El V Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información de Funcionarios Públicos, realizado por el Consejo para la Transparencia, reveló que un 57% de los funcionarios públicos considera que hoy es más fácil detectar los casos de corrupción, principalmente gracias a la Ley de Transparencia.

En el análisis, que consideró en 2016 una muestra nacional representativa de 1.327 funcionarios, se les consultaron cuáles son, a su juicio, las razones que permiten que hoy sea más fácil detectar hechos de corrupción, ante lo cual mencionaron la Transparencia, la tecnología y las redes sociales.

 

 

El estudio también arrojó que un 37% de los funcionarios públicos considera “muy corruptos” a los organismos públicos, cifra inferior a la registrada entre los ciudadanos (63%, según el Estudio Nacional de Transparencia 2016).

Asimismo, el estudio detectó que sólo el 10% de los funcionarios reporta haber recibido alguna vez algún ofrecimiento de soborno o coima en el marco de sus funciones para recibir alguna ventaja o beneficio, lo cual se mantiene en niveles similares al 2015.

 

Al mismo tiempo, existe un alto porcentaje de funcionarios (75%) que cree que quienes cometen actos de corrupción en Chile quedan impunes, percepción no tan distante a la que tienen los ciudadanos (85%).

 

 

A su vez los funcionarios públicos identifican la falta de supervisión y fiscalización, así como el cuoteo y los favores políticos como las principales causas que facilitan la corrupción en nuestro país. Ambos porcentajes presentan un alza respecto de la medición del 2015, donde los resultados eran 16% la primera y 19 puntos la segunda.

 

Además de ayudar a prevenir la corrupción, los funcionarios públicos también reconocen que la Ley aporta otro tipo de beneficios. Por ejemplo, el 59% menciona la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información como uno de los ámbitos que más contribuyen a la modernización del Estado, compartiendo el mismo porcentaje de menciones que la ética y la probidad pública.

 

Junto con ello, un importante porcentaje de funcionarios señala que esta Ley aporta beneficios tanto al país como al sector público, como que “brinda información a los ciudadanos sobre lo que hace el Estado” (63%), “fomenta la participación ciudadana” (59%) y “posibilita el control de los ciudadanos sobre las acciones del Estado” (53%), en el primer caso; y que posibilita que “los funcionarios públicos estén más conscientes de su rol como servidores públicos” (54%), que “haya un mayor acercamiento entre los ciudadanos y los organismos públicos” (48%) y que “mejora la imagen de los organismos públicos” (37%).

Como cara opuesta a esta visión de beneficios de la Ley, el estudio revela una serie de desafíos pendientes. En primer lugar, la mayoría de los funcionarios considera que no se ha implementado correctamente, lo que ha significado grandes costos en términos de recursos humanos, financieros y de tiempo para abordar las tareas de la Ley.

 

El estudio también nos revela que la percepción de corrupción se relaciona con el nivel de conocimiento sobre la política pública de la transparencia. En este sentido, la percepción de corrupción disminuye entre funcionarios que conocen la ley (32%) y que conocen al CPLT (30%) y es menor aún entre quienes han recibido capacitación en temas de transparencia (22%).

 

Este positivo impacto, sin embargo, está restringido al aún limitado conocimiento que existe de la Ley y del Consejo para la Transparencia entre los funcionarios. Alrededor de un tercio no ha escuchado hablar sobre la Ley de Transparencia ni sobre el Consejo. Y al consultar sobre los mecanismos de acceso a información, el estudio revela un bajo porcentaje que efectivamente sabría cómo gestionar una solicitud de acceso a información pública, pues sólo 33% menciona correctamente la oficina o ventanilla correcta encargada de tramitar solicitudes, 27% conoce la sección web a través de la cual se puede ingresar una solicitud on line y apenas un 13% conoce el plazo de respuesta.

Otros desafíos que se advierten son la necesidad de masificar el uso del Derecho de Acceso, pues entre aquellos funcionarios que conocen la Ley y el Consejo, la mayoría (41%) percibe que quienes la utilizan más son lo que se podría llamarse “ciudadanía ilustrada” (periodistas, investigadores, académicos, estudiantes y empresarios); seguidos por la misma Administración Pública y los políticos; y la ciudadanía (ciudadano común y ONG’s), ambas con un 28% de menciones. Perciben además, que las solicitudes de información recibidas son mayormente de interés personal del solicitante, por ejemplo, para obtener beneficios del Estado (56%) vs. un 32% que menciona un interés público, como el control o fiscalización sobre lo que hacen las autoridades.