Busca verificar el nivel de ajuste de los sujetos obligados a las disposiciones de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública y su reglamento, así como de las instrucciones generales y requerimientos del Consejo para la Transparencia, mediante la revisión de publicaciones de información en transparencia activa y del tratamiento de solicitudes de acceso a la información.
Su objetivo es ejecutar fiscalizaciones sobre materias particulares, con el fin de contribuir a la apertura de información para el control social de la gestión pública y la rendición de cuentas de autoridades y funcionarios del Estado, que puedan afectar la probidad administrativa, el cuidado de los recursos públicos o los derechos de las personas.
