CPLT detecta que el 87% de los organismos de salud consultados incumplió al responder solicitudes de acceso a información pública sobre listas de espera

Información incompleta, respuestas fuera de plazo y antecedentes entregados en formatos distintos a los solicitados. Esas fueron algunas de las dificultades que detectó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en una fiscalización sobre el acceso a información pública relacionada con las listas de espera del sistema de salud. De los 31 organismos consultados respecto de casos vigentes al 31 de diciembre de 2025 y de egresos de listas de espera ocurridos entre 2024 y 2025, el 87% presentó al menos un incumplimiento al tramitar y responder la solicitud respectiva.

La revisión se realizó durante 2026, dirigiendo solicitudes de acceso a la información a los 29 servicios de salud del país, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y al Fondo Nacional de Salud (FONASA). Las solicitudes no requerían nombres ni datos personales de pacientes.

En esta primera ronda de consultas referidas a las personas en listas de espera y aquellas que habían salido de ellas, el problema más frecuente que se evidenció fue proporcionar solo parte de los antecedentes requeridos, lo que ocurrió en 22 organismos. Además, siete respondieron fuera del plazo legal y cuatro no respetaron el formato solicitado, por ejemplo, entregando tablas en Word o PDF en lugar de la planilla Excel requerida, lo que dificultó el análisis de los datos.

“Las personas necesitan información completa y oportuna para conocer cómo las instituciones están abordando un tema tan sensible como las listas de espera. Recibir solo una parte de los antecedentes o una respuesta fuera de plazo dificulta ese acceso y limita el control ciudadano sobre la gestión pública. Nuestra tarea es fiscalizar que los organismos respondan conforme a la ley”, sostuvo la presidenta del CPLT, María Jaraquemada.

En una segunda ronda de consultas dirigidas a los 29 servicios de salud y la subsecretaría indicada, se requirió información sobre los sumarios administrativos iniciados los años 2024 y 2025 por motivos de gestión de listas de espera. Esas 30 solicitudes iniciales se convirtieron en 65, producto de derivaciones a hospitales autogestionados de su sector, que generaron 35 solicitudes adicionales.

Respecto de ellas, el 22% presentó incumplimientos, como falta de respuesta, respuestas fuera de plazo legal e información parcial. Asimismo, se identificaron dificultades para seguir la tramitación de las solicitudes derivadas a otros establecimientos: 11 de las 35 no tuvieron respuesta ni constancia de ingreso al organismo de destino. Esta situación impidió determinar su recepción efectiva y verificar el cumplimiento del procedimiento.

Como tercer aspecto consultado, se dirigió una solicitud de información a la Subsecretaría de Redes Asistenciales respecto de las metas de reducción de listas de espera de los hospitales autogestionados para los años 2024 y 2025. Al respecto, la subsecretaría respondió después de que el CPLT enviara un oficio requiriendo los antecedentes, una vez vencidos tanto el plazo original de la solicitud como su prórroga. Además, la respuesta fue parcial: entregó información sobre metas de prestaciones No GES, sin pronunciarse sobre las correspondientes a Garantías Explícitas en Salud (GES), que también fueron requeridas.

En términos agregados, y considerando las tres rondas de solicitudes de acceso a información pública y las derivaciones entre instituciones, en 42 de las 97 solicitudes totales se registraron incumplimientos, es decir un 43% del total.

Los resultados muestran, además, problemas que persisten desde la fiscalización anterior sobre la materia, realizada en 2024 por el CPLT. De los 65 organismos evaluados tanto en 2024 como en 2026, 22 registraron incumplimientos en ambos procesos. De ellos, 13 repitieron el mismo tipo de falta, principalmente la entrega parcial de información y respuesta fuera de plazo.

Como revisión complementaria, el Consejo constató que 10 de los 29 servicios de salud publicaban estadísticas sobre listas de espera en sus sitios web. Esta publicación es una buena práctica y no constituye una obligación legal de transparencia activa.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a información pública y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. En el ejercicio de sus atribuciones puede instruir investigaciones sumarias y aplicar, en los casos previstos por la ley, multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad o jefatura responsable.

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