El consejero del Consejo para la Transparencia, Roberto Munita, participó en representación del CPLT, como expositor en una mesa del capítulo de Derecho del Seminario IAMCR 2025, organizado por la Red Internacional de Investigadores en Comunicación y realizado en Singapur. La instancia reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre comunicación, regulación y nuevas tecnologías.

En su intervención, Munita presentó los avances del CPLT en materia de transparencia algorítmica, destacando el desarrollo de lineamientos institucionales para el uso responsable de sistemas automatizados en el Estado.

“Buscamos que el Estado también rinda cuentas de los algoritmos que usa día a día”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, al anunciar la publicación de la Guía para la Adopción de las Recomendaciones sobre Transparencia Algorítmica. Este documento busca orientar a las instituciones públicas para que publiquen información clara y precisa sobre los sistemas automatizados y semiautomatizados que utilizan en sus decisiones.

Esta herramienta elaborada por el CPLT responde a un desafío creciente: el uso de tecnologías de inteligencia artificial, basadas en algoritmos, que permiten contar con sistemas automatizados y semiautomatizados de decisión en el aparato público, que muchas veces son invisibles para la ciudadanía, pero que pueden tener un profundo impacto en los servicios que reciben del Estado o en el ejercicio de sus derechos.

“Es positivo que el Estado chileno se modernice e incorpore herramientas tecnológicas en su quehacer al servicio de las personas. Al mismo tiempo, debe ir avanzando en dar garantías de que cuando utiliza sistemas automatizados para tomar decisiones, estos sean conocidos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué datos se usan, cómo se toman esas decisiones y cómo se pueden reclamar o cuestionar. En definitiva, entender estos sistemas que los afectan y que se usan cada día más”, añadió González.

La guía sistematiza tanto buenas prácticas generales de transparencia en el uso de sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas (SDA), como específicas de transparencia proactiva en la materia. Las primeras incluyen directrices sobre lenguaje claro, transparencia en la contratación y desarrollo de SDA y en la atención a público, entre otros.

Por su parte, las recomendaciones específicas abordan concretamente qué información publicar, cómo presentarla y cómo resguardar datos personales o sensibles. Entre sus propuestas destaca la creación del ítem “Transparencia Algorítmica” dentro de los portales de transparencia activa de los organismos públicos, donde se deberá informar de manera mensual sobre:

• Qué SDA se están utilizando.
• En qué servicios, trámites o programas se aplican.
• Las especificaciones generales del sistema: su objetivo, funcionamiento y categorías de datos utilizadas.

Además, la guía recoge ejemplos de SDA hoy operativos, como el Sistema de Admisión Escolar del MINEDUC o el sistema predictivo de licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social, y entrega criterios para abordar casos más complejos como los sistemas de caja negra o el uso de inteligencia artificial en atención ciudadana.

Este nuevo instrumento fue adoptado por el CPLT por Resolución Exenta N°372 del 12 de agosto de 2024 y busca facilitar una adopción progresiva y voluntaria por parte de los organismos públicos, en función de su nivel de madurez tecnológica.

“Con esta guía, el Consejo refuerza su compromiso con una transparencia que se adelanta, que hace comprensible a las personas información compleja y que está a la altura de los nuevos desafíos digitales”, concluyó la presidenta del CPLT.

La guía completa se encuentra disponible en el sitio web del Consejo: www.consejotransparencia.cl

El Consejo para la Transparencia (CPLT) rechazó un requerimiento interpuesto contra la Municipalidad de Pichilemu en que se solicitaba acceder a mensajes de WhatsApp enviados entre el alcalde o directivos municipales y funcionarios de dicha municipalidad en el marco de fiscalizaciones al comercio local.

Si bien la decisión, adoptada por mayoría, consideró que tales mensajes se encuentran protegidos por el derecho a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas —según lo establece la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile—, el Consejo manifestó su preocupación institucional por el uso de esta vía para impartir instrucciones o directrices oficiales.

El órgano que supervigila la aplicación de la Ley de Transparencia en el país advirtió en su resolución que, conforme a lo sostenido por la Contraloría General de la República (CGR) en sus dictámenes, las instrucciones y directrices no deben impartirse por plataformas de mensajería privada, ya que las labores de fiscalización siempre deben plasmarse por vías formales, trazables y accesibles por la ciudadanía, tales como oficios, memorándum, resoluciones, informes, entre otros.

