RTA desarrolla taller en encuentro regional OGP

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Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia participó en el panel “El Acceso a la Información Pública en la agenda de OGP, rol de los Órganos Garantes”, en conjunto con otros miembros de la RTAy representantes de Banco Mundial, OEA y Sociedad Civil.
Abrió el Panel la Comisionada Presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard quién hizo referencia a los órganos Garantes de acceso en la región, en cómo en los último años ha habido un aumento en la creación de leyes. Analizó cuáles son los principios fundamentales de la Ley de Transparencia, haciendo énfasis en la necesidad de que exista junto con la creación de la ley un órgano garante que resguarde la entrega y publicación  de la información a los ciudadanos.

Luego fue el turno de Luis Esquivel, oficial de operaciones del Banco Mundial, quién se refirió principalmente al valor del trabajo en redes y en cómo estas, ya consolidadas, deben unirse a otras para trabajar en conjunto. Destacó la importancia de contar con órganos garantes que mantengan en el tiempo el tema de la transparencia como un compromiso del gobierno y la ciudadanía, sin importar quién esté en el poder.

Continuó Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, quién hizo un resumen de los distintos parámetros que establece la Ley Modelo de la OEA, concluyendo la importancia de difundir este modelo de ley que fue construido por varios países y que debe servir de ejemplo a otros que aún no cuentan con una legislación y para los que quieran perfeccionar sus leyes existentes.

Dio término a la primera parte del panel comentando Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de Fundación Pro Acceso, Miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Se refirió a la importancia de trabajar en red y de la inclusión de los órganos garantes en los planes y acciones de OGP.

Tras lo anterior, la Comisionada del IFAI planteó algunas preguntas abiertas a los representantes de los órganos garantes, miembros de la RTA.

Abrió la discusión Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia, que tiene además a su cargo la secretaría ejecutiva de la RTA. Ferreiro enfatizó en la diferencia que existe entre lo que es transparencia y lo que es publicidad, recalcando que hoy en día es muy fácil y cómodo hablar de transparencia, pero que al momento de ejercerla son pocos los que se quieren sumar. En relación al Gobierno Abierto, comentó que el vincular el ejercicio de los órganos garantes en el OGP, permitiría darle publicidad a la transparencia.

Agregó la importancia que tiene para los órganos garantes, el asegurarse y luchar por que la sociedad tome conciencia del poder que tiene. Recalcó que debe haber una actualización de las leyes y exigencias en la publicación de la información. “Lo que hoy se publica era de interés hace 3 años”.

Continuó la ronda de respuestas José Romao, Ouvidor-General de la Contraloría General de la Unión de Brasil. Romao manifestó que a pesar de que la Ouvidoria es un órgano de gobierno ha sido enfático en el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de la Ley de Transparencia, por lo que cuenta con toda la confianza de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó que en Brasil el gobierno incorporó el gobierno abierto en todos los ámbitos siendo la participación ciudadana una obligación más que un método de gobierno. Destacó el proyecto “cliente oculto” que están trabajando todos los miembros de la RTA, el cual es un ejemplo claro de cómo medir satisfacción ciudadana, en relación al acceso a la información. Agregó que la importancia de incluir a la sociedad civil no organizada y el valor que debemos darle a sus opiniones.

Finalmente comentó María del Carmen Ongay, Presidenta del Consejo Ejecutivo de UAIP, quien hizo un resumen de cómo se ha trabajado en los Planes de Acción en Uruguay, la importancia del acceso a la información como un derecho que se debe difundir en la sociedad.

Jacqueline Peschard cerró el panel haciendo referencia al importante trabajo que está realizando la RTA en los temas de jurisprudencia, capacitación, indicadores y archivos.

Lo que debes saber antes de matricularte en la universidad

Dada esa importancia, es necesario contar con toda la información relevante de manera de hacer las preguntas necesarias para no encontrar sorpresas cuando ya sea tarde, o peor aún, en pleno desarrollo de los estudios universitarios.

