Este viernes 20, a tres años de la entrada en vigencia de la ley 20.285, se dio por terminado el III Seminario Internacional con el que el Consejo para la Transparencia celebra el aniversario de la ley.

Juan Carlos Délano, presidente de Chile Transparente formó parte del panel de cierre de dicho evento. En su exposición, el directivo se refirió al Índice de Percepción de la Corrupción, en el que Chile se encuentra en la media.  Mencionó, también, desafíos pendientes en la calidad de la entrega de información, en el sentido que muchas veces la información está, pero no se encuentra. “La transparencia es una luz que debe llegar hasta encandilar”, dijo añadiendo la necesidad de conocer a quienes son autoridad en todas sus esferas.

Délano fue enfático al declarar la necesidad de fortalecer el gobierno corporativo del CPLT, su autonomía y la elección de consejeros. Declaró que los poderes autónomos que se autorregulan en materia de transparencia, deben pasar al tutelaje del organismo, así  como la protección de datos personales.

Por su parte, María Elena Pérez-Jaen, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México anunció la aprobación, el pasado miércoles 18, de los estatutos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo objetivo es el intercambio de conocimiento y experiencias, así como de las mejores prácticas. Dicha red será presidida por el IFAI y la secretaría ejecutiva la ocupa el CPLT por los próximos tres años. La asociación está conformada por Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, México. Se acaba de sumar Brasil como miembro pleno y la provincia de Santa Fe, Argentina, como miembro asociado.

La comisionada hizo un llamado a pensar en una nueva generación de leyes de acceso a la información de manera de garantizar su existencia, para que la falta de ésta no sea motivo de denegación del derecho.
En referencia al caso sobre correos electrónicos de ministro Larroulet, cuyo acceso fue acogido por el CPLT, tras un reclamo, Pérez-Jaen calificó como un movimiento sísmico la impugnación interpuesta por el secretario de Estado ante los tribunales. Agregó que el IFAI conoció de un caso muy similar en 2007, que zanjó el asunto en México, declarándose que los correos electrónicos que documentan el quehacer gubernamental son públicos.

Finalmente el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, hizo un recorrido por este día y medio de debate e intercambio de experiencias, resaltando que la participación social puede darse, tanto en lo coyuntural como en aquello que se desconoce porque no se sabe lo que puede hacer la ciudadanía con la reutilización y el cruce de información generada por los organismos públicos. Sin embargo, dijo, no puede desatenderse la protección de datos personales. En ese sentido, Ferreiro afirmó que el CPLT debe ser proclive a la transparencia cuando procede, pero debe poner límites cuando sean necesarios.

Ferreiro invitó a los organismos del Estado a ver en la Transparencia Activa una oportunidad, y aprovecharla para poner allí no sólo lo obligado por ley, sino lo que ellos mismos identifiquen como de interés ciudadano.

Mencionó, además, que aunque suele circunscribirse la función del Consejo para la Transparencia a lo resolutivo, éste tiene otras funciones en las que se inscribe este III Seminario Internacional: difundir, promover, recomendar y capacitar.

Ferreiro dio por cerrado el evento estableciendo que la desconfianza existente en la ciudadanía –mencionada en el panel de expertos políticos- está basada en un prejuicio y que la transparencia puede jugar rol en la recuperación de esa confianza, ya que la revelación del desempeño funcionario debiera ayudar a reducir la brecha entre lo que la gente cree que ocurre y lo que efectivamente pasa.

Finalmente agradeció a los patrocinadores del seminario, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada de Canadá y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como al equipo del Consejo para la Transparencia que trabajó en el encuentro.

“La mala gobernabilidad existe cuando no hay transparencia y no se puede controlar lo que está haciendo el gobierno”, advirtió el CEO de la Red Mundial de Parlamentarios en contra de la Corrupción (Gopac), John Williams, al tiempo que instó a los parlamentarios a llevar la delantera en este desafío. “¿Qué estás haciendo tú para resolver esto? ¿Qué está haciendo el gobierno?”, enfatizó en referencia a la corrupción y mala gestión gubernamental.