“Las decisiones de este consejo han sido consistentes en el tiempo respecto de que los mensajes de WhatsApp de funcionarios públicos son información reservada, respecto de las cuales se tiene una legítima expectativa de privacidad, que queda amparada por un derecho constitucional. Lo anterior, por supuesto, no impide que los tribunales de justicia u otros órganos facultados por la Constitución o las leyes, accedan o decreten el acceso a este tipo de comunicaciones en el marco de investigaciones penales y otros procedimientos”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González Bañados.

Agregó que “tampoco puede pasarse por alto que la Contraloría ha señalado que las instrucciones institucionales deben registrarse por canales formales, de lo que se sigue que deben ser trazables y estar disponibles para el control ciudadano”. Por lo anterior, el Consejo resolvió derivar los antecedentes del caso a la CGR, para que determine si el actuar del municipio se ajusta a los dictámenes que ese órgano ha emitido en esta materia.

Asimismo, el CPLT instruyó al Municipio de Pichilemu entregar al solicitante todos los antecedentes formales que den cuenta de la fiscalización realizada —como oficios, informes o resoluciones— distintos de los mensajes de WhatsApp.

La decisión se acordó con el voto disidente de la consejera María Jaraquemada, quien estimó que el amparo debía acogerse, dado que lo solicitado guarda relación con un procedimiento administrativo que debiese estar debidamente documentado, y no solo en plataformas privadas de mensajería.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) notificó el inicio de investigaciones sumarias en cinco Gobiernos Regionales, tras detectar eventuales infracciones a las normas de transparencia activa durante el proceso de fiscalización correspondiente al año 2025.

Las regiones involucradas son Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, donde se identificaron incumplimientos a los deberes legales de publicidad, actualización y completitud de información pública clave para la rendición de cuentas.

“Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición para garantizar el cumplimiento de la ley y el consecuente derecho a la información pública. La transparencia mandatada por el ordenamiento jurídico no puede ser una opción, es una obligación legal y un compromiso con la ciudadanía”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.

Estas acciones surgen a partir de los resultados de la fiscalización realizada entre el 3 y el 20 de marzo, que reveló que los Gobiernos Regionales alcanzaron un promedio de cumplimiento de apenas 76,06%, lo que representa el peor resultado histórico desde que el Consejo comenzó estas mediciones en 2010.

El informe expone retrocesos significativos en varias regiones, como el caso del Gobierno Regional de La Araucanía, que bajó 35,6 puntos porcentuales respecto de 2024, seguido por Los Lagos, que descendió 23,5 puntos, y Magallanes, con una caída de 20,6 puntos. A nivel de ítems que deben publicarse, se observaron severas deficiencias en materias como transferencias de fondos públicos, con cumplimientos bajo el 50%, y en la información presupuestaria, donde los niveles de cumplimiento fueron especialmente bajos: solo un 35,7% en modificaciones presupuestarias y un 37,5% en presupuesto asignado. Asimismo, se constató que algunos gobiernos regionales no cumplían con publicar información histórica, como exige la normativa, y que persistían problemas en la divulgación de contrataciones y mecanismos de participación ciudadana. Estas omisiones afectan directamente la trazabilidad del uso de los recursos públicos y vulneran el estándar de publicidad que garantiza la Ley de Transparencia.

En contraste, solo cuatro Gobiernos Regionales superaron el 90% de cumplimiento: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%).

“La gran dispersión en los resultados evidencia que no existe un estándar mínimo común en materia de transparencia. No puede ser que el respecto de un derecho fundamental como el acceso a la información pública dependa de la región en la que viva la persona que lo ejerza”, enfatizó González.

El Consejo llamó a los Gobiernos Regionales a adoptar medidas correctivas de manera inmediata, valorando los esfuerzos que ya algunas de estas autoridades han manifestado públicamente para enmendar el rumbo, y reiteró su compromiso con ejercer su rol fiscalizador con rigor, fortaleciendo así la cultura de la transparencia en todo el país.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados del proceso de fiscalización 2025 a los 16 gobiernos regionales del país. Específicamente lo revisado fue transparencia activa, es decir, su obligación de publicar aquella información que establece la Ley de Transparencia y actualizarla mensualmente. El informe reveló un promedio nacional de cumplimiento de solo 76,06%, lo que representa el puntaje más bajo desde que se iniciaron estas evaluaciones en 2010, y consolida una tendencia a la baja ya registrada en el año anterior.

