Televisión Nacional de Chile presentó un escrito a la Corte de Apelaciones desistiéndose del Reclamo de Ilegalidad (Rol N° 945-2010) en contra de las decisiones R12-09 y R15-09, del Consejo para la Transparencia, las cuales estaban aún pendientes de resolución.

Ambas decisiones del Consejo se referían a Reclamos interpuestos en contra de la empresa pública por no cumplir con las obligaciones de transparencia activa que le impone la Ley de Transparencia, en específico, la publicación de las remuneraciones de sus gerentes. En sus fallos, el CPLT ratificó su competencia como organismo garante del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa que se imponen a las empresas públicas creadas por ley, a las empresas del Estado y a las sociedades en que este tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.

Además, confirmó la interpretación del término “Administración superior de la empresa”, incluyendo a todos aquellos directivos que tengan la capacidad de determinar los objetivos, planificar, dirigir o controlar la conducción superior de los negocios o la política estratégica de la entidad, ya sea por sí solos o junto con otros. Aclara también que en el desempeño de las actividades precedentemente señaladas no se atenderá a la calidad, forma o modalidad laboral o contractual bajo la cual el gerente esté relacionado a la entidad, ni al título o denominación de su cargo o trabajo. Esta interpretación es la que el CPLT ha consignado en su Instructivo sobre Transparencia Activa para las empresas públicas y sociedades del Estado.

Ante la resolución del CPLT, TVN presentó el recurso de Ilegalidad ya señalado y posteriormente presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de Inaplicabilidad, por lo cual se suspendió la tramitación del primero en la Corte de Apelaciones hasta lo que resolviese el Tribunal Constitucional.

El desestimiento del canal público de su recurso ante la Corte de Apelaciones deja a firme las decisiones del Consejo para la Transparencia, lo que se retifica con el hecho que en su sitio electrónico incluye dentro de su información corporativa la remuneración de su directorio y también la de sus principales ejecutivos.

Una caída en la confianza que los chilenos tienen en el sector público se produjo durante 2011 según los datos de la Encuesta Nacional de Transparencia que realiza cada año el Consejo para la Transparencia. Mientras en 2010 un 59,5% de los chilenos expresaba desconfianza en las instituciones del Estado, en 2011 la cifra llegó al 84%.

Esta Encuesta Nacional es encargada por el CPLT y en 2011 se efectuó entre septiembre y octubre a un total de 2000 casos a nivel nacional tanto en sectores urbanos como rurales. El sondeo busca determinar el conocimiento que posee la ciudadanía respecto al Derecho de Acceso a la Información Pública y su ejercicio, y recopilar antecedentes que permitan explicar dicho conocimiento y su uso. A ello se suma evaluar el conocimiento sobre la Ley de Transparencia y el Consejo para la Transparencia en la ciudadanía, determinar cambios ascedentes o descendentes en este posicionamiento, determinar áreas de interés ciudadano en torno al Derecho de Acceso a la Información y detectar oportunidades y riesgos en el entorno institucional de la ejecución de la política pública sobre el ejercicio de un derecho.

Es en este último concepto que se considera un foco importante en el nivel de confianza de los chilenos en el sector público, ya que se considera un elemento base de su relacionamiento con el Estado.  Desde el primer sondeo en 2009 se ha manifestado una alta desconfianza general hacia los organismos públicos y los funcionarios. Este año se produce un alza aunque en áreas específicas hay mejoras, como respecto a la percepción de ocultamiento de información (81,8% en 2010 y 64,8% en 2011).

El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, consideró preocupantes estos altos niveles de desconfianza, ya que se espera que la Ley de Transparencia sea una herramienta que mejore estos indicadores. En ese sentido recalcó la importancia de que los chilenos sepan que tienen el derecho fundamental de acceder a información pública y los mecanismos para ello, así como la posibilidad de reclamar al Consejo para la Transparencia cuando no les responden. “Este es un derecho que tienen todos los chilenos, no como se señala en la encuesta en que algunos creen que es algo reservado solo para un segmento de la población, y el Consejo ampara los reclamos de todos los chilenos”, subrayó. Por ello, agregó la necesidad de profundizar la difusión de este derecho y la existencia del CPLT entre la población, ya que el mismo estudio demostró que no más del 15% de los chilenos afirma conocerlos.

El galardón fue recibido por el director general del Consejo, Raúl Ferrada y el director de operaciones y sistemas, Eduardo González, junto al equipo involucrado en la gestión por procesos.