Williams, quien es fundador del Gopac y fue parlamentario en su país, Canadá, durante 15 años, fue uno de los panelistas del taller “Reformas políticas y transparencia: los cambios que pide la ciudadanía en busca de más participación”, del III Congreso Internacional del Consejo para la Transparencia.

El panel, que fue moderado por la consejera Vivianne Blanlot, contó además con la participación Carolina Tohá, presidenta del Partido por la Democracia (PPD); Alberto Cardemil, diputado del partido Renovación Nacional (RN); Roberto Méndez, presidente de Adimark y Juan Pablo Luna, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica.

En su intervención Juan Pablo Luna entregó un negativo diagnóstico del sistema de partidos políticas, apuntando entre sus principales problemas la debilidad institucional, el acceso desigual a los recursos y la proliferación de los discursos anti partidos. Dijo que las reformas deben tener en cuenta que una democracia bien consolidada no funciona sin partidos institucionalmente fuertes.

Según Luna, en el clima de desconfianza que existe hoy respecto de los partidos, la promoción de la transparencia en el corto plazo podría retroalimentar el problema de legitimidad y desconfianza. A su juicio se debe avanzar en una ley de partidos políticos, una nueva legislación de financiamiento de la política -no sólo en período de campaña- y a en la ley del lobby.

Por su parte, Roberto Méndez, presidente de Adimark, atribuyó la actual demanda de transparencia a una necesidad de controlar las acciones de la autoridad, por la desconfianza existente, más que por un objetivo de participación. Llamó la atención sobre el creciente acceso a la información en sectores medios como un factor de esta demanda y citando al psicoloanalista francés, Gérard Wajcman, dijo que estamos viviendo una ideología de la transparencia, un especio amenazante donde se borra el límite entre lo privado y lo público y el concepto de intimidad es puesto en duda.

 

El economista entregó cifras en materia de transparencia y acceso a la información, dentro de las cuales el año 2011 se observa un retroceso tanto en la confiabilidad de los datos entregados, como en la disposición de las autoridades a entregar información, situación que, según las estadísticas del experto, es identificada por los periodistas como la principal causa que dificulta el acceso.

La presidenta del PPD y ex ministra de la Concertación, Carolina Tohá, manifestó no compartir la hipótesis pleanteada por Méndez en cuanto a la participación ciudadana, sino que radicó el requirimiento de transparencia como una demanda contra la sensación de la toma de decisiones por parte de una elite sin consultar a la ciudadanía. En este marco hizo ver la necesidad de avances en la participación ciudadana, la institucionalidad y el financiamiento de la actividad política, entre otros y la visión de la sociedad de querer vivir la democracia, no sólo cuidarla.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil advirtió que ha habido en los últimos años un cambio en las reglas del juego en materia de transparencia, ampliándose significativamente el acceso a la información. Tras apuntar los avances en la materia, abordó los pendientes, entre los que mencionó la regulación del acceso a correos electrónicos y el recurso unificado ante la justicia.

Un reconocimiento que el sistema educativo en general requiere de mayor acceso a la información, formularon los panelistas del taller Transparencia: una oportunidad para la Educación en el III Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia que finaliza este viernes 20, día de aniversario de la ley.

“No habríamos tenido los conflictos de 2011 si hace diez años hubiese habido transparencia en el sistema educativo”, formuló el coordinador de Educación 2020, Mario Wiassbluth, tras indicar que el modelo competencia de mercado aplicado a la educación significó libertinaje y opacidad.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Proacceso, Moisés Sánchez, planteó que debieran existir estándares específicos respecto de las necesidades de transparencia en materia de educación, lo cual implica ofrecer certeza respecto del manejo de los recursos financieros e información fácilmente entendible.

Refiriéndose a la ley, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, acusó inequidad en las exigencias que afectan a universidades públicas y privadas, ya que la norma sólo obliga a las universidades del Estado y al hacerlo entrega a las privadas ventajas comparativas, dijo.