Para ello, el Consejo para la Transparencia ha desarrollado una guía para orientar a estudiantes y sus familias para saber dónde poner atención respecto a los datos disponibles en el proceso de matrícula:

La selección se efectuará previa ordenación decreciente de los postulantes a cada carrera de acuerdo con su puntaje ponderado. En cuanto el postulante queda seleccionado en una de sus opciones, se eliminan automáticamente todas las postulaciones de menor preferencia, para todos los efectos.

 

Siendo la postulación un acto libre y voluntario por medio del cual el candidato señala sus preferencias por carreras e instituciones en un orden de prioridades que él establece, dentro de plazos públicos adecuados y con una información entregada con bastante anticipación, es éste un acto de su exclusiva responsabilidad y cualquier cambio ulterior es improcedente, desde el punto de vista legal.

En el Proceso de Matrícula las Universidades procurarán proveer sus Vacantes Oficiales de acuerdo a lo publicado el jueves 11 de octubre de 2012 en el diario El Mercurio en el documento del Proceso de Admisión “Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones”, donde cada Universidad difunde los requisitos y procedimientos para matricularse.

Todos los postulantes convocados a matricularse mantendrán su derecho a confirmar su matrícula dentro del plazo públicamente informado por la institución respectiva y, en consecuencia, las Universidades no podrán negar la matrícula a un postulante convocado, aduciendo falta de cupos.

La no confirmación de la matrícula en el momento que le correspondía, significará que el postulante libera la vacante, sin derecho de reconsideración. Las Universidades se comprometen a comunicarse internamente la liberación de vacantes que se produzcan como resultado de las convocatorias a matrícula. En ningún caso, dicha comunicación reemplazará la petición de devolución de pagos efectuados a que tiene derecho el alumno, trámite que deberá efectuar el interesado ante la institución de educación superior donde efectuó la matrícula anterior, dentro de los plazos que establece la Ley del Consumidor (Período de Retracto).

PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA: matrícula de Convocados, desde el lunes 14 al miércoles 16 de enero de 2013, de acuerdo al calendario particular de cada Universidad.

SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA: matrícula de Listas de Espera, desde el jueves 17 al miércoles 23 de enero de 2013, de acuerdo al calendario particular de cada Universidad.

 

3)    Infórmate sobre tus deberes como postulante convocado a matricularse:

El postulante podrá hacer uso de sólo una vacante del Sistema. En consecuencia, concluido el Proceso de Matrícula, podrá ser alumno de sólo una carrera, en sólo una de las 25 Universidades del Consejo de Rectores o alguna de las ocho Universidades Privadas Adscritas al Proceso de Admisión 2013. El postulante que sea convocado a matricularse podrá ejercer su derecho a ratificar su matrícula, sólo durante el plazo públicamente informado por la institución respectiva.

La matrícula queda efectivamente cursada una vez que la persona haya hecho los pagos y trámites establecidos como requisitos por cada Universidad para su formalización.

Al momento de matricularse se debe presentar la “Tarjeta de Identificación” timbrada con las pruebas que rindió. Para la Verificación fundada de Postulaciones, deberá dirigirse a la Secretaría de Admisión más cercana sólo el lunes 14 de enero de 2013 en horario de oficina (consultar horario en la Secretaría de Admisión respectiva).

Fuente y más información en: Proceso de Admisión, Instrucciones Generales de Matrícula.

 

4)    ¿Qué aspectos considerar para elegir una Institución?
Acreditación de Instituciones de Educación Superior y Carreras

Tasa de Deserción

Duración real de la Carrera

Empleabilidad e ingresos

Financiamiento

5)    ¿Dónde acudir en caso de consulta o reclamos?