Entre las principales deficiencias detectadas, se encuentra la publicación de información presupuestaria y financiera, que conforme a la ley es pública. El cumplimiento en modificaciones presupuestarias apenas alcanzó un 35,7% y en presupuesto asignado, solo se logró un 37,5%. Por su parte, en materia de otras transferencias y aquellas reguladas por la Ley N° 19.862 que Establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, el cumplimiento promedio llegó solo hasta el 44,9% y 46,9%, respectivamente.

Fue justamente respecto de estas materias en las que además se detectaron inconsistencias entre la información reportada al Consejo por los gobiernos regionales y lo efectivamente publicado en sus sitios web oficiales.

Asimismo, destacan falencias en la publicación sobre mecanismos de participación ciudadana en ejecución con 50% de cumplimiento global y contrataciones de bienes y servicios y contratos relativos a propiedades, ambos con 54,5%.

Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “Este consejo ha llevado y seguirá llevando a cabo de manera habitual estas fiscalizaciones, ya que ello permite observar el rendimiento histórico de los gobiernos regionales en transparencia. Gracias a este trabajo constante, podemos, por ejemplo, comparar estos resultados con los del año pasado, evidenciando que persisten las deficiencias más críticas de publicación en materia presupuestaria y de transferencias de fondos públicos. Esto constituye una señal de alerta, sobre todo si se considera que, en paralelo, se desarrollan investigaciones por otras instancias fiscalizadoras y por el persecutor penal, cada uno en el ámbito de sus competencias, respecto de posibles usos irregulares de fondos públicos”.

“Poner a disposición de la ciudadanía la información pública que mandata la ley, es un primer paso para fiscalizar que la función pública se ejerza con transparencia y probidad. Ello, ya que permite a las personas en general, académicos, medios de comunicación y ciudadanos, entre otros, conocer, analizar y escrutar dicha información y así poder saber, por ejemplo, cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos”, agregó González.

En cuanto a los rendimientos individuales de los gobiernos regionales, uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al Gobierno Regional de La Araucanía, que experimentó una caída de 35,6 puntos porcentuales respecto del año 2024, bajando de 79,5% a 43,9%. También se detectaron retrocesos significativos en Los Lagos (-23,5 puntos) y Magallanes (-20,6 puntos), este último habiendo liderado el ranking de cumplimiento en la fiscalización previa.

Asimismo, de la observación de los puntajes obtenidos por cada entidad, solo cuatro gobiernos regionales superaron el 90% de cumplimiento en materia de transparencia activa: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%). Por el contrario, Araucanía, Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins y Los Lagos no alcanzaron el 65%.

“La gran dispersión en los resultados muestra una falta de estándares mínimos comunes. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública no puede depender de mi lugar de residencia. Por lo anterior, constantemente estamos capacitando a los funcionarios públicos en la materia y recabando y analizando las mejores prácticas, de manera que puedan ser útiles a todas las instituciones para el adecuado cumplimiento de la ley, al tiempo de ejercer nuestra labor fiscalizadora y sancionatoria cuando corresponda”, enfatizó la presidenta del CPLT.

La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.

El Consejo hizo un llamado a los gobiernos regionales a tomar medidas inmediatas para corregir las deficiencias detectadas, subrayando que el derecho de acceso a la información pública es un pilar de la democracia y la rendición de cuentas.

Informe Fiscalización GORES

 

En el marco del despliegue territorial del CPLT, el consejero Bernardo Navarrete presentó ante funcionarios municipales, concejales y dirigentes sociales de la comuna de Parral los resultados de un inédito estudio sobre la percepción de corrupción y riesgos de captura por crimen organizado en el ámbito local.

Durante el encuentro, Navarrete compartió los principales hallazgos de una encuesta aplicada a 207 funcionarios municipales, 4 concejales, 5 integrantes del COSOC y 22 representantes de juntas de vecinos. El objetivo del estudio es identificar percepciones diferenciadas entre actores clave del ecosistema municipal y entregar evidencia útil para fortalecer la gestión pública.

“La percepción ciudadana es una alerta temprana. Lo que vemos en Parral es una disonancia importante entre autoridades y organizaciones sociales respecto de los riesgos de corrupción. Mientras concejales y funcionarios tienden a percibir bajos niveles, las juntas de vecinos son mucho más críticas”, señaló Navarrete.

