Esta labor conjunta refleja el compromiso de dichas instituciones con la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública en el mundo municipal.

Durante noviembre de 2023, el Consejo para la Transparencia (CPLT), y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), llevaron a cabo exitosas jornadas de capacitaciones en las regiones de Magallanes y la Antártica Chilena y O’Higgins, y esta semana que recién pasa fue el turno de la Región de Los Lagos. Todo ello como parte del programa de colaboración que se ha estado ejecutando entre ambas entidades y por el cual han recorrido el país. Estas sesiones, dirigidas a funcionarias y funcionarios municipales, se centran en dos aspectos cruciales: el “derecho de acceso a la información pública y la nueva Instrucción General de Distracción Indebida del CPLT”, y la “Nueva Instrucción General de Transparencia Activa del CPLT”.

De esta manera, los participantes han tenido la oportunidad de interiorizarse en temas claves relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública, aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de las entidades gubernamentales locales.

Además de las presentaciones mencionadas, se establecieron espacios dedicados a consultas que permitieron aclarar conceptos y brindar orientación específica sobre situaciones prácticas que los funcionarios  enfrentaban en sus responsabilidades diarias. El diálogo también abordó los nuevos desafíos que se vislumbran en estas materias.

Es importante destacar que los capacitados ya suman más de dos mil este 2023. Al respecto, la encargada del Departamento de Desarrollo Municipal de la SUBDERE, Claudia Hernández, señaló: “El convenio entre el CPLT y la SUBDERE que ha permitido realizar importantes actividades de capacitación, continuará implementándose durante el año 2024, en el marco de un trabajo conjunto que tiene como objetivo promover y fortalecer la transparencia en la administración local chilena”.

Por su parte, el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete indicó que “es nuestro deber seguir acercando la transparencia y el acceso a la información a las comunas del país. Es por eso la importancia de este trabajo conjunto con la SUBDERE en capacitar a funcionarias y funcionarios de todo Chile. En esta línea, además, valoró el levantamiento de información que con ocasión de estas jornadas se ha realizado directamente con los encargados de transparencia de las municipalidades, tanto a través de entrevistas como con la participación de dichos funcionarios en diversos paneles de discusión”.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, asistió este jueves a la celebración de los 70 años de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF).  En la instancia, Mónica Assef, presidenta de CIF, destacó el trabajo en materia de transparencia que vienen realizando: “Sabemos que como cámara tenemos que volver a construir confianzas en nuestra industria; es por ello que implementamos nuestro sistema de autorregulación y transparencia en el que de forma voluntaria los socios están exponiendo las inversiones en el sector de salud”.

En esa línea, el titular del CPLT, valoró estas medidas y llamó a la industria a continuar relevando y trabajando en pos de la transparencia en el sector.

Es importante destacar que, dentro de sus facultades, el Consejo para la Transparencia puede fiscalizar al sector mediante el Instituto de Salud Pública, órgano encargado del control sanitario de los productos farmacéuticos y el cual está a cargo del Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos.

Uno de los principales criterios – entre otros – que ha adoptado el CPLT sentencia que los antecedentes presentados, incluidos los estudios para la incorporación de un nuevo producto farmacéutico, tienen carácter de información pública, por lo que deben ser entregados si son solicitados. En tanto, el denominado supuesto de reserva aplica solo en los productos farmacéuticos que contengan una nueva entidad química, pero no para los bioequivalentes.

Asimismo, el Consejo para la Transparencia ha establecido que existe un “evidente interés social en conocer información referida al cumplimiento de los requisitos mínimos respecto a los productos farmacéuticos, por cuanto la transparencia del proceso, y en consecuencia su publicidad, permite un control social al sector”.

En el marco del proyecto de convenio colaborativo, entre el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaria de Desarrollo Regional, SUBDERE, que contempla a todas las regiones del país, se realizó una capacitación en la ciudad de San Fernando, donde se convocó a los enlaces de comunas de las regiones de O’Higgins y Maule. El objetivo de esta capacitación es dar a conocer las nuevas instrucciones generales del Consejo para la Transparencia (CPLT) y abordar los problemas vinculados a la gestión de información pública.

En este sentido, la capacitación del CPLT en San Fernando es una muestra más del compromiso de ambas entidades por promover la transparencia y el acceso a la información pública en todo el país.

