El cumplimiento promedio en transparencia activa de las empresas públicas alcanzó un 94,8% en 2025, lo que significó un aumento de 4,5 puntos porcentuales respecto del año anterior (90,3%). A pesar de esta positiva alza, todavía 17 de las 33 entidades evaluadas presentan incumplimientos, según reveló el último informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT). Esto implica, en la práctica, que más de la mitad de las empresas públicas no pone a disposición de la ciudadanía toda aquella información que la normativa aplicable exige, o lo hace de forma desactualizada, incompleta o sin el detalle requerido.
El proceso de fiscalización, realizado entre el 18 y el 28 de marzo del presente año, evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia) y la Instrucción General N°5 del CPLT. Esta normativa obliga a las empresas públicas a la publicación de materias como su estructura organizativa, personal y remuneraciones, estados financieros, individualización de quienes componen la administración superior e indicación de sociedades filiales, coligadas o en que tengan participación.
Fueron 16 empresas —seis más que en 2024— las que alcanzaron un 100% de cumplimiento, destacando por entregar información íntegra, actualizada y estructurada según los estándares exigidos. Mientras que 17 empresas presentaron algún tipo de infracción. Entre estas últimas, las que presentaron los niveles más preocupantes de cumplimiento fueron Empresa Fondo de Infraestructura S.A. que obtuvo solo un 39,6%, seguida por Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA con 70,8% y Metro S.A. con 83,1%.
En términos generales, entre los hallazgos más preocupantes se detectaron informaciones desactualizadas sobre el personal y sus remuneraciones, así como la de directivos y ejecutivos, y también omisiones o información incompleta sobre la estructura interna, funciones y marco normativo aplicable.
“Valoramos la mejora general en materia de transparencia activa, pero no podemos ignorar que más de la mitad de las empresas públicas aún tiene tareas pendientes que son relevantes. Estas cifras evidencian que aún hay zonas opacas en la gestión del Estado que deben corregirse con urgencia. Desde el Consejo para la Transparencia, seguiremos fiscalizando a las empresas públicas, con el objeto de que todas ellas alcancen el 100% de cumplimiento, que es el estándar que exige la normativa vigente”, sostuvo Natalia González, presidenta del CPLT.
El CPLT reiteró el llamado a las empresas públicas con infracciones a cumplir con su deber institucional, de manera de permitir a la ciudadanía ejercer de manera plena su derecho a acceder a información pública.
