“La ley de lobby constituye un paso adelante en transparencia y modernización de las instituciones, pero hay que ser claros en que no regula la industria del lobby sino que se trata de una norma que optó por publicitar las agendas lo que, en su defecto, generará registros de lobbistas y gestores de intereses particulares”.

De esta forma se refirió el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, a los alcances de la ley de lobby que comenzará a regir a fines de noviembre durante el seminario “Ley de Lobby: Principales Desafíos en su implementación”, realizado hoy por la Contraloría General de la República.

Durante el encuentro, que fue inaugurado por el contralor general Ramiro Mendoza, el presidente del CPLT participó en el primer panel en el que se abordaron los desafíos que significa para las instituciones públicas la implementación de la ley 20.730.

Jorge Jaraquemada indicó que si bien en el mundo existen diferentes modelos que intentan resolver los conflictos de interés, “ninguno ha eliminado por completo estas prácticas”. En el caso de Chile, dijo, se optó por la publicidad de las agendas de los sujetos pasivos “pero no sé si eso cumplirá con las expectativas ciudadanas”.

Agregó que el Consejo para la Transparencia —que tendrá el rol de consolidar y sistematizar en una plataforma electrónica la información que entreguen los órganos públicos sobre sus audiencias de lobby, regalos y viajes—, dispuso en su sitio web un banner con información sobre el alcance de la ley y su reglamento, como también una batería de respuestas a preguntas frecuentes.

Por su parte, el contralor Ramiro Mendoza indicó que la puesta en marcha de la ley de lobby representa un desafío de implantación cultural y constituye un avance en transparencia y gobernanza.

Durante el encuentro también expusieron su visión el contralor general de Perú, Fuad Khoury; el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros; el presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo; y el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre otras personalidades.

Con la presencia de funcionarios y alcaldes, el Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó hoy los resultados de cumplimiento del Modelo en Gestión en Transparencia Municipal (MGTM) a 33 municipios en convenio y adheridos al Portal de Transparencia de la Región del Bíobío.

Eduardo González Yáñez, Director de Operaciones y Sistemas del CPLT —a cargo de la implementación del MGTM— entregó los principales resultados y explicó que “es un modelo integrado de herramientas de gestión que apunta a incorporar buenas prácticas en los procesos de transparencia en los municipios. Se trata de un modelo verificable en cuanto a la implementación de herramientas de gestión y tecnológicas y su objetivo apunta a incorporar el principio de transparencia pública como un proceso de mejora continua, posibilitando que el gobierno local adopte los más altos estándares en la atención a los ciudadanos que soliciten información pública”.

Los 33 municipios evaluados de la Región Bíobío cumplieron, en promedio, con 10 de las 13 herramientas del MGTM, destacando con el máximo nivel las comunas de Concepción, Cañete, Coelemu, Curanilahue, Penco, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Trehuaco.

A continuación, Raúl Ferrada, director del CPLT, destacó los buenos resultados de los municipios en el cumplimiento de las herramientas del modelo para mejorar la gestión municipal y dijo que “el Consejo espera que este modelo impacte en una gestión más transparente y que esté en el ADN municipal”.

Por su parte, Álvaro Ortiz, Alcalde de Concepción, y Fernando Zavala, representante de la SUBDERE, concordaron continuar con el compromiso de la transparencia y que seguir trabajando a favor de empoderar a los funcionarios municipales en una cultura de la transparencia.

Con gran cantidad de funcionarios públicos presentes, el Consejo para la Transparencia (CPLT) se reunió ayer, miércoles 8 de octubre, con alcaldes de las comunas de la VIII región para suscribir un convenio con el objetivo de entregarles una serie de herramientas y buenas prácticas para mejorar sus estándares en la gestión municipal.

El encuentro se inició con una charla sobre el estado de la Transparencia Municipal en la región dictada por el director general de CPLT, Raúl Ferrada donde los funcionarios tuvieron la oportunidad de participar activamente preguntando y resolviendo dudas.

A continuación, se realizó la ceremonia de firma de convenio, encabezada por el Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz junto a Raúl Ferrada, Director General y Eduardo Gonzalez, Director de Operaciones y Sistemas (DOS) del Consejo para la Transparencia.