RECLAMOS O DENUNCIAS
Cualquier reclamo o denuncia que los postulantes quieran formular, referente a que se vulneraron sus derechos o se presentó una situación irregular en alguna etapa del Proceso, hacer llegar por escrito al Fiscal del Proceso, al correo fiscalia.demre@uchile.cl

CONSULTAS Y MESA DE AYUDA
Fonos: 978 38 06 – 978 38 18 – 978 38 28 – 978 38 33 – 978 38 35 – 978 38 38

Contacto Sitio Web: http://www.mesadeayuda.demre.cl

6)    Documentos Normativos Oficiales

Publicación oficial Normas del Proceso: documento oficial con normativa, plazos, derechos y obligaciones, entre otros, del actual proceso de admisión.

Ranking Colegios: información relativa a la construcción de los puntajes que se obtienen en razón de las Notas de Enseñanza Media (NEM), se detallan las tablas de conversión y las escalas de puntuación, además cuenta con un “Simulador” para obtener el puntaje y listado de “Preguntas Frecuentes” relativas al tema.


Características Resultados PSU:
se explican las tablas de conversión de notas y puntajes, detalladas por grupos; breve explicación sobre las preguntas eliminadas en cada prueba; se indican las coordenadas de la Notaria en la cual se encuentra la nómina oficial de puntajes de la PSU.

Validez Puntaje PSU por dos años: resolución y procedimiento que permite utilizar el puntaje obtenido en la PSU por dos años consecutivos.

Información Beca JUNAEB para la PSU: procedimientos, requisitos y trámites que se deben realizar para postular a la beca JUNAEB.

Cupos Supernumerarios: en qué consiste el sistema especial de ingreso para estudiantes con Beca de Excelencia Académica (BEA)

Normativa

El Consejo para la Transparencia se rige por un marco normativo sobre Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. A esto se suma la Ley 20.285 y el estatuto del funcionamiento de la corporación.

Además, desde la puesta en marcha en 2009 de la ley y el Consejo se han ido sumando nuevas normativas como las intrucciones generales, recomendaciones y acuerdos.

Todo lo anterior, está a disposición para la ciudadanía a través de la publicación del Compendio de Normativa del Consejo para la Transparencia.

Corte rechaza secreto profesional del CDE al no existir gestión judicial o defensa

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Un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que el secreto profesional de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) no se trata de una causal de reserva que se aplique a todo evento sobre la información que posee el organismo.

La sentencia resuelve el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 5021-2012, interpuesto por el CDE en contra de la Decisión del CPLT C216-12, que acogió un Amparo en contra de dicha institución por negarse a entregar un oficio en que se requería a un establecimiento educacional que cancelara una multa impuesta por la SEREMI de Educación de Los Lagos, establecimiento que al recibir el oficio manifestó que la multa ya estaba pagada.

El CDE invocaba que dicho documento estaba cubierto por el secreto profesional. La Corte desestimó reconocer que en este caso opere el secreto profesional, por cuanto no existió gestión judicial alguna, no existió defensa, el trámite se agotó en su inicio, no divisándose cuál sería el bien jurídico protegido ni el daño que se pretendía evitar.

El fallo señala que entre aquellos daños no podrían estar los datos personales del establecimiento educacional, pues se trata de una persona jurídica sobre la que no aplica la protección de la Ley 19.628, como tampoco el CDE podría “erigirse en vocero de un tercero, cuya opinión no consultó” en el caso que estimara la posibilidad de la oposición del tercero involucrado, en los términos establecidos por la Ley de Transparencia, al no seguir el procedimiento que la norma dicta para ello.

Día protección datos personales: Un patrimonio que se debe resguardar

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Pincha para ver la animación creada por la Agencia Española de Protección de Datos Personales

Por séptimo año se celebra hoy el Día de la Protección de Datos Personales, que conmemora la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas, con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

En Chile, esta conmemoración se celebra a pocos días que la Comisión de Economía aprobara en general el proyecto que reforma la Ley 19.628 que regula la materia, con modificaciones que han generado una nutrida discusión entre especialistas.