Esta capacitación fue un espacio de aprendizaje y reflexión, donde los enlaces de comunas de las regiones de O’Higgins y Maule pudieron  fortalecer sus conocimientos y compartir experiencias para mejorar la gestión de la información pública en sus respectivas comunas. Además de transmitir a todo el país el profundo compromiso que estas instituciones tiene con la transparencia en el servicio público.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, quien continúa representando a nuestro país en la XXV asamblea de la Red de Transparencia y el Acceso a la Información (RTA) en ciudad de México, presentó un análisis comparativo de los procesos de planificación estratégica de varios de los integrantes de la RTA.

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que no existe necesariamente una relación entre mayor transparencia y menor corrupción, lo que, a juicio del presidente Navarrete, “implica un llamado a implementar una agenda de investigación que permita arrojar mayores claridades al respecto”.

El indicador compuesto en que se basó el análisis cruza los datos relacionados al diseño y planificación estratégica de varios organismos de la RTA (obtenidos en cuestionarios y entrevistas) con aquellos de Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción. Éste cruce arrojó que no existe correlación entre el desempeño institucional y los niveles de corrupción.

Por ejemplo, según la Red de Transparencia 2021 – 22, la cual mide la institucionalidad garante de transparencia en los países, México posee el mayor cumplimiento en criterios garantes en transparencia. Sin embargo, al cruzar estos datos con los de percepción de corrupción, se observa que no hay correlación entre ellos, dado que México no es el país con menor percepción de corrupción.

En la instancia, el titular del CPLT enfatizó, además, que uno de los elementos en común de los organismos de transparencia de los países estudiados es que planifican en períodos de mediano y largo plazo, 3 a 5 años promedio. Un método “que debiese ser reflexionado para el caso chileno, con el fin de disminuir los niveles de saturación en los procesos”.

Para el estudio, se analizaron 15 países: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay, El Salvador, Portugal, República Dominicana, Honduras, Paraguay, España, Panamá, Ecuador y Perú. De ellos, solo seis cuentan con planificaciones a 5 años, cinco a 4, uno con un plan a 3 años y tres de carácter anual.

Es importante destacar que este encuentro de la RTA tiene como finalidad avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de la instancia pasada realizada en Buenos Aires, Argentina, y promover el intercambio de experiencias y mejoras entre los órganos garantes del acceso a la información en Iberoamérica.

Este lunes, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, participó del seminario Internacional “Democracia Digital y Acceso a la Información en Iberoamérica”, en el marco del XXV Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), instancia de cooperación que agrupó en Ciudad de México a los principales órganos garantes de acceso a la información en Iberoamérica.

En su presentación, abordó la experiencia de nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales, destacando el informe del Consejo Asesor de la expresidenta Michelle Bachelet “Contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción” (conocido como “Comisión Engel”), que propuso mejoras sustantivas en esta área. Dichas propuestas fueron recogidas en la Ley N°20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que estableció, entre otras medidas, la reducción del 50% en el límite del gasto electoral (excepto en elecciones municipales); la prohibición de aportes de empresas y el límite en contribuciones personales; el aumento de aportes estatales y mayor duración de las campañas presidenciales; y la transparencia obligatoria en aportes con límites específicos según la elección.

Asimismo, Navarrete explicó en el encuentro que el rol del Consejo para la Transparencia en los procesos electorales se circunscribe a conocer los reclamos de transparencia activa interpuestos contra un partido político, los cuales pueden ser presentados por cualquier persona en caso de que este incumpla su obligación legal de publicar la información correspondiente en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y acceso expedito.

En materia de desafíos, el presidente del CPLT señaló que la falta de claridad y control sobre las fuentes de financiamiento puede llevar a la influencia indebida de intereses de grupos particulares y de financiamiento ilícito. Por ello, añadió que “es imperativo un control estricto de los gastos fiscales en campañas, pero también en los límites de los aportes de los privados”. Agregó que “el auge de la inteligencia artificial y la masividad de las redes sociales en donde se puede propagar noticias falsas y desinformación durante las campañas puede distorsionar la toma de decisiones de los electores, por lo que los organismos de transparencia deben ser promotores de la información de calidad”.

Por último, indicó que “la cooperación y el apoyo regional pueden aumentar la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales. Cuando los observadores internacionales validan un proceso electoral, esto puede fortalecer la percepción de legitimidad”.

En el referido encuentro de la RTA, cuyo anfitrión es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, participan representantes de Brasil, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Perú, Portugal, entre otros, y tiene como finalidad avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de la instancia pasada realizada en Buenos Aires, Argentina, y promover el intercambio de experiencias y mejoras entre los órganos garantes del acceso a la información en Iberoamérica.

Con amplia asistencia de funcionarios municipales y de otros trabajadores de organismos públicos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, el Consejo para la Transparencia conjuntamente con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBERE), desarrollaron este viernes 10 de noviembre una jornada formativa en la ciudad de Punta Arenas.

