Con el objetivo de comprobar qué tipo de barreras existen en las universidades públicas a la hora de responder a las solicitudes de información, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización destinada a evaluar el desempeño de los planteles en tres etapas fundamentales: el ingreso, la gestión y las respuestas de las peticiones ciudadanas.

Mediante el mecanismo de “usuario simulado”, el equipo de fiscalización del CPLT envió de manera anónima una serie de solicitudes de acceso a la información a 16 planteles, evaluando la existencia de obstáculos que impidieran su ingreso y analizando si efectivamente fueron respondidas dentro del plazo establecido por la ley (20 días hábiles).

Con ello, se pudo concluir que, en promedio, el puntaje de cumplimiento de las universidades estatales fue de 75,16%, lo que significa 17 puntos porcentuales más que la fiscalización del año 2015, en la que obtuvieron una puntuación promedio de 57,46%.

Así, el ranking de esta fiscalización está liderado por la U. de Santiago, que promedió 96,20% de puntaje de cumplimiento, casi 27 puntos porcentuales más que lo observado en la evaluación del año 2015. En segundo lugar se ubica la U. de Chile, con un puntaje de cumplimiento de 95,92% y en tercer puesto está la U. de Talca, con un 95% de cumplimiento.

La U. de Tarapacá es la casa de estudios que registró una mayor alza en su desempeño, pasando de un 0% de cumplimiento en 2015 a 93,82% en 2016.

Asimismo, de las instituciones evaluadas, seis universidades bajaron su nivel de cumplimiento respecto del año pasado: U. de Talca (95%, que bajó 5 puntos), U. de Valparaíso (89,08%, cayó 6 ,77 puntos), U. de La Serena (71,5%, 8,14 puntos menos), la U. de la Frontera (51,06%, cayó 39,09 puntos ), la U. de Antofagasta (que retrocedió 34,06, alcanzando un 34,28%) y la U. de Atacama (32,91%, 36,68 menos).

De los doce planteles evaluados, cuatro no contestaron la solicitud realizada por el CPLT: la U. Arturo Prat, la U. de Antofagasta, la U. de Atacama y la U. de la Frontera.