El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia decretó sancionar con una multa del 20% de su remuneración a Naya Huerta Avilés, jefa del Departamento Técnico del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región del Maule entre el 1 de octubre y 14 de noviembre de 2010, y a Clarisa Ayala Arenas, directora  de la entidad a partir del 1 de junio de 2011 por no cumplir con la decisión del amparo C62-10 del CPLT que le ordenó entregar la información respecto a los informes de ensayo de pavimentación asfáltica de las obras Doña Ignacia, 3° etapa B y 4° etapa A, del año 2007, comuna de Maule, elaborados por el laboratorio ATYLAB Ltda.

El Consejo Directivo había solicitado a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario en febrero de 2011, el cual fue instruido por la Unidad de Sumarios de la Contraloría Regional del Maule. En su investigación, la entidad analizó la responsabilidad de los jefes de servicio en las diversas etapas en que se presentó el incumplimiento de la entrega de información en forma oportuna.

Esta son las primeras sanciones que el Consejo para la Transparencia acuerda que van dirigidas a jefes de servicio de la administración central del Estado, ya que hasta ahora, todas las anteriores han sido a alcaldes. Además, tiene la particularidad que la investigación consideró la a directores que ya no están en ejercicio pero que sí tuvieron injerencia en la no entrega de la información tras la decisión del CPLT.