Un retroceso de casi cinco puntos porcentuales respecto de 2014 registraron, en promedio, las universidades públicas en su cumplimiento de transparencia activa, de acuerdo a la fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia a los sitios electrónicos de los 16 planteles estatales.

 

El puntaje promedio obtenido por las universidades públicas fue de 80,28%, lo que representa una disminución de -4,79 respecto de 2014, cuando se alcanzó un resultado de 85,07%. Esta baja se produce por segundo año consecutivo, pues en 2014 también hubo un retroceso de 5,4 puntos porcentuales.

La fiscalización, realizada en diciembre pasado, consistió en revisar los antecedentes que, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deben estar publicados, de manera completa y actualizada, en las páginas web de dichas casas de estudio.

Los planteles evaluados fueron:

1. Universidad de Tarapacá
2. Universidad Tecnológica Metropolitana
3. Universidad de Atacama
4. Universidad del Bío Bío
5. Universidad de Chile
6. Universidad de La Serena
7. Universidad de La Frontera
8. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
9. Universidad de Playa Ancha
10. Universidad de Los Lagos
11. Universidad de Talca
12. Universidad de Santiago De Chile
13. Universidad de Valparaíso
14. Universidad de Antofagasta
15. Universidad de Magallanes
16. Universidad Arturo Prat

De los 16 planteles fiscalizados, ninguno alcanzó el 100% de cumplimiento.

En tanto, el mayor puntaje promedio lo obtuvo la Universidad de Playa Ancha con 94,76%, mientras que el más bajo corresponde a la Universidad de Antofagasta con 62,35%.

De acuerdo a la fiscalización, 9 de los 16 planteles bajaron sus niveles de cumplimiento respecto del año pasado: U de Tarapacá, U del Bío Bío, U de Atacama, UTEM, U de Antofagasta, U de la Frontera, U de Los Lagos, U de Chile y USACh.

Los mayores incumplimientos detectados en la fiscalización del Consejo para la Transparencia corresponden a la publicación de información incompleta o desactualizada respecto a Subsidios, Actos con efectos sobre terceros, Compras, Auditorías y Presupuesto.

Los puntajes promedios de cumplimientos por materias son:

 

El proyecto Ficha Mi Hospital creado por el Consejo para la Transparencia, es un mecanismo de acceso a la información pública que permite perfeccionar los estándares de Transparencia en el Sistema Público de Salud.

El primer servicio de salud en implementar esta iniciativa es el Hospital San Juan de Dios, quien la incorporó en su sitio web, donde cada ciudadano podrá visualizar información general de los Hospitales Públicos, Infraestructura y servicios, Información médica y económica básica, Hospitalización y gasto por paciente hospitalizado, Atención e Intervención Médica (Consultas, exámenes, cirugías, derivaciones, muertes), Rendimiento Médico y Satisfacción y reclamos de Pacientes.

La aplicación Ficha Mi Hospital tiene como objetivo potenciar la disponibilización de información útil y en formatos amigables, fomentando el uso ciudadano de la información y la voluntad de las instituciones públicas por innovar en nuevas formas de publicación.

La ficha recoge las demandas de información pública sobre el sector, vinculándolas a las necesidades institucionales del Sistema de Salud Público, intentando contribuir con ello a mejorar los niveles de satisfacción usuaria y a acercar la gestión de los mismos a la ciudadanía, todo esto, con el fin último de permitirles acceder de manera más eficiente a la atención de Salud.

La iniciativa se configuró a través de la realización de foros, en los que participaron usuarios del sistema de Salud Público, expertos en la temática y representantes de Hospitales Públicos. Estas instancias buscaban recoger opiniones ciudadanas sobre los ejes primordiales del acceso a la información pública en materia de Salud.

Desde 2013 el Consejo para la Transparencia ha estado desarrollando iniciativas que buscan darle valor social a la información pública, generando espacios de colaboración y co-creación entre la ciudadanía y los organismos del Estado.