En tanto el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman puso el énfasis en el irrespeto a la norma sobre el lucro de las universidades privadas y en la escasa claridad sobre los procesos de acreditación.
Sobre lo último, el ministro de Educación, Harald Beyer anunció el envío, posiblemente en junio, de un proyecto de ley que subsane los vacíos del actual sistema de acreditación de universidades. Beyer informó los esfuerzos desarrollados por su cartera para poner a disposición de los usuarios más y mejor información, aunque reconoció falencias.

Por su parte, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes, se refirió al tipo de cultura que el país necesita y enfatizó en la formación ética, “no hay ley, por buena que sea, que pueda funcionar en un país de pillos”. Llamó la atención sobre el tratamiento actual de la educación en términos de mercado y competencia, sin poner atención a los valores. Indicó que, dada la función que cumplen, todas las universidades son públicas y desde esa perspectiva al Estado le compite regular.

El tema de la gestión de archivo ha sido de gran interés para el Consejo para la Transparencia, ya que son la puerta de entrada a la información. En este sentido el CPLT está realizando un catastro para establecer el estado de los archivos públicos en el país y realizar una serie de recomendaciones al respecto.

Es así como, en el marco del III Seminario Internacional, se realizó el Taller 4: Mejores prácticas internacionales en el manejo de archivos: garantizando el acceso a la información. En esta mesa, moderada por el director de Operaciones y Sistemas del CPLT, Eduardo González, participaron Julia María Rodríguez, presidenta de la Asociación Española de Archiveros de ANABAD y miembro de la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística del Ministerio de Cultura (CNEDA);  Érika Muñoz, jefa de Archivos de la Presidencia de la República; Pamela González, encargada del Archivo Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo; y Loreto Daza, directora de Periodismo de la Universidad del Desarrollo e investigadora con archivos desclasificados en Estados Unidos.

En su ponencia, Julia María Rodríguez, destacó el envío en marzo pasado por parte del gobierno español de una ley de transparencia, ya que era el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes sin esta legislación. Estableció que deben existir dos principios básicos: un órgano que garantice la ley de acceso y que dicha ley sea un derecho fundamental.

Posteriormente Érika Muñoz relató su trabajo en la organización del archivo de Presidencia de la República, el que se ordenó y clasificó, lo que ha sido importante para dar cumplimiento a la ley de transparencia. Dijo, además, que en 2009 se estableció la decisión de no expurgar documentos que genere la Presidencia.

Pamela González, del archivo de la municipalidad de San Bernardo, dio a conocer su experiencia destacando que no es que haya falta de organización, sino que lo “que tenemos que hacer es que esté arl servicio del público, sobre todo con la ley de acceso”.  

Finalmente Loreto Daza mostró cómo fue trabajar durante dos años con archivos desclasificados de Estados Unidos en el NARA y estableció tres pilares de la transparencia en dicho país: cultura, en la que todo funcionario público sabe que el documento no le pertenece, sino que es de todos; presupuesto, ya que se invierten miles de dólares en infraestructura para dar acceso, y leyes, que marcan ciertos lineamientos básicos que garantizan que la información llegue a quien la solicita.

En el marco del III Seminario Internacional del CPLT, se desarrolló el Taller 5: Los desafíos que imponen las redes sociales y la participación ciudadana para la protección de datos personales.

La  mesa, moderada por la jefa de Normativa del CPLT, Andrea Ruiz, reunió al Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Jesús Rubí; al diputado Felipe Harboe, a la abogada y académica Lorena Donoso; y al director de Asuntos Legales y Corporativos del Microsoft Chile, Álex Pessó.

Jesús Rubí habló de los criterios aplicados por la legislación de España frente a las redes sociales, originadas y controlados en otros países. El Adjunto al Director de la AEPD dijo que las normas de protección son aplicables cuando es posible establecer que  se está utilizando datos de localización e información de una persona usuario con ciertos fines, por ejemplo comerciales, como el envío de publicidad específica, de acuerdo a sus particularidades.

Durante su exposición, el diputado Harboe se refirió al papel de las redes sociales en la tramitación y aprobación de la norma sobre uso y proyección de datos, conocida como Ley Dicom. Indicó que en este caso el lobby de las empresas fue superado por interés ciudadano. Al mismo tiempo, el parlamentario admitió estar cambiando su visión respecto del resguardo de los datos personales y tender a pensar en una opinión creciente a favor de radicar en el Consejo para la Transparencia dicha función.