No obstante, poca relevancia ha logrado la protección de los datos personales en la opinión pública, evidenciando la falta de conciencia ciudadana que existe sobre la materia. Sin embargo, los puntos de interés que ofrece son diversos, muestra de lo cual han sido una serie de resoluciones del Consejo para la Transparencia que ha debido ponderar entre el derecho de acceso a la información pública y el resguardo de los datos de las personas y su vida privada.

Jurisprudencia del CPLT en protección de datos personales

  • Datos de salud: se solicitó acceso a los datos de las personas contagiadas con gripe AH1N1 (caso A211-09), lo que fue rechazado por tratarse de datos sensibles y se ordenó la reserva de la información.

 

  • Fichas clínicas de personas fallecidas: el CPLT estableció que una persona fallecida no es titular de datos personales al no tratarse de una persona natural, su honra, sin embargo, se proyecta como un derecho propio de los familiares (C398-10, C322-10, C556-10).

 

  • Afiliación sindical (C492-11, C904-12): ante la solicitud de la nómina con los nombres completos de los trabajadores de la empresa reclamante que participaron en la elección de delegados sindicales, se denegó el acceso ya que la afiliación sindical de una persona natural constituye un dato personal cuya divulgación afectaría el derecho a la vida privada de las personas que concurrieron a la elección de los delegados sindicales respectivos.

 

  • Afiliación política: frente a la solicitud del nombre de los integrantes de un Comité Evaluador de Fondos Concursables, sus títulos profesionales, su lugar de desempeño y su afiliación política, el Consejo denegó la entrega de la información relativa a la afiliación política por tratarse de un dato sensible (A152-09).

 

  • Datos personales de los beneficiarios del Estado: (C214-11) en lo que respecta a la nómina de los beneficiarios de las viviendas sociales entregadas por un municipio, el nombre de dichas personas constituye información pública. En relación con la dirección de los beneficiarios, si bien el domicilio particular constituye un dato personal, constituye un antecedente esencial para permitir un adecuado control social, por lo que, en este caso y excepcionalmente, debe ser dado a conocer. En lo relativo al RUT de los beneficiarios, el Consejo estimó que su publicidad permitiría la cabal individualización de tales beneficiarios, favoreciendo y propiciando, de ese modo, un control social íntegro con respecto a las personas que han sido favorecidas con un beneficio estatal.

 

  • (C333-10 beneficiarios de becas Valech) Respecto a la solicitud de información relativa a la nómina y domicilios de los beneficiarios de la Beca Valech, el Consejo señaló que la información de nombres y RUT de los beneficiarios se encuentra en diversos lugares de acceso público, a la vez que el hecho de recibir un beneficio del Estado hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, para permitirse un adecuado control social. No ocurre lo mismo con los domicilios, los que no se han obtenido de fuente de acceso público.

 

  • (C906-10 uniformes para niños de escasos recursos) El Consejo negó el acceso al listado de beneficiarios de uniformes escolares al estimar que la entrega de la información expondría a los menores al conocimiento público respecto de situaciones relativas a su esfera de privacidad, lo que representa un daño presente, probable y específico a la protección de su vida privada.

Expertos debaten sobre proyecto ley de protección de datos

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El encuentro convocó a representantes del mundo empresarial, académico, legislativo y del gobierno, lo que permitió conocer la opinión de cada actor respecto al proyecto de ley sobre protección de datos que se encuentra en discusión en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

La jornada comenzó con el primer panel “La Protección de Datos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento: hacia un balance entre protección, seguridad e información”, motivado con la ponencia de Pedro Less, Director de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para América Latina de Habla Hispana de Google, quien explicó cómo su empresa ha abarcado cada desafío que representa la protección de los datos de las personas, pero permitiendo la innovación en los servicios, de modo de satisfacer las expectativas de los usuarios.