Ver Ficha Mi Hospital

Un total de 39.107 audiencias de lobby y/o gestión de intereses particulares se han efectuado desde noviembre de 2014 al 31 de enero pasado, de acuerdo al informe consolidado entregado hoy por el Consejo para la Transparencia.

Dicho reporte, que consigna la información disponible en el sitio Infolobby.cl, revela que los alcaldes son quienes concentran el mayor número de audiencias de este tipo, con un 37,9% (13.513 reuniones). Les siguen los directores regionales de servicios públicos (11,6%) y los directores de obras municipales (9,69%).

En tanto, los jefes comunales que han registrado más audiencias son los de Teno (675), Quilicura (568), Pumanque (430), San Esteban (408) y San Nicolás (405).

2.331 lobbistas registrados

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, se contabilizan 2.331 lobbistas y 40.286 gestores de intereses particulares, quienes han sostenido encuentros con 5.600 sujetos pasivos (autoridades).

A la fecha, la entidad más representada en dichas reuniones es la Cámara Chilena de la Construcción, totalizando 120 audiencias. No obstante, durante enero pasado, la entidad que tuvo mayor número de audiencias fue la Asociación Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos (APOCE A.G.), con un total de ocho encuentros con sujetos pasivos.

Más de 7 mil donativos desde noviembre de 2014

En cuanto a los donativos reportados por los sujetos pasivos, desde noviembre de 2014 al 31 de enero pasado suman 7.098, los que fueron recibidos por 1.260 autoridades.

Desde diciembre 2015 a enero pasado se registraron 2.014 donativos recibidos por autoridades. En enero, específicamente, se informaron 571 artículos, equivalente al 39% de lo reportado en diciembre de 2015.

Los cargos que declaran haber recibido más donativos, desde que debutó la ley, son: Ministros (1.709); Alcaldes (861); Subsecretarios (822); y Concejales (597), entre otros.

En materia de viajes, las autoridades han informado 43.794 desplazamientos, con un gasto total de $5.924.445.656.

Por cuarto año consecutivo se realizó Transparentarte, concurso de arte abierto a todos los artistas nacionales, sin límites de edad que desde el año 2013 realiza FAVA CHILE en conjunto con el Consejo para la Transparencia.

La iniciativa apunta a formar una colección pública de obras de arte contemporáneo que perdure en el tiempo y forme parte del acervo patrimonial de Chile, y que permita percibir de manera sensible las analogías, metáforas y relaciones sobre el sentido de la transparencia en la sociedad actual. Así, cada año la obra ganadora y las dos menciones honrosas pasan a formar parte de la Colección TransparentArte, cuya exhibición es de carácter permanente en las dependencias del Consejo.

Este año el Primer Lugar fue otorgado a Enrique Ramírez, quien recibirá $1.200.000 pesos chilenos y un pasaje para asistir a la inauguración de la 32ª Bienal de São Paulo, Brasil “Medidas da incerteza”.

De los 175 proyectos presentados, el jurado -conformado por Vivianne Blanlot Soza, presidenta del Consejo para la Transparencia; Raúl Ferrada Carrasco, director general del Consejo para la Transparencia; Varinia Brodsky, coordinadora de Artes Visuales del Consejo Nacional de la Cultura; Ignacio Szmulewicz, curador independiente; y Nicolás Cobo, presidente de Fundación FAVA- escogió tres obras cuyas reflexiones y materialidades aportan y generan nuevas miradas sobre nuestra sociedad: su relación con los límites fronterizos y territoriales; su sistema de construcción y cuidado de la memoria, y las relaciones con que opera el valor monetario analizando su valor simbólico desde el arte.

Los ganadores
El Primer Lugar fue para Enrique Ramírez con la obra “Así… como la geografía se deshace” (2015). Él obtendrá $1.200.000 pesos chilenos y un viaje para asistir a la inauguración de la 32ª Bienal de São Paulo, Brasil “Medidas da incerteza” que se realizará entre 10 de septiembre y el 11 de diciembre de 2016.

