Con un cumplimiento promedio de un 96,93%, el Consejo para la Transparencia informó los resultados de su ejercicio de fiscalización 2012 en los organismos de la administración central del Estado, entre los que se cuentan: servicios públicos, subsecretarías, gobiernos regionales y provinciales, intendencias, servius, servicios de salud y hospitales autogestionados.

En el marco de su rol de fiscalizar el cumplimiento de la Ley N°20.285, promover la transparencia en los órganos del Estado y efectuar reportes de avance sobre la materia, el Consejo desarrolló un ejercicio de fiscalización que contempló 325 organismos, en el período entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre de este año, y evaluó aspectos tales como que los links funcionen; que se actualice los 10 primeros días de cada mes; que se informe todo el contenido por categorías de materias y la consistencia de las bases de datos, por ejemplo, que las auditorías informadas por la institución coincidan con las informadas por la Contraloría General de la República. De esta forma, fueron revisados 14 ítems generales, 252 aspectos obligatorios por Ley y 38 buenas prácticas.

 

Resultados de fiscalizaciónEn términos generales, las instituciones de la administración central obtuvieron un puntaje promedio de 96,93%. Un total de 111 organismos alcanzaron un 100% de cumplimiento, en tanto que 35 obtuvieron un puntaje inferior al 90%.

Al abrir los datos por tipo de organismos, se observa que el mínimo del grupo lo obtuvo una Subsecretaría con un 74,59%, que corresponde a la de Redes Asistenciales. En tanto, el promedio máximo fue logrado por las Intendencias, con un 99,58% y el promedio mínimo por los Hospitales autogestionados, con un 93,12% de cumplimiento.

Al evaluar el comportamiento histórico, las instituciones han avanzado progresivamente en el cumplimiento de la Ley; sólo los Servius y las Subsecretarías presentan un menor cumplimiento este 2012 respecto de 2010, y sólo los Gobiernos Regionales tuvieron un leve retroceso respecto del año anterior.

Si se examinan los resultados por tipo de información, son las Auditorías, seguidas por la Estructura Orgánica y el Presupuesto, los que tienen un desempeño menor en el marco de buen desempeño general.

 

Los pasos a seguir en la línea de fiscalización del Consejo para la Transparencia, será abordar a las 35 instituciones que obtuvieron un puntaje promedio bajo el 90% en un ejercicio de fiscalización durante el primer trimestre de 2013.

Brechas en conocimiento ciudadano

Este buen cumplimiento de la exigencia legal de transparencia activa contrasta con el ejercicio real que los ciudadanos hacen de este derecho: sólo un 6% de los ciudadanos declaran saber de la existencia de la sección de Transparencia Activa o Gobierno Transparente en las webs institucionales.

Las buenas prácticas son una oportunidad de avanzar en esta brecha. En ese ámbito, la fiscalización observó que un 100% de los organismos ofrece información sobre la Ley de Transparencia, lo que va en la línea de la buena práctica de incorporar información adicional y relevante para sus usuarios. Un 88% de los organismos publica las declaraciones de patrimonio e intereses de sus jefes de servicio; ocho organismos informan sus Auditorías Internas; tres organismos informan sus gastos de representación y cuatro instituciones publican sus sueldos líquidos.

Las instituciones que destacan en la exhibición de estas buenas prácticas son:

– Informan sus auditorías internas: Corfo, Gobernación Provincial de El Loa, Subsecretaría de Pesca, Hospital Las Higueras de Talcahuano, entre otras.
– Informan sus sueldos líquidos: Gendarmería, Gore de la Región de O’Higgins, Serviu de la XII Región y la DGAC.
– Los gastos de representación son informados por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto de Seguridad Laboral.

El presidente del Consejo, Alejandro Ferreiro, indicó que prontos a cumplir cuatro años desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, “cumplir en transparencia activa es sólo el piso. Sólo con su deber cumplen los organismos del Estado que informan a la ciudadanía como la Ley los mandata”.