En el evento, Eduardo González presentó el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM) y luego se llevó a cabo la firma de 14 municipios de la zona, entre estos Concepción; San Rosendo; Tucapel; Hualqui; Florida; El Carmen; Los Ángeles; Tirúa; Quilaco; Quilleco; San Ignacio; Alto Biobío; Mulchen; Pemuco y quienes se comprometen a trabajar junto al CPLT en el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM) e incorporarse al Portal de Transparencia del Estado.

Tras esto, el director del CPLT, agradeció el compromiso de sumarse a avanzar en la gestión de la transparencia municipal a los presentes y sostuvo que “el sistema propicia y genera información útil como un nuevo canal de información que le sirve al municipio y al funcionario a detectar intereses públicos, saber qué es lo que le preocupa al vecino o cuáles son sus necesidades”. Agregó que “hay que trabajar por una gestión cada vez más transparente, ya que actualmente los ciudadanos son más exigentes y más informados”.

Por su parte, el Alcalde de Concepción destacó que “en 2013 más de 30 municipios firmaron el convenio y hoy los que plasmaron este compromiso institucional con la Ley de Transparencia significa un desafío para los funcionarios que asumen un rol clave en pos de continuar construyendo una cultura de la transparencia con nuevas herramientas y mejores procesos para entregar mejores servicios a nuestros vecinos”.

Durante la tarde se realizó una jornada de capacitación dirigida a funcionarios municipales sobre el MGTM y el uso y desarrollo del Portal de Transparencia.

Por tercer año consecutivo, el Consejo para la Transparencia realizará el concurso TransparentArte 2015, con el apoyo de la Fundación FAVA (Fundación Artes Visuales Asociados), el cual será promocionado en la Feria de Arte Contemporáneo Ch.ACO, que se lleva a cabo del 1° al 5 de octubre en Estación Mapocho.
A través de esta iniciativa, el Consejo busca sensibilizar a la sociedad por medio de un concurso de arte contemporáneo, cuyo objetivo es visualizar, interpretar, significar y dialogar sobre el valor y el sentido de la transparencia en Chile. A su vez, busca crear y desarrollar una colección de obras chilenas contemporáneas que perdure en el tiempo, y cuyo sentido nos ayude a reflexionar sobre nuestra identidad, fortaleciendo la cultura de la transparencia.

Durante la feria, el Consejo para la Transparencia expondrá las 6 obras ganadoras (de las versiones 2013 y 2014) y entregará información respecto del próximo TransparentArte 2015. En el concurso pueden participar todos los artistas visuales chilenos que residan en Chile o chilenos que, teniendo residencia en otro país, demuestren residencia temporal durante el desarrollo de TransparentArte, sin límites de edad. Además, cada participante debe contar, como mínimo, con cuatro años de experiencia y no podrán participar ganadores de versiones anteriores.

GANADORES

Este año participaron 201 proyectos, donde el primer lugar fue para la artista Violeta Larraín, con la obra “Varias Especies I”, confeccionada con hojas recolectadas de diferentes especies de árboles del sur de Chile, el segundo lugar, en tanto, fue para Elvira Valenzuela con la obra “El desvelo de los elementos”, mientras que el tercer lugar recayó en Paula García con “El velo”.

En la versión 2013, concursaron 119 artistas, donde el primer lugar fue para Beatrice di Girolamo con su obra denominada “Ilusión y Certeza”; en segundo lugar la obra “La tierra prometida”, de Leonardo Guajardo Portus; y el tercer lugar correspondió a “La eterna carrera de enfrentarte a tu imagen y nunca poder dejar de alzarla”, de Rodrigo Vergara Bahamondes.

Tras los resultados las obras ganadoras pasan a formar parte de la colección de arte contemporáneo que está generando el Consejo para la Transparencia, cuya finalidad es contar con un patrimonio artístico público que permita a la ciudadanía aproximarse a la transparencia a través de un lenguaje diferente al jurídico.

Las bases para postular estarán disponibles en noviembre próximo, en el sitio web del Consejo para la Transparencia, y los ganadores recibirán como premios $1.200.000 y un viaje para participar en la inauguración de la X Bienal de Arte del Mercosur 2015, con pasaje y estadía pagada (primer lugar); $1.000.000 (segundo lugar) y $800.000 (tercer lugar).