Esta exposición fue comentada por los académicos Sebastián Zárate, profesor de Derecho Constitucional de la PUC y Mónica Arenas, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Alcalá. El panel fue moderado por Alejandro Ferreiro, Presidente Consejo para la Transparencia, entre cuyas conclusiones indicó que “si bien hoy existe muy poca conciencia del derecho, pero es alta la expectativa de protección. Discutíamos sobre consentimiento expreso o tácito, quizás debiéramos esperar uno inequívoco y expedito, aún cuando es difícil hablar sobre consentimiento cuando prima la ignorancia”.

 

También comentó que, respecto a la discusión sobre la institucionalidad que soporte el resguardo de la protección de los datos personales, “se ha dicho que, idealmente, debiera ser una institución única (…). Dado el vértigo del cambio de las TICs, donde las amenazas cambian día a día, una institución flexible, colegiada, puede quizás seguir de mejor manera el ritmo del contexto. Las leyes pueden dar un marco general, pero un organismo administrativo puede permitir de mejor manera adecuarse a este marco a través de instrucciones, recomendaciones y otros instrumentos. Entonces, esta institución debiera incorporar en su gobierno corporativo la flexibilidad necesaria para ello”.

Luego se desarrolló un segundo panel titulado “Protección de Datos: el modelo español y la situación en Chile”, que comenzó con la intervención del experto Jesús Rubí, Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos, quien expuso sobre “La experiencia española en protección de datos personales: aprendizajes y nuevos desafíos”.

La ponencia de Rubí fue comentada por el senador Hernán Larraín, el diputado Felipe Harboe y Carlos Saiz Peña, vicepresidente de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, cuya conversación fue dirigida por Jorge Jaraquemada, consejero del CPLT, quien finalizó el panel señalando que “más allá de la institución que se encargue de la protección de datos, me parece que el desafío es revestir a esta institución de las capacidades no sólo regulatorias, sino también para generar una cultura acorde y asegurar un espacio a las personas para ejercer la autodeterminación informativa. (…) Respecto al flujo transfronterizo de los datos, el punto crítico es resolver cómo conciliar la apertura comercial con la necesaria protección de los datos de las personas. Esto tiene una implicancia vital en la construcción de confianza en las instituciones que tratan esos datos”.

La jornada matutina fue clausurada por Tomás Flores, Subsecretario de Economía, quien valoró la instancia en el sentido de aportar valor a la discusión del proyecto de ley al respecto.

Por la tarde se desarrolló una mesa técnica que comenzó con la breve exposición de los expertos invitados: Raúl Arrieta, abogado; Francisco Cruz, abogado del Instituto Derecho y Tecnología; Lorena Donoso, abogada, Académica Universidad de Chile; Claudio Magliona, Director Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Chile; Andrea Ruiz, Directora Jurídica (s), Consejo para la Transparencia y Moisés Sánchez, presidente Fundación ProAcceso. La discusión fue retroalimentada por los expositores del seminario y los asistentes, entre los que figuraban abogados de empresas, académicos, asesores jurídicos y parlamentarios.

Los Archivos en el Acceso a la Información Pública

 En el marco del “Proyecto Gestión de Archivos y Buenas Prácticas Archivísticas”, financiado por el Banco Mundial y realizado en estrecha colaboración con el Archivo Nacional y la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dejamos a disposición los documentos que son el primer paso para generar cambios en la gestión de los archivos públicos.

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 Accede a los docuemntos aqui

Corte confirma acceso a resoluciones de la SVS por uso de información privilegiada

Corte confirma acceso a resoluciones de la SVS por uso de información privilegiada

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado en contra de la decisión C239-12 del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resoluciones relativas a procesos de fiscalización instruidos por uso de información privilegiada.

El 13 de enero de 2012, se solicitó a la SVS todas las resoluciones que se hayan dictado por uso de información privilegiada, ya sea imponiendo multas, absolviendo o derivando a fiscalía los asuntos materia de formulación de cargos por parte del organismo.