Otro aspecto abordado fue la complementación del derecho de acceso cuando ésta es pública  y cuando se encuentra protegida normativa de protección de datos. El primero es más amplio, pero menos específico, el segundo permite conocer el uso de los datos personales que maneja una determinada institución.

Por su parte, la experta Lorena Donoso, abordó la necesidad de regular en circunstancias en que la libre circulación de datos es una realidad que ha llegado para quedarse, mencionando que esa cierto anonimato que da la red no siempre es tal, pues muchas veces la identidad está desprotegida, sin que el usuario sea consciente de ello.

También el abogado Álex Pessó, tras referirse a los múltiples retos de los avances tecnológicos,  advirtió sobre la necesidad de establecer normas que otorguen estándares mínimos de seguridad sobre los datos personales en la red.

Representantes de México, Perú, Uruguay y Chile, intercambiaron experiencias acerca del estado actual de la política pública de transparencia en sus países.  Los avances, que se han ido gestando en materia de transparencia, los principales desafíos a cumplir en la agenda internacional y las expectativas, en relación al tema de Open Government.

 

Suevia Sánchez, Secretaria General de la AGESIC de Uruguay, explicó la importancia que le ha otorgado el gobierno y la sociedad civil al tema de la transparencia y las facultades tanto de la AGESIC como de la UAIP para que se cumpla el derecho de acceso a la información.

En tanto, Cecilia Azuara, Secretaria de Acceso a la Información del IFAI de México, habló de la importancia  de contar con entidades públicas u organismos especializados en garantizar el acceso a la información. Explicó cómo funciona y trabaja el IFAI, el proceso de solicitud de información, los lineamientos de la institución y sus desafíos pendientes.

Por su parte, Fernando Castañeda, Defensor Adjunto de la Defensoría del Perú, hizo especial énfasis en la necesidad de contar con un organismo autónomo que garantice este derecho en el Perú.

Raúl Ferrada, Director del Consejo para la Transparencia, explicó los procesos que ha ido siguiendo el CPLT en materias de solicitudes de acceso, el panorama regional de Chile desde que cuenta con una Ley de Transparencia y la importancia del Consejo en la instauración de una cultura de la transparencia. Finalmente comentó los avances y metas por cumplir de la Red de Transparencias y Acceso a la Información (RTA), una red constituida en proceso de consolidación y que suma siete instituciones a la fecha, siendo su última incorporación la Contraloría General de Brasil.

Durante la tarde del jueves 19 se realizó el Taller 3: Impacto de la jurisprudencia del Consejo en la participación ciudadana, en el marco del III Seminario Internacional, “Impacto del Derecho de Acceso a la Información en la Participación Ciudadana”.

En el taller, moderado por el director Jurídico del CPLT, Enrique Rajevic, participaron Claudio Seebach, jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Alicia de la Cruz, académica y jefa de Gabinete del Contralor General de la República; y José Manuel de Ferrari, jefe de Proyectos de la corporación Participa.

En su ponencia, Claudio Seebach mencionó las medidas impulsadas por el gobierno en materia de Transparencia, destacando además la colaboración que existe con el Consejo para la Transparencia, como el acuerdo de cooperación para la creación del Portal de Transparencia del Estado de Chile. Asimismo, mencionó la incorporación de Chile al Open Government Partnership. Destacó, también, la Ley 20.500, de febrero de 2011, que establece un marco general sobre la asociación y consagra el derecho de las personas a participar en la gestión pública.

A continuación, Alicia de la Cruz entregó su mirada como académica y jefa de Gabinete del Contralor General de la República. A su juicio, debe generarse una tercera etapa en el que el ciudadano se haga partícipe de las decisiones.

Finalmente Manuel de Ferrari, planteó el tema de la participación ciudadana basado en la transparencia y el derecho de acceso a la información, dando a conocer casos de la red Incide. De Ferrari ejemplificó con algunas historias el cambio que el derecho de acceso ha generado en determinadas comunidades, específicamente en las que decisiones del CPLT han jugado un rol a través de sus decisiones.

