El proceso desarrollado por la Dirección de Fiscalización del organismo, contempló la revisión de diversos aspectos y herramientas asociadas a la Ley de Transparencia y al Derecho de Acceso a la Información de 128 de estos organismos desglosados en 60 corporaciones municipales, 66 asociaciones de municipalidades, una fundación municipal y una junta de alcaldes.
Entre los hallazgos de esta fiscalización destacaron problemas en materia de implementación del Derecho de Acceso a la Información en las Asociaciones Municipales, se cuenta la inexistencia de canales formales para el ingreso de solicitudes de información y una probabilidad inferior al 50% de ingresar una solicitud de información y que ésta sea respondida a satisfacción de quien lo solicita. Sólo una de cada cuatro permitió el acceso a la información requerida.
Tras el análisis de las respuestas, se identificó que la mayoría de las infracciones de este tipo de entidades se asocia a la aplicación del procedimiento de prórroga o a manifestaciones parciales en relación a lo solicitado.
“Es necesario que los alcaldes tomen el concepto de gestión municipal como algo integral”, comentó la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, tras dar a conocer los resultados del proceso. Asimismo, subrayó la relevancia de focalizarse en este tipo de instituciones y en otros espacios que requieren apertura y control social en un contexto de desconfianza en las instituciones.
Información desactualizada
Otro aspecto relevante de la fiscalización se asoció a problemas en materia de Transparencia Activa, es decir, información que obligatoriamente deben publicar la mayoría de estas instituciones en sus páginas web. Sobre el particular, el proceso identificó que si bien un 30% del universo de asociaciones y corporaciones publica acorde a los estándares del Portal de Transparencia del Estado, se observan altos niveles de desactualización.
A esto se suma que un tercio de los organismos fiscalizados no posee página web. Del universo de entidades en esta situación, 17 corresponden a asociaciones municipales que no usan el Portal, por lo que se reducen considerablemente las posibilidades de realizar una solicitud de acceso a la información o incluso consultas o reclamos.
Regular mejor a las Corporaciones en materia de transparencia
Sólo las asociaciones municipales contemplan obligaciones expresamente establecidas en la normativa, en este caso en la Ley Orgánica de Municipalidades, la que hace aplicable a estas instituciones las disposiciones de la Ley N°20.285. Por el contrario, las Corporaciones Municipales no están expresamente reconocidas como sujetos obligados en la Ley de Transparencia, por lo que el Consejo ha debido desarrollar jurisprudencia en casos en los que se cumplen determinados requisitos.
De la Fuente comentó que acorde a la redacción actual de la Ley de Transparencia, algunas Corporaciones Municipales quedan fuera de la aplicación de esta normativa, lo que apunta a la urgencia de actualizar la regulación. En este sentido, y de acuerdo al texto que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso, “estamos aprobando una ley que será un piso mínimo, pero que mientras más demore en tramitarse más nos mostrará que parte desactualizada”.
“En parte, el proyecto de ley de Transparencia 2.0, actualmente en el Parlamento, permitiría avanzar en la materia, dado que contempla obligaciones en el caso de las Corporaciones Municipales, pero tenemos una iniciativa de ley que en septiembre cumple 3 años de tramitación con escasos avances”, puntualizó.
“A 13 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, aún no podemos modernizarla y sabemos que debemos hacer lo necesario para que esté a la altura de los tiempos”, dijo. “Así como hemos identificado estas brechas en este tipo de entidades, hay una serie de instituciones y ámbitos más que requieren abrirse al control ciudadano”, comentó.