La Primera Mención de Honor, en tanto, fue para Alex Mellado con la obra “La lección de arte, transferencias y residuo” (2015),

Mientras que la Segunda Mención de Honor fue para Claudio Correa con “La traducción en metal de mil pesos” (2015). Ellos recibirán $1.000.000 y $800.000 pesos chilenos, respectivamente.

Las obras ganadoras serán exhibidas en Feria Ch.ACO 2016 y pasarán a formar parte de la colección de arte contemporáneo que está generando el Consejo para la Transparencia, que ya cuenta con nueve piezas que son exhibidas en sus oficinas, con la finalidad de promover a la ciudadanía la transparencia a través del lenguaje de las artes visuales.

Esta mañana el Consejo para la Transparencia envió un oficio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a propósito de la aplicación gratuita para teléfonos móviles, impulsada por el organismo, y desarrollada por la empresa Cursor S.A., denominada “La nueva forma de marcar”.

Este Consejo en su oficio, solicita a Subtel informar, dentro del plazo de 15 días hábiles, respecto de la forma en que dicha Subsecretaría ha dado cumplimento a las disposiciones de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal.

En el oficio se hace presente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 19.628, como a las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales, es dicho órgano el responsable del tratamiento de los datos a que se acceda producto de la aplicación denominada “La nueva forma de marcar”.

Por lo tanto, corresponde a dicha Subsecretaría exigir a la empresa Cursor S.A. la implementación de todas las garantías y medios de que disponga para asegurar un adecuado tratamiento de los datos, a fin de evitar que los datos personales a que tengan acceso se difundan y sean tratados con fines distintos para los cuales éstos son recolectados.

A partir de febrero, la ciudadanía podrá contar por primera vez con un calendario de todos los procesos de fiscalización en materia de transparencia y acceso a la información que el Consejo para la Transparencia realizará a los organismos públicos.

Considerando que las personas buscan y solicitan información para ejercer sus derechos, cumplir sus obligaciones o satisfacer sus necesidades estos procesos de fiscalización, junto con revisar el cumplimiento de normas e instrucciones sobre estas materias, tienen como finalidad que la ciudadanía cuente con más y mejor información, que esta sea de fácil acceso, se encuentre completa y actualizada y se entreguen oportunamente las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.

Más transparencia y mejor acceso a la información mejora las condiciones de vida de las personas, genera confianza en las instituciones y fortalece la democracia.

“El plan contempla 13 procesos de Fiscalización que se extenderán entre febrero y diciembre de 2016, donde se evaluarán distintas materias y distintos tipos de organismos públicos”.

Durante la jornada del jueves 28 de enero, y en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el Consejo para la Transparencia lanzó su campaña de difusión en redes sociales sobre la relevancia de este tema país.

A través del hashtag #CuidaTusDatos, el CPLT puso en marcha una estrategia de redes sociales que se enfoca tanto en dar a conocer la relevancia de controlar los datos que la ciudadanía entrega a diario y el rol que el Consejo ejerce como órgano garante, tanto del acceso a la información, como de la protección de la privacidad.

Con el objetivo de generar conciencia y difundir la Protección de Datos Personales, invitamos a todos a participar a través de la cuenta en Facebook y twitter del CPLT en esta campaña de difusión con el hashtag #CuidaTusDatos.

Hoy se celebra el día internacional de protección de datos personales y Chile aún no tiene decidida la institucionalidad que se encargará de velar por este trascendental derecho relacionado con la privacidad de los ciudadanos. Ante ello, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, adelanta a PULSO la propuesta que tiene la institución encargada de velar por el correcto funcionamiento de acceso a la información pública, y que al mismo tiempo asegure respeto a la protección de la información privada de las personas. Hay cierto acuerdo en mejorar el proyecto de ley de protección de datos, no obstante, esto ha sufrido un retraso.

En este contexto, ¿cómo se inserta la acción del Consejo para la Transparencia?