Hacia fines de año el PNUD propondrá un nuevo marco de gobernabilidad local que refleje los nuevos desafíos y oportunidades para que se traduzca efectivamente en mejores niveles de calidad de vida. Así lo informó el asesor de Políticas de Gobernabilidad y Descentralización del  PNUD, Centro Regional para América Latina, Gerardo Berthin.

 

Berthin fue uno de los expositores del Panel 1 del III Seminario Internacional del CPLT, que trató sobre los  efectos de la transparencia y participación ciudadana en la gestión municipal. Intervinieron también María del Carmen Leyva, coordinadora general de Transparencia de Gobierno Municipal de Puebla; Josefa Errázuriz, presidenta de la ONG Ciudad Viva, y Jaime Pilowsky, el administrador municipal de Peñalolén.

María del Carmen Leyva dio a conocer la experiencia del Puebla, que obtuvo el primer lugar en Transprencia del PNUD. La Coordinadora se refirió el alto impacto que ha tenido la política proactiva de entrega de información, los cabildos abiertos y el sistema de atención en línea en el Gobierno Municipal de Puebla. Destacó la educación de niños y jóvenes para que sean a futuro los grandes promotores el derecho de acceso a la información, de la transparencia propia y la exigencia de ésta a los servidores públicos.

La presidenta de Ciudad Viva, Josefa Errázuriz, destacó las posibilidades que abren las leyes de acceso a la información y participación ciudadana. Señaló que su organización reconoce que con estas normas los espacios están dados y que ahora es responsabilidad de la ciudadanía ocuparlos. Agregó que es preciso hacer que la información sea efectivamente una herramienta haciendo ver, entre otras, la necesidad de que pueda procesar y sea reutilizable para ejercer la fiscalización ciudadana.

En tanto, Jaime Pilowsky indicó que la experiencia del Municipio de Peñalolén es que la transparencia debe concebirse en forma sistémica y transversal a todas las funciones. Citó entre los factores críticos para lograrlo la voluntad política; el establecimiento de alianzas estratégicas entre los municipios y con organizaciones; el conocimiento del territorio y sus actores para adecuar las culturas organizacionales; y el sentido de urgencia a ambos.

“El desafío de acceso a la información compete tanto al gobierno como a los ciudadanos”, enfatizó el canadiense David Eaves, experto en políticas públicas y activista del gobierno abierto, en la clase magistral del III Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia, “Impacto en el Derecho de Acceso a la Información en la Participación Ciudadana”.

Eaves explicó que una persona posee menos información que el gobierno, pero todos los ciudadanos manejan muchísima más que su gobierno y para éste vital contar con toda ella.

“Es necesario ampliar el alcance de la transparencia a todas las personas”, dijo Eaves, quien enfatizó que el acceso a los datos tendría que ser libre. “El valor no está en conseguir la información sino en el análisis de ésta”, acotó.

Agregó que los datos son un objetivo estratégico, tan importante como la infraestructura y las carreteras.

Para que el acceso a éstos sea realmente abierto existen tres aspectos críticos: que puedan encontrarse, ya que si no es posible localizarla, la información no es abierta; que puedan leerse fácilmente; que su acceso se dé en un marco legal que permita compartirla.

David Eaves, asesora a varios gobiernos en políticas públicas y en dato abierto; trabaja con dos spin-offs del Proyecto de Negociación de Harvard y asesora a empresas sobre estrategias de gestión de código abierto y comunidad. Frecuentemente ofrece conferencias sobre estos tópicos, así como de formulación de políticas, negociación y estrategia y sobre cómo dichos métodos y el dato abierto pueden ayudar a que un gobierno sea más efectivo y eficiente.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, entregó la cuenta pública, así como los desafíos para la institución en el panel inaugural del III Seminario Internacional organizado por el organismo.