El Consejo para la Transparencia fue el organismo premiado en 2011 por el Club CPO por la implementación de iniciativas que permiten aumentar el grado de orientación a procesos dentro de la organización de la empresa. Este es un premio que busca entregar una distinción pública, otorgada por sus pares, a aquellos ejecutivos encargados de las decisiones relacionadas a la Gestión de Procesos (CPO) en las empresas participantes de este Club que fue fundado en 2009, el cual hoy es integrado por 45 compañías de diversas actividades y que es liderado por el Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica (CetiUC).

Este  fue el primer año que se entrega un premio dirigido a la gestión en base a procesos, ya que hasta ahora se había concentrado en el ítem de Tecnologías de Información. En la categoría “orientación a procesos” participaron cinco organizaciones, Viña Concha y Toro, Clario Chile, Embotelladora Andina, Polla Chilena y el CPLT. El proyecto del CPLT obtuvo la mejor votación con un apoyo del 85,7%de los votantes.

La postulación se realiza a través de la presentación de los proyectos en formato estandarizado que entrega el mismo CetiUC. Este organismo hace una revisión inicial de todos los participantes para luego publicarlos en un sitio web, donde quedan a disposición de todos los integrantes del club, los cuales son los que eligen a los ganadores.

La firma del convenio estuvo encabezada por el presidente del CPLT, Alejandro Ferreiro, el director del Servicio Civil, Carlos Williamson, el director general del CPLT, Raúl Ferrada, y el subdirector de desarrollo de las personas del Servicio Civil, Alejandro Weber.

Con la firma de un convenio entre el Servicio Civil y el Consejo para la Transparencia se dará inicio a un trabajo de asesoría por parte del Servicio Civil al CPLT en ámbitos propios de la gestión de personas, los que se enmarcan en el proceso estructuración y definición de los procedimientos internos de su Unidad de Gestión de Personas.
El acto se realizó en las oficinas del Servicio Civil y estuvieron presentes el presidente y el director general del Consejo, Alejandro Ferreiro y Raúl Ferrada, junto al director de Administración, Finanzas y Personas y la jefa de la Unidad de Gestión de Personas, Javier Pérez y Marcela Aguila, junto al director del Servicio Civil, Carlos Williamson y el subdirector de desarrollo de las personas, Alejandro Weber.
Esta asesoría se focalizará en las áreas de Gestión del Desempeño, Gestión de la Capacitación, Política de Gestión de Personas y Condiciones Laborales y cada una contempla un plan de trabajo de diversa complejidad y tiempo de desarrollo además de su mirada sistémica.
Previo al inicio de esa fase, se realizará una etapa de diagnóstico con el cual se definirán  los productos específicos a desarrollar en cada segmento.
Este trabajo de asesoría se enmarca dentro de un proyecto piloto que está ejecutando el Servicio Civil y que busca ser modelo para otros organismos de la administración del Estado.
Tanto el director del Servicio Civil, Carlos Williamson, como el director general del CPLT, Raúl Ferrada, valoraron esta iniciativa que es un paso más de un trabajo sostenido de cooperación entre ambas instituciones que son, además, elementos esenciales en el proceso de modernización del Estado de Chile.

 

El sábado 17 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia sobre Derecho de Acceso a la Información, la cual comenzará a regir el 1° de marzo de 2012. El texto legal, que es obligatorio para todos los organismos y servicios bajo la tutela del CPLT en el cumplimiento de la Ley N° 20.285, entrega indicaciones sobre las diversas etapas del procedimiento administrativo de acceso a la información, con el objeto de aportar certezas a los ciudadanos y mayor fluidez en todo el proceso. A su vez, señala diversas buenas prácticas que pueden ser adoptadas por los organismos y servicios de manera de avanzar en forma más rápida en adoptar un modelo de gestión que garantice un acceso expedito a la información por parte de las personas.