Reunidos en el auditorio de la Contraloría General de la República de la capital regional, el jefe de Fiscalización, Diego González, y el jefe de la Unidad de Atención Integral a Personas, Pablo García, expusieron sobre las nuevas obligaciones de transparencia activa, el modelo de fiscalización municipal, y los resultados obtenidos por los municipios de la región.

Este tipo de instancias forman parte de un calendario de actividades que persigue promover el acceso a información a partir de mejores prácticas funcionarias en materia de obligaciones de transparencia.

El nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, y el jefe de la Unidad de Normativa del servicio, Alejandro González, expusieron en la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe que se desarrolló en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre.

En esta instancia, uno de los encuentros sobre la materia más importantes de América Latina y el Caribe, el Presidente Navarrete se refirió al uso de datos abiertos y la experiencia del Portal de Transparencia del Estado de Chile, instrumento para garantizar el acceso a la información pública y permitir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados. Por su parte, el Sr. González, presentó algunas ideas generales sobre el trabajo que el Consejo para la Transparencia está realizando, en el marco de la reflexión interna, sobre transparencia algorítmica, lo que será definido y resuelto por el Consejo Directivo de nuestro servicio.

En sesión extraordinaria N°1.396, de fecha 26 de octubre del corriente y por votación unánime, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) eligió al consejero don Bernardo Navarrete Yáñez como el nuevo presidente de la Corporación, cargo que desempeñará desde el 29 de octubre del 2023 y hasta el 29 de abril del año 2025.

El Consejero Navarrete es Profesor Asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense-IUIOG. Director Cátedra UNESCO en Transparencia y Acceso a la Información (Unesco Chair).

En diciembre 2020 fue designado por S.E. el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado de la República, como consejero del Consejo para la Transparencia hasta el 21 de diciembre de 2026.

Una jornada formativa con gran asistencia desarrolló hoy jueves 26 de octubre el Consejo para la Transparencia para capacitar a más de 860 funcionarias y funcionarios públicos de todo el país, parte central de la puesta en marcha de la nueva instrucción de transparencia activa.

La actividad, en modalidad online, estuvo a cargo del profesional de la Unidad de Formación y Promoción, Maximiliano Núñez, del jefe de la Unidad de Atención Integral a Personas, Pablo García, y la analista de dicha instancia, Carmen Reyes.

En el marco de un seminario organizado por el Consejo y la Subdere por nuevas normas en transparencia activa. (más…)

Se espera que integrantes de esta instancia europea puedan sumarse al seminario institucional programado para el próximo año. (más…)

Una delegación compuesta por el consejero Bernardo Navarrete, el director general del servicio, David Ibaceta, la directora (s) de Jurídica, Ana María Muñoz, el director (s) de Fiscalización y Promoción, Christian Anker, y el jefe e la Unidad de Análisis y Estrategia Jurídica, Ricardo Cáceres, participaron en diversas actividades enmarcadas en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno en la ciudad de Alcalá de Henares y en la universidad del mismo nombre.

En esta instancia, se busca reflexionar sobre diversas materias, entre otras, inteligencia artificial y su relación con la transparencia, transparencia como comprensibilidad y lenguaje transparente, y se revisan casos nacionales e internacionales.

En la sesión plenaria, el director del servicio expuso algunos de los principales problemas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que incide en un adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia. En su intervención, abordó la necesidad de “constitucionalizar el derecho de acceso a la información” dado que se generan conflictos asociados a protección de datos personales, que en 2018 fue reconocida por Chile en la Carta Fundamental.

Agregó que tras 14 años desde la entrada en vigencia de la ley en Chile se espera una adecuada evolución en materia de transparencia activa. “Para que haya mayor incidencia en lo que la ciudadanía requiere se necesita avanzar en otras disposiciones asociadas con esta publicidad activa”. “Hay muchas cuestiones que podrían estar permanentemente disponibles sin la necesidad de que una persona realice una solicitud o haga una presentación”, explicó.

En tercer lugar, se refirió al “abuso en la utilización del derecho de acceso a la información”. Al respecto afirmó que se requiere morigerar la opacidad y al mismo tiempo aprender a gestionar las solicitudes excesivas por parte de personas determinadas, denominados “clientes frecuentes”. Vinculado con lo anterior mencionó los problemas en la identificación de las personas que realizan los requerimientos, esto dado que desde el punto de vista administrativa debe resolver desde un acto motivado y fundado, que posibiliten un espacio de mayor certidumbre.