Por primera vez el Consejo para la Transparencia fiscalizó a los 345 municipios del país en Derecho de Acceso a la Información Pública, con el objetivo de detectar la existencia de barreras a las que se ven enfrentadas las personas cuando piden antecedentes a dichas instituciones. La investigación detectó que las municipalidades obtuvieron un puntaje promedio de 54,2% de cumplimiento en esta materia.

Utilizando la modalidad de usuario simulado, el Consejo presentó 345 solicitudes de información en cada sitio electrónico municipal del país, en abril pasado, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, además de considerar las buenas prácticas allí contenidas.

Del total de solicitudes realizadas, un 69,9% (241) logró ingresar efectivamente a través de los sistemas en línea dispuestos por cada municipalidad, mientras que un 30,1% (104) no consiguió ingresar a tramitación y, por ende, no fue posible obtener respuesta.

En el caso de las 241 solicitudes de información que efectivamente lograron ingresar, sólo un 68,9% (166) obtuvo una respuesta por parte del municipio. En cambio, 75 peticiones (31,1%) no fueron respondidas.

Finalmente, en el caso de las 166 solicitudes que efectivamente fueron respondidas, un 69,9% tuvo una respuesta satisfactoria. Vale decir, la información fue entregada dentro de plazo y la respuesta correspondió efectivamente a lo requerido.

En el proceso fiscalizador se detectó la existencia de barreras tecnológicas y normativas en 134 municipios.

De ellos, 81 municipalidades no presentan banner de solicitud de información en el sitio web; 6 municipios cuentan con banner, pero no operativo; y 47 municipios carecen de sistema de ingreso de solicitudes en línea (sólo tienen formularios descargables e imprimibles).

En cuanto a las barreras normativas, se detectó que 66 municipalidades exigen como obligatorio la entrega de datos personales tales como dirección, teléfono y RUT, en contravención a lo dispuesto en la Ley de Transparencia.

La fiscalización arrojó que los municipios con más barreras son:

 

PUNTAJES DE CUMPLIMIENTO

El puntaje promedio de cumplimiento obtenido por las 345 municipalidades fue de 54,2%.

Un total de 26 municipios alcanzó un 100% de cumplimiento, lo que equivale al 7,5% del total de municipalidades del país.

En el otro extremo, cinco municipios obtuvieron un 0% de cumplimiento, equivalente al 1,4%% de las municipalidades del país. Ello se debió a que, al momento de la fiscalización, no había sitio web o éste carecía de banner de acceso; o no había formulario en línea o botón de “Contacto”.

Municipalidades con 100% de cumplimiento

CUMPLIMIENTO POR REGION

Al analizar los resultados obtenidos por los 345 municipios del país, desde el punto de vista regional, se puede observar que el cumplimiento promedio más alto fue obtenido por la región XV de Arica y Parinacota, con un puntaje de 83,8%, seguido de las regiones de Magallanes (75%) y Metropolitana (62,4%).

El puntaje promedio más bajo, en cambio, corresponde a la región XIV de Los Ríos, con un 20,5%.

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• Informe Fiscalización Derecho Acceso Información Pública
• Ranking Municipal

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) deberá entregar información relacionada con el Censo de Vivienda de 2012, luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificara la decisión del Consejo para la Transparencia.

El caso se inició en junio de 2013, cuando se solicitó diversa información al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), relacionada con datos estadísticos relativos a vivienda, levantada con motivo del proceso censal 2012.

El INE se negó a proporcionar la información argumentando que se encontraba sujeta a una auditoría interna, con la finalidad de llegar a la convicción que el proyecto de Censo 2012 contaba con resultados que posean niveles de confianza propios de una institución técnica, profesional y de calidad y de esa manera no afectar el debido cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo que refiere a la fiabilidad de los productos estadísticos que dependen de los resultados del censo. A juicio del INE, el mencionado instrumento censal, no gozaba de la estabilidad, oficialidad y formalidad para ser considerado como un acto o resolución del Estado sino hasta la conclusión de la auditoría técnica.

Debido a la negativa del INE a proporcionar la información, el solicitante presentó 6 amparos por denegación de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia, organismo que en su sesión ordinaria Nº478, del 8 de noviembre de 2013, dictó la Decisión de Amparo Roles C1021-13,C1022-13,C1194-13,C1308-13,C1310-13 y C1315-13 que acogió totalmente 4 de estos amparos y parcialmente 2 de ellos.