El texto de esta instrucción se basa en un proceso de observación y análisis que ha realizado el CPLT desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el 20 de abril de 2009. Desde esa fecha se han evaluado las diversas experiencias en la aplicación de las normas legales y reglamentarias que regulan el procedimiento administrativo sobre el derecho de acceso a la información. En este proceso tuvo especial consideración por la jurisprudencia emanada de la resolución de los amparos al mencionado derecho presentados por los solicitantes, los estudios y levantamientos de información encargados para ello y los informes emitidos por organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con el tema de la Transparencia, entre otras fuentes.
En virtud de toda esa información recopilada y en ejercicio de la atribución contenida en el literal d) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, que lo mandata a a dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, el Consejo decidió precisar, con carácter obligatorio, el sentido y alcance de las normas legales y reglamentarias que regulan el procedimiento administrativo de acceso a la información, con el fin de establecer criterios básicos de aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, a los que dichos órganos deberán ajustar sus procedimientos y sistemas de atención de usuarios cuando se les solicite información, para así dar debido cumplimiento a la referida normativa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de cada órgano de la Administración del Estado de contar con sus propios procedimientos, en tanto cumplan con los requerimientos mínimos contemplados en la presente Instrucción General.
Asimismo y en ejercicio de lo dispuesto en el literal e) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, se estimó conveniente complementar las normas obligatorias con una serie de buenas prácticas, las que, en su carácter de recomendaciones, tendrán por objeto facilitar al ciudadano el acceso a la información que posean los órganos públicos y perfeccionar la transparencia de la gestión en los procedimientos administrativos correspondientes.

La inauguración de la jornada estuvo a cargo del director general del CPLT, Raúl Ferrada.

Con la participación de más de 120 funcionarios de organismos públicos de la administración central del Estado y de municipios de las regiones Metropolitana, O´Higgins y Valparaíso, se llevó a cabo la jornada de cierre del Plan Piloto en Fiscalización del Derecho de Acceso a la Información, que realizó la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia entre los meses de septiembre y noviembre de este año.

El objetivo de esta convocatoria, que fue solicitada por los mismos participantes, estuvo centrado en dar a conocer los resultados obtenidos por cada uno de los organismos participantes y así entregar un análisis detallado sobre sus fortalezas y debilidades en el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Transparencia al responder a las solicitudes de acceso a información pública.

La jornada de trabajo, que se extendió por toda la mañana, se inició con las palabras del director general del CPLT, Raúl Ferrada, quien agradeció el interés de los participantes y destacó la importancia del rol de los funcionarios públicos para avanzar en la promoción de la cultura de la transparencia en Chile. También aprovechó la oportunidad para informar sobre los principales hallazgos de la Encuesta Nacional de Conocimiento sobre la Ley de Transparencia, que realizó el CPLT durante el segundo semestre.

El programa continuó con una presentación de la Directora de Fiscalización, Alejandra Sepúlveda, respecto a los modelos de fiscalización desarrollados por el Consejo, para luego entrar en detalle sobre la Instrucción General sobre Derecho de Acceso que el CPLT publicará en los próximos días en el Diario Oficial y sobre la cual se desarrolló el Plan Piloto, así como los resultados obtenidos por cada organismo y servicio participante.

La Universidad de Chile se desistió del recurso de Queja que había presentando ante la Corte Suprema en contra del fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó en forma unánime el Reclamo de Ilegalidad deducido por la Universidad de Chile en contra de la decisión de Amparo C593-09, que dispuso la entrega de las actas de una comisión ad-hoc del claustro académico de la Facultad de Derecho de la citada casa de estudios.

La solicitud de información original había sido presentada por el alumno de la Facultad de Derecho, Francisco Zambrano, quién requirió copia íntegra y fiel de las Actas de la Comisión Ad-Hoc de Claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señalando que dicha comisión fue creada por el Consejo de Facultad el 11 de agosto de 2009 con el objeto de estudiar la composición del conjunto de académicos de la Facultad que forman parte del Claustro Académico y la situación de los profesores que, realizando actividades académicas para la Facultad, se encuentran excluidos del mismo, haciendo mención a que dicha Directora concurrió a la Comisión como coordinadora de la misma. También se pidió copia íntegra y fiel de la nómina del personal que desempeña sus funciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, incluyendo la remuneración, beneficios, función, cargo, grado y el inicio de sus funciones.

 

Tras presentar el recurso de Queja, la Universidad de Chile interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de Inaplicabilidad argumentando que la autonomía de dicha casa de estudios era transgredida por estar sujeta a cumplir con la Ley de Transparencia y al control del  Consejo  para la Transparencia.  El Tribunal Constitucional publicó el 18 de noviembre pasado su fallo rechazando el recurso y estableciendo en sus considerandos que la Universidad de Chile, sin perjuicio de regirse por las normas específicas que imperan en el campo de su especialidad, reúne todas las condiciones que permiten reconocerla como un servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa estatal, para cualquier efecto legal. Por ende, le alcanzan todas las normas constitucionales y legales atingentes al orden institucional de la República.