Ferreiro señaló que para avanzar realmente hacia un Estado transparente, es necesario superar el estándar legar en la línea de ofrecer la información que los ciudadanos necesitan, de modo de asegurar información más clara, disponible y pertinente.

¿Qué es la transparencia activa?

¿Cuáles son sus beneficios?: disponer de esta información otorga legitimidad y colabora con la credibilidad del aparato público. No sólo a las instituciones, sino también a los funcionarios que sirven en ellas. Y no sólo respecto de los ciudadanos, sino que también fortalece la imagen internacional del país.

Esta exposición a través de los datos, refuerza la necesidad de hacer las cosas bien, porque existen mejores oportunidades para la participación y el control ciudadano, colaborando también con la educación cívica del país.

Las obligaciones de transparencia activa permiten que exista información disponible de manera permanente, de fácil acceso y actualizada mensualmente.

Las áreas donde los propios ciudadanos indican que es más necesario exista información pública:
– Un 59% de las primeras menciones son para el ámbito de la salud.
– Un 53% indica el área de la educación.
– Un 28% identifica el sector vivienda.

¿Qué información es requerida por las personas en estas áreas de la administración del Estado?

La más sensible entre las prestaciones que las instituciones ofrecen a la ciudadanía: subsidios y trámites.

Respecto a los subsidios, a través de transparencia activa se ofrece información sobre requisitos, montos, plazos y criterios de evaluación y nóminas de beneficiarios. Los organismos que entregan estos datos son los servius, intendencias, gobernaciones provinciales, entre otros.

Esta información sirve para responder preguntas como: ¿cuántos beneficiarios reciben determinado subsidio en cierta región?, o, ¿qué monto se asignó directamente en ayuda social en un lugar y período?

Sobre trámites, existe acceso a toda la oferta de trámites del Estado (a través de Chile Atiende); sus requisitos, valores y datos de contacto. Así, se puede conocer, por ejemplo, los montos asignados por proyectos en determinadas áreas, o estadísticas de personas atendidas en urgencias en un determinado hospital.

Estos son ejemplos puntuales dentro de la gran variedad de información disponible en este espacio de información pública.

Este 11 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado en contra de la decisión C239-12 del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resoluciones relativas a procesos de fiscalización instruidos por uso de información privilegiada.

El 13 de enero de 2012, se solicitó a la SVS todas las resoluciones que se hayan dictado por uso de información privilegiada, ya sea imponiendo multas, absolviendo o derivando a fiscalía los asuntos materia de formulación de cargos por parte del organismo.

Tras esto, la SVS respondió a dicho requerimiento, entregando un documento que contenía un listado de todas las resoluciones de sanciones aplicadas, por infracción a las conductas descritas en el artículo 165 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, o en el artículo 13 del mismo texto legal, derogado por la Ley N°19.301, en materia de información privilegiada, además de un link con acceso a Documentación (CEDOC) de la Superintendencia.

Sin embargo, la SVS denegó el acceso a las resoluciones que habían concluido sin formulación de cargos, absolviendo a agentes del mercado, toda vez que su divulgación podría afectar aspectos relacionados a la esfera privada de las personas investigadas, particularmente, sus derechos comerciales o económicos, los que resultan de especial importancia para quienes participan como agentes de los mercados de valores.

Por haberse dispuesto la entrega de las resoluciones que también habían absuelto a agentes del mercado por uso de información privilegiada la SVS interpuso el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. El fallo fue dictado unánimemente por la Cuarta Sala del tribunal, integrada por las ministras María Soledad Melo, María Eugenia Campo y el abogado integrante David Peralta, quienes desestimaron la acción en contra de la determinación del CPLT que ordenaba entregar datos a Carla Bravo Quintana, quien solicitó, vía Ley de Transparencia, la información sobre las resoluciones de procedimientos de fiscalización instruidos por uso de información privilegiada.

Entre las principales consideraciones de la sentencia (rol 5186-2012), se sostiene que: “no resulta procedente que la reclamante pueda invocar la afectación de derechos de terceros, contemplada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, como fundamento del reclamo de ilegalidad, pues el que haya incumplido el artículo 20 de la Ley en referencia, no autorizaba a la SVS para que actuando sin representación sino como agente oficioso, ejerciera derechos que le correspondían a los terceros que habiendo sido investigados por esa entidad, en definitiva fueron absueltos o no sancionados en los procesos por manejo de información privilegiada”.

La Corte estableció que para decidir la alegación planteada debe tenerse presente lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia sobre la solicitud de acceso que se refiere a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido. Agregando que: “en razón de la norma transcrita y tal como ya se ha sostenido por esta Corte, se advierte claramente, que son aquellos terceros que pueden resultar afectados con la divulgación o publicidad de antecedentes, como los que trata el amparo reclamado, quienes pueden invocar la causal respectiva ante el Consejo de Transparencia, para así obtener la modificación o rechazo de la petición. Y para cumplir con el señalado artículo 20, es menester que el órgano público requerido proceda a comunicar a tales terceros de la existencia de la petición, para que puedan hacer valer sus derechos. Tal es así que en caso de no existir oposición, el legislador entiende que este tercero accede a dicha petición”.

Durante esta primera semana de noviembre el Consejo para la Transparencia (CPLT) fue parte de la V Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública en el Perú, para luego participar en el VI Seminario Internacional “Autonomía y funcionamiento de los órganos garantes de la transparencia en la nueva agenda gubernamental” en México.

Estas actividades son parte de la agenda de Alejandro Ferreiro, presidente del CPLT que tuvo la oportunidad de exponer sobre la experiencia de Chile en temas sobre transparencia y acceso a la información pública.

La V Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, organizada por la Defensoría del Pueblo del Perú y el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), contó con la participación de más de cien funcionarios públicos encargados de las áreas de transparencia de las distintas entidades del Estado.

El evento incluyó la participación de ponentes extranjeros como el licenciado Ángel Trinidad Zaldívar, Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México, que al igual que Chile, presentó la experiencia de su país al contar con una entidad que vela por la transparencia.

En cuanto al VI Seminario Internacional en México, Ferreiro compartirá con expertos en la materia, integrantes de órganos garantes de la transparencia en el país y connotados actores del escenario político nacional. El objetivo es reflexionar y debatir sobre los efectos que conlleva el otorgamiento de la autonomía constitucional a los órganos que garantizan el derecho de acceso a la información pública, y el fortalecimiento de sus capacidades jurídicas e institucionales para cumplir de una manera más eficiente con sus objetivos y metas.

 

El domingo 28 de octubre se votará por los responsables de la administración local, es decir, alcaldes y concejales, por lo que la ciudadanía requiere estar informada del funcionamiento de su municipio, en este sentido el CPLT cumple un rol de fiscalizador del cumplimiento de las disposiciones sobre Transparencia Activa.

¿Qué es Transparencia Activa? Cada órgano y servicio de la Administración del Estado tiene la obligación de publicar en su sitio web cierta información sobre sus principales actividades, presupuestos y políticas para que la ciudadanía pueda conocer lo que están haciendo, favoreciendo la participación en los asuntos públicos y controlar la gestión pública.

Este 2012 los municipios alcanzaron un puntaje promedio de 30,26%, donde se constató que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia tiene que ver con el compromiso del alcalde, ya que se puede ver porcentajes altos de cumplimiento tanto en comunas grandes, como en aquéllas más pequeñas. Este sector resulta el de menor cumplimiento comparado con universidades (76.54%); hospitales autónomos (84.59%) y la administración central del Estado (95.24%).

La fiscalización, midió la presencia del banner del Transparencia Activa (TA) en el sitio web, la existencia y operatividad de los vínculos a las materias exigidas por la ley 20.285; la actualización de la información dentro de los diez primeros días hábiles del mes y la revisión del ítem general y de los trece ítems obligatorios.