Este Consejo consideró que el proceso censal 2012 se encontraba ya concluido en lo que refiere a sus etapas de recopilación, acopio y levantamiento de la información censal y que los cuestionamientos constituían un hecho público y notorio, de manera que no era posible advertir de qué forma el revelar tales antecedentes podría implicar presiones que perjudiquen el proceso de auditoría. Por el contrario, la publicidad de la base preliminar permitiría enriquecer el debate público, con la consiguiente capacidad para incentivar la adopción de la mejor decisión, beneficiando por esa vía el interés general. En definitiva, y desde esta perspectiva, el beneficio público de conocer dicha información era, a juicio de este Consejo, mayor que el daño que puede causar mantenerla en reserva.

Por lo anterior, el Consejo ordenó la entrega de una parte de la información solicitada , referida a datos estadísticos relacionados con el censo de vivienda, como por ejemplo, aquella relativa al tipo de vivienda y cantidad de personas por dormitorio a nivel nacional, cantidad de hogares con hacinamiento medio y crítico, según nivel educacional y nivel de allegamiento, cantidad de viviendas semipermanentes, viviendas precarias, entre otras.

En contra de dicha decisión, el 10 de diciembre de 2013 el INE presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado; y luego recurrió de queja ante la Corte Suprema, la que desechó tal recurso, confirmando la decisión del Consejo para la Transparencia, por lo que el INE deberá proporcionar al solicitante la información señalada en la referida decisión.

 

Un 78% de las solicitudes de información pública formuladas por los ciudadanos a través del Portal de Transparencia del Estado están dirigidas a los municipios, de acuerdo a las cifras entregadas por el Consejo para la Transparencia (CPLT), encargado de administrar dicha plataforma digital.

De los 16.150 requerimientos de información ingresados al Portal de Transparencia desde su debut en abril de 2013, 12.519 fueron enviados a las municipalidades, seguidas por los organismos públicos con 2.648, el CPLT con 882 y, por último, el Poder Judicial con 101.

El Portal de Transparencia del Estado es una gran ventanilla virtual que reúne a 369 instituciones públicas (237 municipios, 130 organismos públicos, al Poder Judicial y el CPLT), a través de la cual las personas pueden solicitar antecedentes públicos, ejerciendo su derecho de acceso a la información pública.

Junto con administrar el Portal, el Consejo para la Transparencia ha impartido capacitación a los funcionarios públicos totalizando a agosto más de 2.650 funcionarios capacitados. Es así como, durante este mes, se capacitó a 26 municipios de la región de La Araucanía, actividad que se desarrolló en la ciudad de Temuco y Padre las Casas, y que contó con la asistencia de 120 funcionarios de las municipalidades de IX región, entre ellos encargados de transparencia, directores de unidades y encargados de oficina de partes.

 

Con la presencia de altas autoridades y representantes de organizaciones ciudadanas ligadas a la transparencia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer hoy los resultados de la primera Cuenta Pública Participativa realizada por el organismo, innovadora práctica que recogió la opinión de la ciudadanía respecto del quehacer de la institución. Asimismo, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, entregó un balance de la gestión del organismo en sus cinco años de existencia.

 

Entre los principales resultados, Jaraquemada destacó el mayor ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Sólo a nivel de la administración central, desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en 2009, han ingresado más de 248 mil solicitudes de acceso a la información pública a los diferentes servicios públicos y el 52% de ellas han sido dirigidas a ministerios sociales.

A su vez, desde abril de 2009 a la fecha, se han interpuesto 8.987 amparos ante el Consejo para la Transparencia lo que da cuenta “de cómo las personas han utilizado esta herramienta en el ámbito de sus necesidades más sentidas y comienzan a tomar conciencia de que éste es un derecho garantizado cuyo ejercicio puede ser amparado por este Consejo”, indicó Jaraquemada.

Asimismo, el presidente del CPLT explicó que cada vez existe mayor información disponible en los sitios electrónicos de los organismos públicos, como también un mayor conocimiento y valoración de la ley y de la institucionalidad por parte de la ciudadanía. Ello se vio incrementado especialmente tras la primera campaña por TV abierta realizada por el CPLT, cuyo eslogan fue: “Si te niegan información recurre a nosotros”. Dicha iniciativa derivó en un aumento significativo del nivel de conocimiento de la ley, que actualmente alcanza el 19,7%, y del Consejo, que bordea el 21,1%.