—Nosotros actualmente por Ley de Transparencia tenemos la obligación de velar por la protección de los datos personales en el ámbito de nuestras atribuciones. Al mismo tiempo, debemos velar porque no se entreguen datos personales sensibles, aunque estén en poder de la administración pública. Pero viendo la forma en que ha evolucionado la discusión sobre la legislación de datos personales y las dificultades que ha habido para llegar a soluciones institucionales que sean eficientes, hemos optado por hacer una propuesta que estamos en curso de presentarla al ministro de Economía y al de Hacienda. Estamos afinando esa propuesta para hacer las presentaciones, en la cual lo que estamos planteando es que el Consejo para la Transparencia asuma también el rol de tuición sobre la protección de datos personales.

¿Cómo queda el anterior anteproyecto de ley frente a esta propuesta?

—Creo que los fundamentos del anteproyecto de ley que se planteó en su momento están bastante claros y dan respuesta al problema, pero no es eficiente para el país. Chile no está en condiciones de crear instituciones nuevas cuando hay otras que pueden asumir razonablemente la función. Es un tema de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Una de las razones por la cual creemos que el Consejo para la Transparencia puede asumir esas funciones es porque tenemos la experiencia de haber puesto en marcha la política de acceso a la información pública que, contrario a lo que a veces se percibe desde afuera, no consiste solamente en resolver los reclamos que presentan los ciudadanos a sus solicitudes de información, sino que va mucho más allá, en la promoción, en la capacitación, en las recomendaciones a los órganos públicos respecto de cómo organizarse para cumplir con la ley. Entonces, como ya tenemos la capacidad de generar y mejorar procesos en forma continua, creemos que podemos acometer esa tarea con más eficiencia que si se crea un órgano nuevo, o si se le da esto a otros órganos que tienen el peso de otras funciones y que además son órganos más antiguos que tienen más dificultades de adaptación.

¿Cuándo tienen previsto presentar esta propuesta?

—Los próximos días tenemos una cita con Hacienda para entregar la especie de anteproyecto de ley que tenemos al respecto y estamos pidiendo una cita con Economía. Además, queremos conversarla con distintos stakeholders, esencialmente con las organizaciones no gubernamentales y académicos que han estado en la discusión de esta materia.

¿Cuántos recursos adicionales necesita el Consejo para la Transparencia para cumplir esta labor?

—El presupuesto del Consejo para la Transparencia asciende a $5 mil millones, por lo que preliminarmente estimo que se deberían sumar un 50% más de recursos para financiar la dotación. Este monto tomando en cuenta que el funcionamiento sería gradual y el primer año habría una focalización de ciertas bases de datos personales que proteger, por lo que esta cifra a medida que aumenten las funciones podría crecer.

¿Cómo se garantiza la autonomía en este sistema?

—La independencia y la autonomía más que estar relacionadas con el rango constitucional que se le quería dar a la agencia en el anteproyecto de ley, creemos que está relacionada con la fuerza que tenga la ley y con la estructura de gobierno corporativo de la institución. Nosotros no tenemos rango constitucional, pero consideramos que de hecho somos completamente autónomos. Eso ocurre porque tenemos cuatro consejeros que son propuestos por el Presidente de la República pero son ratificados por el Senado y tenemos plazos fijos en nuestros cargos, es decir, no nos pueden sacar porque a alguien no le gusten nuestras decisiones.

¿Qué cambios deberían haber dentro del Consejo y cómo funcionaría este modelo?

—Una de las modificaciones que necesariamente tendría que hacerse es que los consejeros no podrían trabajar en el Estado ni en el sector privado y por lo tanto tendrían que ser de dedicación exclusiva. En segundo lugar creemos que sería necesario, a grandes rasgos, tener una composición que mezcle una especialidad en el ejercicio de ambos derechos, tanto protección de datos personales como acceso a la información.

