CPLT y Fundación Pro Bono acuerdan trabajo en conjunto para difundir la Ley de Transparencia

Imagen
Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia junto a Pablo Guerrero, presidente de Fundación Pro Bono

Este miércoles 26 de septiembre el Consejo para la Transparencia (CPLT) y Fundación Pro Bono firman un convenio que tiene por objeto consolidar los lazos de compromiso y apoyo en temas sobre promoción y habilitación en el Derecho de Acceso a la Información Pública, enfocándose principalmente en la implementación de actividades de capacitaciones a la sociedad civil.

De esta manera tras la firma de este convenio el CPLT pretende apoyar a Fundación Pro Bono en un plan de trabajo, ofreciendo charlas y talleres informativos para la difusión de los contenidos de la Ley en este sector. El acuerdo entre ambas instituciones formaliza una relación de trabajo que se ha desarrollado desde 2010, habiéndose realizado desde esa fecha una serie de actividades educativas.

La ceremonia de firma estuvo encabezada por Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia y como contraparte Pablo Guerrero, presidente de Fundación Pro Bono junto a Marcela Fajardo, Directora Ejecutiva.

El Director General CPLT manifestó que este acuerdo “es una oportunidad para ir consolidando el trabajado que ya se ha estado haciendo y que ahora estará enfocado a la capacitación”. Además, agregó que “esta alianza es una oportunidad para que en el futuro se colabore en otras áreas de trabajo”.

Por su parte, el presidente de Fundación Pro Bono, se refirió a la importancia de este acuerdo de colaboración y coincidió con el interés de poder ampliar el convenio para realizar gestiones en otros ámbitos que beneficien a los ciudadanos en el uso de la Ley de Transparencia.

Entre las funciones del Consejo para la Transparencia está la difusión del derecho de acceso a la información pública y promover la transparencia. Por su parte, Fundación Pro Bono, es una organización sin fines de lucro que facilita el ejercicio no remunerado y de bien social de abogados y estudios jurídicos, quienes han identificado dentro de sus ámbitos de acción el apoyo para el fortalecimiento de los derechos ciudadanos de acceder a la información de las instituciones pública