A su vez, resaltó el funcionamiento del Portal de Transparencia del Estado que hoy congrega a 360 organismos como también la capacitación impartida a más de 41 mil personas a nivel nacional.

“En este escenario, la participación ciudadana ha revestido una importancia mayor y es por ello que hemos sido consistentes en escuchar a la ciudadanía a través de diversos estudios y acciones que este año hemos querido complementar, por primera vez, con una Cuenta Pública Participativa, mediante la cual sometemos al control social nuestra propia gestión institucional”, señaló Jorge Jaraquemada.

Para ello, el Consejo puso a disposición de la ciudadanía la Memoria Institucional 2013 en el sitio electrónico de la institución y, durante un mes, se habilitó un canal para recibir sus comentarios, opiniones y sugerencias, todas las cuales fueron analizadas y contestadas de manera personalizada.

Según detalló Jorge Jaraquemada, los ciudadanos manifestaron tres grandes temas: fortalecer las atribuciones del Consejo para avanzar hacia una fiscalización efectiva del cumplimiento de las obligaciones de la ley; la importancia de maximizar la difusión de la transparencia y la labor institucional; y favorecer un lenguaje sencillo, ciudadano, en la entrega de información por parte del Estado.

El presidente del Consejo indicó que “dichos aportes no sólo nos permiten sentir el “pulso” de las expectativas de las personas respecto de la ley, su uso y el rol del Consejo, sino también afinar el diseño de las acciones y herramientas que se considerarán en futuras planificaciones de nuestra institución”.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza; el ministro Secretario General de Gobierno, Alvaro Elizalde; y representantes de la Secretaría General de la Presidencia, del Consorcio para la Transparencia y Chile Transparente.

Acerca de la Cuenta Pública Participativa del Consejo para la Transparencia

Resultados Cuenta Pública Participativa

Discurso Presidente Jorge Jaraquemada

Video Ceremonia Cuenta Pública Participativa

El Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, participó como invitado en el seminario “Transparencia y Carabineros”, organizado por la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.

La cita, dirigida a oficiales en programa de perfeccionamiento profesional, tuvo por objetivo reflexionar acerca del rol de la Transparencia en Carabineros de Chile y cómo la institución de seguridad se ha convertido en una de las más transparentes en la administración pública.

En su intervención, Ferrada señaló que el sentido de la Transparencia es fundamental cuando es entendido como un derecho de tercera generación y que el cambio cultural debe apuntar hacia entender que la regla general es la transparencia.

“Este es un derecho de democracias desarrolladas. Estamos hablando de un alto nivel de debate público. No hablamos de un tema menor. Esto estructura el Estado y es un elemento esencial para la democracia, por eso es tan exigente con las instituciones. Por eso cualquier persona puede pedir información pública, no importa si es mayor o menor de edad, o el nivel educacional o patrimonial que tenga”, señaló Ferrada.

El Director General del CPLT sostuvo que “El acceso a la información pública es equivalente a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, intimidad. Hay un catálogo de derechos que reconoce la Constitución de Chile y de otros países. Acceder a información es el ejercicio de un derecho humano fundamental”.

El Director General de Consejo para la Transparencia relevó lo importante del cambio cultural que se requiere para construir una sociedad más transparente y democrática. “La transparencia requiere un cambio cultural, estos cambios son estructurales y tienen que ver con el capital social, con costumbres y hábitos. Cuando hablamos de acceso a la información pública hablamos de un proyecto de largo aliento, es constituyente de la evaluación del Estado. Hoy hablamos de servidores públicos, constantemente escrutados por la ciudadanía de forma independiente a cualquier condición. Por el hecho de ser persona, tiene este derecho a preguntar y pedir explicaciones y todos los que estamos en la gestión pública tenemos la obligación de responder”.

• Detalle del puntaje obtenido por los 345 municipios.