Y dentro del mismo Consejo tiene que haber una instancia de procedimiento que permita resolver cuando hay un conflicto entre ambos derechos. Que eso tenga un proceso de resolución dentro del Consejo, sin perjuicio de que así como hay un recurso de ilegalidad para el acceso de información, también debe haber uno similar para la protección de datos personales.

En ese sentido, ¿qué opina de que el Gobierno tenga ahora la idea de cambiar la ley de protección de datos más que plantear una nueva?

—Me imagino que el motivo es que el Ejecutivo quiere probablemente una ley más simple, que se concentre en algunos aspectos más fundamentales que en detalles para darle más simplicidad legislativa. Y claro, en ese sentido, uno tiende a pensar que es mejor modificar la ley que existe haciéndole ajustes que pueden parecer como menores, pero desde el punto de vista del verdadero ejercicio del derecho, creemos que es muy difícil hacer una ley modificatoria, simple, que efectivamente sea eficaz para la protección del derecho y que entregue garantías de que la discusión no va a ser tan fuerte. Creo que si queremos realmente proteger el derecho, llamémosle ley modificatoria o nueva legislación o como queramos, ésta tiene que ir al fondo del asunto, de manera tal que la discusión sea imposible de soslayar.

¿Con todo, cómo se puede lograr una buena implementación?

—Creo que si se resuelve el tema institucional, se puede bajar una barrera para poder efectivamente ir a legislar. Cuánto se profundiza, ya es una materia de graduación. Por ejemplo, nosotros pensamos que la ley puede ser muy profunda, pero que puede tener cierto período de vacancia para que se pueda implementar gradualmente, focalizándose primero en aquellas bases de datos que son las que manejan mayor información y que están más en peligro de desprotección del dato personal. Gradual no significa que no se implemente, sino que con ciertos plazos razonables. Por eso justamente decidimos trabajar en esta propuesta.

En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, celebrado el 28 de enero, la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia (CPLT), Andrea Ruiz, participó como expositora en el coloquio titulado “Los Desafíos de la Protección de Datos Personales para la Economía Digital”, realizado en el Auditorio del Edificio Moneda Bicentenario.

La actividad contó con la presencia de destacadas autoridades y expertos en materia de protección de datos y quienes abordaron diversas temáticas relacionadas con los retos del Estado en la materia, los riesgos y amenazas para la privacidad, y la autorregulación y buenas prácticas de protección de datos en el comercio electrónico.

La Directora Jurídica, se refirió al acceso a la información pública de datos personales y el acceso a datos masivos en poder del Estado, destacando el carácter multidimensional de la transparencia y la privacidad, besándose en ejemplos cotidianos de casos en que el CPLT decidió entregar o proteger información.

Entre las autoridades invitadas estuvieron presentes Jaime Soto, Secretario General de Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información, Jorge Alzamora, Jefe de la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital de Chile, además de representantes del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, Microsoft, la Cámara de Comercio de Santiago y Fundación Proacceso.

Con la presencia de funcionarios públicos panameños y autoridades internacionales, la delegación del Consejo para la Transparencia presentó el estado de avance sobre Transparencia y Acceso a la Información Publica en Chile; sus logros y desafíos pendientes; además de capacitación técnica en tres talleres en materia de Capacitación, Promoción, Fiscalización y Resolución de Casos, finalizando con éxito su participación en el I Encuentro de Promoción de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El evento que dio inicio ayer y se extendió hasta hoy, contó con la participación de Comisionados en materia de Acceso a la Información y Transparencia de Latinoamérica y el Caribe, autoridades de los Gobiernos de Chile, Uruguay y Reino Unido, especialistas de organismos internacionales, autoridades, sociedad civil y medios de comunicación panameños.

El objetivo del encuentro se basó en debatir, analizar y reflexionar sobre distintas temáticas ligadas a la Transparencia y Acceso a la Información Pública en la región; logros y desafíos pendientes, y se presentó a las autoridades presentes las líneas de trabajo de la RTA con el objeto de identificar sinergias con los países participantes para que pudiesen integrarse a la Red y beneficiarse de sus proyectos.