Tras esto, la SVS respondió a dicho requerimiento, entregando un documento que contenía un listado de todas las resoluciones de sanciones aplicadas, por infracción a las conductas descritas en el artículo 165 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, o en el artículo 13 del mismo texto legal, derogado por la Ley N°19.301, en materia de información privilegiada, además de un link con acceso a Documentación (CEDOC) de la Superintendencia.

Sin embargo, la SVS denegó el acceso a las resoluciones que habían concluido sin formulación de cargos, absolviendo a agentes  del mercado, toda vez que su divulgación podría afectar aspectos relacionados a la esfera privada de las personas investigadas, particularmente, sus derechos comerciales o económicos, los que resultan de especial importancia para quienes participan como agentes de los mercados de valores.

Por haberse dispuesto la entrega de las resoluciones que también habían absuelto a agentes del mercado por uso de información privilegiada la SVS interpuso el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. El fallo fue dictado unánimemente por la Cuarta Sala del tribunal, integrada por las ministras María Soledad Melo, María Eugenia Campo y el abogado integrante David Peralta, quienes desestimaron la acción en contra de la determinación del CPLT que ordenaba entregar datos a Carla Bravo Quintana, quien solicitó, vía Ley de Transparencia, la información sobre las resoluciones de procedimientos de fiscalización instruidos por uso de información privilegiada.

Entre las principales consideraciones de la sentencia (rol 5186-2012), se sostiene que: “no resulta procedente que la reclamante pueda invocar la afectación de derechos de terceros, contemplada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, como fundamento del reclamo de ilegalidad, pues el que haya incumplido el artículo 20 de la Ley en referencia, no autorizaba a la SVS para que actuando sin representación sino como agente oficioso, ejerciera derechos que le correspondían a los terceros que habiendo sido investigados por esa entidad, en definitiva fueron absueltos o no sancionados en los procesos por manejo de información privilegiada”.

La Corte estableció que para decidir la alegación planteada debe tenerse presente lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia sobre la solicitud de acceso que se refiere a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido. Agregando que: “en razón de la norma transcrita y tal como ya se ha sostenido por esta Corte, se advierte claramente, que son aquellos terceros que pueden resultar afectados con la divulgación o publicidad de antecedentes, como los que trata el amparo reclamado, quienes pueden invocar la causal respectiva ante el Consejo de Transparencia, para así obtener la modificación o rechazo de la petición. Y para cumplir con el señalado artículo 20, es menester que el órgano público requerido proceda a comunicar a tales terceros de la existencia de la petición, para que puedan hacer valer sus derechos. Tal es así que en caso de no existir oposición, el legislador entiende que este tercero accede a dicha petición”.

 

Cámara de Diputados aprueba proyecto que modifica la Ley de Transparencia

 

Ley de Transparencia
Ley de Transparencia

La iniciativa detalla que en materia de obligaciones de archivos, introduce mecanismos en la protección de datos personales, a su vez fortalece el rol del Consejo para la Transparencia, obliga al Consejo a hacer cuentas públicas y regula el acceso a los correos electrónicos cuando se den ciertos requisitos copulativos establecidos en la Ley.

En cuanto a acceder a la información sobre los correos electrónicos, el proyecto otorga acceso a aquellos que, en el ejercicio de sus funciones las autoridades, funcionarios y servidores públicos hayan enviado o recibido a través de sus casillas electrónicas institucionales, siempre que se trate de actos y resoluciones de los órganos de Administración del Estado, y siempre que se constate que existe interés público en su divulgación.

Asimismo, se establece que las solicitudes de acceso sobre correos deben identificar de manera precisa su materia y los demás datos necesarios para identificar los correos requeridos, en caso contrario, se debe requerir la subsanación de la solicitud, de acuerdo a las normas generales, entre otras.

Por último, el texto modifica plazos respecto de la solicitud y la entrega de la información, buscando conciliar el interés público con la privacidad de las personas y respecto al proceso de apelación ante el Consejo para la Transparencia.