Uno de los datos que llamó la atención es que el 55% de los representantes de juntas de vecinos considera que la corrupción está ‘bastante’ o ‘muy extendida’ en la comuna, superando ampliamente a concejales y funcionarios, quienes mayoritariamente no perciben ámbitos problemáticos específicos.

Además, los miembros del COSOC manifestaron una percepción de alto riesgo de corrupción en la fiscalización de obras y en la asignación de contratos, mientras que los concejales no identificaron este último aspecto como preocupante.

En paralelo, el estudio abordó también la percepción de riesgo de captura por crimen organizado en distintas unidades municipales. Parral mostró niveles por debajo del promedio de las demás municipalidades del país encuestadas. Por ejemplo, las unidades de Desarrollo Comunitario Obras Municipales, Administración y Finanzas o Gestión del Riesgo de Desastres registraron una percepción de riesgo que se ubica por debajo del promedio de las municipalidades previamente analizadas.

La presentación incluyó también antecedentes de fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Parral. Entre 2020 y 2024, se han formulado observaciones por temas como justificación de compras con sobreprecios, regularización contable de deudas, implementación de protocolos en entrega de ayudas sociales y mantenimiento de infraestructura de seguridad. Además, existen procesos sancionatorios pendientes por incumplimientos de transparencia activa en dos corporaciones municipales vinculadas a Parral.

“Medir, conocer y compartir estos resultados no busca estigmatizar a nadie, sino contribuir a una mejor gestión pública, fomentar la transparencia y incentivar la mejora continua a nivel local”, subrayó el consejero del CPLT.

El Consejo para la Transparencia continuará promoviendo este tipo de instancias en todo el país, como parte de su compromiso por fortalecer las capacidades institucionales, prevenir la corrupción y mejorar la integridad pública desde lo local.

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, representó al Consejo para la Transparencia (CPLT) en la XVI Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), que se desarrolla entre el 23 y 25 de junio en Berlín, Alemania. La instancia reúne a autoridades de todo el mundo responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y en esta edición se centró en los desafíos del acceso a información medioambiental en la era digital.

Durante su intervención en el IV panel titulado “Analysis of the Escazú Agreement with Special Focus on Provisions on the Rights of Environmental Defenders in Latin America and the Caribbean”, la titular del CPLT destacó los avances de nuestro país en materia de transparencia ambiental, relevando la existencia de una institucionalidad sólida previa incluso a la ratificación del Acuerdo de Escazú en 2022.

“Chile cuenta con una arquitectura robusta que garantiza el acceso a información ambiental, con servicios especializados, portales abiertos a la ciudadanía, un Consejo para la Transparencia activo y tribunales ambientales. Nuestro desafío ahora es compatibilizar esa base institucional con lo que plantea Escazú y su implementación, evitando que los ciudadanos tengan que llegar a tribunales para resolver posibles incompatibilidades en el proceso de obtención de información ambiental”, señaló González.

En la instancia, la titular del CPLT abordó las cinco líneas del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030, como asimismo el rol que ha jugado el CPLT en el acceso a información ambiental. Al respecto, subrayó  que “este consejo conoce habitualmente amparos sobre el acceso a información medioambiental, como, por ejemplo, aquellos relativos a la cantidad de antibióticos usados por empresas salmoneras en sus procesos productivos. Esto evidencia la necesidad de seguir capacitando a las personas para que sepan que las herramientas que le otorga la Ley de Transparencia sirven para conocer este tipo de asuntos que afectan directamente en su vida”.

La participación del CPLT en esta instancia internacional es clave para nuestro país y refuerza su compromiso con la promoción de una cultura de la transparencia y el acceso a la información como herramienta fundamental para la protección del medioambiente y los derechos de las personas.

En el marco de su misión por fortalecer la probidad y la transparencia en los procesos democráticos, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ya habilitó en la plataforma InfoProbidad el acceso público a las declaraciones de intereses y patrimonio de los precandidatos y precandidatas presidenciales que participarán en las elecciones primarias presidenciales del pacto “Unidad por Chile”, que tendrá lugar el próximo 29 de junio y en que concurrir a votar es voluntario.

A través del portal sitio www.infoprobidad.cl, la ciudadanía puede conocer en detalle la situación patrimonial, las actividades profesionales y posibles vínculos económicos de quienes buscan llegar a La Moneda, en línea con las obligaciones establecidas por la Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés.

