El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, instruyó oficiar a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras el escándalo por las irregularidades detectadas en el Hospital Sótero del Río de Puente Alto, relacionadas a procedimientos de gestión en materia de listas de espera. Además del MINSAL, se ofició también al Director Nacional de FONASA, Camilo Cid y al subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Osvaldo Salgado.

En esta línea, el Consejo para la Transparencia dio 10 días para que estos organismos entreguen la información requerida sobre los procedimientos de gestión, registro y comunicación de listas de espera para atenciones en salud e intervenciones quirúrgicas, tanto GES como no GES.

En lo específico, el servicio fiscalizador en transparencia solicitó la entrega de los criterios utilizados para elaborar y gestionar las listas de espera; la identificación de los funcionarios intervinientes en el marco de esos procedimientos, especificando roles y funciones; y las medidas de control aplicables, entre otras materias.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló al respecto: “Los chilenos nos hemos informado de lo ocurrido en el hospital Sotero del Río. Este hecho podría ser constitutivo de delito y en ese contexto e instruido se oficie a la ministra de salud, al subsecretario de redes asistenciales y al director de FONASA que, en un plazo de 10 días, nos informen sobre todo aquellos antecedentes que nos permitan entender qué ocurrió en una situación que no solo puede indignar a la opinión pública, sino a cualquier usuario del sistema público de salud”.

Esta acción se adoptó, en el marco de las competencias del Consejo para la Transparencia relacionadas con la promoción de la transparencia de la función pública y la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y en especial atención al recientemente difundido informe de auditoría de la Contraloría al Hospital Sótero del Río. Dicho informe, detectó que, entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, 100 cirugías a funcionarios o sus familiares fueron efectuadas en tiempo récord, saltándose las listas de espera.

Se tomó la decisión considerando además que, según informó el MINSAL a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto en junio de 2023, entre enero y abril de 2023, 10.447 personas fallecieron esperando una atención. De ellas, 9.139 aguardaban una consulta médica, 648, una odontológica, y 660, una intervención quirúrgica. Respecto de estas últimas, se contabilizan 302.267 realizadas en el período de tiempo indicado, con una mediana de espera de 326 días.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización ordinaria de cumplimiento de las normas sobre transparencia activa en los sitios electrónicos de las 39 subsecretarías de Estado, arrojando resultados preocupantes. Entre agosto y septiembre de 2023, se encontró que el cumplimiento promedio de las normas sobre transparencia activa alcanzó un 79,47%, siete puntos menos que en la última medición.

El análisis arrojó que los niveles de mayor cumplimiento lo obtuvieron, en primer lugar, la subsecretaría del Deporte con un 95,83%; en segundo, Vivienda y Urbanismo con un 95,47% y en tercera posición Medio Ambiente, con un 95,40%.

Por el contrario, las subsecretarías de más bajo desempeño fueron Interior con un 59,21%, Trabajo con un 56,35% y Pesca y Acuicultura con un 54,87%, en último lugar.

Adicionalmente, el estudio indicó que las materias mejor evaluadas en cumplimiento de transparencia activa fueron los datos relativos a personal y remuneraciones con un 97,1%; participación en otras entidades con un 95,9%; y adquisiciones y contrataciones con un 91,4%.

Mientras tanto, las más bajas fueron presupuesto asignado y su ejecución con un 66,3% y transferencias de fondos públicos con un 62,8% de cumplimiento.

El recientemente asumido presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que “los números en materia de transparencia activa vienen a la baja, en instancias en que todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia debiesen estar cercanos al 100 por ciento de cumplimiento. Los niveles que arrojó nuestra fiscalización revelan que, en ciertas materias, como presupuestos asignados, su ejecución y transferencias de fondos públicos, no se está cumpliendo la ley. Esto aumenta los espacios de sospecha y opacidad, generando un daño a nuestra democracia y por añadidura sigue debilitando la confianza en las instituciones. Es por ello que este Consejo estableció un plazo extraordinario de 10 días hábiles para que las subsecretarías puedan subsanar los incumplimientos que detectamos, y tras esa fecha, si no están corregidas las infracciones, iniciaremos las investigaciones sumarias que correspondan, a fin de aplicar las sanciones que sean procedentes, de ser el caso”.

Además, expresó especial preocupación por el bajo porcentaje de cumplimiento respecto de la información relativa a transferencia de fondos públicos: “hoy más que nunca debemos transparentar en qué y a quién entregamos recursos que son de todos los chilenos. La crisis de confianza en las instituciones está en juego, sobre todo cuando las personas no pueden acceder a información que la ley obliga a publicar”, finalizó el titular del CPLT.

Ante estos resultados, el Consejo para la Transparencia resolvió adoptar, entre otras medidas:

1. Otorgar un plazo único y extraordinario de 10 días hábiles para la subsanación de las infracciones e incumplimientos detectados, en que las subsecretarías deberán presentar un informe de cumplimiento y medidas adoptadas para dichos fines.
2. Activar una línea de seguimiento una vez vencido el plazo ya mencionado, con el fin de verificar la subsanación de las infracciones. En base a los resultados de este seguimiento, se propondrá la instrucción de procedimientos sancionatorios en los casos que corresponda.

 

Mayor control en publicación de personal, remuneraciones y publicación de la información histórica entre los principales cambios. (más…)

Una jornada formativa con gran asistencia desarrolló hoy jueves 26 de octubre el Consejo para la Transparencia para capacitar a más de 860 funcionarias y funcionarios públicos de todo el país, parte central de la puesta en marcha de la nueva instrucción de transparencia activa.

