El Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por su presidenta, Natalia González, y los consejeros María Jaraquemada, Roberto Munita y Bernardo Navarrete, sostuvieron una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, instancia en la que se le hizo entrega formal de una propuesta normativa para nueva Ley de Acceso a la Información Pública para el país.
Durante el encuentro, el Consejo Directivo presentó los fundamentos de su propuesta, elaborada a partir de más de 16 años de aplicación de la Ley de Transparencia en el país y de la experiencia acumulada del CPLT en garantizar, fiscalizar y promover el derecho de acceso a la información pública, contenida en un basta jurisprudencia administrativa y judicial en la materia. Asimismo, la iniciativa se originó a partir de un proceso de consulta en que participaron centros de estudio, organizaciones de la sociedad civil abocadas a la probidad y transparencia, encargados de transparencia de distintas instituciones públicas, usuarios de la ley, periodistas, organismos internacionales, académicos y exconsejeros del CPLT.
El documento entregado plantea la necesidad de actualizar y perfeccionar el marco normativo vigente, con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la información pública, responder a los desafíos de la transformación digital del Estado y elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Entre sus ejes centrales, el CPLT propone consolidar un sistema único de transparencia, incorporando al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, acabando con los regímenes especiales y atenuados de los poderes legislativo y judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales, y consolidando así su rol como órgano garante del sistema en su totalidad. Junto con ello, y dada la necesidad de fortalecer el control en el buen uso de los recursos públicos, se propone ampliar el universo de entidades sujetas a la Ley de Transparencia, incorporando a aquellas entidades de derecho privado, pero que cumplen funciones administrativas-públicas y reciben financiamiento estatal.
Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “Si bien la Ley de Transparencia trajo consigo cambios impensados y sumamente valorables, luego de más de 16 años de vigencia, existen una serie de desafíos pendientes y oportunidades de mejora que es tiempo de abordar. Creemos que el proyecto de “Ley de Transparencia 2.0” que se tramita en el Congreso Nacional desde el 2018, ha quedado superado por el paso del tiempo, la envergadura de los retos a abordar y el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que esta propuesta de nueva Ley de Transparencia para Chile viene a responder a esos desafíos”. Agregó que “se trata de una modernización profunda a la Ley de Transparencia, construida en base a la evidencia y a un proceso participativo que incorporó a la sociedad civil y academia”.
Las propuestas del CPLT incluyen establecer la transparencia activa como regla general, avanzando hacia una publicación proactiva de información pública relevante, en formatos de datos abiertos y reutilizables, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas estatales vinculadas a transparencia, probidad, lobby, compras públicas e integridad. Asimismo, se plantea consolidar el Portal de Transparencia del Estado como una herramienta obligatoria y articuladora del sistema.
Otro eje relevante es la incorporación expresa de la transparencia algorítmica, otorgando al CPLT competencias como órgano garante de la publicidad y explicabilidad de los sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas utilizados por el Estado, considerando su impacto en los derechos fundamentales de las personas.
El documento también aborda el perfeccionamiento del procedimiento de acceso a la información, proponiendo mejoras en plazos, notificaciones electrónicas a terceros, mecanismos alternativos de resolución de controversias y un procedimiento sancionatorio único, proporcional y aplicable a todos los sujetos obligados.
Desde el Consejo para la Transparencia se subrayó que la entrega de este documento busca aportar insumos técnicos al próximo gobierno y al debate legislativo, reafirmando el compromiso institucional del CPLT con una ley moderna y que esté al servicio de las personas, centrada en el derecho de ellas a acceder a la información pública para el correspondiente control social.
