El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) instruyó una fiscalización especial con el fin de determinar el debido cumplimiento de las normas de transparencia activa en materia de publicación de las nóminas de beneficiarios de pensiones de gracia por parte de la Subsecretaría del Interior y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entre enero del 2021 y febrero del 2024.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que “este tipo de fiscalizaciones son relevantes, porque nos permiten evaluar el nivel de cumplimiento que tienen las instituciones en materias que son de gran interés para la ciudadanía y respecto de las cuales se ejerce control social. Al revisar esta muestra representativa de los actos de la Subsecretaría del Interior que conceden pensiones de gracia, podemos caracterizar a los beneficiarios: un 33% son extrabajadores portuarios o viudas de trabajadores portuarios o mineros y un 11% son víctimas del estallido social. Sin embargo, en un 44% de los actos no se indica el tipo de beneficiario, lo que revela una barrera para acceder a la información sobre los criterios de asignación de las pensiones”.  

El estudio revela que la Subsecretaría del Interior emitió 782 actos sobre pensiones de gracia en el período analizado, con al menos 867 beneficiarios en total. De este total de actos sobre pensiones de gracia, el 41% concedió pensión (322) y el 32% aumentó las ya otorgadas (247). Se advierte que el 2023 fue el año en que se concedieron la mayor cantidad de pensiones, con un 46% del total de las concedidas.

Adicionalmente, la investigación del CPLT revisó en detalle una muestra de 175 actos que conceden pensiones de gracia el 2023, constatándose que beneficiaron a 630 personas. Al 92% de ellos se les otorgó pensiones vitalicias y el resto serán mantenidas mientras sean menores de edad o se encuentren ejerciendo labores de cuidados a otra persona o hasta entrar a la tercera edad. Por su parte, se evidencia que el 11% de los beneficiarios fueron víctimas del denominado “estallido social”.

En el detalle de beneficiarios se puede observar que:

Criterio	Beneficiarios	%
No indica	278	44%
Extrabajador portuario	167	27%
Persona afectada en manifestaciones post estallido social	69	11%
Estado/problema de salud y condición de vulnerabilidad social	49	8%
Viuda de trabajador portuario o minero	38	6,0%
Condición de vulnerabilidad social	28	4%
Víctima de ataque incendiario	1	0,2%
Total	630	100%

 

En cuanto a los montos, las pensiones de gracia analizadas ascienden a un promedio de $544.347. Por su parte, si se analizan únicamente aquellas otorgadas a las personas afectadas en el marco del “estallido social” ascienden a un promedio de $479.152.

 

Informe Fiscalización Especial: Pensiones de Gracia

La consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, expuso los avances que ha tenido nuestro país en materia de Inteligencia Artificial en cumbre mundial sobre comunicación y medios en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda.

La integrante del Consejo Directivo de la institución explicó que Chile avanza en tres líneas concretas. La primera, relacionada con las directrices que el sector público está implementando. Se trata de lineamientos ministeriales que fijan estándares y principios en la materia, así como de recomendaciones sobre transparencia algorítmica que están siendo elaboradas por el CPLT y que serán lanzadas este segundo semestre.

Como segundo lineamiento, se refirió a los proyectos de ley sobre la materia en tramitación (5), destacando aquel presentado en mayo de este año por el Gobierno, que recoge el modelo de la Unión Europea, con ciertos matices.

Por último, relevó iniciativas nacionales en la materia, como el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y el Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud; los 160 proyectos relacionados a IA financiados con fondos públicos; y el primer doctorado impartido en Chile sobre IA.

En la oportunidad, la Consejera planteó que la regulación de la IA debe verse como una “herramienta que, con sus limitaciones, tenga como objetivo mitigar los riesgos de la manera más efectiva posible, estimulando la creación e innovación y maximizando las oportunidades y beneficios que de ella derivan. Los esfuerzos deben dirigirse en desarrollar estrategias políticas o regulaciones más resilientes”.

Además, agregó respecto a la posibilidad de contar con una regulación integral de la IA que “parece más urgente la actualización y posterior implementación de una legislación sectorial relevante para temas con los que trabaja la IA, como la protección de datos personales, la protección al consumidor y la propiedad intelectual, así como brindar capacidades reales a los chilenos, avanzando por ejemplo con la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales que se está impulsando”.

