Este viernes 29 se realizó el seminario Dinero, política y lobby: Urgente Transparencia, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Internacionales de la misma casa de estudios y Chile Transparente.
En la ocasión, el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, expuso en el Panel I: Transparentando el financiamiento y la práctica del lobby, compartiendo testera con el diputado Jorge Burgos y con Gonzalo Cordero, socio Azerta.
En su ponencia, Alejandro Ferreiro planteó la pregunta ¿Es suficiente la transparencia para regular el lobby? A su juicio, no basta con ella y mencionó tres observaciones puntuales al proyecto de ley:
– El proyecto define la actividad del lobby respecto de intereses particulares, realizando una distinción respecto de los que es el interés general. A juicio de Alejandro Ferreiro esta diferencia sobra en el proyecto de ley, ya que pueden darse diversas interpretaciones.
– El registro de actividades de las autoridades está circunscrito a reuniones oficiales. Asumiendo que el control de ello es difícil, Ferreiro propone que debería regularse “toda actividad”, pues hay otras ocasiones –no sólo reuniones- que no son oficiales y que sí son formas de lobby.
– La norma establece sanciones a través de un sumario realizado por la Contraloría, pero la aplicación de la sanción corresponde al jefe de servicio quien, en muchos casos puede ser el mismo afectado. Así, una aplicación de sanciones directamente por la Contraloría, sería un régimen de sanciones más creíble.
Transparencia en medios de comunicación
Posteriormente la periodista Mónica González, moderadora del panel, afirmó que los medios de comunicación están en deuda con la transparencia. A raíz de ello, Cordero expresó que resulta casi imposible poner el punto de vista propio cuando hay una postura que ha sido instalada en la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Ferreiro recordó un par de casos fallados por el CPLT en los que los medios han sido críticos, ante lo cual expresó su sorpresa, pues por lo general los medios son actores proclives a la transparencia. Añadió la creación de la Ley 20.285 marca un cambio de época, pues ahora se ejerce un derecho que ya no depende de la voluntad de la autoridad que posee la información, ya que es una ley que empodera al ciudadano y, en algún sentido, expone más a las autoridades.
“A la larga ganamos todos –más democracia, más participación-, pero en el intertanto hay un costo” que a veces supone revelar lo que no se hubiese querido, dijo valorando lo sano de la existencia de un debate, pero advirtiendo lo peligroso que puede ser caer en la tentación de decir que la transparencia ha ido demasiado lejos.
El segundo panel fue integrado por el senador Hernán Larraín; Francisco Vidal, director del Programa de Defensa de la Fundación Chile 21; Gonzalo Delaveau, presidente Chile Transparente; y Sebastián Soto, jefe División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Trató el tema de Transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas y fue moderado por el periodista Mauricio Hoffman.
Finalmente se realizó el lanzamiento del libro Fortalecimiento Institucional; Transparencia y Accountabilty para un Buen Gobierno, por Juan Emilio Cheyre, director CEIUC e Íñigo de Palacio España, Embajador de España en Chile.
