El Consejo para la Transparencia (CPLT), en su rol de coordinador del grupo de trabajo “Indicadores y Estudios Comparados” de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), lideró la elaboración de un inédito estudio comparativo que analizó a 23 instituciones públicas que garantizan la transparencia en Iberoamérica y que son miembros de la RTA, principal instancia en la materia de la región.
El informe muestra que solo un 17% de los países (Chile, Brasil y Argentina) han incorporado inteligencia artificial y nuevas tecnologías para mejorar la atención de solicitudes de acceso a la información y reclamos, lo que los posiciona como referentes en eficiencia, innovación y servicio a la ciudadanía.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló al respecto que “compararnos con nuestros pares en la región nos permite aprender de su experiencia y buenas prácticas, aportándonos valiosos insumos para avanzar en la mejora continua de nuestro rol garante, fiscalizador y promotor del derecho de acceso a la información pública en Chile”. Agregó que “específicamente sobre la incorporación de tecnología a nuestro quehacer, el estudio confirma el esfuerzo que ha hecho el Consejo en innovar y buscar eficiencia en sus procesos, incorporando sistemas de automatización. Ello nos permitirá, en definitiva, mejorar la experiencia usuaria de las personas que ejercen su derecho a acceder a información pública y de las instituciones que tienen que responder a sus requerimientos”.
El estudio también aborda si las decisiones de las instituciones de transparencia de cada país son obligatorias para los organismos públicos, criterio que en el caso del CPLT de Chile sí está presente (se ubica en el grupo del 74% de órganos cuyas decisiones son obligatorias), lo que refuerza su capacidad de fiscalización y cumplimiento efectivo de la Ley de Transparencia.
Además, se analizó si los órganos garantes de transparencia supervisan directamente a todos los organismos sujetos a la Ley de Transparencia de cada país y si tienen facultades para sancionar incumplimientos. En estos ítems también destacó la robustez de Chile y el CPLT, marcando una diferencia con varios otros países, cuyos órganos de transparencia aplican controles parciales (un 21% supervisa muestras y un 9% no supervisa) o carecen de herramientas sancionatorias (más del 50% no puede imponer sanciones).
En cuanto a la existencia de portales únicos para que los ciudadanos puedan solicitar información a las instituciones públicas de su país y acceder a sus sitios de transparencia activa, la investigación también posiciona a Chile dentro del grupo de países que sigue este estándar. Ello simplifica la búsqueda de datos públicos y permite dar seguimiento a cada solicitud con trazabilidad y transparencia.
El informe resalta, además, junto a iniciativas de otros países, el trabajo del CPLT en educación y sensibilización ciudadana, con plataformas educativas, programas de capacitación para funcionarios, periodistas y organizaciones sociales, y acciones para fomentar una cultura del derecho a saber.
Adicionalmente, se destaca del análisis la sección que aborda la extensión de las atribuciones de los órganos garantes a los distintos poderes del Estado y órganos autónomos. En ella, se vislumbra una manifiesta oportunidad de mejora para Chile, puesto que mientras el CPLT tiene plenas atribuciones únicamente sobre el poder ejecutivo, varios órganos de otros países indicaron tener atribuciones que se extienden también a los poderes legislativo y judicial y a órganos autónomos.
“Es innegable el aporte que ha significado la Ley de Transparencia para el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, a casi 17 años de su entrada en vigencia, es necesaria una modernización que responda a las necesidades actuales y este estudio nos confirma aquello. Desde el Consejo, creemos que es posible avanzar – al igual como lo han hecho varios países de la región – sujetando a todos los órganos del Estado al régimen general de transparencia, sin regímenes especiales y atenuados para los poderes legislativo, judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales“, señaló Natalia González.
El estudio fue aprobado en la XXIX Asamblea de la RTA desarrollada en México en 2025 y servirá de base para nuevos acuerdos de cooperación técnica entre los países miembros, con el objetivo de seguir elevando los estándares de transparencia en Hispanoamérica. De hecho, el CPLT se encuentra actualmente liderando la profundización de este estudio, etapa 2 que será presentada en mayo de este año en la XXX Asamblea de la RTA que se realizará en la ciudad de Sao Paulo.
