La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, difundió en Concepción los resultados de dos fiscalizaciones realizadas en la Región del Biobío: una sobre la información publicada por el Gobierno Regional y otra acerca del uso de tratos directos por parte de las municipalidades bajo la causal de emergencia, urgencia o imprevisto.

Durante las jornadas desarrolladas el 3 y 4 de septiembre, la autoridad también encabezó actividades destinadas a acercar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía y capacitar a funcionarios de la región.

Respecto del Gobierno Regional del Biobío, González informó que obtuvo un 100% —el máximo puntaje— en la evaluación general de transparencia activa y se ubicó en el primer lugar entre los 16 gobiernos regionales del país.

El resultado representó un aumento de 9,4 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando había alcanzado un 90,6%. La evaluación consideró la publicación de información sobre funcionarios y remuneraciones, compras, contratos, transferencias, presupuesto, auditorías, mecanismos de participación ciudadana, entre otras exigidas por la Ley de Transparencia.

Sin embargo, una revisión adicional de obligaciones de transparencia presupuestaria exigidas por mandato de la Ley de Presupuesto 2026, detectó que el Gobierno Regional no publicó los informes sobre la ejecución de los recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, financiado por el royalty a la minería.

Asimismo, el GORE sí cumplió con informar sobre concursos y proyectos adjudicados, además de publicar los antecedentes entregados por instituciones privadas que recibieron transferencias superiores a 2.000 UTM.

La presidenta del CPLT también presentó los resultados regionales de la fiscalización sobre compras municipales efectuadas mediante trato directo, invocando razones de emergencia, urgencia o imprevisto.

Durante 2024, las municipalidades del Biobío emitieron 1.535 órdenes de compra bajo esta modalidad, equivalentes al 17,6% del total nacional. Con esta cifra, Biobío fue la región con mayor cantidad de compras municipales por trato directo bajo causal de emergencia en el país.

El gasto regional alcanzó los $36.563 millones. Talcahuano registró $9.600 millones; Los Ángeles, $8.442 millones; y Concepción, $6.001 millones. Estos tres municipios estuvieron entre los diez con mayor gasto a nivel nacional y concentraron cerca de dos tercios del monto regional.

Entre las operaciones de mayor cuantía se identificaron $5.313 millones para barrido y limpieza en Concepción, además de $5.103 millones para recolección de residuos y $2.721 millones para su traslado y disposición final en Talcahuano.

La revisión también detectó contrataciones superiores a $10 millones para la producción de eventos, entre ellas un “show para la comunidad” en Los Ángeles y la producción audiovisual de la “Semana Contulmana” en Contulmo.

“El primer lugar alcanzado por el GORE del Biobío es una señal positiva, que se valora. Sin embargo, ese resultado no reemplaza la obligación de explicar cómo se utilizaron los recursos del royalty. Del mismo modo, las emergencias requieren respuestas rápidas, pero esa rapidez no elimina el deber de informar qué se compró, en qué términos y condiciones, y por qué no se realizó una licitación”, señaló Natalia González.

El trato directo es un mecanismo excepcional que permite contratar sin realizar previamente una licitación pública. Cuando se invoca una emergencia, urgencia o imprevisto, el municipio debe explicar mediante una resolución fundada las razones de esa decisión y publicar los antecedentes en el Sistema de Compras Públicas.

Como parte de su agenda, González lideró en la Universidad San Sebastián un taller dirigido a estudiantes, en el que aprendieron a transformar necesidades de sus comunidades en solicitudes concretas de información a los organismos públicos.

Mediante ejemplos vinculados con vivienda, salud, beneficios sociales y organizaciones comunitarias, la actividad mostró cómo la Ley de Transparencia puede ayudar a las personas a obtener antecedentes útiles y participar de manera informada en las decisiones que afectan a sus comunidades.

La agenda continuó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, donde la presidenta del CPLT inauguró una jornada para encargados de transparencia y funcionarios públicos de la región.

La capacitación abordó las obligaciones de publicación de los organismos, las razones legales que permiten reservar determinada información y los criterios aplicados por el CPLT al resolver reclamos ciudadanos. La jornada concluyó con la premiación de la sexta versión del Concurso de Videos Escolares “La Inteligencia Artificial como herramienta para la Transparencia del Futuro”, con la participación de los equipos ganadores.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia en Chile. Cuando detecta posibles infracciones, puede iniciar procedimientos sancionatorios y, tras el debido proceso, aplicar multas de entre un 20% y un 50% de la remuneración de la autoridad y/o funcionario responsable.