“Siempre es más fácil rendir la transparencia en abstracto, que asumirla en lo propio, especialmente cuando resulta incómoda”, dijo al inicio, indicando que a tres años de la puesta en vigencia de la ya es posible realizar un cierto balance.

El presidente del CPLT mencionó algunos avances, cuyo detalle se puede ver en la memoria del Consejo. Entre ellos mencionó avances en cumplimiento en Transparencia Activa  y Transparencia Pasiva, especialmente, por parte de la  administración central del Estado. Aprovechó de realizar un reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio General de la Presidencia, a sus dirigentes actuales y a quienes contribuyeron en el proceso de creación y puesta en marcha de la ley.

Ferreiro también mencionó algunas labores realizadas por el CPLT, como cursos en línea para ciudadanos y funcionarios;  la emisión de recomendaciones en materia de protección de datos personales que están en poder del Estado; la publicación de la Instrucción General N°10, donde se detalla el procedimiento administrativo de acceso a la información.

Se refirió, también a la edición del libro que sintetiza la experiencia de instalación, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y escrito por el profesor Mauricio Olavarría. Asimismo, aludió a proyectos realizados con aporte del Banco Mundial, como la elaboración del diagnóstico en materia de archivos, el trabajo de apoyo a los municipios en materia de transparencia, y la creación de la  Red Internacional de Transparencia, que reúne a Chile con México, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil.

Desafíos pendientes

Dentro de los desafíos en desarrollo el presidente del Consejo se refirió al Portal de Transparencia del Estado de Chile, actualmente en etapa de diseño y que se espera esté en funcionamiento el próximo año. Este portal, un trabajo conjunto del CPLT y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se define como la puerta de entrada de todas las solicitudes de acceso que recibe la administración y aspira a ser una herramienta esencial del control ciudadano sobre el funcionamiento de la ley y la actividad pública en general.

Alejandro Ferreiro también destacó la necesidad de regulación y gestión de archivos físicos y electrónicos, para lo que hay una mesa de trabajo con el gobierno, de manera de resolver una de las principales debilidades estructurales de la ley de acceso a la información, ya que actualmente hay denegaciones de acceso argumentando la inexistencia de la información solicitada, lo que puede ocurrir por desorden o mala gestión de archivos.  “Se hace necesario conocer el universo de información, para  tengamos certeza de cuál es el objeto potencial de acceso”, dijo.

El presidente también anunció la creación de un indicador propio de transparencia para Chile, que se objetiva en un instrumento creado por el  CPLT que permita una medición integral, con énfasis en el impacto social de la transparencia y el acceso a la información. “Esperamos tener un piloto a finales de este año, para tener un barómetro si se avanza, se mantiene o retrocede (en transparencia)”, expresó.

Entre otros desafíos pendientes Ferreiro nombró la transformación de la Transparencia Activa en una práctica de gobierno abierto; expandir el conocimiento de la ley y fortalecer la transparencia a nivel municipal, en especial a la vista de los niveles de cumplimiento que se darán a conocer en el próximo ranking de transparencia municipal.

Finalmente mencionó la necesidad del fortalecimiento institucional del Consejo y de la  autonomía, en el sentido que “no es fácil establecer proyecciones a largo plazo o establecer una política de fortalecimiento institucional (ya que) los niveles de financiamiento nos parecen que aún son insuficientes (…) Quisiéramos contar con certezas, al menos plurianuales, para predecir el desarrollo institucional del CPLT”, subrayó.

Trabajo conjunto

El presidente del CPLT hizo un llamado al Ministro Larroulet, allí presente, para  continuar con la tramitación del proyecto de ley que reforma la ley 20.285, en el cual se ha trabajado en conjunto, dijo.

Ferreiro definió al consejo como un aliado para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en la perspectiva de avanzar, subrayando la importancia de preservar y robustecer la transversalidad en el impulso de las políticas públicas a favor de la probidad y transparencia en Chile, más allá de las diferencias políticas.