La tercera fiscalización de transparencia activa a municipios realizada por el Consejo para la Transparencia, entre abril y junio pasado, arrojó que las municipalidades alcanzan un puntaje promedio de 56% de cumplimiento en esta materia. Dicha cifra representa un avance de 8,6 puntos respecto de 2013, cuando obtuvieron un 47,4%. Aunque el resultado representa una mejora, los municipios están lejos del cumplimiento en transparencia activa que tienen los organismos públicos, que promedian un 96%.

El proceso fiscalizador del Consejo para la Transparencia abarcó a los 345 municipios del país y evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia contenidas en el artículo 7°, el cumplimiento de las Instrucciones Generales y el Oficio N°431 del Consejo para la Transparencia. A su vez, se revisó la existencia de buenas prácticas y usabilidad, temas que, si bien fueron evaluados, no forman parte del puntaje final.

De las 345 municipalidades, 22 obtuvieron más de 90% de cumplimiento mientras que 23 subieron sus puntajes en más de 50 puntos respecto de 2013.

Los resultados también arrojan que 148 municipios disminuyeron sus puntajes respecto de 2013, lo que representa un 42,9% del total. En 2013, en cambio, 95 municipalidades habían experimentado una caída en sus niveles de cumplimiento en transparencia activa.

Los principales incumplimientos detectados corresponden a materias que no tienen links (no están operativos o no presentan información) y a información desactualizada e incompleta de personal, compras, subsidios y beneficios.

Otro hallazgo del proceso fiscalizador del CPLT es que aquellos municipios que habían sido objeto de sumarios por faltas en materias de transparencia, muestran una evidente mejoría en sus niveles de cumplimiento. Es así como los 88 municipios que fueron sumariados en 2013, elevaron su puntaje promedio de 16,58% a 51,28%, lo que representa un alza de 34,7 puntos.

DETALLE DE RESULTADOS

• El puntaje promedio de las Municipalidades en Transparencia Activa fue de 55,9%.

• Ello representa una mejoría de 8,56 puntos respecto de lo registrado en fiscalización realizada por el CPLT en 2013 y que había arrojado 47,43% como puntaje promedio.

• El incremento experimentado en el período 2013-2014 es inferior al registrado entre 2012 y 2013 cuando hubo un alza de 17,2 puntos.

 

• En cuanto a las municipalidades que alcanzaron un mayor nivel de cumplimiento, hay dos que registraron un 100% (La Serena y Providencia), mientras que en total son 22 las que obtuvieron más de 90 puntos.

• A su vez, 23 municipios aumentaron más de 50 puntos su nivel de cumplimiento respecto de 2013.

• Los municipios con mayores alzas son:

 

• Los municipios que experimentaron mayores bajas en 2014 son:

 

• En cuanto a las buenas prácticas observadas:
o 59 municipalidades publican las remuneraciones líquidas
o 19 informan la declaración de patrimonio e intereses
o 49 publican los subsidios y beneficios a los que se puede acceder por su intermedio

• Respecto de los resultados en Usabilidad, el puntaje promedio fue de 76,52%.

Información adicional

Bajo el título “Hacia una nueva normativa sobre la protección de los datos personales en Chile”, y con el patrocinio de la Subsecretaría de Economía, la Fundación Pro Acceso y el Consejo para la Transparencia (CPLT), se realizó un espacio de análisis sobre la protección de datos personales que convocó a autoridades y expertos en la materia.

La actividad se inició con el discurso del presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, quien afirmó que “es una tarea prioritaria fortalecer el estatuto normativo de protección de datos personales en nuestro país, afianzando los principios y criterios comúnmente aceptados en las buenas prácticas internacionales, definiendo con claridad las condiciones sobre las cuales terceros pueden acceder y hacer uso de ellos, garantizando el derecho de cada cual a controlar quién, cómo, dónde y con qué objetivo accede y eventualmente realiza tratamiento de sus datos”.

El primer panel de discusión, titulado “El reconocimiento constitucional de la protección de los datos personales en la era de la información”, contó con la participación del senador y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia de la Cámara Alta, Felipe Harboe; el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, Rubén Burgos; la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú; y el Director Ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz.

Luego, en el panel titulado: “Sobre una nueva institucionalidad en la protección de datos personales”, expusieron el senador y presidente de la Comisión Bicameral de Ética y Transparencia del Congreso, Hernán Larraín; el abogado y presidente Comité de Innovación y Propiedad Intelectual de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AMCHAM, Guillermo Carey; el abogado y coordinador de investigación del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, Daniel Alvarez; y la Directora Ejecutiva de la Fundación Pro Acceso, María José Poblete.