Por último, González, enfatizó la necesidad de alfabetizar a la población en estas nuevas tecnologías, “como también promover el desarrollo de un pensamiento crítico y una formación ética que de manera transversal acompañe los procesos educativos”, cerró.

La conferencia organizada por la Asociación Internacional para la Investigación de los Medios y la Comunicación –IAMCR en sus siglas en inglés-, congregó a destacados expertos de distintos países del mundo en materia de Inteligencia Artificial.

19 puntos ha caído la aprobación del desempeño de las municipalidades en los últimos cuatro años y solo un 26% mostraba confianza en su trabajo a julio de 2023, según cifras de CADEM y CEP, respectivamente. Esto se traduce en un complejo panorama de credibilidad ciudadana para estas instituciones. A ello se suma que Chile se encuentra en el penúltimo lugar del ranking “OUR Data Index” de la OCDE sobre disponibilidad, accesibilidad y reutilización de datos.

El análisis de estas cifras fue parte de la presentación del presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, en el seminario “Desafíos Financieros en la Probidad y Transparencia Municipal”, desarrollado a propósito del lanzamiento de la Plataforma Sistema de Información Municipal – SIM – de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. Esta jornada contó además con la presencia de la subsecretaria, Francisca Perales, y la Contralora (S) de la República, Dorothy Pérez.

En la oportunidad, el titular del CPLT, también hizo un balance de esta nueva herramienta que pone a disposición de la ciudadanía una gran cantidad de información en un solo lugar. Para Navarrete “tener datos abiertos permite a los ciudadanos supervisar, fiscalizar y evaluar constantemente la actividad fiscal. La plataforma SIM ofrece un acceso innovador a datos municipales, destacándose por su diseño intuitivo y su adaptabilidad a diversos dispositivos.

Además, el Pdte. de CPLT señaló que este nuevo recurso “proporciona información valiosa desde 2019 y facilita la comprensión a través de gráficos interactivos. Sin embargo, también enfrenta desafíos, como la falta de opciones en la agregación de datos y la necesidad de mejorar la frecuencia y claridad en las actualizaciones”. En esa línea, agregó: “Podría enriquecerse incorporando funcionalidades que permitan tener una temporalidad anual además de trimestral; agregar datos a nivel provincial o regional; o hacer comparaciones entre comunas, provincias o regiones. Pese a esto, esta plataforma tiene un potencial de ser una herramienta crucial para el control ciudadano, a través de la transparencia. Los datos abiertos empoderan comunidades y permiten un control activo sobre nuestras autoridades”, cerró Navarrete.

El Sistema de Información Municipal – SIM – fortalece el apoyo a la gestión municipal integral, con información que se construye a partir de la data municipal disponible en diferentes instituciones públicas, como Contraloría General de la República o el CPLT, evitando así la duplicidad en la solicitud de información a las municipalidades, y la sobrecarga

Con esta plataforma (https://ciudadano.subdere.gob.cl), el ciudadano puede acceder a la información de gestión de todas las municipalidades del país, de manera simple e interactiva, que permita mejorar los estándares de probidad y transparencia, orientadas a impulsar el desarrollo de acciones de cumplimiento e integridad organizacional, que permiten fortalecer las medidas de prevención de la corrupción.

810.064 personas es la cantidad total de personal en la Administración del Estado de Chile a septiembre de 2023, un 2,2% más que el año 2022.

Ésta fue una de las principales revelaciones que dejó una nueva fiscalización en materia de transparencia activa y acceso a información pública del Consejo para la Transparencia (CPLT), en que comparó la información disponible para septiembre 2022 con aquella correspondiente a septiembre 2023.

En el detalle, a septiembre de 2023, 433.697 trabajadores correspondían a la Administración Central (54%) y 376.367 pertenecían a dotación en municipalidades (46%).

 

Administración Central

Respecto de la Administración Central, el año 2022 existían 424.826 trabajadores públicos, mientras que el 2023, esa suma aumentó en 8.871, llegando a 433.697 personas.

Por región, y coincidiendo con las de mayor número de habitantes; la Metropolitana, Biobío y Valparaíso, son las que concentran más personal. Al contrario, Tarapacá, Aysén y Magallanes, tienen el menor número de personal.

En modalidad de contratación, la que predomina en ambos períodos (septiembre 2022 – septiembre 2023) es la de “contrata” concentrando más del 50% del personal en el sector.

Asimismo, el análisis evidencia que en 2023 el área de salud con más de 220 mil funcionarios es el sector que concentra más personal, seguido de lejos por Educación con 63 mil trabajadores. El top 3 de instituciones que tienen mayor cantidad de personal son Fundación Integra (29.176), JUNJI (23.486) y CONAF (9.341).

 

Municipalidades

Por su parte, respecto de la dotación de las municipalidades la fiscalización del CPLT detectó que el 2022 había 367.449 funcionarios, mientras que el 2023 aumentaron a 376.367 trabajadores.

En esa línea, la indagatoria reveló que la Municipalidad de Maipú con 3.171; la Municipalidad de Santiago con 2.662 y la Municipalidad de Puente Alto, con 2.518, son los municipios que concentran mayor cantidad de trabajadores  en el país.

Por su parte, otro dato a relevar es que tanto el 2022 como el 2023, entre los 5 municipios con más personal contratado bajo la modalidad de honorarios, se encuentran las municipalidades de las dos comunas con mayor cantidad de habitantes de Chile, como son Maipú y Puente Alto con un promedio de 60% de sus trabajadores bajo ese régimen.

 

Fiscalización en Acceso a la Información

En materia de acceso a información, la indagatoria desarrollada por el CPLT detectó diversas barreras. Al respecto, el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señala que: “Es preocupante que el 9% de los organismos de la Administración Central y un 35% de las municipalidades presenten problemas en la disponibilidad o actualización de la información de su personal. Todos los organismos que están supeditados a la Ley de Transparencia deben tener la información correspondiente publicada en sus sitios electrónicos para que la ciudadanía pueda acceder a ella sin barreras. En el caso de que persistan estas irregularidades, vamos a iniciar las investigaciones sumarias y establecer las responsabilidades y sanciones que correspondan, lo cual es nuestra misión mandatada por ley y que haremos cumplir”.

Con respecto a esta fiscalización, el titular del Consejo añadió que: “Resulta relevante poder determinar con certeza la cantidad de personal de la Administración del Estado y su distribución, toda vez que estos datos son fundamentales para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, y están directamente relacionados con un uso eficiente de los recursos que se destinan para las remuneraciones de estos funcionarios”.

Es importante destacar que el año 2023 los organismos de la Administración Central del Estado ejecutaron un total de $13.801.528 millones de pesos en gastos de personal, lo que corresponde a un 21% del presupuesto ejecutado en ese período. En relación con los municipios, el gasto en personal en 2023 alcanzó en promedio un 27% respecto del total de ingresos percibidos el año 2022, representando de manera agregada un total de $1.760.540 millones de pesos.

Base de datos Personal del Estado

Informe de Fiscalización Personal Administración del Estado.

El Consejo para la Transparencia lanzó la cuarta versión del Concurso de Videos Escolares, el cual busca promover el aprendizaje de niños, niñas, jóvenes y profesores en los principios relacionados con la transparencia y la prevención de la corrupción en el Estado.

Esta innovadora iniciativa consiste en que los participantes puedan elaborar y presentar un video usando un lenguaje claro, sencillo y directo que comunique un mensaje que aborde el principio de probidad y/o el combate a la corrupción. Una de las premisas es que los videos que se presenten incorporen experiencias cotidianas, considerando el entorno familiar, social y territorial en el que se inserta la comunidad educativa de los participantes.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, “es crucial comenzar desde temprano tomando conciencia de la importancia del cuidado de los recursos públicos y también de hacer de nuestros estudiantes y jóvenes entes activos, críticos y participativos en una cultura de transparencia y probidad, capaces de usar las herramientas que la Ley de Transparencia nos otorga para ejercer el control social. Una de las principales misiones que la ley encomienda a este consejo es la promoción del derecho de la ciudadanía a acceder a información pública, e iniciativas como esta apuntan en esa dirección”.

 

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar estudiantes que estén cursando entre 7° básico y 4° medio de todo el país guiados por un profesor de un establecimiento educacional ubicado en territorio chileno y que cuente con el reconocimiento del Ministerio de Educación, sin distinción de su tipo de financiamiento (municipal, subvencionado o particular). Los estudiantes deben organizarse en grupos conformados por 2 o hasta 4 alumnos más un profesor, el cual debe pertenecer a ese establecimiento. El docente será la contraparte del equipo ante el Consejo para la Transparencia.

 

¿Cuáles deben ser las características del video a enviar?

1. El equipo deberá elaborar un video de una duración mínima de 30 segundos y máxima de 1 minuto.
2. En el video se debe responder a la siguiente pregunta:

– ¿Cómo podemos usar el derecho de acceso a la información pública para aportar a la construcción de una cultura de la transparencia en mi comuna?

3. El docente deberá subir el video como público a una cuenta de Youtube e inscribirlo completando el formulario del concurso. No olvidar agregar el enlace en el apartado que corresponde.

4.- Para que el video sea declarado admisible debe cumplir con los siguientes criterios:

– Duración máxima de 1 minuto y mínima de 30 segundos.

– Proteger la identidad de niños, niñas y adolescentes que pueden aparecer en el video. Ideas para cubrir sus rostros:  difuminándolos, usando alternativas creativas (uso de máscaras, disfraces, otros).

 

¿Premios?

Los ganadores – alumnos y profesores – recibirán un reconocimiento y los videos serán difundidos a través de las redes oficiales del Consejo para la Transparencia; Youtube, Facebook, Instagram y en el sitio web www.consejotransparencia.cl

Además, habrá un premio en dinero de hasta $1.000.000 (un millón de pesos) para el equipo ganador.

 

¿Plazos?

Envío del video: Desde miércoles 05 de junio de 2024 hasta el viernes 09 de agosto de 2024 (hasta las 23:59 horas).

Publicación de los ganadores: Lunes 19 de agosto de 2024 a través de la web: www.consejotransparencia.cl

Premiación: 28 de agosto de 2024, en la ciudad de Concepción. Ella podrá realizarse de manera presencial o telemática. Consultas al correo  concursoescolar@consejotransparencia.cl

Esta mañana, nuestro consejero Roberto Munita, expuso en la Cámara de Comercio de Santiago sobre las modificaciones que trae consigo el nuevo proyecto de Ley de Lobby que se ingresó al Congreso para su discusión hace algunas semanas.

En la oportunidad, el abogado y Magister en Sociología PUC, señaló que es “necesario que la relación entre empresas y Gobierno estén bien reguladas, todo con el fin de evitar tráficos de influencias y hechos de corrupción”. Además, indicó, que el proyecto de ley “no es perfecto, pero soluciona varios de los problemas que tiene la legislación actual”.

Por último, el consejero manifestó que le gustaría que la nueva normativa siga otras recomendaciones de la OCDE en esta materia, como son “transparentar también fuentes de financiamiento de los centros de pensamiento o de estudios e incluir un canal de denuncias anónimas”.

El jueves 6 de junio de este año el Gobierno anunció la presentación del nuevo proyecto Ley del Lobby 2.0 y de regulación de puerta giratoria. La iniciativa contempla, entre otros aspectos, nuevas atribuciones y responsabilidades al Consejo para la Transparencia en la materia.

El Consejo para la Transparencia desarrolló una fiscalización a una muestra de 160 municipalidades del país – de tipo urbano y mixto según Censo 2017 – con el fin de detectar eventuales incumplimientos en materia de disponibilidad, actualización y completitud de la información pública relativa a permisos de edificación.

Asimismo, se fiscalizó a una submuestra de municipios respecto de la información disponible sobre aportes recibidos de inmobiliarias en el marco de la Ley sobre Aportes al Espacio Público y la Ley de Transparencia del Mercado del Suelo.

La indagatoria reveló que en 103 municipios (64%) existe un correcto acceso de datos relativos a permisos de edificación para el período revisado (2019 a agosto de 2023). Sin embargo, en 57 de las restantes (36%) se detectaron incumplimientos.

Adicionalmente, el informe del CPLT advierte la existencia de barreras de acceso que impiden tener información expedita sobre los permisos de edificación. Dichas barreras se generan porque las municipalidades publican de diversas formas la información relativa a los permisos de edificación, lo que dificulta su búsqueda. Por ejemplo, en un solo archivo mensual o usando diferentes denominaciones para los permisos. Además, en algunos casos es necesario hacer clic una elevada cantidad de veces para acceder a la información (6 o más clics en 7 municipios); o las publicaciones se asocian a información genérica que impide obtener antecedentes de mayor relevancia como la persona o entidad a la cual se le está otorgando el permiso.

En cuanto a los aportes recibidos de las inmobiliarias en el año 2022 por parte de los 22 municipios que conformaban la submuestra, estos ascendieron a 834 millones de pesos. Por su parte, el promedio por comuna fue de 37,9 millones de pesos. Sin embargo, ese dato registra importantes variaciones en cada comuna, siendo la Municipalidad de Viña del Mar la que recibió el mayor monto, con 140 millones de pesos, es decir, un 17% del total recibido por la submuestra. Tras la ciudad jardín se ubica Calama con 93 millones de pesos y Alto Hospicio con 72 millones de pesos.

En relación con la caracterización de los aportantes a las municipalidades en el marco de proyectos inmobiliarios, se advierte que las inmobiliarias representan un 28% del total aportado, quedando únicamente por detrás de las personas naturales que representan un 45%. Sin embargo, en las tres comunas que recibieron mayores montos (Viña del Mar, Calama y Alto Hospicio), las inmobiliarias son el grupo que concentran el mayor porcentaje de aporte respecto del total.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló al respecto que “tras esta fiscalización, no solo detectamos barreras de acceso a información pública respecto a la situación de desarrollo inmobiliario a nivel comunal, dada por la diversidad de estructuras de publicación de permisos, denominaciones genéricas o poco claras, sino que también existe incerteza respecto al uso que las municipalidades analizadas hacen de los aportes que se reciben en el marco de proyectos inmobiliarios. Ello, dado que no hay información disponible sobre rendiciones de cuenta de esos fondos”.

Esto último, dado que en la fiscalización se solicitó, además, la rendición de cuenta anual sobre uso, situación y movimiento de los aportes recaudados por la submuestra de municipios en 2022 en el marco de la Ley sobre Aportes al Espacio Público, ante lo cual o no hubo respuesta o se informó que no se habían usado esos fondos. En materia de transparencia activa, tampoco publicaron en sus páginas web un apartado sobre estas rendiciones, lo que constituye un incumplimiento a la Ley de Transparencia.

Para más información accede a nuestro informe en el siguiente link:

Informe de fiscalización sobre permisos de edificación y aportes de inmobiliarias en municipalidades

 

Este viernes el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo – SUBDERE – desarrollaron, en el marco del convenio de colaboración que mantienen, una nueva jornada de capacitación a cerca de 150 funcionarios y funcionaras encargados de las unidades de transparencia de organismos públicos de la Región de Valparaíso.

Estas iniciativas, que se están desarrollando a lo largo de todo el país, buscan mejorar las prácticas de los funcionarios y funcionarias en relación al rol que estos desempeñan en el acceso a información de la ciudadanía.

“Solo el 2023, el Portal de Transparencia del Estado recibió más de 7,5 millones de visitas, lo que refleja la avidez de la ciudadanía para acceder a alguna información de los distintos organismos públicos. Por ello, es fundamental que los funcionarios públicos que se encargan de mantener la información disponible y de contestar las solicitudes de información específicas que tengan las personas estén en constante perfeccionamiento de sus capacidades y conocimientos. Por ejemplo, estar al día con los cambios y obligaciones que estamos implementando en materia de transparencia activa, a través de nuestra nueva instrucción general, es necesario para que los funcionarios puedan entregar un mejor servicio en sus labores diarias,” señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete.

Por su parte, el encargado de la Unidad Regional de Valparaíso, Nicolas Vallejos, añadió: “Para nosotros la transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para una gestión pública eficiente y cercana a la ciudadanía. Es por ello que, mediante esta alianza con el Consejo Para la Transparencia, entregamos apoyo técnico y asesoramiento a través de capacitaciones, talleres y otras actividades a los funcionarios y funcionarias. De esta manera, estamos trabajando en mejorar la calidad de la información disponible para la ciudadanía y, en consecuencia, fortaleciendo la confianza en las instituciones gubernamentales”.

En la oportunidad, se abordaron especialmente los nuevos estándares de publicación que rigen desde le entrada en vigor de la nueva Instrucción General de Transparencia Activa del CPLT para todos los servicios públicos fiscalizados bajo la Ley de Transparencia.

En otra línea, se evaluaron las gestiones de solicitudes de información pública que realizan los ciudadanos y los participantes tuvieron espacio para consultas y dudas.

Estas capacitaciones forman parte de la labor conjunta y el compromiso del Consejo para la Transparencia y la SUBDERE para promover la transparencia y el acceso a la información pública en los servicios públicos del país, las cuales ya se han desarrollado en otras regiones de Chile como O’Higgins, Los Lagos, Magallanes, entre otras.

 

El Consejo para la Transparencia cumplió 15 años de vida. La corporación que vela por garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública, fiscalizar a los órganos de la Administración del Estado y aplicar las sanciones que corresponden, está de aniversario.

Para la ocasión, el ente rector de la transparencia en el país organizó, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo – SUBDERE -, el seminario internacional “Transparencia e Integridad en la Gestión Pública”. En la instancia se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones estatales y sobre la cultura de la transparencia, probidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

La instancia incluyó presentaciones de dos figuras de talla mundial en la materia. En primer lugar, Bruce Ackerman; abogado estadounidense, académico de la prestigiosa Universidad de Yale, autor de diversos libros y uno de los constitucionalistas más influyentes del mundo, quien presentó acerca de los desafíos para la integridad del Estado. Además, la actividad contó con la presencia de Manuel Villoria, catedrático español de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y reconocido internacionalmente por sus textos y artículos relacionados con corrupción, probidad y transparencia.

Para Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, “este encuentro que convocó a buena parte de los encargados de transparencia de los servicios públicos del país forma parte esencial de la misión de nuestra corporación: el capacitar, visibilizar y debatir sobre transparencia y probidad en las instituciones públicas, un trabajo que hacemos a diario a largo de Chile y que en nuestro aniversario número 15 queremos relevar. Y qué mejor que hacerlo con la experiencia de profesores tan reconocidos en la materia a nivel mundial como Bruce Ackerman y Manuel Villoria”.

El seminario contó además con la presencia de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; la Contralora (S) de la República, Dorothy Pérez; José Hernández, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile; y de nuestros consejeros Natalia González y Roberto Munita.

 

EL CPLT en cifras

El portal de Transparencia, la ventanilla que centraliza los ingresos de las solicitudes de acceso a la información (SAI), la interposición de amparos y reclamos y la consulta de transparencia activa, ha sido fundamental en la implementación y masificación de la Ley de Transparencia, y el 2023 fue consultada en 7,5 millones de ocasiones por la ciudadanía. Sin embargo, en los 15 años de vida del CPLT, esa cifra llega a 40 millones. “Esto refleja una avidez creciente de la ciudadanía por información”, sumó el titular del CPLT, Bernardo Navarrete.

En cuanto a amparos y reclamos, en 2023, los casos presentados ante el CPLT fueron 13.782, lo que significa un aumento de más del doble en 5 años, si se compara con los ingresados el año 2018. Respecto a los procesos sancionatorios por infracciones a la Ley de Transparencia, se iniciaron cerca de 600 entre 2013 y 2023. Finalmente, si se considera el mismo período de tiempo, el 2013 se capacitó a 881 personas (funcionarios y ciudadanos), cifra que en 2023 ascendió a más de 12.500.

Todos estos datos evidencian un alza en el uso de las herramientas que entrega la Ley de Transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, el CPLT aún tiene muchos desafíos por delante. “Debemos proteger la autonomía del CPLT; incorporar al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, acabando con los regímenes especiales y atenuados de los poderes legislativo y judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales; incorporar nuevos sujetos obligados, especialmente, entidades de derecho privado que reciben fondos públicos, entre otras materias. Hacía allá tenemos que avanzar en los próximos 5 años en un servicio clave para nuestra democracia. No hay que olvidar que gracias a la transparencia se han podido descubrir muchos de los casos de corrupción que el país ha sufrido. No esperemos que llegue otro que nos lo recuerde”, cerró Navarrete.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, asistió a la clausura de la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, celebrada en la sede de la Real Academia Española (RAE), en Madrid, España.

En la ocasión, que contó con la presencia del rey de España, Felipe VI, se presentó la Red y se destacaron las conclusiones de la Convención, la cual reunió a académicos, personalidades destacadas, representantes de instituciones y expertos en lenguaje claro de diversos países hispanoamericanos.

El titular del CPLT destacó la importancia de promover la claridad y transparencia en la comunicación, resaltando el compromiso del CPLT en fomentar el uso de un lenguaje claro y accesible para todos los ciudadanos en nuestro país.

En una nueva jornada de la Escuela de Capacitación del Consejo para la Transparencia, cerca de 1700 funcionarias y funcionarios públicos de todo el país participaron de la instancia.

El área de formación del Consejo para la Transparencia gestiona estas iniciativas que permiten participar a funcionarios de distintas partes del país, incluido Chile insular y continental.

Las capacitaciones del CPLT revelan el compromiso por promover la transparencia y el acceso a la información pública en todo el país. Éstas son un espacio de aprendizaje y reflexión, donde los trabajadores públicos puedan fortalecer sus conocimientos en transparencia activa, y compartir experiencias con el fin de mejorar la gestión en la entrega de información pública a los ciudadanos.

Estas actividades seguirán realizándose durante todo el año.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, representó a nuestro país en el Encuentro anual de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 2024, que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia. En la ocasión, la RIPD destacó a Chile como líder a nivel mundial en el debate de neuroderechos, neurotecnología y neurodatos.

El titular del CPLT explicó la situación de nuestro país en esta materia, detallando que desde 2021 está regulada en la Constitución Política de la República, la cual establece que “se asegura que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La normativa regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”. Asimismo, actualmente se discute en el Congreso el proyecto de ley sobre neuroderechos que busca materializar la protección constitucional en la materia. “Tanto la modificación a la Constitución el 2021 como este proyecto de ley fueron impulsados por el exsenador Guido Girardi y nacieron en el contexto del evento Congreso del Futuro”, puntualizó Navarrete.

Sin embargo, el representante chileno añadió que “sin perjuicio de los avances que suponen los neuroderechos, hay debate al respecto. Existen académicos que observan inconvenientes en el proyecto de ley, porque su aprobación generaría una posible duplicidad de derechos o una devaluación de los ya existentes”. Además, advirtió que “el avance que significó la reforma constitucional no se refleja en el proyecto de ley sobre neuroderechos que ingresó el 7 de octubre de 2020 y hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, donde está desde diciembre de 2021”.

En su ponencia, Bernardo Navarrete, reveló además la escasa discusión que existe en los medios de comunicación acerca de esta materia. “Los neuro-derechos en la prensa entre los años 2019 y 2024 arrojaron solo 101 noticias en los 5 medios digitales más leídos de nuestro país”.

Por último, el presidente del CPLT, expuso el caso “Girardi con Emotiv Inc” conocido recientemente por la Corte Suprema de Chile que alimentó el debate de los neuroderechos en nuestro país. La controversia tuvo por objeto la compra de un dispositivo “Insight” de electroencefalografía, respecto del cual se polemizó que el tratamiento de información cerebral conllevaba riesgos de re identificación de datos anónimos, hackeo y vigilancia digital, entre otros. Ello, según se argumentó, vulneraba las garantías constitucionales de una persona. Así, la justicia resolvió que la empresa Emotiv debía modificar las políticas de privacidad para proteger datos cerebrales, abstenerse de comercializar el producto mientras no se modifiquen las políticas, eliminar los datos cerebrales almacenados y adoptar todas las medidas para restablecer el imperio del derecho.