Cabe resaltar que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), se incorporará a esta importante Red, en aras de fortalecer su promoción del desarrollo de gobiernos abiertos en nuestro país, como expresión de altos estándares en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

La RTA, es una red que agrupa a 25 organizaciones, representantes de 15 países y 3 organismos internacionales, donde el Consejo para la Transparencia de Chile tiene la Presidencia. Entre sus objetivos, la RTA genera y mantiene mecanismos para facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento entre los miembros en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública; establece canales de difusión y retroalimentación de las actividades y productos de la Red con actores relacionados, tales como, sociedad civil, academia, administración pública y organismos internacionales; promueve prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública encaminadas a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública; e instaura el valor y la modalidad de trabajo en red como práctica permanente de sus miembros.

La Presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, junto al Consejero Marcelo Drago y el Director General, Raúl Ferrada, participaron en la primera sesión del I Encuentro de Promoción de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA).

Además de brindar palabras de bienvenida a los asistentes, la Presidenta Blanlot lideró el primer panel del evento, que dio cuenta del estado de avance de la política de transparencia en la región, sus logros y desafíos pendientes. En la misma línea, el Consejero Drago representó al CPLT en un panel que dio cuenta del trabajo de intercambio de conocimientos de la RTA en la región iberoamericana.

La RTA, en conjunto con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá (ANTAI), la Embajada de Chile en Panamá y la Embajada Británica en Panamá, organizaron este encuentro que se extenderá hasta este 21 de enero, con el objetivo de promover los trabajos de esta agrupación internacional, presidida por el CPLT, en la región de Centro América y El Caribe.

El evento cuenta con la participación de representantes en materia de Acceso a la Información y Transparencia de Bahamas, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Chile, República Dominicana y Uruguay, además de autoridades de los Gobiernos de Chile, Uruguay, Reino Unido y Panamá, especialistas de organismos internacionales, autoridades, sociedad civil y medios de comunicación panameños.
La RTA es una agrupación internacional de intercambio entre organismos y/o entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública y actualmente la RTA agrupa a 25 organizaciones, de 15 países y 3 organismos internacionales.

La Red genera y mantiene mecanismos para facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento entre los miembros en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública; establece canales de difusión y retroalimentación de las actividades y productos de la Red con actores relacionados, tales como, sociedad civil, academia, administración pública y organismos internacionales; promueve prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública encaminadas a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública; e instaura el valor y la modalidad de trabajo en red como práctica permanente de sus miembros.

De acuerdo al reporte entregado por el Consejo para la Transparencia en base a los antecedentes disponibles en el sitio web Infolobby, diciembre pasado registró un aumento significativo en cuanto a donativos reportados por los organismos públicos ascendiendo a 1.350, es decir un alza del 250% respecto del mes anterior, y a su vez equivale al 21% del total de regalos informados desde el inicio de la Ley de Lobby.

A la fecha se registró un total de 6.434 donativos, los que fueron recibidos por 1.183 sujetos pasivos. Se observa que los cargos que declaran haber recibido más presentes son:

 

 

Algunos de estos tienen que ver con Vinos, Licores, Espumantes, que equivalen al 22% del total de Donativos en diciembre, por otra parte 17% son libros, chocolates (7%), Agendas(s) y/o Lápices (6%), entre otros.

 

Asimismo, el sitio Infolobby registra a la fecha 2.163 lobbistas y 37.284 gestores de intereses particulares que han participado en 33.299 audiencias con objeto de lobby o gestión de intereses. A su vez, 2.745 sujetos pasivos (autoridades) estuvieron presentes en ellas.

Respecto de los viajes, se han informado 39.503 con un gasto total de $5.367.030.371

El sitio electrónico contiene actualmente 242.012 registros con detalles de audiencias, viajes, donativos, autoridades, lobbistas y gestores de interés.