“La ley que tenemos, es el resultado de compromisos transversales, de una visión estratégica compartida para optar por la transparencia aunque cueste, aunque duela, aunque coyunturalmente pueda incomodar a unos o a otros. El Consejo cumple su rol, cuando resuelve los casos en los que le toca intervenir, y en algunos de ellos revierte rechazos iniciales de los órganos de gobiernos. Y contradecir a los gobiernos en los casos en que la negativa no se encuentre, a juicio del Consejo, justificada,  es de la esencia de nuestra función garante de nuestro derecho. Pero la diferencias que se puedan tener sobre la aplicación de la ley no pueden impedir, ni impedirán, la disposición a trabajar en conjunto  para mejorar esta ley y otras, y para fortalecer el imperio de la probidad y la transparencia en la función pública chilena”.

 

“Cuente, usted, Ministro, cuente también el país, con la disposición de un consejo que en sí mismo y en la disposición orgánica es la expresión viva de la transversalidad política en sus órganos de conducción corporativa. Para seguir avanzando en este camino y para que en esta transición, siempre incompleta (…), podamos siempre encontrar en todo balance, mucho más logro que desafío pendiente”, finalizó.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la función cumplida por el Consejo para la Transparencia y los avances logrados en la materia para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Al participar de la inauguración del III Seminario Internacional, “Impacto en el Derecho de Acceso a la Información en la Participación Ciudadana”, el secretario de Estado dijo que  “a veces podemos discrepar en algunas decisiones dentro de las normas (…) pero ello es propio de una democracia viva y madura”.

En su discurso el secretario de Estado recordó la presentación, en conjunto con el CPLT, de una serie de indicaciones al proyecto de ley para reformar y perfeccionar la Ley de Acceso a la Información Pública.

Destacó, además, la promulgación de la Ley 20.527, que hizo aplicable la ley de transparencia a asociaciones municipales. En este marco mencionó el envío reciente al Congreso de un proyecto que reforma la ley orgánica de municipalidades reforzando las facultades fiscalizadoras del CPLT. El proyecto dispone la existencia de una unidad de control en cada municipio y un sistema de alta dirección pública municipal para elección de funcionarios directivos.

Al insistir en el compromiso del gobierno para profundizar la transparencia, señaló que ésta se da en tres vertientes: buenas prácticas, apoyo a las instituciones fundamentales y cambios legislativos.

El ministro mencionó, también, el proyecto sobre declaración de patrimonio y el de fideicomiso ciego, que conforman hoy un solo cuerpo jurídico, habiendo cumplido su primer trámite con aprobación por amplia mayoría e iniciando su tramitación en el senado.
Anunció, también, la presentación ante el Congreso, durante la próxima semana, de indicaciones sustitutivas al proyecto de ley que busca regular el lobby. Entre éstas mencionó la ampliación del concepto a todos los organismos públicos y la propuesta de poner en foco en la autoridad en lugar del lobista.

El ministro destacó también el lugar en que se encuentra el país (22) en el índice de percepción de corrupción. “Somos el país menos corrupto de América Latina”, dijo. Nombró, también, la invitación que se hizo al Gobierno de  Chile para integrarse al Open Government Partnership, con una agenda de compromiso al respecto.

Larroulet enfatizó el interés del gobierno por continuar trabajando por una mayor transparencia en consonancia con su objetivo de desarrollo, en cual, indicó, requiere no descuidar las tareas de la economía, el combate a la pobreza y el fortalecimiento de la democracia.

“Nuestra democracia exhibe hoy signos de deterioro que no pueden dejarnos indiferentes”, advirtió luego llamando la atención sobre la baja de participación electoral y en el deterioro de evaluación ciudadana de las instituciones política. Sostuvo que la profundización de la transparencia es fundamental para recuperar confianzas y participación.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la función cumplida por el Consejo para la Transparencia y los avances logrados en la materia para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Al participar de la inauguración del III Seminario Internacional, “Impacto en el Derecho de Acceso a la Información en la Participación Ciudadana”, el secretario de Estado dijo que  “a veces podemos discrepar en algunas decisiones dentro de las normas (…) pero ello es propio de una democracia viva y madura”.

En su discurso el secretario de Estado recordó la presentación, en conjunto con el CPLT, de una serie de indicaciones al proyecto de ley para reformar y perfeccionar la Ley de Acceso a la Información Pública.