La actividad, en modalidad online, estuvo a cargo del profesional de la Unidad de Formación y Promoción, Maximiliano Núñez, del jefe de la Unidad de Atención Integral a Personas, Pablo García, y la analista de dicha instancia, Carmen Reyes.

En el marco de un seminario organizado por el Consejo y la Subdere por nuevas normas en transparencia activa. (más…)

Se espera que integrantes de esta instancia europea puedan sumarse al seminario institucional programado para el próximo año. (más…)

Una delegación compuesta por el consejero Bernardo Navarrete, el director general del servicio, David Ibaceta, la directora (s) de Jurídica, Ana María Muñoz, el director (s) de Fiscalización y Promoción, Christian Anker, y el jefe e la Unidad de Análisis y Estrategia Jurídica, Ricardo Cáceres, participaron en diversas actividades enmarcadas en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno en la ciudad de Alcalá de Henares y en la universidad del mismo nombre.

En esta instancia, se busca reflexionar sobre diversas materias, entre otras, inteligencia artificial y su relación con la transparencia, transparencia como comprensibilidad y lenguaje transparente, y se revisan casos nacionales e internacionales.

En la sesión plenaria, el director del servicio expuso algunos de los principales problemas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que incide en un adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia. En su intervención, abordó la necesidad de “constitucionalizar el derecho de acceso a la información” dado que se generan conflictos asociados a protección de datos personales, que en 2018 fue reconocida por Chile en la Carta Fundamental.

Agregó que tras 14 años desde la entrada en vigencia de la ley en Chile se espera una adecuada evolución en materia de transparencia activa. “Para que haya mayor incidencia en lo que la ciudadanía requiere se necesita avanzar en otras disposiciones asociadas con esta publicidad activa”. “Hay muchas cuestiones que podrían estar permanentemente disponibles sin la necesidad de que una persona realice una solicitud o haga una presentación”, explicó.

En tercer lugar, se refirió al “abuso en la utilización del derecho de acceso a la información”. Al respecto afirmó que se requiere morigerar la opacidad y al mismo tiempo aprender a gestionar las solicitudes excesivas por parte de personas determinadas, denominados “clientes frecuentes”. Vinculado con lo anterior mencionó los problemas en la identificación de las personas que realizan los requerimientos, esto dado que desde el punto de vista administrativa debe resolver desde un acto motivado y fundado, que posibiliten un espacio de mayor certidumbre.

 

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, expuso en un webinar organizado en conjunto con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), dirigido a funcionarios municipales con el fin de explicar los alcances de la aplicación de la Ley de Transparencia a corporaciones y otras entidades del ámbito municipal. En la instancia se revisó parte de la historia de la norma de transparencia y la jurisprudencia del CPLT en esta materia.

En particular, se recordó que los fallos de tribunales respaldaron los criterios y jurisprudencia del Consejo sobre la aplicación de la norma en este tipo de instituciones, ratificándolos y estableciendo que su aplicación es “tema superado”, por cuanto es obligatorio cumplir con las obligaciones que establece la norma Nº 20.285.

En su intervención, Leturia destacó el carácter positivo y colaborativo del trabajo que el CPLT está desarrollando junto a la AMUCH, lo que ha permitido identificar los problemas en el ámbito municipal y abordarlos adecuadamente. Al respecto, dijo: “Generalmente en Chile estamos muy de acuerdo en las cosas que hay que hacer, pero debe haber una crisis para hacer cambios”, reconociendo que la acción del Consejo permitió corregir el que buena parte del mundo municipal quedara fuera de La ley de Transparencia, refiriéndose en particular a corporaciones, asociaciones y otras entidades de derecho privado que operan en este ámbito y prestan servicios que benefician a los vecinos y vecinas de las distintas comunas del país.

Por su parte, el abogado del CPLT y Pablo Brandi, jefe de la Unidad de Análisis de Fondo, destacó la acción del Consejo que permitió sentar los criterios en estas materias, afirmando que “La transparencia es un hábito y en consecuencia el Consejo siempre ha estado abierto a la gradualidad y a dilucidar criterios”.

El titular del Consejo insistió en la necesidad, no sólo en momentos de crisis de confianza, de promover la transparencia, dado que “en Chile y el mundo (es) una tendencia expansiva inevitable, en buen chileno, para allá va la micro, es absurdo resistirse. La sociedad pide más transparencia (…) además los vecinos quieren saber, preguntar cómo lo está haciendo el alcalde”.

Con el fin de debatir la actualización del reglamento de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales (RIPD), entre otros, el director (s) de Estudios del Consejo para la Transparencia, Daniel Pefaur, participa en La Antigua, Guatemala, en el programa de actividades con que se conmemora el vigésimo aniversario de esta instancia y que se extenderá entre los días 25 y 27 de septiembre.

En dicho marco, las 16 entidades miembros de países como México, Argentina, Portugal, España y Chile, abordarán cuestiones tales como: los aportes de la Red y las expectativas de sus miembros para los próximos años.

En el marco de lo que será el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno, actividad que se desarrollará entre el 27 y 29 de septiembre en la Universidad de Alcalá de Henares, España, el  director general del Consejo para la Transparencia (CPLT), David Ibaceta, expuso sobre el marco jurídico de transparencia en nuestro país.

La revisión se realizó en base a cifras entregadas por el Ministerio del Interior. (más…)

El pasado miércoles 13 de septiembre, el jefe de la Unidad de Atención Integral de Personas del Consejo para la Transparencia, Pablo García, encabezó una capacitación a funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes y de la Antártica Chilena en la ciudad de Punta Arenas. Ello con el fin de promover el mejor cumplimiento de la Ley de Transparencia, en este caso en particular, la instancia abordó la causal de reserva por distracción indebida, una de las más alegadas por las instituciones del país.