Informe de fiscalización municipal 2021: Municipios siguen al debe con la Ley de Transparencia

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) Francisco Leturia, explicó que estas  “infracciones o problemas impiden el acceso efectivo a la información”.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó detalles de su proceso de fiscalización municipal en transparencia 2021, mediante el cual se analizaron a una serie de aspectos asociados a transparencia activa –que corresponde a antecedentes que los municipios deben publicar y mantener actualizados en sus sitios web, acorde lo establecido por la Ley de Transparencia-, y a la revisión de solicitudes de acceso a información enviadas a los 345 municipios del país.El informe reveló entre otras cosas problemas en la calidad de la información que entregan los municipios.

En cuanto a los requerimientos efectuados por el Consejo a los municipios bajo la metodología de “usuario simulado”, se evidenció un alto nivel de éxito en el ingreso y respuesta a la solicitud. Sobre este proceso Leturia destacó la mejora en el registro comparado con el del año 2020 señalando que “es una buena señal”.

Sin embargo, en un 73%, equivalente a 255 municipalidades, se identificaron “infracciones o problemas asociados a la calidad del contenido que impiden el acceso efectivo a la información”, ya sea porque la respuesta era incompleta, se entregó fuera del plazo legal o bien, en un formato diferente al solicitado, entre otras situaciones.

Frente a esta situación Francisco Leturia señaló que “detectamos importantes carencias en la calidad de la información que se entrega, como por ejemplo en 131 casos hubo problemas de formato y 28 municipios respondieron fuera de plazo. Lo anterior también obstaculiza a las personas su derecho a saber, por lo que debemos trabajar con los municipios para que no se queden en la formalidad en algunas materias, sino que tengan y muestren la voluntad de transparentar la información que la ley les exige entregar”. La calidad de la información es tan importante como el acceso a ella”, agregó.

En relación con la línea de “transparencia activa” que también se revisa en el marco de la fiscalización del CPLT, se logró verificar la disponibilidad de una parte importante de los antecedentes que exige la ley en la web de los municipios, registrándose un promedio de cumplimiento general de un 72%.

Los promedios más bajos se identificaron en dos ítems: en el que se deben disponer y mantener actualizados antecedentes sobre actos administrativos como convenios, ordenanzas o concursos públicos (“Actos y Resoluciones con Efectos Sobre Terceros”) –con un 46%- , y en el que se publican normas y leyes que rigen a la institución (“Marco Normativo”) –con un 30% de cumplimiento-.

“Estos resultados permiten concluir que hemos avanzando en los mínimos, pero ese piso es insuficiente. Como Consejo queremos poner el acento en que la transparencia es un antídoto contra la desconfianza y es una forma de proteger a las instituciones. El alto apego a la formalidad no basta si la información no tiene la calidad o todo el contenido que se espera y requiere”, afirmó Leturia.

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Salimos a terreno: primera sesión abierta en colegio de San Miguel

Planeamos trabajo coordinado con centros educacionales y municipios de distintas regiones del país.

La mañana de este martes con el fin de promover la labor del Consejo para la Transparencia (CPLT) y reabrir las puertas de nuestra institución a la ciudadanía, se desarrolló en el establecimiento educacional de San Miguel la primera de una serie de sesiones en terreno que llevarán el trabajo del Consejo a distintas comunas del país.

El CPLT trasladó la sesión de su Consejo Directivo al establecimiento Subercaseaux College de dicha comuna, para mostrar el impacto de la transparencia y el acceso a la información en la vida cotidiana de las personas.

En ese marco, se revisaron amparos presentados ante el Consejo y se desarrolló un taller participativo con estudiantes del establecimiento para profundizar sobre el uso de la Ley de Transparencia relacionadas con educación, vacunación por Covid-19, entre otros, y la labor que desarrolla el CPLT.

El presidente del Consejo, Francisco Leturia, comentó que ésta acción “busca traer el mundo donde se toman decisiones (…) es súper importante que los estudiantes puedan saber en qué consiste este trabajo” y detalló que estas sesiones se realizarán también en otros colegios y en distintas dependencias de otras comunas del país como San Ramón, La Florida y Viña del Mar.

Esta sesión ordinaria fue encabezada por el presidente del CPLT; los consejeros Gloria de la Fuente; Natalia González y Bernardo Navarrete; el director general, David Ibaceta; y el secretario del organismo, Felipe Díaz.

La directora del establecimiento, Inés Rivera, destacó el interés del Consejo por vincularse con la comunidad educativa y se refirió al rol del Consejo para acceder a información “que es una forma de poder, de saber lo que pasa”; y el subdirector, Osvaldo Poblete, valoró que se presentará el funcionamiento del organismo ante los estudiantes. “Es bueno aterrizar esto, y para nosotros es un orgullo que esté el Consejo compartiendo este tipo de casos”, dijo.

 

Concurso de videos #CuidoMiPaís


El encuentro del CPLT se desarrolló en este colegio, que representado por un grupo de estudiantes se adjudicó el primer premio del concurso de videos escolares “Cuido Mi País” del Consejo en abril pasado, en la categoría Transparencia. Puedes revisa el video que crearon acá.

Puedes ver el video de la sesión Nº 1284 AQUÍ 

 

Sesión del Consejo Directivo en colegio de San Miguel

Consejeros/as en sesión abierta dentro del Colegio en San Miguel

CPLT sanciona a Daza, Dougnac y Galli por infracciones asociadas a la no entrega de información: “debe sancionarse la vulneración a un derecho fundamental”

  • “Los ciudadanos no pierden derechos por situaciones especiales como una pandemia, al contrario”, dijo la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT).  
  • Las decisiones se enmarcan en una decidida línea de acción del Consejo de hacer valer su facultad fiscalizadora y sancionadora ante incumplimientos en defensa de un derecho humano como el acceso a información de organismos del Estado.

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