• El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, y la consejera Gloria de la Fuente coincidieron en su diagnóstico respecto de la crisis de confianza institucional y la erosión que ésta genera en el sistema político y en la democracia.
• El titular del CPLT celebró la inclusión de una serie de propuestas realizadas por el organismo en esta sistematización.

En el marco del seminario “Desarrollando una política de Estado en Integridad Pública y Transparencia”, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada y la consejera del organismo, Gloria de la Fuente, debatieron sobre la situación de la corrupción en Chile y las principales líneas de acción y desafíos para enfrentarla, comentando -de paso- los avances de la Agenda de Integridad y Transparencia del Ejecutivo, presentada por el Ministro Secretario General de la Presidencia (SEGPRES), Gonzalo Blumel.

Ambos representantes del CPLT coincidieron en el diagnóstico de un aumento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Sobre el particular, el presidente del Consejo planteó que los niveles de confianza han mostrado un retroceso y “es preocupante, porque socava las bases institucionales y las bases de la democracia”. Una visión con la que coincidió la consejera, destacando el impacto de casos de irregularidades descubiertos en el último tiempo, lo que genera alta preocupación ciudadana e impacta en la democracia y en el sistema político en general, instalando a la corrupción como una variable relevante en materia electoral.

Jaraquemada subrayó en su diagnóstico que “Sino teníamos el nivel de visibilidad de actos de corrupción que en el último año hemos tenido, (…) era básicamente porque anteriormente no teníamos las herramientas legales -entre ellas la ley de transparencia, ley del lobby y varias otras- que nos permitían un escrutinio y por lo tanto levantar información que nos permitiera darnos cuenta del real estado de situación”. Asimismo, apuntó a “cierta indolencia y cuando no de complicidad, de controles internos y externos que las instituciones deben tener”.

Asimismo, el titular del CPLT precisó que la mirada en materia de transparencia y el sistema de integridad pública debe tener como eje central la modernización del Estado, “es la forma correcta y adecuada de entender este proceso de avanzar en establecer una cultura de transparencia o de mayor probidad”. Durante su intervención, destacó algunos de los logros obtenidos en los más de 10 años de la Ley de Transparencia que apuntan a un sistema de transparencia que funciona y que es utilizado de forma intensiva por la gente.

Respecto de la demanda ciudadana por transparencia, la consejera de la Fuente subrayó que es “sin importar si es un organismo público o privado, porque finalmente la desconfianza ha ido cruzando estos mundos en los últimos años”. El desafío, desde su perspectiva, “no es sólo hacernos cargo de la transversalidad y expansión de esta crisis de confianza” sino cómo se dota al concepto de transparencia de contenido y “cómo se traduce en políticas concretas”.

De la Fuente refirió también a lo que considera son las claves del futuro, las herramientas asociadas a un ecosistema de transparencia en que Chile que ha avanzado de manera sustantiva y que pueden ayudar con el fenómeno de la corrupción. Refirió al rol de las organizaciones de la sociedad civil y redes de ONG’s, entre otros, que exigen monitoreo de las acciones del Estado y que se erigen en formas alternativas de control social y político, un rol que comparten con los medios de comunicación. Asimismo, destacó que los usuarios de la Ley de Transparencia elevan sus niveles de confianza y que un porcentaje importante de gente que cree que la transparencia en sí misma es un valor y que permite conocer situaciones que vulneran la fe pública.

Jaraquemada finalizó celebrando que acciones propuestas por el Consejo, hayan sido recogidas y formen parte de la sistematización y medidas, algunas de ellas legislativas, que implementará la SEGPRES.

En la actividad participaron además el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Maneau, representantes de la SEGPRES y del PNUD, además de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, ONG’s, entre otras.