El origen de esta propuesta legal  fue una moción de los diputados Andrea Molina, (UDI), Jorge Burgos (DC), Alberto Cardemil (RN), Marcelo Díaz (PS), Edmundo Eluchans (UDI) y Felipe Harboe (PPD).

 

Lanzan concurso de arte para fomentar la transparencia

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Artistas nacionales cuyas obras representen los valores de la transparencia, son los convocados a “TransparentARTE, arte chileno para una cultura de transparencia”, que hoy fue lanzado por el Consejo para la Transparencia.

La iniciativa, que se lleva a cabo con el apoyo de la Fundación AVA y su productora, prestigiada por la realización de la Feria de Arte Contemporáneo Ch.ACO, abre sus postulaciones este 16 de enero y estarán disponibles hasta el 28 de febrero de 2013. Entre los requisitos de las bases del concurso, destaca que los artistas deben tener al menos cuatro años de experiencia, una publicación o exposición realizada, ser chilenos residentes y las obras postulantes deben estar ya producidas.

TransparentArte surge por la inquietud de promover el valor de la transparencia a través de todos los lenguajes para generar el cambio cultural, en cuyo marco el arte tiene un rol fundamental. El desarrollo de TransparentARTE estará a cargo del Comisario Camilo Yáñez, quien ha sido coordinador de artes visuales del Centro Cultural Matucana 100, profesor de arte en la  Universidad Diego Portales y ha realizado curatorías en Chile y en Buenos Aires. Yáñez destacó que esta iniciativa “logra reunir ámbitos lejanos hasta ahora. Así como el arte puede ayudar a la construcción de una sociedad más transparente, es una oportunidad para que el mundo del arte incorpore la transparencia como valor en su quehacer”.

El jurado de TransparentArte está compuesto por Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia; Raúl Ferrada, director General del Consejo para la Transparencia; Nicolás Cobo, Presidente Fundación AVA; Francisco Brugnoli, Director del MAC y Ramón Castillo, Director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales.

Ferreiro, presidente del jurado, indicó que “queremos que en nuestro país el valor de la transparencia se incorpore en la cultura. Para eso el arte es una herramienta que permitirá develar  los significados que este concepto tiene entre nosotros”.

Más información aqui

 

RTA desarrolla taller en encuentro regional OGP

 

Alejandro Ferreiro
Alejandro Ferreiro, Consejero Presidente CPLT

Abrió el Panel la Comisionada Presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard quién hizo referencia a los órganos Garantes de acceso en la región, en cómo en los último años ha habido un aumento en la creación de leyes. Analizó cuáles son los principios fundamentales de la Ley de Transparencia, haciendo énfasis en la necesidad de que exista junto con la creación de la ley un órgano garante que resguarde la entrega y publicación  de la información a los ciudadanos.

Luego fue el turno de Luis Esquivel, oficial de operaciones del Banco Mundial, quién se refirió principalmente al valor del trabajo en redes y en cómo estas, ya consolidadas, deben unirse a otras para trabajar en conjunto. Destacó la importancia de contar con órganos garantes que mantengan en el tiempo el tema de la transparencia como un compromiso del gobierno y la ciudadanía, sin importar quién esté en el poder.

Continuó Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, quién hizo un resumen de los distintos parámetros que establece la Ley Modelo de la OEA, concluyendo la importancia de difundir este modelo de ley que fue construido por varios países y que debe servir de ejemplo a otros que aún no cuentan con una legislación y para los que quieran perfeccionar sus leyes existentes.

Dio término a la primera parte del panel comentando Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de Fundación Pro Acceso, Miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Se refirió a la importancia de trabajar en red y de la inclusión de los órganos garantes en los planes y acciones de OGP.

Tras lo anterior, la Comisionada del IFAI planteó algunas preguntas abiertas a los representantes de los órganos garantes, miembros de la RTA.