Dejamos a disposición el informe de fiscalización en el sector municipal en Transparencia Activa.

Raúl Ferrada, Director general CPLT inaugura capacitación.

Con más de 150 encargados de transparencia de distintos Órganos de la Administración del Estado y municipios, el Consejo para la Transparencia realizó una actividad de capacitación sobre jurisprudencia de la institución. Esto en el marco del Plan de Capacitación 2012, elaborado por la Unidad de Promoción y Clientes.

Raúl Ferrada, director general del CPLT inauguró la jornada que tuvo como objetivo entregar herramientas para dar cumplimiento a la Ley 20.285 con especial énfasis en la gestión de amparos que lleva el Consejo para la Transparencia, la implementación del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), y diversos aspectos asociados a la jurisprudencia de esta Corporación.

Al respecto Ferrada se refirió a la capacitación como “muy bien acogida por los convocados, reflejado en los más de 150 asistentes, permitiendo difundir el Sistema Alternativo de Resolución de Casos (SARC) como una opción rápida, eficiente y muy bien evaluada por funcionarios y ciudadanos y, también, nuestro Sistema de Jurisprudencia, con todas sus aplicaciones que permitirán a los servicios y al público en general conocer en detalle los criterios de resolución de casos”.

Por otra parte, uno de los participantes del taller fue Pedro Villarroel Román, Mayor (R) Encargado de la Oficina de Transparencia e Información Pública del Estado Mayor Conjunto (EMCO), que tras el término de la actividad opinó que “los temas expuestos y anunciados por el director del Consejo fueron muy interesantes y en especial para los que estamos permanentemente en contacto con el CPLT en nuestra calidad de enlaces del órgano”.

Asimismo, dijo que “la nueva base de jurisprudencia del CPLT es de mucha utilidad para los órganos obligados y la ciudadanía, herramienta de fácil acceso y familiar para los usuarios, siendo una ayuda para reducir parámetros de búsqueda respecto de casos en donde ya se han dictado fallos, sentencias y resoluciones”.

En el marco del seminario “Transparencia y Buenas Prácticas en Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)” organizado por Chile Transparente en colaboración con el Ministerio Secretaria General de la Presidencia y Transparentemos, el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, comentó el estudio “Transparencia y Rendición de Cuentas en OSFL”.

En la oportunidad, Ferreiro destacó como especialmente valioso que fueran las propias organizaciones quienes han planteado la necesidad de buscar estándares de transparencia, y extendió la voluntad del CPLT para continuar colaborando en esta línea de trabajo.

En su ponencia, el Presidente reflexionó sobre la investigación presentada y si la rendición de cuentas debía ser una buena práctica o una exigencia, respecto de lo cual la experiencia comparada es diversa.

Señaló que, en estricto rigor, siempre las corporaciones han debido informar de su memoria o balance al Ministerio de Justicia (organismo que les otorga la personalidad jurídica) pero que dicha información es poco visible, por lo que aquello no puede denominarse una rendición de cuentas a la sociedad. No obstante, ese procedimiento instaurado hace larga data, ofrece una oportunidad de perfeccionamiento que satisfaga los estándares que actualmente son demandados en materia de transparencia.

Por otra parte, indicó que al existir financiamiento estatal en estas organizaciones, no puede ser discutible la obligatoriedad de la rendición de cuenta pública; de no haberlos, el grado de transparencia en las OSFL estará íntimamente vinculado a los espacios de confianza otorgada por la esfera pública y política, ya que a su juicio “la verdad de la información ayuda a despejar la desconfianza”.

En ese último sentido, profundizó respecto el riesgo que existe en que las organizaciones se vistan con la nobleza de un propósito sin que se ejecute en la práctica la rectitud de esos valores. “Porque cuando la nobleza del propósito es muy alta, debemos resguardar que la conducta esté a la misma altura”. Y para ello, la transparencia es una herramienta para distinguir las organizaciones que lo hacen bien de las que lo hacen mal.