Destacó, además, la promulgación de la Ley 20.527, que hizo aplicable la ley de transparencia a asociaciones municipales. En este marco mencionó el envío reciente al Congreso de un proyecto que reforma la ley orgánica de municipalidades reforzando las facultades fiscalizadoras del CPLT. El proyecto dispone la existencia de una unidad de control en cada municipio y un sistema de alta dirección pública municipal para elección de funcionarios directivos.

Al insistir en el compromiso del gobierno para profundizar la transparencia, señaló que ésta se da en tres vertientes: buenas prácticas, apoyo a las instituciones fundamentales y cambios legislativos.

El ministro mencionó, también, el proyecto sobre declaración de patrimonio y el de fideicomiso ciego, que conforman hoy un solo cuerpo jurídico, habiendo cumplido su primer trámite con aprobación por amplia mayoría e iniciando su tramitación en el senado.
Anunció, también, la presentación ante el Congreso, durante la próxima semana, de indicaciones sustitutivas al proyecto de ley que busca regular el lobby. Entre éstas mencionó la ampliación del concepto a todos los organismos públicos y la propuesta de poner en foco en la autoridad en lugar del lobista.

El ministro destacó también el lugar en que se encuentra el país (22) en el índice de percepción de corrupción. “Somos el país menos corrupto de América Latina”, dijo. Nombró, también, la invitación que se hizo al Gobierno de  Chile para integrarse al Open Government Partnership, con una agenda de compromiso al respecto.

Larroulet enfatizó el interés del gobierno por continuar trabajando por una mayor transparencia en consonancia con su objetivo de desarrollo, en cual, indicó, requiere no descuidar las tareas de la economía, el combate a la pobreza y el fortalecimiento de la democracia.

“Nuestra democracia exhibe hoy signos de deterioro que no pueden dejarnos indiferentes”, advirtió luego llamando la atención sobre la baja de participación electoral y en el deterioro de evaluación ciudadana de las instituciones política. Sostuvo que la profundización de la transparencia es fundamental para recuperar confianzas y participación.

RTA en jornada de trabajo en el Hotel Plaza San Francisco

En el marco del III Seminario Internacional “Impacto del Derecho de Acceso a la Información en la participación ciudadana” que se llevará a cabo el 19 y 20 de abril, el Consejo para la Transparencia aprovechó la instancia para realizar el III Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) que integran Chile, Perú, México, Bolivia y Uruguay.

A la cita asistieron los países integrantes de la red de intercambio que representan organismos y/o entidades públicas que desarrollan actividades en función de la transparencia y derecho de acceso a la información pública, los cuales se reunieron en una mesa de trabajo para analizar los avances, compromisos y proyectos en los que están trabajando.

En la jornada se destacó la validación sobre el Estatuto de Gobierno Corporativo, donde se definió la estructura que tendrá la RTA, la que contempla cargos como presidencia, Secretaría Técnica y comisiones de trabajo, además, por el interés que ha generado la función de la red en Latinoamérica, se dio a conocer un nuevo integrante representado por el Auditor General de la Unión de la Contraloría General de Brasil, José Romao.

En el encuentro participaron el Director General del CPLT de Chile, Raúl Ferrada junto al Director Operaciones y Sistemas, Eduardo González, la Jefa de la Unidad de Normativa y Regulación, Andrea Ruiz, el Jefe de la Unidad de Arquitectura de Negocios,  Marco Müller  y la Coordinadora de la RTA, Katerina Kliwadenko. Por parte de Uruguay, la Secretaria General de AGESIC, Suevia Sánchez y la Asesora Jurídica de la Secretaría General de AGESIC, Mariana Gatti Font. De México, la Directora General de Coordinación de Políticas de Acceso IFAI, Gabriela Segovia junto a la Secretaria de Acceso IFAI, Cecilia Azuara y la Comisionada del IFAI, María Elena Pérez-Jaén. Por último, la Consultora del Instituto del Banco Mundial, Arantxa Guillan Montero y el Adjunto de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo del Perú, Fernando Castañeda.