Abrió la discusión Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia, que tiene además a su cargo la secretaría ejecutiva de la RTA. Ferreiro enfatizó en la diferencia que existe entre lo que es transparencia y lo que es publicidad, recalcando que hoy en día es muy fácil y cómodo hablar de transparencia, pero que al momento de ejercerla son pocos los que se quieren sumar. En relación al Gobierno Abierto, comentó que el vincular el ejercicio de los órganos garantes en el OGP, permitiría darle publicidad a la transparencia.

Agregó la importancia que tiene para los órganos garantes, el asegurarse y luchar por que la sociedad tome conciencia del poder que tiene. Recalcó que debe haber una actualización de las leyes y exigencias en la publicación de la información. “Lo que hoy se publica era de interés hace 3 años”.

Continuó la ronda de respuestas José Romao, Ouvidor-General de la Contraloría General de la Unión de Brasil. Romao manifestó que a pesar de que la Ouvidoria es un órgano de gobierno ha sido enfático en el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de la Ley de Transparencia, por lo que cuenta con toda la confianza de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó que en Brasil el gobierno incorporó el gobierno abierto en todos los ámbitos siendo la participación ciudadana una obligación más que un método de gobierno. Destacó el proyecto “cliente oculto” que están trabajando todos los miembros de la RTA, el cual es un ejemplo claro de cómo medir satisfacción ciudadana, en relación al acceso a la información. Agregó que la importancia de incluir a la sociedad civil no organizada y el valor que debemos darle a sus opiniones.

Finalmente comentó María del Carmen Ongay, Presidenta del Consejo Ejecutivo de UAIP, quien hizo un resumen de cómo se ha trabajado en los Planes de Acción en Uruguay, la importancia del acceso a la información como un derecho que se debe difundir en la sociedad.

Jacqueline Peschard cerró el panel haciendo referencia al importante trabajo que está realizando la RTA en los temas de jurisprudencia, capacitación, indicadores y archivos.

 

CPLT participa en encuentro con alcaldes

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Con más de 200 alcaldes se realizó ayer el seminario “Alcaldes 2012 – 2016: desafíos y compromiso”, en este seminario el director general del CPLT presentó un diagnóstico de la implementación de la Ley de Transparencia en el ámbito municipal, haciendo ver los beneficios que conlleva la transparencia para todos y en donde los alcaldes juegan un rol fundamental en mejorar la relación de los vecinos con el gobierno local. Además, hizo ver que la ciudadanía demanda información prioritariamente en los sectores de salud, educación y vivienda, ámbitos gestionados a nivel local y que pese que los ciudadanos saben que pueden acceder a la información desconocen la existencia de la Ley y del CPLT.

Luego de tres años de implementación de la Ley, Ferrada se refirió a su cumplimiento por parte de los municipios, haciendo ver el bajo desempeño que presentan en el cumplimiento de Transparencia Activa (TA), cuyo promedio de los 345 municipios es del 30%, según el ranking difundido a abril de 2012.

Frente a estas brechas, el Director recalcó el rol del Consejo para la Transparencia en ser un ente facilitador de la implementación de esta Ley en los organismos del Estado, por lo que dio a conocer las distintas herramientas institucionales, destacando el Modelo de Gestión de Transparencia Municipal (MGTM), construido en conjunto con los municipios y mediante el cual 36 municipalidades de las regiones RM, V y VI, trabajaron durante el 2012 en la implementación de una serie de herramientas tendientes a formalizar la gestión de la transparencia. Los resultados de este trabajo significaron que aumentaran sus niveles de Transparencia Activa de un 37% a un 66% promedio, habiendo directa relación entre el número de herramientas implementadas y mayores niveles de cumplimiento. De este modo, el Director extendió la invitación a todos los alcaldes a ser parte de este modelo, el cual no tiene costos para los municipios.

Por último, Raúl Ferrada se refirió a los desafíos del Consejo, dentro de los cuales destacó el Portal de Transparencia del Estado, al cual invitó a los alcaldes a sumarse. Otros temas fueron sobre capacitación en sectores priorizados y la supervisión continua de la implementación de la Ley a partir de la Fiscalización Activa.