“En un año electoral, la transparencia no solo es un deber legal, sino un compromiso democrático con la ciudadanía”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González. Además, añadió: “Es importante destacar que esta obligación legal de realizar declaraciones de intereses y patrimonio permite visibilizar intereses económicos de autoridades o candidatos, a fin de que las personas y los órganos fiscalizadores puedan identificar posibles conflictos de interés, de manera que estos puedan ser debidamente gestionados. Esta herramienta nos permite advertir cuando concurren a la vez el interés general con un interés particular, a fin de poder exigir siempre la primacía del primero”.

Así, las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos a la primaria presidencial del pacto “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, Carolina Tohá, Jaime Mulet y Gonzalo Winter, ya están disponibles para consulta directa en la plataforma indicada.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) envió un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitándole aclarar, de forma más detallada, cómo fija el avalúo fiscal de cada inmueble no agrícola en el país, ya que el 1 de enero de 2026 entrará en vigor el proceso de reavalúo de los mismos. Asimismo, solicito informar las medidas de transparencia y acceso a la información implementadas en dicho procedimiento.

La comunicación se funda en un intercambio previo que tuvieron ambas instituciones cuando en febrero el CPLT hizo un primer requerimiento de información al SII que fue respondido en marzo, en que se solicitaba información sobre el procedimiento de reavalúo de inmuebles no agrícolas, criterios usados, fundamentos y justificación de este, medidas de transparencia y publicidad para comunicar a los contribuyentes la información respecto a este proceso, entre otros aspectos.

En el nuevo documento, el CPLT plantea una serie de interrogantes con el fin de aclarar con mayor detalle de qué manera el SII fija el avalúo de las propiedades no agrícolas en nuestro país. Se solicitó que este organismo informe acerca de los mecanismos, herramientas y fuentes de información que utiliza para determinar el avalúo de cada inmueble, así como el procedimiento para el establecimiento de las denominadas “áreas homogéneas”, que agrupan a las propiedades según sus características. También se pidieron aclaraciones en relación con el peso o la importancia que se da a cada fuente de información y el criterio que se utiliza para que el avalúo fiscal represente un determinado porcentaje del valor comercial de cada inmueble.

Además, el CPLT solicitó que el SII dé a conocer los requisitos que determinan si una propiedad puede quedar exenta del pago de contribuciones, junto con las medidas de difusión que adopta el Servicio para dar a conocer esta información, y también el procedimiento para que los contribuyentes puedan reclamar el revalúo de sus bienes raíces. Finalmente, se solicitó información sobre cuántos reclamos se presentaron en el último proceso de revalúo, cuántos de ellos se acogieron y en qué se fundamentaron.

Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, enfatizó que “la transparencia y el acceso a la información son un pilar para que los ciudadanos puedan entender cómo, sobre la base y el respeto del principio de legalidad tributaria, el Estado fija el avalúo de las propiedades, el cual tiene impactos financieros y tributarios en millones de familias en todo el país”. González agregó que “Si bien se han hecho esfuerzos por acercar el procedimiento de reavalúo a los contribuyentes, a través de guías y preguntas frecuentes, persisten diversas y relevantes interrogantes en relación a la determinación del avalúo y el procedimiento de reclamación, de manera que toda información complementaria que se pueda tener al respecto, en lenguaje claro, es necesaria. Esta acción del CPLT, en el marco de sus competencias, tiene por objeto garantizar que las personas cuenten con información suficiente, clara y oportuna en estas materias, de modo que el procedimiento sea más trazable, y se facilite el ejercicio de los reclamos que sean procedentes”.

El SII debe responder el conjunto de preguntas planteadas en un plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación del oficio.

Este martes 10 de junio, el consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), Roberto Munita, participó en la presentación del nuevo Modelo de Transparencia de la Universidad Católica de Temuco.

Esta iniciativa de la casa de estudios busca integrar en una sola estructura los diversos mecanismos y procesos de la institución en materia de acceso a la información y rendición de cuentas y se enmarca en un esfuerzo por reforzar la confianza pública y promover una cultura de apertura institucional.

En su presentación, el consejero del CPLT, entregó recomendaciones prácticas sobre cómo debería funcionar el sitio web de la institución en materia de visualización de datos: “La transparencia es un camino, no se resuelve de un día para otro. Es clave usar lenguaje claro, ofrecer formatos accesibles y facilitar la navegación web, por ejemplo, destacando mejor el banner de acceso a transparencia. Esto no solo aplica a la UCT, sino a todas las instituciones comprometidas con el ecosistema de transparencia”.