Finalmente, la Subsecretaria del Ministerio de Economía, Katia Trusich, dirigió algunas palabras manifestando que “iniciativas como éstas son un gran aporte a la discusión y van en la línea de lo que necesitamos para lograr en el menor tiempo posible un sistema de protección de las personas en el tratamiento de sus datos personales que sea completo, efectivo y asegure un total respeto de los derechos fundamentales de todos”.

El Consejo para la Transparencia resolvió acoger el amparo Rol C58-14, deducido en contra de la Armada de Chile y en el cual se solicitaba entregar información respecto de las actas de las juntas de Selección y de Apelación, correspondientes al período de calificación 2012-2013, relativas al sargento segundo Andrés Pérez Terán, de la dotación del Comando de Fuerzas Especiales.

El uniformado había requerido a la Armada de Chile dicha información, pero la institución denegó su entrega argumentando que dichas actas son secretas, ante lo cual recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia.
El Consejo Directivo del CPLT derivó el amparo al Comandante en Jefe de la Armada de Chile para que precisara las causales de secreto o reserva de la información.

En sus descargos y observaciones, el órgano del Estado señaló, entre otros argumentos, que de acuerdo a la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, las actas en cuestión “son soberanas en cuanto a las condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos, ajenos a las respectivas instituciones castrenses, la revisión de los fundamentos de sus decisiones”.

Tras realizar una audiencia pública donde fueron escuchadas ambas partes y luego de analizar los antecedentes, el Consejo determinó ordenar la entrega de dichas actas, aludiendo entre otros argumentos, a que el conocimiento de las evaluaciones y calificaciones del solicitante “no permite tener por configurada la afectación a la Seguridad de la Nación”.

El Consejo indicó que “si bien la ley dispone que las actas serán secretas, a juicio de este Consejo, el conocimiento de las actas de las juntas de selección y apelación requeridas, que contienen el mérito de las calificaciones de un sargento 2° de Artillería, no permite tener por configurada la afectación a la Seguridad de la Nación alegada. Esto por cuanto en la especie conocer el mérito de las calificaciones y fundamentos de las evaluaciones de un sargento 2°, relativos a su propio desempeño funcionario, no genera la afectación en análisis. A este respecto, el Consejo ha dado lugar a la causal de reserva alegada, en aquellos casos en que el conocimiento de la información involucra la revelación de antecedentes, tales como, aquellos relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos entre otros”.

Añade que, “en el presente caso, no se aprecia cómo la información relativa a las calificaciones de un funcionario podría afectar la seguridad de la Nación, especialmente tomando en cuenta los antecedentes de hecho que ha descrito la Armada de Chile tanto en sus descargos como aquellos acompañados a la Audiencia Pública convocada en este caso. Esto se ve reforzado por el hecho que la Armada en tales presentaciones, no ha acreditado cómo la divulgación de tales actas, en aquella parte vinculada con el Sr. Pérez Terán, pueda afectar la seguridad de la Nación, sino que ha fundado la causal, en rigor, en la jerarquía de la norma que la contiene. La Armada ha tenido la posibilidad de exhibir tales documentos, a objeto de revisar en concreto la información solicitada y de fundar la causal de reserva alegada, acreditando una expectativa razonable de daño o afectación presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva. Sin embargo, no ha explicado de qué manera conocer esos antecedentes afectaría la seguridad de la Nación, razón por la cual, a juicio de este Consejo, no puede entenderse verificada en este amparo”.

La decisión de acoger el amparo fue acordada por la unanimidad de los consejeros Jorge Jaraquemada (Presidente), Vivianne Blanlot, Alejandro Ferreiro y José Luis Santa María. Y, en virtud de ella, se requirió a la Armada de Chile entregar al solicitante copia de las actas de las juntas de Selección y de Apelación, correspondientes al período de calificación 2012-2013, referidas al sargento segundo Andrés Pérez Terán, de dotación del Comando de Fuerzas Especiales, debiendo aplicar, previo a su entrega, según corresponda, el principio de divisibilidad, consagrado en la letra e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia.