CPLT detecta barreras en organismos para solicitar información

El Consejo para la Transparencia recorrió ocho regiones del país y se acercó a 122 instituciones para verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Esto con el objetivo de conocer en terreno la forma en que los distintos organismos públicos llevan a cabo los procedimientos relativos al derecho de acceso a la información pública, es decir, la manera en que ingresan y responden las solicitudes de información que reciben de los ciudadanos, tanto de manera presencial, como vía web.

Tras lo anterior, se detectaron barreras a las que se ven enfrentadas las personas y la calidad y oportunidad de las respuestas recibidas a las solicitudes de información ingresadas.

Mientras los distintos Serviu del país obtuvieron un puntaje promedio de un 87%, los municipios y las universidades sobrepasan por poco el 60%. Esto significa que el servicio dependiente del Ministerio de Vivienda tiene menos barreras de acceso a la información que las alcaldías y las instituciones de educación superior.

Se destaca en esta fiscalización la Dirección de Bibliotecas y Museos como una de las “más transparente” junto a las municipalidades de Cerrillos y Quilpué.  Al contrario las instituciones con más barreras se encuentran los municipios de Llanquihue, Frutillar y Concepción.

“Es de alta importancia que los organismos públicos puedan incorporar en sus planes de capacitación los alcances de esta ley”, explica Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia. Esto, para que no se cometan errores como pedir demasiados datos a quien requiere información pública, cuando lo único que señala la ley es que se debe expresar el nombre y la dirección. Cualquier otro dato es una “barrera” que podría desmotivar a una persona para exigir información.

“En este período (desde que se aprobó la ley) se han desarrollado capacitaciones y difusión de su contenido, sin embargo, aún falta mayor conocimiento ciudadano y de los funcionarios”, agrega Jaraquemada.

En diciembre, todas las instituciones evaluadas recibirán un informe con las observaciones para que puedan corregirlas.

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