El director de Estudios del Consejo para la Transparencia, Eolo Díaz-Tendero, presidió este segundo encuentro que busca generar un diáologo permanente con representantes de universidades y sociedad civil vinculados al tema de la transparencia.

A menos de un mes de entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya se han realizado varias evaluaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de las instituciones públicas. El Consejo para la Transparencia entregó su primer reporte el viernes 24 de abril donde fiscalizó a 136 instituciones de la administración central del Estado. Del mismo modo, la Corporación Participa también hizo un reporte el mismo 20 de abril. A su vez, otras entidades no gubernamentales están desarrollando sus estándares de medición.

Por eso, y para continuar el diálogo iniciado el mismo 20 de abril en el primer Taller de Expertos, realizado en la sede del Senado, en Santiago, la dirección de estudios del Consejo para la Transparencia convocó a nuevo encuentro, el que se efectuó en sus oficinas. La conversación estuvo focalizada en evaluar los mejores criterios y metodologías para poder llevar a cabo una correcta fiscalización de la transparencia activa, considerando las diferencias que existen entre los diversos entes sujetos a la ley, especialmente el caso de las municipalidades.

Eolo Díaz-Tendero, director de estudios del Consejo para la Transparencia, señaló que este primer reporte tuvo un balance positivo, ya que el nivel de cumplimiento fue alto, 87%, y se demostró el alto interés de la gran mayoría de los servicios por obtener una buena calificación y cooperar en el proceso de puesta en vigencia de la Ley. El estudio realizado por el Consejo para la Transparencia estableció criterios de alta exigencia en lo referente a la accesibilidad a la información, considerando a los ciudadanos como usuarios de ésta.

Andrea Sanhueza, directora ejecutiva de la Corporación Participa, agregó que en la evaluación que efectuó la entidad que ella preside, fue justamente el índice que mide las herramientas de participación ciudadana donde se exhibió el menor cumplimiento.

La gran preocupación de los participantes fue generar un estándar que pueda ser utilizado para evaluar a las municipalidades, considerando la gran asimetría que existe en estas en su capacidad institucional. Por eso, el debate se centró en buscar un parámetro que pueda ser homologable por todos y abrir un proceso de trabajo hacia el futuro y que considere la perspectiva del usuario ciudadano en la aplicación de la ley 20.285.

Los invitados fueron:

• Andrea Sanhueza y María Inés de Ferrari (Corporación Participa)

 

• Marcos Sepúlveda (Centro de Estudios de Tecnologías de la Información – PUC)

 

• Fernanda Garcés (Instituto Libertad)

 

• Silvana Lauzán (Centro de Derechos Humanos – U de Chile)

 

• Alfredo Rerhen (Ciencias Políticas – PUC)

 

• Cristóbal Tello y Marcelo Cerna (Chile Transparente)

 

• Fernando Larraín y Jorge González (Universidad Adolfo Ibáñez)

 

• Victoria Beaumont (Altura Management)

 

• Moisés Sánchez (Pro Acceso)

 

• Cristóbal Aninat (Expansiva UDP)

 

• Macarena Rodríguez (U. Alberto Hurtado)