Es en base a todos estos preceptos, la Universidad presentó su desestimiento al recurso de Queja y emitió una declaración pública, en la cual señala que acepta el fallo del Tribunal Constitucional, que cumplirá con los preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que le entregará en el plazo de cinco días hábiles al requirente Francisco Zambrano la información solicitada.

Por otra parte, el Consejo para la Transparencia continuará con la labor de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa y tras su proceso de fiscalización de noviembre, volverá a evaluar a partir del 16 de enero de 2012 a las 16 universidades estatales, ya que en esa fecha se cumple el plazo de 45 días hábiles que se les dio para tener toda la información que dispone la Ley en sus sitios electrónicos.

Imagen de los consejeros del Consejo para la Transparencia y el ministro Larroulet frente a la gigantografía que cubre el ministerio de Bienes Nacionales.

 

Con la presencia del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro y los tres consejeros de la entidad, Vivianne Blanlot, Jorge Jaraquemada y José Luis Santa María, se realizó el cierre de la campaña nacional de difusión de la Ley de Transparencia llamada “Puedes ver lo que pasa aquí”, la cual ha sido financiada por el gobierno para conmemorar los dos años de vigencia de la norma.
Esta campaña ha consistido en desplegar en la fachada de un edificio público en cada capital regional una gran gigantografía con fotografías del interior simulando la no existencia de muros. De esa manera permite que las personas vean el interior del edificio y plasma de una manera concreta el concepto de la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública. La campaña comenzó en agosto en la región de Los Lagos y se desplegó posteriormente en el resto del país, cubriendo principalmente los edificios de las intendencias regionales,  finalizando hoy en la región Metropolitana.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública entró en vigencia el 20 de abril de 2009 y establece que todos los documentos en poder del Estado son públicos y limita las posibilidades de decretar la reserva de estos. La legislación también creó al Consejo para la Transparencia, organismo autónomo, que tiene la función de velar por el debido cumplimiento de esta norma por parte de todos los organismos y servicios de la administración central del Estado y las municipalidades y de promover la cultura de la transparencia en el país.
Alejandro Ferreiro, presidente del CPLT, destacó la importancia de que todos los chilenos conozcan la existencia de su derecho a acceder a la información pública, el cual está garantizado en la Constitución, y que utilicen la ley como una herramienta para poder obtener la información necesaria para hacer uso de otros derechos.
“Nuestros estudios nos demuestran que para las personas los temas más relevantes son salud, educación, vivienda, el acceso a subsidios. Bueno esta ley justamente permite que las personas puedan tener mejor información sobre estas materias y puedan acceder entonces a los beneficios existentes en el Estado”, enfatizó. Agregó, que sin embargo, es preocupante que estos mismos estudios señalan que solo el 15% de los chilenos conoce la existencia de la Ley de Transparencia, que tienen el derecho de acceso a la información pública y que existe el Consejo como entidad que les reguarda ese derecho. “Sin lugar a dudas esta campaña es un avance pero queda  mucho trabajo por delante”, concluyó

Por su parte, el ministro Cristián Larroulet reafimó el compromiso que tiene el gobierno del presidente Piñera por la transparencia y su valor para lograr que las personas se acerquen más a la administración pública. “Estamos convencidos que entre mayor transparencia exista en la labor pública, mejor es la calidad de la democraciia y el país”, afirmó.

La dictación de la legislación sobre acceso a la información pública y la creación del CPLT han sido hitos importantes reconocidos a nivel internacional que han permitido que Chile avance en forma significativa en materia de transparencia. Esto se manifiesta en el Índice Internacional de Percepción de la Corrupción, entregado el 1 de diciembre pasado por Transparencia Internacional, en el cual Chile lidera en la región, ubicándose en el lugar 22, por sobre países de mayor desarrollo económico como Estados Unidos.

 

