Un tercio de los empleados públicos considera que “mucha gente está involucrada” en actos de corrupción en los organismos del Estado

El Consejo para la Transparencia dio a conocer el IV Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información en Funcionarios Públicos 2015, medición que en esta oportunidad incluyó preguntas acerca de la percepción que tienen los propios trabajadores del Estado sobre faltas a la probidad o situaciones reñidas con la transparencia.

La encuesta, realizada entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre 2015, abarcó una muestra de 1.085 casos (392 funcionarios municipales y 693 funcionarios de la administración central), con un margen de error de 3%.

Según el sondeo, el 33% de los funcionarios considera que “mucha gente está involucrada” en actos de corrupción en los organismos públicos. Esta apreciación es compartida por el 54% de ciudadanos, según el Estudio Nacional de Transparencia 2015, también desarrollado por el Consejo.

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Además, tanto los funcionarios públicos como los ciudadanos consideran que quienes cometen actos de corrupción quedan en su mayoría impunes y no son castigados (75% y 84%, respectivamente).

 

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El estudio revela también que un 13% de los funcionarios reconoce que, en el marco de sus funciones, alguna vez le han ofrecido una coima, regalo, soborno o propina a cambio de ayudar a alguien para obtener alguna ventaja o beneficio. Esta cifra sube a un 17% en el caso de los trabajadores públicos de regiones versus un 8% de quienes laboran en servicios públicos de la Región Metropolitana.

Respecto a qué ocurre en su entorno laboral, un 44% reconoce que “ha escuchado o sabido que en su institución se manipulen/intervengan procesos de selección de personal”, 42% que se favorezca irregularmente a ciertas personas en la obtención de beneficios, 22% que se favorezca a proveedores específicos y un 14% que se presione para participar en actividades políticas.

 

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Además, en una escala de 1 a 10, el 34% de los funcionarios observa que en los organismos públicos existen “muchas oportunidades” de cometer actos de corrupción (valores de 7 a 10 en la escala). Esta apreciación es mejor cuando se consulta a los funcionarios de estamentos superiores. Es así como el 35% de los no profesionales concuerda con esa apreciación, mientras que esa percepción baja a 32% en los profesionales y a 20% en el grupo directivo.

 

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Entre las cosas que facilitan que se cometan actos de corrupción, los funcionarios públicos indican la falta de supervisión y fiscalización (16%), el tráfico de influencias (10%), el cuoteo y favores (9%) y falta de transparencia (8%).

Por el contrario, consultados por los factores que pudieran actuar como disuasivos de los actos de corrupción, mencionan la Ley de Transparencia (24%), que exista una mayor fiscalización (17%), la probidad administrativa (9%) y que las sanciones sean más efectivas (7%).

 

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El estudio muestra que los funcionarios públicos que conocen la Ley de Transparencia tienen una percepción más positiva y, por tanto, tienen una visión menos crítica respecto de sus instituciones en comparación con quienes no la conocen. Lo mismo ocurre con aquellos que valoran la existencia de la transparencia en el Estado y quienes han realizado algún curso o capacitación en temas de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información.

Por otro lado, mayoritariamente consideran que hoy es más fácil detectar los casos de corrupción que hace 5 años (54%), principalmente debido a la existencia de la Ley de Transparencia.

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“La transparencia y el acceso a la información pública, entonces, estaría siendo percibida, tanto por funcionarios públicos como por ciudadanos, como un elemento disuasivo de las prácticas de corrupción, dado que esto contribuiría a que dichas prácticas son hoy más fáciles de detectar. De esta manera, es posible observar oportunidades para la profundización de la transparencia pública como un elemento a considerar en los fundamentos de la administración del Estado, junto con la adopción de los principios del acceso a la información y la rendición de cuentas como parte de una mirada integral de la prevención de la corrupción en el país”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot.