El Consejo para la Transparencia fiscalizó en 2025 a 71 instituciones del sector educación —18 universidades estatales, 15 centros de formación técnica estatales y 38 servicios locales de educación pública— para revisar si mantienen disponible, actualizada y completa la información que exige la Ley de Transparencia en sus sitios de transparencia activa.

El resultado global mostró un avance relevante: el cumplimiento promedio llegó a 83,24%, más de 11 puntos sobre el 71,73% registrado en 2024.

Sin embargo, la fiscalización también detectó casos críticos. Por ello, el CPLT acordó instruir investigaciones sumarias en los organismos que registren índices inferiores al 65% de cumplimiento y que ya hayan sido fiscalizados en más de un proceso, con el objetivo de corregir incumplimientos persistentes y asegurar que la información pública esté efectivamente disponible para la ciudadanía.

Se encuentran en dicha situación 5 organismos fiscalizados: el CFT de Aysén, con 0% de cumplimiento; la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con 41,4%; el CFT de Coquimbo, con 60,03%; la Universidad de Chile, con 61,98%; y el CFT de Los Ríos, con 64,89%.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, afirmó que los resultados muestran avances muy valorables, pero también revelan que aún existen zonas opacas en instituciones que administran recursos públicos y cumplen funciones clave para la ciudadanía.

“Cuando una institución del Estado no publica adecuadamente su presupuesto, sus compras, sus contrataciones o sus actos administrativos, se está afectando directamente el derecho de las personas a saber cómo se usan los recursos públicos. En educación, donde se administran cuantiosos recursos y se toman decisiones que impactan a miles de comunidades educativas, la transparencia no puede ser parcial ni depender de la voluntad de cada organismo”, señaló González.

El informe muestra diferencias importantes entre los distintos tipos de instituciones. Los servicios locales de educación pública fueron los que registraron el mayor cumplimiento promedio, con 85,27%, lo que representa un alza de 19,17 puntos respecto del año anterior. En tanto, los centros de formación técnica estatales alcanzaron 79,41%, con un incremento de 16,82 puntos frente a 2024.

La principal alerta se concentró en las universidades estatales, que bajaron de 86,70% en 2024 a 82,17% en 2025. Según el reporte, 11 de las 18 universidades fiscalizadas disminuyeron su nivel de cumplimiento, con caídas relevantes en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Chile.

La fiscalización identificó además las materias con mayores dificultades. En las universidades estatales: sanciones impuestas conforme a la Ley de Transparencia, con 30,8%; actos y resoluciones con efectos sobre terceros, con 55,9%, y subsidios y beneficios, con 63,2%. En los CFT, las principales falencias se observaron en presupuesto, con un cumplimiento de 51,11%, y en adquisiciones o contrataciones, con 63,56%. En los SLEP, la materia más débil fue también adquisiciones y contrataciones, con 54,73%, seguida por presupuesto, con 69,74%, y mecanismos de participación ciudadana, con 72,05%.

Entre los mejores resultados destacan la Universidad de La Serena, el CFT de Los Lagos y el SLEP Costa Central, todos con 100% de cumplimiento. También hubo mejoras significativas en organismos que habían sido objeto de investigaciones sumarias en 2024: 12 de 13 instituciones aumentaron sus niveles de cumplimiento, con un alza promedio superior a 61 puntos porcentuales.

“Estos datos confirman la importancia de fiscalizar de manera permanente. Vemos que la acción fiscalizadora y sancionatoria del Consejo tiene un efecto claro en materia de aumento de los estándares de transparencia de las instituciones sancionadas. En paralelo, seguiremos promoviendo y fortaleciendo capacidades de los equipos de transparencia de cada institución, a través de nuestras capacitaciones. La meta es que cada entidad pueda cumplir cabalmente con las exigencias de la Ley de Transparencia y que los antecedentes estén disponibles, actualizados y sean comprensibles para cualquier persona. No hay que olvidar que la transparencia activa es una herramienta concreta de control ciudadano y permite prevenir espacios de discrecionalidad, desorden o mal uso de recursos públicos”, agregó la presidenta del CPLT.

El Consejo para la Transparencia recalcó que continuará monitoreando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en el sector educación, así como ofreciendo instancias de capacitación a lo largo de todo el país en materia de transparencia y acceso a la información.

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