El Consejo para la Transparencia ha declarado como uno de sus pilares fundamentales de su proceso de construcción institucional, el establecimiento de un sistema de gestión de calidad en base a las normas ISO 9000, que permita, a través de su cadena de valor, la mejora en los niveles de satisfacción de sus ciudadanos, en pro del ejercicio de sus derechos fundamentales en materia de derecho de acceso a la información pública.
Los desafíos impuestos en esta materia, significan orientar el trabajo cotidiano a la escucha activa de la ciudadanía y fortalecer el equipo en función del reconocimiento del cliente interno y la confrontación de los procesos de soporte, su sentido y su vinculación con el negocio.
Para lograr el propósito expuesto, la institución ha diseñado una estrategia escalonada de desarrollo, que busca incorporar anualmente distintos procesos institucionales a los estándares de trabajo del modelo ya mencionado e ir unificando las mejoras prácticas de trabajo en función de las mejoras continuas en sus procesos diarios, y el involucramiento de todo el personal con un papel significativo en su desarrollo.  De esta forma, se busca asegurar que las prestaciones cumplan con las expectativas de los clientes-ciudadanos, vistas como atributos de los productos y servicios.
Para apoyar el funcionamiento del sistema de gestión de calidad se ha desarrollado una base documental que permite visualizar las responsabilidades, procesos y especificaciones necesarios (críticos) para el desarrollo efectivo del sistema. Ello permite, además, que  el conocimiento permanezca y se desarrolle al interior de la organización.
Siguiendo la lógica de la Norma en ISO 9001:2008, el sistema de gestión de la calidad del CPLT contempla para la totalidad de sus procesos, los sistemas de soporte que apoyan el desarrollo y mantención del sistema. Estos se refieren a los procesos de: gestión de recursos a través del recurso humano e infraestructura.
Por último, desde la óptica del mejoramiento continuo, se encuentran implementados la totalidad de los procedimientos obligatorios, la internalización de los requisitos del cliente y su posterior medición y análisis de resultados, además de los procesos que miden a intervalos planificados el desempeño de la institución y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, esto último a cargo de los procesos de control de gestión.
En su primera etapa de desarrollo, el CPLT  definió como alcance de su sistema de gestión de calidad institucional, los siguientes procesos:

• Planificación y control de gestión :“Apoyo en la construcción de definiciones estratégicas, sus planes operativos e informes de gestión de la operación del Consejo”.

• Admisibilidad :“Recepción y análisis de admisibilidad de los casos, redacción de las decisiones de inadmisibilidad, de traslado y subsanaciones; y derivación al sistema de salidas alternativas de resolución de conflictos”.

• Atención de Consultas :“Recepción y respuesta de consultas recepcionadas a través de los canales web, presencial, telefónico y correo postal”.

• Gestión de Aplicaciones : “Gestión de requerimientos y construcción de aplicaciones”.

• Compras :“Identificación, planificación, ejecución y control del proceso de compras institucionales y evaluación del proveedor y productos comprados”.

Todos estos recibieron su debida certificación por parte de la empresa BVQI Bureau Veritas Certification. Raúl Ferrada, director general del CPLT, destacó la importancia de este hito como parte de un proceso de búsqueda de excelencia que el Consejo ha desarrollado desde su creación en 2009 y que irá avanzando en la medida de que se vayan incorporando nuevos procesos cada año.

Con una reunión en las oficinas del Consejo para la Transparencia entre sus directores y equipos profesionales involucrados junto a los profesionales del Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica, empresa adjudicada para el trabajo, se inició el ambicioso proyecto de diseñar el Portal de Transparencia del Estado de Chile. En el encuentro se hizo un análisis de las diversas etapas a realizar y su carta gantt, considerando que se espera concluir el diseño en abril de 2012, para luego licitar su construcción.

Durante estos meses, el CPLT trabajará también en coordinación con la Comisión de Probidad y Transparencia del ministerio Secretaría General de la Presidencia, ya que el organismo traspasará los desarrollos tecnológicos realizados a la fecha para poder hacer un monitoreo y seguimiento a las solicitudes de información que se presentan ante las instituciones de la administración central del Estado. Esto es parte del Convenio de Cooperación que fue firmado por ambos organismos en abril de 2011.

El diseño del Portal tiene un costo aproximado de 120 millones de pesos, los que fueron financiados a través de un aporte directo de la Dirección de Presupuestos. Para convocar a las empresas interesadas en participar en el diseño se llamó a una licitación el pasado 3 de octubre, la cual se declaró desierta, siendo posteriormente contratado el Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica (Cetiuc) en conjunto con Demoscópica y Amable, las que se unieron en un consorcio para ejecutar este proyecto.

El Portal de Transparencia del Estado de Chile aspira a ser una de las herramientas tecnológicas más importantes del país, canalizando todas las áreas relacionadas con el acceso a la información pública. Por ello tendrá un gran buscador, permitirá hacer las solicitudes de información y posteriores reclamos, tener acceso a los datos abiertos, además de plataformas de trabajo especial para funcionarios públicos, ciudadanos, académicos, para efectos de poder cumplir con los requerimientos específicos que puedan tener.

Se espera que durante 2012 ya se vayan liberando en forma progresiva sus diversas plataformas y canales de comunicación.