Además, Munita destacó y valoró la iniciativa de la universidad, “Es una buena noticia que una universidad con trayectoria, como la Universidad Católica de Temuco, se sume de forma proactiva al tema de la transparencia. Este modelo va a ser útil para su misión institucional”.

Para conocer más detalles de la iniciativa se puede revisar el sitio web transparencia.uct.cl y secretariageneral.uct.cl. 

En el marco del Programa de Fiscalizaciones Extraordinarias realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció preocupantes falencias en la publicidad de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la información relacionada con los Consejos Comunales de Seguridad Pública, mecanismos de coordinación local en materia de seguridad.

Esta iniciativa se enmarca en un programa intensivo de fiscalizaciones que el CPLT ya ha realizado, tales como las referidas a listas de espera en el sistema de salud pública, al cumplimiento en transparencia de los Servicios Locales de Educación o a la publicidad de instrumentos para la gestión de desastres, y que seguirá realizando, en diversas materias. Dichas investigaciones tienen por objeto relevar el derecho de acceso a información pública como una herramienta fundamental para controlar, por ejemplo, cómo las instituciones cumplen la legislación o cómo invierten los recursos públicos.

Respecto de esta nueva fiscalización, y a modo de contexto, es relevante precisar que la ley N°20.965 calificó como atribución esencial de los municipios, el elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Comunal de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, estableció que, para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en consideración las observaciones efectuadas por el Consejo Comunal de Seguridad Pública (que se crea con carácter consultivo) y por cada uno de sus consejeros. Por su parte, las actas de estos consejos deben remitirse, por ley, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, sin perjuicio que, constituye una buena práctica de transparencia activa su publicación por los municipios.

Remisión de antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito

El CPLT analizó la información obtenida de la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto de los Planes Comunales de Seguridad Pública que cada una de las 345 municipalidades debe elaborar, publicar y remitirle, conforme indica la ley. Al respecto, se evidenció que, si bien 307 municipios cuentan con un plan (89%), solo en 279 municipios estaban vigentes (81%).
Respecto de la remisión a dicha Subsecretaría de las actas de los Consejos Comunales de Seguridad correspondientes a los años 2023 y 2024, se verificó que 298 municipalidades, es decir, el 86% del total, sí enviaron esta información, según lo exige la ley. Sin embargo, solo 25 consejos (8,5%) cumplieron con el mínimo esperado de 24 actas, lo que sugiere una baja frecuencia de sesiones (la ley exige mínimo 1 al mes) o deficiencias en el envío de la documentación.

Incumplimientos de transparencia activa

Respecto de aquellos municipios que contaban con Planes Comunales de Seguridad Pública vigentes (279, correspondientes al 81%), se analizó una muestra priorizada de 70 comunas con altos niveles de vulnerabilidad, según el Índice de Vulnerabilidad Socio-delictual, constatándose que en 24 casos los planes no estaban publicados en su portal web o eran versiones desactualizadas. Es decir, esta infracción se evidenció en el 34% de las municipalidades de la muestra.
En relación con los Consejos Comunales de Seguridad Pública, el informe detectó que 108 municipalidades (31%) no informan -en su planilla de mecanismos de participación ciudadana- la existencia de su Consejo Comunal de Seguridad, información que es obligatoria según la Instrucción General de Transparencia Activa del CPLT (Resolución Exenta N°500), dado que exige publicar los mecanismos de participación ciudadana, dentro de los que se encuentran los consejos consultivos.
Además, se reveló que solo 2 municipios (menos del 1%) cumplen con la totalidad de los requerimientos de transparencia activa definidos, en general, para los consejos consultivos, tales como nombre, objetivo, forma de integración, integrantes y si ellos representan a alguna institución, período de vigencia en sus funciones, etc. Mientras que 92 municipios (27%) no publican ninguno de estos campos exigidos.

