, a través del Portal de Transparencia desde el 2013, año de su creación. Este fue parte de los datos revelados en el seminario regional “15 años del Consejo para la Transparencia: Desafíos para el fortalecimiento de la Integridad Municipal” desarrollado en la ciudad de Concepción, capital de la Región del Bio Bío.

Al respecto, el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, quien abrirá el seminario, destacó que “desde 2013 a la fecha, el Portal de Transparencia del Estado recibió más de 40 millones de visitas, llegándose a más de 7,5 millones solo el año pasado. Lo anterior, muestra una creciente avidez de información por parte de la ciudadanía y una consolidación de una cultura de la transparencia que con instancias como esta buscamos promover. La Ley de Transparencia es una herramienta de control social que hoy toma especial relevancia respecto de las municipalidades, dado que son la primera ventanilla de atención del Estado y en octubre se desarrollarán las elecciones de alcaldes y concejales, por lo que debemos asegurarnos de que los electores cuenten con información suficiente sobre la gestión de su municipalidad a la hora de votar. A más de 15 años de la publicación de Ley de Transparencia, nuestro compromiso con la promoción del derecho a acceder a información pública sigue firme y vigente”.

Por su parte, Claudio Rojas, jefe de la unidad regional Bio Bío de la SUBDERE, señaló: “Este seminario es una oportunidad única para reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrentamos en la construcción de una gestión municipal transparente y comprometida con la integridad. “El convenio colaborativo que mantenemos con el CPLT ha permitido que los funcionarios y funcionarias municipales cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para poder cumplir con la Ley de Transparencia”.

En la instancia, el director general del Consejo para la Transparencia, David Ibaceta, expuso acerca de los logros, desafíos y casos relevantes en acceso a la información pública en el ámbito comunal. La autoridad presentó, entre otros datos, el número de solicitudes de acceso a información pública (SAI) y los casos de amparos y reclamos que se han analizado en la historia del Consejo para la Transparencia y su detalle por región. Por ejemplo, indicó, que las regiones Metropolitana y de Valparaíso y las comunas de Antofagasta, Santiago y Las Condes son las zonas que mayor número de SAI han recibido desde la creación del portal de transparencia el año 2013.
En cuanto a casos (amparos y reclamos) ante el Consejo para la Transparencia de parte de ciudadanos cuyas SAI no fueron respondidas o que denunciaron incumplimientos en transparencia activa de parte de los servicios, hubo 91.146 desde el 2013 a la fecha. En cuanto a tipo de institución reclamada; los órganos centrales, municipios y corporaciones municipales fueron los más demandados de información pública por parte de la ciudadanía.

Asimismo, en la instancia, se detalló que el Consejo para la Transparencia ha capacitado a cerca de 180 mil personas en más de 3500 jornadas, a través de una red de 3500 enlaces de transparencia en instituciones públicas a lo largo del país. También se informaron las más de 15 mil fiscalizaciones realizadas y los más de 400 funcionarios sancionados.

Al concluir el seminario, se premiaron a los ganadores del concurso de videos escolares “Construyendo transparencia en mi comuna”, donde participaron grupos de escolares (junto a sus profesores) de diversas regiones del país, con más de 600 videos sobre temas de transparencia y probidad.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, participó en el lanzamiento del nuevo portal de transparencia de la Universidad de Concepción, el cual, en su proceso de elaboración, contó con la asesoría y colaboración de equipos del Consejo para la Transparencia.

En la instancia, presentó una charla magistral titulada “transparencia y publicidad en educación superior”. En su intervención, destacó la importancia de esta iniciativa, afirmando: “Esto es central, porque nosotros solo tenemos facultades de fiscalización hacia las universidades del Estado, y, por lo tanto, los ciudadanos en Chile solo pueden obtener información en línea de aquellas universidades que tienen esa condición. Entonces, cuando la Universidad de Concepción se planteó generar un portal de acceso a la información, marca un hito a nivel nacional. Es importante destacar que de aprobarse la Ley de Transparencia 2.0, muchas de las universidades privadas que hoy no están obligadas a publicar información, deberán hacerlo y este Consejo las podrá fiscalizar”.

Asimismo, Navarrete, puntualizó que la Ley Nº20.285 sobre Acceso a la Información Pública no obliga a las universidades privadas a implementar mecanismos de transparencia activa. Por eso, el hecho de que la UdeC haya decidido proactivamente adoptar medidas de transparencia, la posiciona como un referente a nivel nacional. “Este portal no solo facilita el acceso a información institucional, sino que también refuerza la cultura de transparencia que buscamos promover en todas las esferas del Estado y la sociedad civil. El Consejo seguirá apoyando y promoviendo iniciativas como esta, que fortalecen la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, agregó.

La Dra. Violeta Montero Barriga, coordinadora de la Comisión de Transparencia de la UdeC, destacó el esfuerzo institucional detrás de esta iniciativa y los desafíos futuros. “Este trabajo surge de una decisión institucional de avanzar en gobierno abierto, es decir, en una universidad abierta. En ese sentido, este portal facilita el acceso a información institucional, en concordancia con los estándares esperables para una universidad centenaria y de excelencia”, afirmó Montero.

Por otra parte, titular del CPLT inauguró además el seminario regional “15 años del Consejo para la Transparencia: Desafíos para el fortalecimiento de la Integridad Municipal “destacó que “desde 2013 a la fecha, el Portal de Transparencia del Estado recibió más de 40 millones de visitas, llegándose a más de 7,5 millones solo el año pasado. Lo anterior, muestra una creciente avidez de información por parte de la ciudadanía y una consolidación de una cultura de la transparencia que con instancias como esta buscamos promover. La Ley de Transparencia es una herramienta de control social que hoy toma especial relevancia respecto de las municipalidades, dado que son la primera ventanilla de atención del Estado y en octubre se desarrollarán las elecciones de alcaldes y concejales, por lo que debemos asegurarnos de que los electores cuenten con información suficiente sobre la gestión de su municipalidad a la hora de votar. A más de 15 años de la publicación de Ley de Transparencia, nuestro compromiso con la promoción del derecho a acceder a información pública sigue firme y vigente”.