Adicionalmente, se constató que 253 municipios (de los 345 revisados), equivalentes al 73%, no publican las actas correspondientes a las sesiones de estos consejos. Ello, pese a que publicarlas constituye una buena práctica reconocida en transparencia activa, que permite conocer los temas tratados, los acuerdos adoptados y la frecuencia de funcionamiento de estos espacios, que deben sesionar al menos una vez al mes según lo establece la normativa vigente. Todo esto, sin perjuicio de que se deben reservar aquellos pasajes de las actas cuya publicidad afectare la mantención del orden público, la seguridad pública o cualquier otro valor que la Ley de Transparencia establece como causal de reserva.
El reporte de fiscalización analizó, además, qué tipo de información se publicaba en dichas actas, para lo cual se consideró una muestra de 35 municipalidades, seleccionadas también según su Índice de Vulnerabilidad Socio-delictual. En específico, se revisaron 65 actas, de las cuales sólo 28 incluían los acuerdos tomados y apenas 12 mencionaban los temas a tratar en la siguiente sesión. Este nivel de heterogeneidad en la presentación de las actas limita el seguimiento ciudadano y dificulta el control social.

Reacciones desde el CPLT

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó estos hallazgos señalando que “en medio de una crisis de seguridad que es la principal preocupación de la ciudadanía según las encuestas, este informe revela que todavía hay un importante espacio de mejora en materia de acceso a información pública sobre estos temas. Dentro de las infracciones que más preocupa, vemos que un tercio de las municipalidades no publica dentro de sus mecanismos de participación ciudadana si cuenta o no con los Consejos Comunales de Seguridad. Asimismo, un 34% de las municipalidades de la muestra analizada no cuenta con su Plan Comunal de Seguridad Pública publicado o está desactualizado. Ello significa una barrera de acceso a las personas a un tema tan relevante como son las políticas locales de prevención de la delincuencia que los afectan”.
El Consejo para la Transparencia, en todos los procesos de fiscalización extraordinaria, ha requerido a todas las instituciones ajustar sus procedimientos de acceso a la información pública, para fortalecer los mecanismos de control social, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad ciudadana.

 

Informe de Fiscalización Extraordinaria: Publicidad de los Consejos Comunales de Seguridad Pública

El cumplimiento promedio en transparencia activa de las empresas públicas alcanzó un 94,8% en 2025, lo que significó un aumento de 4,5 puntos porcentuales respecto del año anterior (90,3%). A pesar de esta positiva alza, todavía 17 de las 33 entidades evaluadas presentan incumplimientos, según reveló el último informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT). Esto implica, en la práctica, que más de la mitad de las empresas públicas no pone a disposición de la ciudadanía toda aquella información que la normativa aplicable exige, o lo hace de forma desactualizada, incompleta o sin el detalle requerido.

El proceso de fiscalización, realizado entre el 18 y el 28 de marzo del presente año, evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia) y la Instrucción General N°5 del CPLT. Esta normativa obliga a las empresas públicas a la publicación de materias como su estructura organizativa, personal y remuneraciones, estados financieros, individualización de quienes componen la administración superior e indicación de sociedades filiales, coligadas o en que tengan participación.

Fueron 16 empresas —seis más que en 2024— las que alcanzaron un 100% de cumplimiento, destacando por entregar información íntegra, actualizada y estructurada según los estándares exigidos. Mientras que 17 empresas presentaron algún tipo de infracción. Entre estas últimas, las que presentaron los niveles más preocupantes de cumplimiento fueron Empresa Fondo de Infraestructura S.A. que obtuvo solo un 39,6%, seguida por Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA con 70,8% y Metro S.A. con 83,1%.

En términos generales, entre los hallazgos más preocupantes se detectaron informaciones desactualizadas sobre el personal y sus remuneraciones, así como la de directivos y ejecutivos, y también omisiones o información incompleta sobre la estructura interna, funciones y marco normativo aplicable.

“Valoramos la mejora general en materia de transparencia activa, pero no podemos ignorar que más de la mitad de las empresas públicas aún tiene tareas pendientes que son relevantes. Estas cifras evidencian que aún hay zonas opacas en la gestión del Estado que deben corregirse con urgencia. Desde el Consejo para la Transparencia, seguiremos fiscalizando a las empresas públicas, con el objeto de que todas ellas alcancen el 100% de cumplimiento, que es el estándar que exige la normativa vigente”, sostuvo Natalia González, presidenta del CPLT.

El CPLT reiteró el llamado a las empresas públicas con infracciones a cumplir con su deber institucional, de manera de permitir a la ciudadanía ejercer de manera plena su derecho a acceder a información pública.

Informe Global Empresas Públicas 2025